CE - Sentencia 11001031500020250200101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-02001-011

Demandante : Henry Guzmán, Henry Andrés, Miguel Josué, Lilly Gabriela y

Cindy Alejand ra Guzmán Martínez y Nuri Luz Martínez Negrette Demandado

Vinculados :

: Tribunal Administrativo de l Tolima y Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué

Municipio de Ibagué, Seguros Generales Suramericana S. A. y Élver David Ferro Rodríguez

Acción : Tutela (impugnación)

Derechos

Tema : : Debido proceso, el acceso a la administración de justicia, a la defensa y al principio de prevalencia del derecho sustan cial sobre las formas Tutela contra providencia judicial que negó las pretensiones de la demanda Decisión : Sentencia de segunda instancia – confirma

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el fallo del 7 de mayo de 202 5, emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

Subsección A, que negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

1 Expediente digital disponible en SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

Demandante: Henry Guzmán y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

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Henry Guzmán, Nuri Luz Martínez Negrette y Henry Andrés, Miguel Josué Lilly Gabriela y Cindy Alejandra Guzmán Martínez interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso , a l acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

«1-. Dejar sin efectos la sentencia proferida por los despachos accionados en su reemplazo proferir sentencia el despacho del juez de primera instancia basado y teniendo como probado el sitio o lugar de los hechos y qu e fueron reconocidos y aceptados por las partes en la audiencia inicial, razón por la cual en la misma se negara la inspe cción judicial para entre otras (sic) aspectos verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valide[z] a las

audiencia inicial, razón por la cual en la misma se negara la inspe cción judicial para entre otras (sic) aspectos verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valide[z] a las fotografías del periódico el Q!hubo anexadas, como pruebas y los testimonios expuestos, junto con la anotación de rec ogida del lesionado HENRY GUZMÁN, por parte de la ambulancia.

2-. Como subsidiaria dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia y en su reemplazo, ordenar al mismo proferir la sentencia basado y teniendo como probado el sitio o lugar de los hechos y que fueron reconocidos y aceptados por las partes en la audiencia inicial, razón por la cual en la misma se negara la inspección j udicial para entre otras (sic) aspectos verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valide [z] a las fotografías del periódico el Q!hubo anexadas, como pruebas y los testimonios expuestos, junto con la anotación de recogida del lesionado HENRY G UZMÁN, por parte de la ambulancia, en su efecto, igualmente, dejar sin efectos la sentencia, ordenándole por se r procedente las pruebas solicitadas en segunda ins tancia, a decretarse y practicarse en segunda instancia por haberse solicitado dentro del término legal y reunir los presupuestos de conducencia, oportunidad, y convivencia, se sirva decreta rlas y basado además en estas, se proceda a proferir nueva sentencia».

1.3. Hechos2

Ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué impetraron demanda de reparación directa a la que le correspondió el radicado 73001-33-33-009-2015proferir nueva sentencia».

1.3. Hechos2

Ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué impetraron demanda de reparación directa a la que le correspondió el radicado 73001-33-33-009-201500035-00, para que, se declarara administrativamente responsable al municipio de Ibagué por los perjuicios causados, como consecuencia de las lesiones sufridas por el señor Henry Guzmán.

Indicaron que el 1.o de julio de 2023, sobre las once de la mañana mientras el señor Guzmán se desplazaba en bicicleta por la carrera 6. a a la altura de las calle s 56 y 57, sitio en el que , la Alcaldía de Ibagué estaba construyendo zonas sonoras o reductores de velocidad, tuvo una caída en la que se golpeó la cabeza, sufrió una herida ósea y una lesión profunda en la pierna en tejidos blandos

2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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Comoquiera que, en la demanda se estableció mediante fotografías y testimonios, que el lugar de instalación de los reductores de velocidad era la carrera 6. a entre calles 57 y 56 , detrás de la sede del Hospital Federico Lleras Acosta en inmediaciones del acceso a urgencias , solicitaron como prueba una inspección judicial con perito para verificar el sitio del accidente.

En la audiencia inicial celebrada el 25 de mayo de 2017, las partes aceptaron como

inmediaciones del acceso a urgencias , solicitaron como prueba una inspección judicial con perito para verificar el sitio del accidente.

En la audiencia inicial celebrada el 25 de mayo de 2017, las partes aceptaron como hecho probado la ubicación de l lugar del accidente como lo indicó el juez, quien además negó la inspección judicial atendiendo lo preceptuado en el artículo 236, incisos 3 y 4 del Código General del Proceso, al considerar que ya existían registros fotográficos del sitio, decisión ante la cual las partes guardaron silencio.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué dictó sentencia de primera instancia el 22 de febrero de 2021, negando las súplicas de la demanda , argumentando que, si bien se superaba la existencia del daño, no se acreditó la alegada falla del servicio, ya que había dudas en relación con el lugar de la ocurrencia de los hechos.

Contra la decisión, se interpuso recurso de apelación haciendo énfasis en la ubicación exacta en donde sucedieron los hechos, carrera 6.a con calle 57, frente a la entrada de la Clínica de los Seguros Sociales del Limonar, hoy Federico Lleras Acosta, tal y como se aceptó por las partes y que se dejó consignado en la audiencia inicial, que por estar determinado con claridad inobjetable el sitio, se negó la inspección judicial.

Con fundamento en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia, esto es, la inspección judicial. Por medio de auto de 30 de noviembre de 2021, se admitió el recurso de apelación, pero se denegó la

pruebas en segunda instancia, esto es, la inspección judicial. Por medio de auto de 30 de noviembre de 2021, se admitió el recurso de apelación, pero se denegó la prueba, providencia contra la que interpuso recurso de reposición, pero fue negado el 6 de octubre de 2022.

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, notificada el 4 de octubre del mismo año, confirmó la decisión del a quo al considerar que existía duda del lugar donde sucedieron los hechos, a pesar de que, desde la audiencia inicial ello había quedado claro.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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1.4. Argumentos de la tutela

Alega el accionante que en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto, por cuanto, el Tribunal Administrativo del Tolima, no obstante, se solicitaron oportunamente las pruebas en segunda instancia , interpretó erróneamente su oportunidad de presentación y las negó, sin tener en cuenta que resultaban fundamentales a efectos de demostrar que el a quo no tenía razón para negar las pretensiones con el argumento de no estar determinado claramente el lugar de los hechos, comoquiera que , se pidió la práctica de inspección judicial p ero esta no se decretó en la audiencia inicial , porque se consideró que las partes aceptaron cuál era el sitio donde se produjo el accidente.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Segunda,

consideró que las partes aceptaron cuál era el sitio donde se produjo el accidente.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, admitió3 la presente acción de tutela el 8 de abril de 2025. En dicha providencia se ordenó notificar a l Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y a los magistrados de l Tribunal Administrativo de l Tolima en calidad de demandados y vincular al municipio de Ibagué, a Seguros Generales Suramericana

S. A., al señor Élver David Ferro Rodríguez y a todos los demás intervinientes en el medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-009-2015-0003500 [01] como terceros con interés.

2.1. Contestaciones a la acción

2.1.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué 4 efectuó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa promovido por los aquí accionantes, alegando que estas no constituyen una vía de hecho ni se enmarca en ninguna de las causales generales o especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues no se advierte que los argumentos que sustentaron la sentencia emitida por ese despacho y las actuaciones realizadas sean arbitrarias ni que carezcan de soporte legal.

3 Visible en el expediente digital en SAMAI, primera instancia, índice 00004. 4 Visible en el índice 00010 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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4 Visible en el índice 00010 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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2.1.2. El Tribunal Administrativo del Tolima5 alegó que las razones expuestas en las providencias atacadas resultan suficientes para soportar la defensa dentro del presente proceso, como se puede verificar en las consideraciones consignadas en aquellas, las cuales transcribió.

Con base en lo anterior, pidió negar las pretensiones, teniendo en cuenta que, de la lectura del escrito inicial se col ige que la parte actora p ersigue un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso.

2.1.3. El señor Élver David Ferro Rodríguez 6 adujo que las pretensiones de la acción de tutela no están llamada s a prosperar, al considerar que ni el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué ni el Tribunal Administrativo del Tolima ni él, han desconocido los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

2.1.4. Seguros Generales Suramericana S. A. 7 solicitó su desvinculación del trámite constitucional ante la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.1.5. El municipio de Ibagué 8 pidió denegar la solicitud de amparo por improcedente, por cuanto no cumple con los presupuestos para su estudio; no obstante, indicó que ese ente territorial es respetuoso de las decisiones judiciales y las acata en su integridad; por tanto, se acoge a lo que decida el Consejo de Estado, corporación que tiene la exclusiva competencia y autonomía para efectuar la

obstante, indicó que ese ente territorial es respetuoso de las decisiones judiciales y las acata en su integridad; por tanto, se acoge a lo que decida el Consejo de Estado, corporación que tiene la exclusiva competencia y autonomía para efectuar la valoración legal y jurisprudencial del caso y determinar lo que en derecho corresponda.

2.2. Providencia impugnada9

Mediante fallo de 7 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó la desvinculación por falta de legitimación en la causa po r pasiva solicitada por Seguros Generales Suramericana S. A. y la acción de tutela.

La Sala estimó que , el material probatorio que obra en el plenario no permite dilucidar con certeza el lugar de ocurrencia de los hechos, por el contrario, genera

5 Visible en el índice 00015 de la plataforma SAMAI, de primera instancia. 6 Visible en el índice 00013 de la plataforma SAMAI, de primera instancia. 7 Visible en el índice 00014 de la plataforma SAMAI, de primera instancia. 8 Visible en el índice 00016 de la plataforma SAMAI, de primera instancia. 9 Índice 00020, ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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incertidumbre; por lo que , no s e evidencia que la autoridad demandada incurriera en una indebida valoración proba toria al interior del proceso de reparación directa ni tampoco se advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales de los accionantes.

Consideró en lo referente al defecto procedimental absoluto y por exceso ritual

en una indebida valoración proba toria al interior del proceso de reparación directa ni tampoco se advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales de los accionantes.

Consideró en lo referente al defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto que aduce la parte actora, que ni en las contestaciones de la demanda ni en la fijación del litigio se demostró la aceptación de las partes procesales frente al lugar en donde ocurrieron los hechos, así como tampoco, que l os demandantes manifestaran su inconformidad frente a la providencia que negó la inspección judicial con la interposición del recurso de apelación.

Agregó que, era pertinente recordarle a la parte accionante que la negativa ante la solicitud de inspección judicial obedeció a que en primera instancia no se determinó como necesaria la práctica de dicha prueba, toda vez que, para comprobar el lugar de ocurrencia de los hechos, se decretaron diversas pruebas, y en particular, la declaración de un testigo presencial que finalmente se contradijo , por lo que, la presentación de esa petición en segunda instancia resultaba improcedente, pues no se cumplía con ninguna de las causales previstas por el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En cuanto al defecto procedimental absoluto porque no se decretó de oficio la prueba que permitiera corroborar el lugar de ocurrencia de los hechos, advirtió que, según lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga probatoria corresponde a la parte demandante; por consiguiente, no podían los accionantes pretender que a través de este mecanismo constitucional se corrigiera su descuido y se invirtiera la carga de la prueba a la autoridad judicial accionada.

probatoria corresponde a la parte demandante; por consiguiente, no podían los accionantes pretender que a través de este mecanismo constitucional se corrigiera su descuido y se invirtiera la carga de la prueba a la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, consideró que no se configuró el defecto procedimental absoluto, pues el Tribunal fundamentó su decisión en las pruebas allegadas al proceso de las cuales concluyó que, en efecto, no existían elementos suficientes que acreditaran el lugar donde aparentemente ocurrieron los hechos.

2.3. La impugnación10

10 Índice 00025, ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la impugnan para que se revoque y, en su lugar, se conceda el amparo deprecado.

Argumentan que configura un defecto fáctico por contradicción interna y omisión en la valoración probatoria, teniendo en cuenta que, el fundamento central de las sentencias judiciales fue la supuesta falta de certeza sobre el lugar del accidente, circunstancia, que según se expone impidió declarar la existencia de una falla en el servicio.

No obstante, el Juzgado Noveno Administrativo en el acta 85 del 25 de mayo de 2017, correspondiente a la celebración de la audiencia inicial, negó la práctica de la inspección judicial que solicitaron expresamente, argumentando que , existía suficiente material probatorio sobre el lugar de los hechos, tales como fotografías y

2017, correspondiente a la celebración de la audiencia inicial, negó la práctica de la inspección judicial que solicitaron expresamente, argumentando que , existía suficiente material probatorio sobre el lugar de los hechos, tales como fotografías y un testimonio presencial, ello con base en lo previsto en los artículos 236, incisos 2 y 4 del Código General del Proceso.

Lo anterior, demuestra que, en ese momento el sitio del accidente no se consideró como un hecho problemático ni materia de controversia probatoria, por lo que , no era necesario practica r una diligencia adicional, esa valoración genera una cosa juzgada procesal interna sobre la delimitación del objeto del litigio , siendo así, no puede admitirse que las autoridades que negaron la prueba por innecesaria años después sustenten la denegación de justicia en la supuesta indeterminación de ese hecho, cuya discusión se excluyó por decisión judicial , lo cual , constituye un razonamiento circular, contradictorio y carente de coherencia lógica y jurídica, que según la jurisprudencia configura un defecto fáctico por in debida o irracional estimación probatoria.

El Tribunal incurrió en defecto s procedimentales graves al negar nuevamente la inspección judicial, sin tener en cuenta la decisión de primera instancia, que la consideró innecesaria no porque la parte demandante haya omitido pedirla sino porque lo que se pretendía demostrar con ella, era posible como otros medios de prueba; indicó que no se podía prever que el a quo cambiaría el eje del debate y fundaría su fallo en una duda que antes había descartado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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fundaría su fallo en una duda que antes había descartado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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Indicó que, e l juez de tutela omitió evaluar ese desequilibrio procesal, aceptando una lectura rígida y mecánica del procedimiento , en abierta contradicción con los artículos 229 de la Constitución y 176 del Código General del Proceso que imponen al operador jurídico dictar sentencia conforme a los hechos y pruebas q ue hayan sido debidamente debatidos, sin introducir argumentos nuevos o vacíos no atribuidos a la parte procesal sino a decisiones jurisdiccionales previas.

Adicionalmente, evidenció una contradicción interna grave en la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que, el fallador sostiene que la falta de certeza sobre el lugar de los hechos no pe rmite imputar responsabilidad a las entidades demandadas ; sin embargo, al m ismo tiempo se niega a ejer cer sus facultades para decretar pruebas de segunda instancia, las que le asisten conforme al artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , espec íficamente rechaz ó la práctica de la inspección judicial, probanza que permitiría esclarecer el hecho que considera indeterminado, y luego sustenta su decisión de fondo precisamente en esa falta de claridad.

Así mismo, el acervo probatorio permite afirmar, con base en precedente s del Consejo de Estado, que existe responsabilidad del Estado por omisión en el deber

y luego sustenta su decisión de fondo precisamente en esa falta de claridad.

Así mismo, el acervo probatorio permite afirmar, con base en precedente s del Consejo de Estado, que existe responsabilidad del Estado por omisión en el deber de señalización vial y, en este caso se demostró (i) la existencia de reductores de velocidad sin señalización adecuada, en sector residencial cercano al hospital; (ii) las lesiones permanentes causadas al señor Henry Guzmán que afectan su integridad y proyecto de vida; y (iii) la existencia de un contrato estatal que expresamente obligaba a instalar r eductores, así como registro fotográfico del avance y finalización de la obra, elementos que no fueron aportados por la administración.

Finalmente indica que , n egar el amparo revictimiza a quien sufrió un daño antijurídico y valida un uso excesivo de las formas procesales como barrera para el acceso a la verdad judicial y a la reparación integral, ello cons tituye un ritual manifiesto regresivo y contrario al bloque de constitucionalidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. CompetenciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la sala plena del Consejo de Estado , esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2. La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2. La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siem pre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema Jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 26 de septiembre de 2024, por medio del cual , el Tribunal Administrativo d el Tolima decidió en segunda instancia, el medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-33-009-2015-00035-01 promovido por los señores Henry Guzmán, Nuri Luz Martínez Negrette y Henry Andrés, Miguel Josué Lilly Gabriela y Cindy Alejandra Guzmán Martínez en contra del municipio de Ibagué, Seguros Generales Suramericana S. A. y el señor Élver David Ferro Rodríguez , en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la

Alejandra Guzmán Martínez en contra del municipio de Ibagué, Seguros Generales Suramericana S. A. y el señor Élver David Ferro Rodríguez , en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas , invocadas en la solicitud de amparo.

11 “Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”. 12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 13 “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. 14 Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional , que declaró la inexequibilidad del artícul o 40 del Decreto 2591 de 1991. Más

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional , que declaró la inexequibilidad del artícul o 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó , en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a qu e una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual , sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgá nico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,

resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgá nico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir , cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01

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de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora ; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto l os hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Así mismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcion ar