CE - Sentencia 11001031500020250279500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Acción de tutela Radicado : 11001-03-15-000-2025-02795-00

Accionante : Beatriz Gutiérrez Lizarazo

Demandados : Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Vinculados

: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta y a los señores Luis Eduardo Mejía Granados y Carlos Saúl Velasco Gutiérrez.

Derechos : Debido proceso, seguridad jurídica e igualdad Tema : Tutela contra providencia judicial emitida en proceso de reparación directa que se promovió para reclamar perjuicios por las afectaciones en la salud de un soldado durante la prestación del servicio militar.

Decisión : Sentencia de primera instancia – Niega

La Sala procede a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela presentada por la señora Beatriz Gutiérrez Lizarazo en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura, luego revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

La señora Beatriz Gutiérrez Lizarazo, actuando en nombre propio, interpuso elRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

Accionante: Beatriz Gutiérrez Lizarazo

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presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad jurídica y a la igualdad , los cuales estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Para ello, solicitó lo siguiente:

«1) CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y la igualdad del señor LUIS EDUARDO MEJÍA GRANADOS y OTROS.

1. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de fecha 06 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander debidamente notificada a través de correo electrónico el 18 de febrero de 2025, que revocó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta de fecha 04 de diciembre de 2020, y en su lugar, acceder totalmente a las pretensiones de cada uno de los demandantes del proceso de la demanda de reparación directa i nterpuesta por LUIS EDUARDO MEJÍA GRANADOS y OTROS. contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL.

demanda de reparación directa i nterpuesta por LUIS EDUARDO MEJÍA GRANADOS y OTROS. contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL.

1. Ordenar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, para que proteja los derechos de la parte actora , y profiera una nueva sentencia en la cual tenga en cuenta el precedente jurisprudencial del H. Consejo de Es tado, en punto de conscriptos, la cual fue expuesta en est e escrito de tutela, y en su lugar confirme la sentencia de primera instancia adicionado a ello los demás valores que dejó de tazar (sic) la operadora judicial de instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta de fecha 04 de diciembre de 2020. Pues precisamente uno de los reparos de la sentencia de 1 instancia fue eso, que no reconoció íntegramente todos los valores solicitando (sic) en el medio de control referido».

1.3. Hechos1

Narra que su hijastro, Luis Eduardo Mejía Granados, se graduó como bachiller académico según Acta 36 de 2 de diciembre de 2011, en la Institución Educativa Colegio Distrital de Bonda en la ciudad de Santa Marta (Magdalena).

Que, mediante Resolución 75 de 30 de mayo de 2014, el director de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez lo nombró auxiliar de policía del curso 38, para que prestara el servicio militar obligatorio.

Asevera que para el momento en que ingresó gozaba de buena salud y no tenía ninguna clase de incapacidad física, por ello fue incorporado a las filas de la

que prestara el servicio militar obligatorio.

Asevera que para el momento en que ingresó gozaba de buena salud y no tenía ninguna clase de incapacidad física, por ello fue incorporado a las filas de la

1 Aplicativo de SAMAI. Anotación 00002.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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unidad castrense, como lo demuestran los exámenes médicos que le practicaron galenos de la entidad y en la ficha médica de mayo de 2014.

Indica que, a raíz del mal trato verbal y sicológico dado por su superior, en septiembre de 2014 cuando fue asignado al Fuerte Sur DESAN en Bucaramanga (Santander) empezó a presentar dolor es de cabeza constantes y para enero de 2015 expresaba deseos de morir, por ese motivo el 30 de julio de 2015, se llevó a cabo junta médico laboral de policía, en la que se concluyó lo siguiente : «a.1 [rasgos de personalidad desadaptivos y cefalea migrañosa en tratamiento sin secuelas funcionales. No apto. Presenta cero [disminuciones] de la capacidad laboral]», decisión que se le notificó personalmente y por escrito el 13 de agosto de 2015. Inconformes con ese dictamen lo recurrieron.

Señala que, el Tribunal Médico Laboral de Revisión M ilitar y de Policía a través del Acta M17 -040-MDNSG-TML-41.1 de 3 de diciembre de 2017, modificó los

Señala que, el Tribunal Médico Laboral de Revisión M ilitar y de Policía a través del Acta M17 -040-MDNSG-TML-41.1 de 3 de diciembre de 2017, modificó los resultados de la Junta Médico-Laboral 6445 de 30 de julio de 2015 y, en su lugar, determinó lo siguiente: «1.- cefalea tipo migraña de manejo médico. 2.- rasgos de personalidad desadaptivos [...] disminución de la capacidad laboral [...] ACTUAL: DIEZ PUNTO CERO POR CIENTO (10%) siendo NO APTO por enfermedad mental».

Por lo anterior, instaur aron medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía N acional, para que fue ra declarada administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales que les ocasionaron las lesiones y secuelas mentales irreversibles sufridas por el señor Luis Eduardo Mejía Granados.

El proceso le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta con radicado 54001-33-33-008-2017-00502-00, despacho que, mediante fallo de 4 de diciembre de 2020, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Contra esa decisión, las partes impetraron sendos recursos de apelació n, que fueron conocidos por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, autoridadRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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judicial que profirió fallo el 18 de febrero de 2025, en el que, revocó la decisión de primera instancia para en su lugar, negar las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

1.4. Argumentos de la tutela

La accionante alega que, en la sentencia de segunda in stancia se presenta una sesgada valoración del acervo probatorio que lesiona sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad; toda vez que, las decisiones judiciales deben soportarse en los hechos probados dentro del proceso, de manera conjunta y de conformidad con la sana crítica.

El Tribunal trajo a colación en su fallo , el precedente del Conse jo de Estado referente a los daños ocasionados a los conscriptos, donde explican muy bien el régimen de responsabilidad y determinan que se debe aplicar el objetivo por el título de imputación de daño especial, pero extrañamente no lo t uvo en cuenta para decidir el asunto.

Señala que , esta Corporación e n sentencia del 1 .° de julio de 2015, radicado interno 30385; Actor: Rosalba Alba Taques y otro; demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y otros, magistrado ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en el caso de un conscripto tuvo en cuenta como criterio jurisprudencial las sentencia s de la Sección Tercera de 22 de julio de 2009 (expediente 18703) y de la Subsección C de 3 de diciembre de 2014 (expediente

jurisprudencial las sentencia s de la Sección Tercera de 22 de julio de 2009 (expediente 18703) y de la Subsección C de 3 de diciembre de 2014 (expediente 26737), especialmente en lo atinente a los elementos propios a su ratio decidendi en relación con la comunidad de la prueba.

Y, e n Sentencia T-334 de 17 de agosto de 2018, dictada por l a Corte Constitucional, magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas, Actor: Arely Orlando Torres y otros, Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro, expediente: T6606527, se determinó la procedencia de la solicitud de amparo , porque se estableció la ocurrencia de un defecto fáctico, por cuanto la autoridad demandada efectuó una valoración probatoria restrictiva del derecho de acceso a la administración de justicia. En concreto, apreció de manera irracional una de las pruebas y omitió analizar aquella que evidenciaba el momento preciso en elRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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los afectados tuvieron certeza del daño.

Así las cosas, es evidente que en su caso, la lesión sufrida por Luis Eduardo Mejía Granados acaeció durante el período en que prestó el servicio militar obligatorio en la Policía Naci onal, por lo que , corresponde a esa entidad garantizar su integridad psicofísica, pues se trata de una persona que se hallaba sometida a su custodia y cuidado, situación que no atendió el fallador de segunda

obligatorio en la Policía Naci onal, por lo que , corresponde a esa entidad garantizar su integridad psicofísica, pues se trata de una persona que se hallaba sometida a su custodia y cuidado, situación que no atendió el fallador de segunda instancia, desconociendo el prec edente ju dicial invocado y un defecto f áctico, teniendo en cuenta que, hizo una valoración probatoria muy restrictiva del derecho de acceso a la administración de justicia, omitiendo analizar aquella que demostraba «el momento en que tanto yo como mis familiares tuviéramos certeza del daño».

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 14 de mayo de 2025, se inadmitió la solicitud de amparo para que, la señora Beatriz Gutiérrez Lizarazo subsanara las inconsistencias advertidas por el despacho, dado que , pidió la protección de los derechos fundamentales del señor Luis Eduardo Mejía Granados, así como de «otros» cuyos nombres no identificó, y no explicó, por qué no pudieron acudir directamente o que en su defecto aportara po der que acreditara su representación.

El 30 de mayo de 2025 y por reunir los requisitos previstos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar a la autoridad demandada, esto es, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y vincular a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta y a los señores Luis Eduardo Mejía Granados y Carlos Saúl Velasco Gutiérrez.

2.1. Contestaciones a la acciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

Eduardo Mejía Granados y Carlos Saúl Velasco Gutiérrez.

2.1. Contestaciones a la acciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

Accionante: Beatriz Gutiérrez Lizarazo

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2.1.1. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional2 solicita negar las súplicas planteadas por la accionante, toda vez que, no se vislumbra la existencia de vulneración alguna a sus derechos fundamentales.

2.1.2. Los señores Luis Eduardo Mejía Granados y Carlos Saúl Velasco Gutiérrez3 manifiestan que se hac en parte dentro del trámite constitucional y coadyuvan las pretensiones de la demanda, al considerar que en la sentencia de 18 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se cercenaron sus garantías fundamentales, por cuanto, se desconocieron los precedentes judiciales tanto del Consejo de Esta do como de la Corte Constitucional que reconocen derechos a los soldados conscriptos.

2.1.3. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta4 remitió el enlace de acceso al proceso con radicado 54001-33-40-008-2017-00502-00, pero no se pronunció respecto a los hechos y pretensiones de la tutela.

2.1.4. El Tribunal Administrativo del Norte de Santander 5 manifiesta que, el precedente citado por la accionante como desconocido no guarda relación fáctica ni jurídica con el caso objeto de análisis, teniendo en cuenta que, las providencias citadas en el escrito de tutela se refieren a eventos en los que la indebida

precedente citado por la accionante como desconocido no guarda relación fáctica ni jurídica con el caso objeto de análisis, teniendo en cuenta que, las providencias citadas en el escrito de tutela se refieren a eventos en los que la indebida valoración probatoria dio lugar a la declaración de caducidad del medio de control de reparación directa y , en las demás, se trató de conscriptos que sufrieron lesiones corporales y no mentales como ocurrió en la providencia cuestionada.

Además, en relación con el precedente del Consejo de Estado, según el cual, las enfermedades mentales padecidas por soldados, que se manifiesten o diagnostiquen durante la prestación del servicio militar obligatorio, resultan imputables al Estado, lo cierto es que, esa postura no ha sido pacífica y, en ese sentido, al estudiar el caso, se optó por el criterio asumido por el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo en fallo del 19 de julio de 2023, con ponencia del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas, en el que , consideró que el examen

2 Aplicación SAMAI. Anotación 00017. 3 Aplicativo SAMAI, anotación 00019. 4 Aplicativo SAMAI. Anotación 00016. 5 Aplicativo SAMAI. Anotación 00021.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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de aptitud psicofísica comprende el análisis del aspecto físico y sicológico de la persona inscrita, sin que es e último aspecto implique la realización de valoraciones siquiátricas, que permitan identificar en el momento de

de aptitud psicofísica comprende el análisis del aspecto físico y sicológico de la persona inscrita, sin que es e último aspecto implique la realización de valoraciones siquiátricas, que permitan identificar en el momento de incorporación, una afección de esa naturaleza, por tanto, no resulta viable presumir que, ante un padecimiento d e esa índole, el soldado ingresara en perfectas condiciones y que la enfermedad se desarrolló como consecuencia del servicio castrense, solo porque superó los exámenes iniciales.

Por lo anterior, en la providencia objeto de censura se estimó que, las pruebas médicas de incorporación que obran en el expediente no acredita ban que la entidad demandada hubiera detectado en el conscripto una enfermedad mental cuando se produjo su vinculación, pues estos procedimientos no permiten reconocer la preexistencia de enfermedad siquiátrica, menos brinda ban certeza sobre el real estado de salud mental que presentaba el se ñor Mejía Granados para esa época.

Finalmente, advirtió que la parte actora pers eguía mediante e l mecanismo excepcional controvertir la legalidad de la providencia emitida por esa corporación, sin concretar una violación o amenaza de un derecho fundamen tal propiamente dicho; por consiguiente, en los términos en que se impetró resultaba improcedente, debido a que pretende debatir a modo de tercera instancia una decisión judicial ejecutoriada.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2. Problema jurídicoRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de garantías fundamentales que pueda comportar el fallo del del 6 de febrero de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del medio de control de reparación directa con radicado 5400133-40-008-2017-00502-01 y, en caso afirmativo, analizar si con la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad invocados por la señora Beatriz Gutiérrez Lizarazo ante la presunta configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

3.3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)Radicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se fun da en

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defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se fun da en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional cuando se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de des tacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan dere chos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

afectan dere chos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) q ue la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o de terminante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora ; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron laRadicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible ; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual , solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci ón del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los ser vidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente

los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, en un principio, la Sala Plena de lo Contencioso-Radicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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Administrativo del Consejo de Estado sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 6, pero mediante sentencia del 31 de julio de 2012 7 rectificó su posición en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias cuando vulneren derechos const itucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.8

3.4. Caso concreto

En torno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala encuentra: (i) que el asunto planteado comporta relevancia constitucional,

3.4. Caso concreto

En torno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala encuentra: (i) que el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en razón a que , recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad ; (ii) que contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, al ser una sentencia de segunda instancia que se encuentra en firme ; (iii) que se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) que se satisface el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que , la provide ncia enjuiciada fue emitida el 6 de febrero de 202 5 y notificada electrónicamente el 18 de febrero de 2025 , por lo que adquirió ejecutoria el 25 de febrero de 2025, y la solicitud de amparo se presentó el 12 de mayo del 2025, es decir, dentro del término prudencial de seis meses; y (v) el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizara el fondo

6 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp . 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 7 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 8 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009 -00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010,

exp. 2009 -01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-0025000, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02795-00

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del asunto, bajo las causales específicas de procedibilidad invocadas, esto es, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

3.4.1. Defecto fáctico

Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio

Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».9

La Corte Constitucional ha sostenido que el referido vicio contie ne dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria