CE - Sentencia 11001031500020250112701 de 2025

Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: JAVIER COBOS GARCÍA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del derecho reconocimiento y pago sanción moratoria de las cesantías – defecto fáctico prueba de radicación de la solicitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Gobernación del Tolima, contra la providencia del 8 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió:

«PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Javier Cobos García, únicamente en lo relacionado con el cargo por violación al principio de congruencia, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Javier Cobos García, únicamente en lo relacionado con el cargo por violación al principio de congruencia, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

TERCERO: Concédese al amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor Javier Cobos García. En consecuencia, dejáse sin efectos la sentencia del 19 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, con la cual revocó la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circ uito Judicial de Ibagué, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 7300133-33-005202100045-00/01 e impetrado por el accionante en contra de la Nación, Ministerio de

Educación Nacional, Fondo Naci onal de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura.

CUARTO: Ordénase al Tribunal Administrativo del Tolima que, en el término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.

QUINTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. (…)»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de febrero de 2025, el se ñor Javier Cobos Garc ía en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consec uencia,

El 27 de febrero de 2025, el se ñor Javier Cobos Garc ía en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consec uencia, formuló las siguientes pretensiones:Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

«PRIMERO: Obtener de su señoría la protección a los derechos al debido proceso, ordenando A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, una vez se Compruebe cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE ORDENE MODIFICAR la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINI STRATIVO DE TOLIMASECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E” a proferir nueva sentencia de fondo CONFIRMANDO lo planteado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en sentencia proferida el 22 de agosto de 2023.

TERCERO: Se requiera a la Entidad Accionada, para que no vuelva a incurrir en estas conductas. (…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

TERCERO: Se requiera a la Entidad Accionada, para que no vuelva a incurrir en estas conductas. (…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 19 de enero de 2018, el señor Javier Cobos García, docente vinculado al departamento del Tolima, presentó solicitud dirigida a obtener el reconocimiento y pago de las cesantías parciales ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el departamento del Tolima, sin embargo, señaló que no fueron reconocidas ni pagadas.

En razón de lo anterior, el 11 de febrero de 2020, solicit ó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG el pago de: i) las cesant ías no reconocidas y ii) los valores correspondientes a la sanción por mora en el no pago de estas.

El actor refirió que no obtuvo respuesta por parte de la entidad y, por lo tanto, ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG y el departamento del Tolima a fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o presunto resultado del silencio administrativo negativo de la administración y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías.

El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Ibagué, en sentencia del 22 de agosto de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto ficto y, en consecuencia, condenó al FOMAG al pago de sanción moratoria correspondiente a 835 días de salario.

de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto ficto y, en consecuencia, condenó al FOMAG al pago de sanción moratoria correspondiente a 835 días de salario.

Lo anterior, por considerar que se encontraba acreditado en el proceso que el señ or Cobos García solicitó el 19 de enero de 2018 el pago de sus cesantías para reparación y ampliaci ón de vivienda, bajo l os radicados 2018PQR1138 y NUN.2018NUN0000057614 y el 11 de febrero de 2020 solicitó al FOMAG – Secretaría de Educaci ón – Departamento del Tolima el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesant ías solicitadas el 19 de enero de 2018, tramitado bajo el radicado TOL2020ER003855.

Explicó que, ante la falta de respuesta a la petición del 11 de febrero de 2020, se configuró un acto ficto negativo y se incumpli eron los términos establecidos para el pago del ajuste de las cesantías parciales, lo que daba lugar al pago de la sanción por mora de 1.935 días en el pago de las cesant ías solicitadas, con un intervalo de 835 días en los cuales se suspendieron los términos, desde el 28 de marzo de 2020 hasta el 1º de julio de 2022, para un total de 1.112 días de mora.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Cobos García

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisó que, debido a que el departamento del Tolima no present ó prueba de haber remitido el acto administrativo de reconocimiento de cesantías a Fiduprevisora S.A., ni haber tramitado la solicitud de cesant ías radicada el 19 de enero de 2018, como tampoco acreditó que dio respuesta de manera adecuada a las solicitudes del actor, debía asumir el pago de la sanción, pues dicha entidad territorial tenía un plazo de 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento, conforme con el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y no lo realizó.

Contra la anterior decisión, el procurador 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de Ibagué presentó recurso de apelación, con fundamento en que: se aplicó de manera retroactiva el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019; se desconoció el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, previo a la modificación introducida por la Ley 2294 y no se analiz ó el art ículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que modific ó dicho parágrafo.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 19 de septiembre de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declar ó probada la excepción de falta de reclamaci ón administrativa respecto del reconocimiento y pago de cesantías parciales ante las autoridades demandadas.

Aclaró que , por esa razón, no procedía emitir pronunciamiento de fondo sobre la

de falta de reclamaci ón administrativa respecto del reconocimiento y pago de cesantías parciales ante las autoridades demandadas.

Aclaró que , por esa razón, no procedía emitir pronunciamiento de fondo sobre la sanción moratoria solicitada, al considerar que dicha penalidad estaba condicionada al pago extempor áneo de la prestaci ón, pues no existía prueba de que hubiese solicitado el pago de las cesantías.

Explicó que, si bien es cierto conforme con lo establecido en el artículo 138 del CPACA, «[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podr á pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi én podrá solicitar que se le repare el dañ o», también lo es que necesariamente debe existir correspondencia entre aquella autoridad a quien se le formula la reclamaci ón administrativa y que produce el acto enjuiciable y aquella respecto de la cual se pide el res tablecimiento del derecho en el medio de control respectivo.

Señaló que no es viable el restablecimiento del derecho en el caso de estudio porque no existió evidencia que la autoridad haya tenido la oportunidad de pronunciarse, en sede administrativa, respecto del derecho subjetivo reclamado, toda vez que el demandante no formuló reclamación administrativa ante al municipio de Ibagué , mediante la cual exigier a las cesant ías por el lapso que fue negado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. Argumentos de la tutela

El actor empezó por hacer amplia referencia a las normas y jurisprudencia que regulan

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. Argumentos de la tutela

El actor empezó por hacer amplia referencia a las normas y jurisprudencia que regulan el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías, así como de la sanción moratoria de las cesantías.

Afirmó que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por indebida valoración probatoria, al concluir que no se probó haber solicitado efectivamente la reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías, ni se aportó copia de la radicación de la misma.

Afirmó que realizó reclamación administrativa de reconocimiento y pago provisional de cesantías y la misma no fue rechazada ni concedida, por lo que se configur ó silencio administrativo negativo que dio lugar a un acto ficto el cual demandó.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

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Sostuvo que, en los términos del recurso de apelaci ón, la discusión de segunda instancia debió limitarse a la desvinculaci ón de la solidaridad y pago de la sentencia para el departamento del Tolima, que fue el aspecto apelado, por lo que se entendía que con el resto de apartes de la sentencia estuvo de acuerdo.

Indicó que, debido a que las demás entidades guardaron silencio frente a la sentencia de primera instancia, la autoridad judicial demandada con la conclusión, según la cual, no existía prueba de la solicitud del reconocimiento de las cesantías, extralimitó su

Indicó que, debido a que las demás entidades guardaron silencio frente a la sentencia de primera instancia, la autoridad judicial demandada con la conclusión, según la cual, no existía prueba de la solicitud del reconocimiento de las cesantías, extralimitó su competencia, pues ello no estaba en discusión ni fue un hecho controvertido en el proceso.

4. Trámite previo

La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en providencia del 4 de marzo de 2025, ordenó notificar a las partes , al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Ibagué, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento del Tolima – Secretaría de Educación como terceros con interés.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Tolima remitió copia del expediente del proceso objeto de debate, pero no se pronunció frente a los hechos de la solicitud de amparo.

6. Intervenciones

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela de la referencia va dirigida contra una providencia judicial en la que no intervino.

De igual forma señaló que en caso de que no se acceda a la falta de legitimación lo cierto es que la solicitud de amparo es improcedente en la medida en que la misma carece de relevancia constitucional y no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

El Juzgado Quinto Admi nistrativo Oral Ibagué remitió copia del expediente del proceso ordinario, sin embargo no se pronunció sobre los hechos objeto de debate.

fundamentales invocados por el actor.

El Juzgado Quinto Admi nistrativo Oral Ibagué remitió copia del expediente del proceso ordinario, sin embargo no se pronunció sobre los hechos objeto de debate.

La Gobernación del Tolima solicitó que se declare improcedente la acci ón de tutela de la referencia, al considerar que el análisis realizado por la autoridad judicial acusada estuvo ajustado a derecho.

Afirmó que para que proceda el estudio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se deben cumplir los requisitos previstos en el art ículo 161 de la Ley 1437 de 2011, por que son un presupuesto procesal, por lo que, al advertirse que no se cumpli ó uno de ellos, las pretensiones no debí an prosperar, tal como sucedió al evidenciar que no existió la reclamación administrativa consistente en el reconocimiento y pago de las cesantías.

Precisó que, al ser declarada la falta de reclamaci ón en sede administrativa, para el tribunal acusado no era posible pronunciarse respecto la sanción moratoria por el pago tardío de las cesant ías, por cuanto dicha sanci ón est á condicionada al pago extemporáneo de la prestación.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

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Por lo que, ante la incertidumbre de que no se hubiera solicitado en debida forma el reconocimiento y pago de las cesant ías, era imposible analizar el pago de la sanci ón moratoria.

Por lo que, ante la incertidumbre de que no se hubiera solicitado en debida forma el reconocimiento y pago de las cesant ías, era imposible analizar el pago de la sanci ón moratoria.

Explicó que la autoridad judicial demandada no incurrió en los errores indicados por el actor, pues, previo a entrar a analizar cuá l era la autoridad responsable de asumir el pago de la sanci ón moratoria por el retraso del pago de las cesant ías, se procedió a estudiar si para el caso se habí a agotado en debida forma la reclamaci ón administrativa respecto al reconocimiento de las cesantías.

La Procuraduría General de la Nación precisó que la inconformidad del actor se basa en que, a su juicio , el tribunal demandado no estaba legitimado para pronunciarse sobre aspectos que iban m ás allá de los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Explicó que lo expuesto por el actor no es del todo cierto, pues si bien, el tribunal demandado declaró la ineptitud de la demanda por ausencia del agotamiento de la actuación administrativa, ello es una actuaci ón legítima, toda vez que se realizó al estudiar el cumplimiento de los presupuestos procesales y, por consiguiente, podía ser calificado por el operador judicial en cualquier etapa del proceso.

Refirió que, el recurso de apelación que interpuso tenía como objetivo que se analizara la normatividad sobre la competencia para reconocer sanciones moratorias por el pago tardío de cesant ías en los casos de los docentes, pues se desconoc e la legislación sobre la materia y condena de forma injusta a una entidad territorial.

7. Sentencia de primera instancia

tardío de cesant ías en los casos de los docentes, pues se desconoc e la legislación sobre la materia y condena de forma injusta a una entidad territorial.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 8 de mayo de 2025, concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor Javier Cobos García, en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia del 19 de septiembre de 2024.

Al efecto, consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico porque en el expediente sí existían elementos de juicio para establecer la presentación de la solicitud del pago de las cesant ías y del reconocimiento y pago de la sanci ón moratoria, por lo menos , a partir de la petici ón del 11 de febrero de 2020, lo que implicaba que la autoridad judicial de segunda instancia debía hacer análisis de estas piezas procesales para determinar si, en efecto, tambi én podía llegarse a tener por presentada la petición del 19 de enero de 2018 o solamente la última de ellas.

Señaló que, ante la existencia del material probatorio relativo a tener por radicada l a solicitud desde el 19 de enero de 2018, que no fue cuestionada por las autoridades demandadas, el tribunal debió pronunciarse sobre la radicación de la reclamación en sede administrativa teniendo en cuenta estas particularidades y no limitarse al análisis del cuadro y de las respuestas otorgadas por el departamento del Tolima.

Destacó que en relación con la acreditación de la presentación de las reclamaciones, el tribunal demandado también debía atender a las manifestaciones de la parte demandada, en relación con el procedimiento especial que se encuentra establecido

Destacó que en relación con la acreditación de la presentación de las reclamaciones, el tribunal demandado también debía atender a las manifestaciones de la parte demandada, en relación con el procedimiento especial que se encuentra establecido para la radicación de solicitudes de tal naturaleza y si efectivamente este se cumplió y se acreditó fehacientemente en el plenario ordinario.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

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Precisó que, como la parte actora hizo mención a un presunto “desconocimiento normativo”, también debía tenerse en cuenta que, la norma invocada en el concepto de la violación de la demanda ordinaria y que fue atendida por el juez de primera instancia para acceder a la sanción moratoria, corresponde a la Ley 1071 de 2006, cuya aplicación para el caso de docentes, como lo era el demandante, se cuestionó en el recurso de apelación.

Además, advirtió que, en caso de resultar procedente las pretensiones de la demanda ordinaria, la norma establece la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, la cual se configura «a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público» , hecho que, para el caso concreto debe ser sujeto a la respectiva demostración probatoria y al análisis del tribunal demandado, bajo los principios de autonomía e independencia judicial.

Concluyó que, el tribunal demandado deb ió atender a las circunstancias en las que

caso concreto debe ser sujeto a la respectiva demostración probatoria y al análisis del tribunal demandado, bajo los principios de autonomía e independencia judicial.

Concluyó que, el tribunal demandado deb ió atender a las circunstancias en las que cursó el proceso ordinario, para efectuar una valoración integral del material probatorio allegado al plenario y, a partir de ello, determinar la decisión correspondiente, en consonancia con las pretensiones de la demanda, las contestaciones e intervenciones y el objeto del recurso de apelación formulado contra el fallo de primera instancia.

8. Impugnación

La Gobernación del Tolima impugnó la decisión de primera instancia e indicó que en el caso objeto de estudio no se incurrió defecto fáctico, pues el Tribunal Administrativo del Tolima sí realizó la valoración probatoria de la totalidad de las pruebas que obraban en el medio de control adelantado por el actor.

Expresó que con el pantallazo de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías en el año 2019, no era posible determinar que efectivamente la misma se haya realizado en debida forma y guardara coherencia con lo que se pretendía que fuera reconocido con posterioridad por vía judicial, no obstante indicó que con dicha prueba no se lograba evidenciar que efectivamente en la solicitud estuviera contenido el reconocimiento y pago de la mencionada acreencia laboral.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada analizó el oficio núm. TOL2020EE009322 del 28 de abril de 2020, por medio del cual, dio respuesta a la petición realizada por la Doctora María Niny Echeverry Prada, no obstante, concluyó que no era posible inferir que efectivamente el actor había solicitado el reconocimiento y pago de las cesantías,

Doctora María Niny Echeverry Prada, no obstante, concluyó que no era posible inferir que efectivamente el actor había solicitado el reconocimiento y pago de las cesantías, pues el mismo hacía referencia a la imposibilidad de expedir y remitir la documentación e información solicitada, situación que nada tiene que ver con el reconocimiento y pago de cesantías parciales.

Refirió que lo mismo sucedió con el oficio núm. TOL2021ER0082003 de 22 de julio de 2021, el cual, resolvió la solicitud de reconocimiento de la sanción por mora, más no se pronunció frente al reconocimiento y pago de las cesantías.

Señaló que a partir de la valoración conjunta de dichos elementos de prueba, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que no existían elementos suficientes para considerar que la reclamación elevada por el señor Cobos García haya contenido de manera expresa la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales.

Solicitó revocar la providencia impugnada y, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico y solución

En el escrito de impugnación la Gobernación del Tolima cuestionó la decisión de primera instancia, que, accedió a la solicitud de amparo por considerar que la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto fáctico alegado.

En ese sentido, corresponde determinar si debe modificar, revocar o confirmar la decisión impugnada y, para ello, la Sala deber á evaluar si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico al omitir valorar pruebas relevantes aportadas al expediente, específicamente, la constancia de radicación de las solicitudes de pago parcial de las cesantías del 11 de febrero de 2020.

La Sala anticipa que confirmará la decisión objeto de impugnación, pues está acreditado el defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al evidenciar que en el proceso objeto de debate no se expusieron las razones por las que se le restó valor probatorio a la solicitud del 11 de febrero de 2020.

Para llegar a la conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

probatorio a la solicitud del 11 de febrero de 2020.

Para llegar a la conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso y, (ii) al defecto fáctico y el análisis del caso en concreto.

(i) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea el mecanismo como una instancia adicional, en el entendido que, la decisión de primera instancia del proceso ordinario fue favorable y en el trámite de segunda instancia la sentencia fue revo cada y en su lugar negadas las pretensiones de la demanda.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la parte actora, en la medida que se estaría dejando de lado una prueba que incide en la solución del asunto.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

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Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 19 de septiembre de 2024, notificada el 23 de septiembre de 2024 y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 27 de febrero de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configura el defecto fáctico alegado.

(ii) Del defecto fáctico1 en el caso concreto

En síntesis, la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria al tener por no presentada su reclamación administrativa del reconocimiento y pago de cesantías y de la sanción moratoria por el pago tardío de estas.

defecto fáctico por indebida valoración probatoria al tener por no presentada su reclamación administrativa del reconocimiento y pago de cesantías y de la sanción moratoria por el pago tardío de estas.

De la lectura del expediente, la Sala observa que:

• En el escrito de demanda del proceso ordinario, en el acápite de hechos afirmó que, en dos oportunidades, esto es el 19 de ener o de 2018 tramitada bajo el radicado núm. 018PQR1138 y el 11 de febrero de 2020, tramitada bajo el radicado núm. TOL2020ER003855, solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de las cesantías y de la sanción moratoria, como se advierte de las siguientes

capturas de pantalla:

1 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T -015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veraci dad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.Radicado: 1001-03-15-000-2025-01127-01

Demandante: Javier Cobos García

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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• En la contestación de la demanda las entidades ejercieron su defensa con

fundamento en los siguientes argumentos:

El departamento del Tolima se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el argumento que las solicitudes de prestaciones de los docentes deben realizarse por medio de la plataforma ONBASE, lo cual constituye un requisito sine qua non e