CE - Sentencia 11001031500020250305500 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., siete (7) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Demandante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Sección Quinta del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Cosa juzgada. Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Alberto de Jesœs Alzate Correa en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Alberto de Jesœs Alzate Correa, en nombre propio, presentó acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consej o de Estado, con ocasión de las sentencias proferidas el 17 de junio de 2024 y el 29 de agosto de 2024, proferidas en el marco del proceso de nulidad electoral identificado con

de Estado, con ocasión de las sentencias proferidas el 17 de junio de 2024 y el 29 de agosto de 2024, proferidas en el marco del proceso de nulidad electoral identificado con el radicado nœmero 05001-23-33-000-2023-01176-03, en el que se pretendió la nulidad de la elección de Yulieth Lorena GonzÆlez Ospina como alcaldesa de Bello-An tioquia para el periodo 2024-2027.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica1:

2.1. El accionante interpuso demandada electoral en la que solicitó la nulida d de la elección de Julieth Lorena GonzÆlez como Alcaldesa de Bello, Antioquia , al considerar que incurrió en doble militancia y recibió apoyo irregular de otros partidos políticos.

1 Ibídem. / actuaciones del proceso primigenio incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202301176031100103Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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El asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual d ictó sentencia de primera instancia del 17 de junio de 2024 que negó las pretensiones. Inconforme con dicha decisión, el actor interpuso recurso de apelación. La Sección Quinta del Consej o de Estado, a travØs de fallo del 29 de agosto de 2024 confirmó l a decisión de primer grado.

dicha decisión, el actor interpuso recurso de apelación. La Sección Quinta del Consej o de Estado, a travØs de fallo del 29 de agosto de 2024 confirmó l a decisión de primer grado.

2.3. Adicionalmente, la parte actora informó lo siguiente:

“DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SÍ INTERPUSE UNA ACCIÓN DE TUTELA CON CARACTER˝STICAS PARECIDAS A EST A, PERO ESTA MISMA ACCIÓN DE TUTELA NO SE HA PRESENTADO EN

NINGUNA PARTE,

--- YA QUE LA ACCIÓN DE TUTELA DE FINALES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y QUE TIENE RELACIÓN CON ESTA ACCIÓN PRESENTE, FUE DIFERENTE, YA QUE NO CONSIGNÉ EN LA TUTELA DE FINALES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR FALTA DE CONOCIMIENTOS, NO

CONSIGNÉ LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, HECHO MÀS QUE

OBLIGATORIO PARA PODERSE GENERAR LA ACCIÒN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

[…] AL CONSIGNAR EN LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y OTROS HECHOS, HACE QUE LA INICIAL ACCIÓN DE TUTELA DE FINALES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEA TOTALMENTE DIFERENTE” (mayœsculas propias del original).

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. El accionante solicitó el juez constitucional lo siguiente:

“POR TODO LO INDICADO ANTERIORMENTE, LE SOLICITO

RESPETUOSAMENTE A LOS HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO,

3.1. El accionante solicitó el juez constitucional lo siguiente:

“POR TODO LO INDICADO ANTERIORMENTE, LE SOLICITO

RESPETUOSAMENTE A LOS HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO, COMPETENTES PARA DECIDIR Y FALLAR LA PRESENTE ACCIÒN DE TUTELA DE HOY NOVIEMBRE 29 DE 2024, QUE SE REVOQUE, ANULE, A

TODO LO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÒN COLOMBIANA, SE

REVOQUE, ANULE O LO CONSIDERADO POR LOS HONORABLES

CONSEJEROS DE ESTADO, TODO LO ACTUADO, DECIDIDO, FALLADO, O

SENTENCIADO POR PARTE DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Y DE TODO LO ACTUADO Y DECIDIDO POR PARTE DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO DE LA SECCIÒN QUINTA

DEL CONSEJO DE ESTADO.

Y FALLARSE A MI FAVOR LA PRESENTE ACCIÒN DE TUTELA,

AMPARANDOME TODOS LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y

PRINCIPIOS UNIVERSALES, QUE ME FUERON NEGADOS POR PARTE DE

LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y

LA SECCIÒN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO.

--- DANDOSE COMO DESICIÒN FINAL EN ESTA ACCIÒN DE TUTE LA, EL

RECONOCIMIENTO DE QUE SI EN REALIDAD SE DIÒ DOBLE MILITANCIA

POR PARTE DE LA DEMANDADA JULIETH LORENA GONZALEZ OSPINA

COMO ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE BELLO, QUE LE SEAN ANULADOS

TODAS LAS ACTUACIONES Y ACTOS ELECTORALES QUE LE DIERON

POR PARTE DE LA DEMANDADA JULIETH LORENA GONZALEZ OSPINA

COMO ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE BELLO, QUE LE SEAN ANULADOS TODAS LAS ACTUACIONES Y ACTOS ELECTORALES QUE LE DIERON COMO GANADORA DE LAS ELECCIONES EL PASADO OCTUBRE 30 D E 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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[…]

MÀS PRETENSIONES

FAVOR DECLARAR LA NULIDAD DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, LA NULIDAD DEL FALLO O SENTENCIA DE LA SECCIÒN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO DE ESTE PROCESO DE LA REFERENCIA Y COMO CONSECUENCIA DE LOS 2 RECURSOS DE

APELACIÓN QUE NO FUERON TENIDOS EN CUENTA.

Y TAMPOCO FUERON TENIDOS EN CUENTA TODOS LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS EN DICHOS RECURSOS Y EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÒN”. (mayœsculas propias del original).

3.2. Como fundamento de la acción de tutela el actor expuso lo siguiente:

• En el proceso electoral se encuentran las pruebas que demuestran que J ulieth Lorena GonzÆlez, durante su campaæa, recibió apoyo de algunos candida tos al

Concejo Municipal de Bello.

Puntualizó que se trata de cuarenta (40) pruebas extraídas de la red social Facebook que afectan la elección por ilegal e inconstitucional. Sin embargo, afirmó que, las autoridades judiciales enjuiciadas concluyeron que los cargos

Puntualizó que se trata de cuarenta (40) pruebas extraídas de la red social Facebook que afectan la elección por ilegal e inconstitucional. Sin embargo, afirmó que, las autoridades judiciales enjuiciadas concluyeron que los cargos endilgados no estaban probados.

• Realizó un resumen de los argumentos con los que fundamentó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia electoral de primera instancia, y solicitó su valoración en esta sede, pues, en su criterio, resultan relevantes p ara acreditar que las providencias cuestionadas vulneraron sus garantías fundamentales.

• Agregó que no se valoraron “las pruebas y hechos arrimadas por mi al proceso de nulidad, y los honorables magistrados del Tribunal no valoraron concienzudamente las circunstancias del actuar ilegal por parte de la Alcaldesa electa de Bello, por el actuar ilegal de su abogada apoderada y el actuar ilegal de los demÆs inv olucrados en este proceso de nulidad electoral”. Asimismo, denunció que el Tribunal Administrativo de Antioquia dio mayor crØdito a la contestación de la demanda electoral, que, en su criterio, se fundament ó en hechos falsos.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 23 de mayo de 20252 se admitió la acción de tutela y se dispuso la vinculación como terceros con interØs a Yulieth Lorena GonzÆlez Ospina, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.

2 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.

2 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente de nulidad electoral en medio digital3 y solicitó 4 que se desestimen las pretensiones de la acción de tutela. Para ello, indicó que lo que se pretende es reabrir el debate proba torio ya agotado y, que, en todo caso, el accionante no expuso la carga argumentativa pertinen te para demostrar que se incurrió en una indebida valoración de los elementos de convicción.

Agregó que, la providencia reprochada analizó todos los argumentos expuestos por las partes y cuenta con motivación acorde.

4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado 5, solicitó declarar la temeridad en la actuación del tutelante, debido a que en oportunidad anterior prese ntó otra acción constitucional con fundamento en los mismos hechos y en contra de las mism as providencias judiciales. Dicho asunto se identificó con el nœmero de radicado 11001-0315-000-2024-06597-00 en el que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dictó fallo del 7 de febrero de 2025 en el sentido de declarar improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.

Indicó que, sin perjuicio de lo anterior, los argumentos planteados en esta oportunidad no resultan suficientes para superar dicho requisito. Asimismo, que la providencia cuestionada no vulneró las garantías fundamentales del actor.

Indicó que, sin perjuicio de lo anterior, los argumentos planteados en esta oportunidad no resultan suficientes para superar dicho requisito. Asimismo, que la providencia cuestionada no vulneró las garantías fundamentales del actor.

4.4. El Consejo Nacional Electoral 6 presentó informe en el que sostuvo que no desconoció los derechos de la parte actora y que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que los fundamentos de la demanda tuitiva no tienen relación con las competencias legales y constitucionales de dicho órgano.

4.5. La Registraduría Nacional de Estado Civil7 pidió ser desvinculada de este trÆmite, en la medida que no tiene injerencia en la decisiones de los jueces y magistrados de la Repœblica.

4.6. Yulieth Lorena GonzÆlez Ospina 8 informó que el seæor Alzate Correa interpuso una acción de tutela anterior en contra de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el marco del proceso de nulidad electoral. Indicó que dicho asunto se adelantó bajo el radicado nœmero 11001-03-15000-2024-06597 -00, en el que se elevaron las mismas pretensiones que fueron desestimadas por la Sección T ercera, Subsección A del Consejo de Estado en primera instancia.

En tal sentido, solicitó que se declare improcedente esta solicitud de amparo.

3 ˝ndice 00008 del aplicativo SAMAI. 4 ˝ndice 00015 del aplicativo SAMAI. 5 ˝ndice 00009 del aplicativo SAMAI. 6 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI. 7 ˝ndice 00016 del aplicativo SAMAI.

4 ˝ndice 00015 del aplicativo SAMAI. 5 ˝ndice 00009 del aplicativo SAMAI. 6 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI. 7 ˝ndice 00016 del aplicativo SAMAI. 8 ˝ndices 00017, 00019 y 00021 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Alberto de Jesœs Alzate Correa, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuó como demandante en el trÆmite del proceso electoral adela ntado bajo el radicado nœmero 05001-23-33-000-2023-01176-03.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección Quinta del Consejo de Estado, p or cuanto fungieron como juez de primera y segunda instancia, respectivamente, dentro del trÆmite mencionado asunto y fue su actuación a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentra probada la temeridad en la actuación del accionante por duplicidad de acciones de tu tela

vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentra probada la temeridad en la actuación del accionante por duplicidad de acciones de tu tela adelantadas con fundamento en los mismos hechos, por el mismo objeto y contra la misma parte.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la do ctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma pre liminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fon do sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los d efectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas d e procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter gene ral, que

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

5. Temeridad ante la duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela

De acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional, se incurre en una actuación temeraria cuando se presentan varias solicitudes de amparo en las que hay “(i) identidad fÆctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identida d de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción”13.

Al respecto, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso:

“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA . Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarÆn o decidirÆn desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos serÆ sancionado con la suspensión de la tarjeta

desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos serÆ sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos aæos. En caso de reincidencia, se le cancelarÆ su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilid ad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutel a tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia d irecta en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razon able los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón su ficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de co mpetencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la

alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón su ficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de co mpetencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento es tablecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fund amento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconoci miento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamen tal y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa d e la Constitución Política, cuando los jueces desconocen l a aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.

de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 13 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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Ahora bien, cabe destacar que la Corte Constitucional ha precisado que “algunas variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones” 14 no necesariamente lleva a concluir que no existe triple identidad, “sino que se trata de un examen más p rofundo, que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidenci a material entre los dos procesos, a pesar de pequeæas dife rencias”15. En ese sentido, “accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos. Finalmente, tener un mismo objetivo y pretensión no significa que deba existir una redacción idØntica de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una pretensión equivalente”16.

El mÆximo Tribunal de lo Constitucional tambiØn ha entendido la temeridad d esde dos perspectivas:

“La primera alude a su estructuración cuando una misma persona presenta simultÆneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y la segunda extiende la temeridad a eventos en los cuales la persona, de mala

perspectivas:

“La primera alude a su estructuración cuando una misma persona presenta simultÆneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y la segunda extiende la temeridad a eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción. Esto es equivalente a que: (i) el accionante actœe de mala fe y; (ii) se acuda al recurso de amparo sin una justificación razonable”17.

En este sentido, para “poder decretar la temeridad, el juez debe advertir: (i) la presencia de un elemento volitivo negativo en la presentación de la acción, es decir que esta se ejerza con mala fe o dolo del accionante; y (ii) la ausencia de justificación razo nable y objetiva”18.

Así las cosas, el juez constitucional no solo deberá verificar “los elementos que constituirían triple identidad para concluir que hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia” 19, sino que además debe “estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso específico”20, de modo que, solo desvirtuada la presunción de buena fe a favor del accionante, que tiene lugar cuando “se deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a travØs de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia, procederán las sanciones”21.

De igual manera la Corte estableció como excepciones a la temeridad y que justifiquen la presentación de una nueva acción de tutela, las siguientes: “(i) La cond ición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquØllas situaciones en que los individuos

De igual manera la Corte estableció como excepciones a la temeridad y que justifiquen la presentación de una nueva acción de tutela, las siguientes: “(i) La cond ición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquØllas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interp osición de la acción o que se omitieron en el trÆmite de la misma, o cualquier otra situación que

14 Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional. 15 Ibíd. 16 Ibíd. 17 Sentencia T-162 de 2018 de la Corte Constitucional. 18 Sentencia T-190 de 2020 de la Corte Constitucional. 19 Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional. 20 Ibídem. 21 Ibid.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

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no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante y (iv) S e puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha se ntencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.”22

6. La Cosa Juzgada Constitucional

consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha se ntencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.”22

6. La Cosa Juzgada Constitucional

La cosa juzgada ha sido definida por el Código General del Proceso y la jurisprudencia como una institución que busca garantizar la seguridad jurídica y el respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En efecto, el artículo 303 del CGP establece que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se fun de en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha entendido el fenómeno de la cosa juzgada en los siguientes tØrminos:

“Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C -774 de 2001 y T-249 de 2016, definió a la cosa juzgada como una «(…) institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carÆcter de inmutables, vinculantes y definitivas (…)».

Como se expuso en pÆrrafos precedentes, la presentación sucesiva o mœltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, ademÆs, comprometer el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial del Estado como tambiØn los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

jurisprudencia de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial del Estado como tambiØn los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.

2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal”

2.2.2. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La anterior circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional, así se verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones.”23

22 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021 23 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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Ahora bien, la Corte seæaló como una de las excepciones de la cosa juzgada constitucional cuando la parte alega la ocurrencia de hechos nuevos, a pesar de existir

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Ahora bien, la Corte seæaló como una de las excepciones de la cosa juzgada constitucional cuando la parte alega la ocurrencia de hechos nuevos, a pesar de existir un pronunciamiento anterior en el que concurran los elementos de identidad entre las partes, hechos y pretensiones. No obstante, cuando se alega como hecho nuevo la expedición de una sentencia judicial, aclaró que, no cualquier pronunciamient o puede tomarse como un hecho nuevo, ya que requiere que tenga vocación de universalidad como las sentencias de constitucionalidad y las de unificación 24 y que el nuevo fallo aborde situaciones jurídicas novedosas que no se hubieran desarrollado co n anterioridad25.

Así las cosas, a pesar de que la temeridad y la cosa juzgada son fenómenos procesales distintos, la presentación mœltiple e injustificada de la misma acción de tute la, puede configurar una actuación temeraria y comprometer el principio de la cosa juzgad a constitucional. Lo anterior, constituye un ejercicio desleal y deshonesto d e la acción, que puede comprometer la capacidad judicial del Estado, así como los pri ncipios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

6. Caso concreto

La Sala anuncia que declararÆ improcedente la acción de tutela, por te meridad, conforme a las razones que se exponen a continuación:

6.1. Cosa juzgada

En atención a las circunstancias particulares del actor que se derivan de los fundamentos de la solicitud de amparo, así como de los informes prese ntados en este trÆmite, la Sala considera necesario entrar a verificar la posible cosa juzgada en relación

En atención a las circunstancias particulares del actor que se derivan de los fundamentos de la solicitud de amparo, así como de los informes prese ntados en este trÆmite, la Sala considera necesario entrar a verificar la posible cosa juzgada en relación con los reparos que el accionante formuló en contra de las sentencias del 17 de junio de 2024 y del 29 de agosto del mismo aæo proferidas en el marco del proceso de nulidad electoral identificado con el radicado nœmero 05001-23-33-000-2023-01176-03.

En punto a lo anterior , con el fin de establecer si en el presunto asunto se cumplen los requisitos para que se estructure la cosa juzgada, se realizarÆ el siguiente anÆlisis comparativo.

Expediente Rad. 11001-03-15-000-2025003055-00 (Expediente objeto de estudio) Rad. 11001-03-15-000-2024-0659700/0126 (Tutela preexistente)

Partes

Accionante. Alberto de Jesœs Alzate Correa.

Accionado. Tribunal Administrativo de Antioquia y Sección Quinta del Consejo de Estado. Accionante. Alberto de Jesœs Alzate Correa.

Accionados. Tribunal Administrativo de Antioquia y Sección Quinta del Consejo de Estado

24 Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-324 de 2016 (M .P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-055 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero PØrez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

24 Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-324 de 2016 (M .P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-055 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero PØrez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). 25 Corte Constitucional, sentencias SU-055 de 2018 (M.P. Luis Gu illermo Guerrero PØrez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). 26 El expediente digital puede ser consultado en el aplicati vo SAMAI, a travØs del siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202406597001100103Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-00

Accionante: Alberto de Jesœs Alzate Correa

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Causa petendi El actor interpuso demanda electoral en la que solicitó la declaratoria de nulidad de la elección de Y