CE - Sentencia 11001031500020250286401 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia . Relevancia Constitucional. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Aníbal Guaca Alvarado , en nombre propio 1, presentó escrito en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Putumayo, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del

y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Putumayo, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado bajo el radicado núm. 86001-33-31-0022020-00086-00/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. La parte accionante manifestó que estuvo vinculado con el departamento del Putumayo en calidad de celador, código 477 grado 02, a partir del 23 de mayo de 1995 hasta el 1° de enero de 2017.

1 Índice 0000 3 expediente primera instancia aplicativo SAMAI con certificado núm. 7CF1A07436BCD656 F96BA3ABA2ECC0BB F6D7BD00FA675ECB CFDFDAF92A0E985A. 2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=86001333100220200008601860012 3Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

2.2. Expuso que presentó una solicitud ante el ente territorial el 11 de mayo de 2017 en la que pidió el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, petición que fue resuelta de manera favorable mediante Resolución 0756 del 19 de febrero de 2019 .

en la que pidió el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, petición que fue resuelta de manera favorable mediante Resolución 0756 del 19 de febrero de 2019 . Por lo anterior, la Tesorería General del departamento emitió certificación de fecha 13 de septiembre de 2019, en la que dejó a disposición del actor las sumas correspondientes desde el 23 de mayo del mismo año.

2.3. En ese orden, el 7 de octubre de 2019 el accionante solicitó el pago de la sanción por el pago tardío de las cesantías, petición que fue negada a través de la Resolución 4481 del 8 de octubre siguiente. El ente territorial indicó que su reconocimiento solo podía cancela rse a quienes pertenecían al régimen anualizado y no al régimen retroactivo, como era su caso.

2.4. Como consecuencia de estos hechos, el accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento del Putumayo , en la que solicitó declarar la nulidad del referido acto administrativo y el consecuente pago de la mora generada del pago tardío de sus cesantías.

2.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa conoció el proceso en primera instancia y, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2021 accedió a lo pretendido.

2.6. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Putumayo, autoridad judicial que profirió sentencia el 14 de noviembre de 2024 en la que revocó la orden impartida por el a quo y, en su

ante el Tribunal Administrativo del Putumayo, autoridad judicial que profirió sentencia el 14 de noviembre de 2024 en la que revocó la orden impartida por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda . Señaló que el solicitante se vinculó a la entidad territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, previo a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, por ello, el régimen de liquidación de sus cesantías era de carácter retroactivo.

En consecuencia, señaló que como el actor ni se acogió de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anualizado previsto en la Ley 50 de 1993, no tenía derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solo se previó para los beneficiarios de esa norma.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y al acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de ello, pidió: i) dejar sin efecto la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo y, ii) ordenar a la autoridad de accionada proferir un nuevo fallo en el que tenga en cuenta los criterios normativos y jurisprudenciales mencionados en la sentencia de primera instancia que accedió a sus pretensiones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, que la parte accionada incurrió

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, que la parte accionada incurrió en un defecto fáctico al considerar que no tuvo en cuenta la t otalidad del acervo probatorio incorporado, y se limitó a citar el contenido de una sentencia de esta Colegiatura, en la que se explicó la oportunidad que tiene el servidor público para trasladarse del régimen retroactivo al anualizado, así como la sanción moratoria que opera en esos casos, el cual no guarda identidad con la solicitada.

3.3. Además, adujo la configuración del defecto sustantivo, en atención a que se echó de menos la aplicación del contenido de la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en las cuales se establece la regulación del pago de las cesantías para todos los servidores públicos [como en su caso] y, por el contrario, dio aplicación a la Ley 50 de 1990, la cual consideró no acompasaba con su situación.

3.4. También indicó que hubo un defecto procedimental absoluto al considerar que el recurso de apelación presentado por el ente territorial demandado carecía de sustento jurídico y argumentos que atacaran el contenido de la sentencia proferida por el a quo, por lo que, consecuencialmente, debió declararse desierto, en virtud de lo establecido en los artículos 320, 322 y 328 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.

3.5. Finalmente, sostuvo que hubo un desconocimiento del precedente, en razón a que no tuvo en cuenta la sentencia de unificación CESUJSII012-2018, proferida el 18

la Ley 1437 de 2011.

3.5. Finalmente, sostuvo que hubo un desconocimiento del precedente, en razón a que no tuvo en cuenta la sentencia de unificación CESUJSII012-2018, proferida el 18 de julio de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en el expediente 7300123-33-000-2014-00580-01, en la que se dispuso que el reconocimiento de la sanción moratoria también abarcaba sobre los docentes al ser servidores públicos, por lo que consideró que esta premisa le era aplicable al estar adscrito a la planta de la Secretaría de Educación del Putumayo.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta mediante auto del 21 de mayo de 2025 3 admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa y al departamento de Putumayo. Asimismo, se requirió al Tribunal Administrativo del Putumayo y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa , para q ue allegaran a l trámite constitucional el expediente adelantado bajo el radicado núm. 86001-33-33-002-202000086-00/01.

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa 4, aportó el enlace del expediente electrónico , no obstante, guardó silencio frente a los hechos de la presente acción.

3 Índice 000 05 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. FE1345055BDDB8C0

del expediente electrónico , no obstante, guardó silencio frente a los hechos de la presente acción.

3 Índice 000 05 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. FE1345055BDDB8C0 5B57BA3F24726D0E 1F53BF774E8F6742 96B61DF2B03340FB. 4 Índice 000 09 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. DEA473F9285E4341 9611AE1A399C266B F4467067C70AB015 E28A65E1353E4825.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

4.3. El Tribunal Administrativo del Putumayo 5 destacó que su decisión se fundamentó en la norma aplicable al accionante, pues fungió como empleado del orden territorial desde el 23 de mayo de 1995, por lo que le era aplicable lo dispuesto en l as Leyes 10 de 1934, Ley 6 ° de 1945 y Ley 65 de 1946, vinculado antes del 30 de diciembre de 1996 y no la sentencia de unificación citada ni la Ley 1071 de 2006.

Aunado a ello, el actor no se acogió de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, por lo que hizo parte del régimen retroactivo de cesantías; régimen que no prevé el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, en razón a que es una penalización prevista para el régimen anualizado de cesantías, del cual, no era beneficiario el actor.

régimen retroactivo de cesantías; régimen que no prevé el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, en razón a que es una penalización prevista para el régimen anualizado de cesantías, del cual, no era beneficiario el actor.

Por todo lo anterior, consideró que el asunto careció de relevancia constitucional y en virtud de ello, solicitó declarar la improcedencia del amparo.

4.4. El departamento de Putumayo6 destacó que la providencia objeto de censura se expidió de conformidad con la norma que le era aplicable al actor, y en respeto de las reglas de la sana crítica. Adicionalmente, estableció de forma clara el régimen en el cual se encontraba el demandante, por lo que no era viable el reconocimiento de la sanción moratoria solicitada. Finalmente, pidió declarar la improcedencia del amparo.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta profirió sentencia de primera instancia el 19 de junio de 20257, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Frente al primero de ellos, adujo que a partir de los argumentos expuestos frente a la concesión del recurso de apelación que, a su juicio, debió declararse desierto, el a quo constitucional explicó que el accionante debió debatir esta irregularidad mediante el ejercicio del recurso de reposición dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, momento en el que podría exponer el cuestionamiento aquí esbozado.

En cuanto a los defectos mencionados por el accionante, concluyó que lo pretendido

ejercicio del recurso de reposición dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, momento en el que podría exponer el cuestionamiento aquí esbozado.

En cuanto a los defectos mencionados por el accionante, concluyó que lo pretendido con la acción constitucional es reabrir el debate que ya se agotó al interior del proceso ordinario respecto del régimen de cesantías que le era aplicable y la posibilidad de reconocer la sanción por la mora en su pago.

5 Índice 0001 0 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F89A27DD542EB962 63C8768E1B66A2BE 91DD1706F04FE8B9 2DC8CBF4741D6087. 6 Índice 0001 1 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F16C0974B8DCA2A4 F399989000BC2752 2418775788FBF68F 084C562F361C120D. 7 Índice 000 15 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. F046156822F98C49 5B7561F93362C2F2 3383AA717D0D98D6 4C41423203AF87F6.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

En efecto, los argumentos planteados por la parte actora solo denota ron la inconformidad con el análisis y la postura asumida por la autoridad judicial, al determinar que pertenecía al régimen retroactivo, el cual no dispuso el reconocimiento de esa penalidad, y que no se acogió voluntariamente al régimen de liquidación

inconformidad con el análisis y la postura asumida por la autoridad judicial, al determinar que pertenecía al régimen retroactivo, el cual no dispuso el reconocimiento de esa penalidad, y que no se acogió voluntariamente al régimen de liquidación anualizado, que sí lo establece.

De otro lado, frente al desconocimiento del precedente plasmado en la sentencia de unificación CE-SUJSII-012-2018, proferida el 18 de julio de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en el expediente 73001 -23-33-000-2014-00580-01, concluyó que el actor no explicó por qué esta decisión podía resultar aplicable a su caso pese a estudiar una situación fáctica y jurídica distinta a la suya.

Al respecto, se advierte que en dicha decisión se establecieron reglas jurisprudenciales sobre la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías para los docentes del sector oficial y servidores públicos, pero en aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

No obstante, destacó que el actor no indicó claramente las razones por las cuales consideró que sus postulados debían ser aplicados a su caso concreto, a pesar de que pertenecía al régimen retroactivo de liquidación de cesantías previsto en las leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946.

Corolario de lo expuesto, sostuvo que la acción no expuso planteamientos que le permitieran considerar que el caso ameritaba algún pronunciamiento adicional.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación8 en el que solicitó revocar la sentencia

permitieran considerar que el caso ameritaba algún pronunciamiento adicional.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación8 en el que solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, al considerar que los defectos invocados fueron debidamente acreditados; para el efecto reiteró las razones expuestas en la solicitud de amparo constitucional presentado. El 9 de julio de 2025 se concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Aníbal

8 Índice 000 20 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 6D2D144DB21AE993

E1A03E0A50D7F3FF DCF92F27BC4D5B94 1497DD1270EE12FF.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

Guaca Alvarado, al ser la titular de los derechos que afirm ó fueron vulnerados dad o que actuó como demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 86001-33-31-0022020-00086-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal

derecho adelantado bajo el radicado núm. 86001-33-31-0022020-00086-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de l Putumayo por cuanto actu ó como jue z dentro del proceso mencionado, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela 10, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela 10, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proce so y; que el fallo censurado no sea de tutela 11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales esp ecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo

orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa l a legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una leyRadicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las

parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en u na instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos

limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto14.

4.2. Subsidiariedad

En relación con este requisito, r esulta importante destacar que está definido expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de

constitucional concreto14.

4.2. Subsidiariedad

En relación con este requisito, r esulta importante destacar que está definido expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 199115.

La Corte Constitucional 16 ha sostenido que es deber de l accionante desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que:

“Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, la Corte ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo

14 Cfr. sentencia C-590 de 2005. 15“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”. 16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02864-01

Accionante: Aníbal Guaca Alvarado

idóneo para atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó, sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”17

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia porque la presente acción constitucional no cumple con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación: 5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que l a parte actora argumentó que la providencia cuestionada adolecía de un defecto fáctico , debido a que la autoridad accionada no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso y se limitó a citar el contenido de una sentencia proferida por el Consejo de Estado que mencionaba la oportunidad con la que cuenta un servidor p úblico para trasladarse de

accionada no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso y se limitó a citar el contenido de una sentencia proferida por el Consejo de Estado que mencionaba la oportunidad con la que cuenta un servidor p úblico para trasladarse de un régimen a otro y lo dispuesto frente al reconocimiento de la sanción moratoria. También mencionó que incurrió en un defecto sustantivo, pues dio aplicación a una normatividad errónea, pues en su sentir, debió basar su decisión en lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 y no en la Ley 50 de 1990. A su turno, destacó que se configuró un defecto procedimental absoluto pues debió declarar desierto el recurso de apelación presentado por el ente territorial demandado.

Finalmente, sostuvo que hubo un desconocimiento del precedente, en razón a que desconoció los preceptos de la sentencia de unificación CESUJSII012-2018, proferida el 18 de julio de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en el expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01, en la que se dispuso que el reconocimiento de la sanción moratoria también abarcaba sobre los docentes al ser servidores públicos, por lo que consideró que esta premisa le era aplicable al estar adscrito a la planta de la Secretaría de Educación del Putumayo.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos