CE - Sentencia 11001031500020250101700

Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01017-00

Demandantes: MARTHA NELLY MORALES MARÍN Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA , SALA

SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Martha Nelly Morales Marín y otros 2, actuando por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la

apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y al principio de reparación integral a las víctimas.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 21 de agosto de 2024, dictada por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001 -33-33022-2017-00604-00/01, en la que revocó la sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2Jhon Mario Agudelo Morales, Andrés Felipe Agudelo Morales, Mónica Andrea Agudelo Morales, Yessica Alejandra Agudelo Morales, Yenny Marcela Agudelo Morales, Jesús Antonio Agudelo García, Abelardo de Jesús Agudelo Morales, María Rosmira Agudelo Morales, María Yolanda Agudelo Morales, Argemiro de Jesús Agudelo Morales, Flor María Agudelo Morales, Francisco Javier Agudelo Morales, María Gricelda Agudelo Morales, María Fanny Ag udelo Morales, María Lucelly Agudelo Morales, María Sorany Agudelo Morales, Luz Marina Agudelo Morales, Nelson Abad Agudelo Morales, Blanca Nelly Agudelo Morales, Jesús Antonio Agudelo Morales.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada.

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron lo siguiente:

Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales-); ii) Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violacio nes a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto contr ol de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos

los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto contr ol de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución); v) el principio pro infans; todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEPTIMA DE DECISIÓN, co n ponencia del magistrado Carlos Cristopher Viveros Echeverri, del 21 de agosto de 2024, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado No. 0500133-33-022-2017-00604-01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Antioquia se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius coge ns internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, IV) El Tribunal se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T -640/15) y se abstiene hacer una interpretación conforme al principio Pro Infans3.

1.3. Hechos

aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T -640/15) y se abstiene hacer una interpretación conforme al principio Pro Infans3.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. El 4 de mayo de 2004, el Ejército Nacional reportó el fallecimiento del señor Parmenio de Jesús Agudelo Morales como una baja acaecida en medio de un combate suscitado con miembros de un grupo al margen de la ley en zona rural

3 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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del municipio de San Luis, Antioquia.

6. Por medio de apoderado judicial, los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, y de la Fiscalía General de la Nación al considerar que el deceso del señor Parmenio Agudelo Morales es , en realidad, un caso de ejecución extrajudicial. El proceso fue identificado con el radicado 05001-33-33-022-2017 00604-00.

7. En sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2018, el Juzgado 22 Administrativo Oral de l Circuito de Medellín accedió parcialmente a las

radicado 05001-33-33-022-2017 00604-00.

7. En sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2018, el Juzgado 22 Administrativo Oral de l Circuito de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control, pues declaró responsable a la parte demandada y la condenó al pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados, pero negó la reparación del daño a la vida en relación de la señora Martha Nelly Morales Marín, esposa de la víctima.

8. Inconforme con la anterior determinación, ambas partes presentaron recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, a través del fallo número 197 del 21 de agosto de 2024.

9. En la anterior decisión, el Tribunal revocó lo decidido por el a quo y declaró probada la excepción de caducidad del medio de control , pues, a partir de las reglas fijadas en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, los accionantes tuvieron conocimiento de los hechos y de la posible participación del Estado desde el 4 de mayo de 2004, pues dos de los demandantes fueron testigos de lo sucedido.

1.4. Sustento de la vulneración

10. Según la parte accionante, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la decisión objeto de censura, incurrió en un defecto fáctico por adoptar una posición regresiva y contraria a la Constitución, toda vez que tanto la Corte Constitucional4 como el Consejo de Estado 5 han explicado que el ius cogens internacional prevé que la figura de la caducidad no puede ser aplicada en casos

una posición regresiva y contraria a la Constitución, toda vez que tanto la Corte Constitucional4 como el Consejo de Estado 5 han explicado que el ius cogens internacional prevé que la figura de la caducidad no puede ser aplicada en casos catalogados de lesa humanidad. Así, «la no prescriptibilidad de la acción judicial para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma […] de obligatorio cumplimiento para los Estados».

11. Los accionantes explican que a pesar de que existe una marcada diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad de los Estados, lo cierto es que ambos conceptos pueden ser asimilables en atención a que convergen en los propósitos de reparación, justicia, verdad y garantía de no repetición para las víctimas.

4 Sentencia T-352 de 2016. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de junio de 2019, radicado 05001 23 33 000 2018 00165 01.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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12. Para los demandantes, el citado antecedente jurisprudencial del Consejo de Estado dispone que la caducidad del medio de control de reparación directa tiene un término de 2 años que debe computarse desde el momento en que se cumplan los siguientes requisitos: (i) desde cuando los a fectados conocieron o

de Estado dispone que la caducidad del medio de control de reparación directa tiene un término de 2 años que debe computarse desde el momento en que se cumplan los siguientes requisitos: (i) desde cuando los a fectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado ; y (ii) desde cuando los afectados advirtieron la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial al Estado.

13. Para la parte actora, el término de caducidad en este tipo de casos debe contabilizarse desde que los demandantes pudieron conocer la verdad sobre los hechos en los cuales se llevó a cabo la ejecución extrajudicial, es decir, desde que se desvirtúa la ocurrencia del combate y se constatan los hechos irregulares en los que ocurrió el homicidio en persona protegida.

14. La parte tutelante sostiene que en el proceso ordinario est á debidamente probado que el señor Parmenio de Jesús Agudelo Morales fue víctima de una ejecución extrajudicial y, por lo tanto, el hecho cuya reparación se pretende cumple con las características de un delito de lesa humanidad, no solo por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, sino también por todas las inconsistencias documentales y testimoniales que desvirtúan los hechos inicialmente narrados por los militares que participaron en la operación.

15. Además de lo anterior, el 5 de agosto de 2024, el señor Juan Carlos Barrera Jurado, coronel retirado del Ejército Nacional y quien fungió como comandante del Batallón de Artillería número 4, en audiencia celebrada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, reconoció su participación en 65 hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia,

comandante del Batallón de Artillería número 4, en audiencia celebrada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, reconoció su participación en 65 hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia, entre los cuales se relacionó el caso del señor Parmenio Agudelo Morales, lo cual comporta una prueba sobreviniente en el proceso contencioso-administrativo.

1.5. Trámite de primera instancia

16. Por medio del auto del 25 de febrero de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como entidad accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad y como terceros con interés al Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín, por haber proferido la sentencia de primera instancia, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por haber fungido como partes en el proceso de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00604-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional6

6 Documento 30 en el índice 9 del portal Samai.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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17. Expuso que la decisión cuestionada por la parte accionante fue proferida

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17. Expuso que la decisión cuestionada por la parte accionante fue proferida con un exhaustivo análisis del material probatorio aportado al proceso, por lo que no es claro el modo en el que supuestamente se transgreden los derechos fundamentales cuya protección se pretende.

18. Señaló que de las pruebas documentales y testimoniales se puede extraer que los accionantes tuvieron conocimiento de las circunstancias de la muerte del señor Parmenio Agudelo desde el mismo día de los hechos, es decir, desde el 4 de mayo de 2004. Además, lograron obtener información sobre la ubicación del cuerpo 4 días después de lo sucedido.

19. Finalmente, se refirió a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia y aseguró que este medio de amparo constitucional «no puede convertirse en un mecanismo para reabrir debates probatorios, ni convertirse en una tercera instancia», por lo que solicitó que se niegue la solicitud de amparo por no estar demostrada la vulneración de las prerrogativas reclamadas.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia7

20. La autoridad judicial considera que la acción de tutela de la referencia debe ser declarada improcedente por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional. Indicó que resulta evidente que lo pretendido es reabrir el debate sobre la «desaparición forzada» y muerte del señor Parmenio Agudelo Morales, que ya fue zanjado en el proceso contencioso-administrativo.

constitucional. Indicó que resulta evidente que lo pretendido es reabrir el debate sobre la «desaparición forzada» y muerte del señor Parmenio Agudelo Morales, que ya fue zanjado en el proceso contencioso-administrativo.

21. La decisión objeto de reproche se sustentó en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 8, en la que se estableció como regla jurisprudencial que el cómputo del término de caducidad en procesos de reparación directa depende del momento en que las víctimas tuvieron conocimiento sobre «la intervención de una autoridad del Estado, sin que ello implique que se requiera la identificación del autor o part ícipe ni su sanción penal».

22. De acuerdo con el Tribunal, la sentencia de segunda instancia cuya nulidad se predica contiene un análisis cuidadoso de todos los antecedentes jurisprudenciales relacionados con el conteo de la caducidad del medio de control de reparación directa relacionados con delitos de lesa humanidad, por lo que no es cierto que se configure un desconocimiento del precedente ni una indebida valoración de las pruebas.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación9

7 Documento 35 en el índice 11 del portal Samai. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Radicado 85001 33 33 002 2014 00144 01. 9 Documento 38 en el índice 12 del portal Samai.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

9 Documento 38 en el índice 12 del portal Samai.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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23. El ente investigador solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional por considerar que no está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones están dirigidas a que se deje sin efectos una decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que el amparo pretendido está por fuera de su competencia.

24. Con todo, manifestó que la acción de tutela promovida por los accionantes no cumple los requisitos mínimos para emitir una decisión de fondo, pues no se sustentan en debida forma las causales específicas de procedencia, circunstancia que configura una clara falta de relevancia constitucional. Por las anteriores razones, también solicitó que se declare la improcedencia del medio de amparo de la referencia.

1.6.4. Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín10

25. El fallador de la primera instancia del proceso de reparación directa cuestionado se limitó a remitir el link de acceso al expediente digital, pero no emitió pronunciamiento alguno sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por

emitió pronunciamiento alguno sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

27. La Fiscalía General de la Nación solicitó ser apartada del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, no tiene la competencia para atender las pretensiones propuestas por la parte actora. La anterior petición será negada , porque su vinculación no es en calidad de parte accionada, sino como tercero con interés , en atención a que fungió como demandada en el proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión cuestionada a través del presente mecanismo constitucional.

2.3. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea

10 Documento 38 [sic] en el índice 13 del portal Samai.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que los accionantes están legitimados en la causa por activa por ser quienes fungieron como demandantes dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-022-2017-00604-00/01, en el que se profirió la decisión de segunda instancia cuestionada.

30. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia del 21 de agosto de 2024 dentro del citado proceso contencioso administrativo, que la parte accionante considera trasgresora de sus derechos fundamentales.

2.4. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados , los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora con la expedición

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora con la expedición de la sentencia de segunda instancia del 21 de agosto de 2024 que revocó el fallo de primer nivel del 16 d e octubre de 2018 que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación directa 05001-33-33-022-2017-00604-00/01 y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad?

33. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos generales en el presente asunto , y, en caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 11. Lo anterior, porque hasta ese

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 12. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales13.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 14. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 15 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente

manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración . iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración . iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad,

12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 15 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que

15 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Demandantes: Martha Nelly Morales Marín y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-00

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1. relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice

1. efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o ne gación del amparo impetrado, se

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una

relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional16.

41. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022, los cuales fueron acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

1. que el a