CE - Sentencia 11001031500020250307900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-03079-001

Demandantes : Betty Vega Vega Demandado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de

Bogotá

Vinculado : Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones Acción : Tutela Derechos : Debido proceso y seguridad jurídica

Decisión : Niega

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por Betty Vega Vega en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá , por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente , se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La parte actora interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica. Por consiguiente,

mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La parte actora interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica. Por consiguiente,

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

Demandante: Betty Vega Vega Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

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Solicitó:

«ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, en amparo a los derechos enunciados, emitir una nueva providencia y, en consecuencia, se revoque la sentencia de primera instancia que decretó la caducidad de la acción ejecutiva, emitida por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá».

1.3 Hechos2.

La parte accionante relató que, presentó acción ejecutiva el 30 de noviembre de 2022 contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA), con el fin de obtener el cumplimiento de una sentencia proferida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado el 27 de junio de 2012, que reconoció la reliquidación de su pensión incluyendo todos los factores salariales devengados, y el pago de intereses moratorios. La sentencia judicial base de la ejecución quedó en firme el 1° de junio de 2016, lo que marcaba el inicio del cómputo de los términos para ejercer la acción ejecutiva.

base de la ejecución quedó en firme el 1° de junio de 2016, lo que marcaba el inicio del cómputo de los términos para ejercer la acción ejecutiva.

Dicho proceso ejecutivo, cuyo radicado es 11001-33-42-054-2022-00479-00/01, le correspondió al Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien, mediante providencia del 24 de mayo de 2024, declaró probada la caducidad de la acción ejecutiva, argumentando que, el término de cinco (5) años previsto en el artícul o 164 del CPACA ya había transcurrido, sin tener en cuenta el período de inembargabilidad de 18 meses establecido en el artículo 177 del CCA.

Esta decisión, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2024, con fundamento en el artículo 192 del CPACA que establece un término de 10 meses de inembargabilidad, lo cual, según l a accionante, es inaplicable al caso por haberse radicado el proceso ordinario antes de la entrada en vigencia del CPACA (2 de julio de 2012).

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora manifiesta que, tanto la providencia del Juzgado como la del Tribunal incurrieron en un defecto sustantivo, al aplicar el artículo 164 del CPACA, sin considerar

2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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que el proceso debía regirse por el CCA, en particular el artículo 177, que establece un término de 18 meses de inembargabilidad antes de iniciar la ejecución; que, pese a que, el Tribunal Administrativo reconoció que debía contabilizarse ese período, se basó en el artículo 192 del CPACA, cuando el proceso fue radicado antes del 2 de julio de 2012, vulnerando así el régimen de transición establecido en el artículo 308 del CPACA.

Por otra parte, alegó que , se desconoció el precedente judicial, en concreto el fijado en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-04282-01; adicionalmente manifestó que , existen múltiples providencias y salvamentos de voto de magistradas como Patricia Victoria Manjarrés Bravo y Carmen Alicia Rengifo Sanguino del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han reconocido la aplicabilidad del artículo 177 del CCA para sentencias ejecutoriadas bajo ese régimen.

Finalmente mencionó que, se violó directamente la constitución al incurrir en múltiples vulneraciones a derechos fundamentales y principios constitucionales como el d ebido proceso, por aplicar normas no pertinentes y omitir etapas normativas esenciales ; derecho adquirido, que sería la obligación de pagar intereses moratorios ; la confianza legítima y lealtad procesal, por alterar de forma sorpresiva los criterios jurisprudenciales aplicables; el acceso a la administración de justici a al obstaculizar el ejercicio oportuno

legítima y lealtad procesal, por alterar de forma sorpresiva los criterios jurisprudenciales aplicables; el acceso a la administración de justici a al obstaculizar el ejercicio oportuno de la acción ejecutiva por interpretación errónea de la ley ; y el de la i gualdad al otorgar tratamientos distintos a casos idénticos conocidos por el mismo tribunal.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, Esta Corporación, a través de auto del 23 de mayo del 20253, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al Juzgado 54 Administrativo de l Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E como accionado s; y se vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

2.1 Contestaciones de la acción.

3 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 4.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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2.1.1 La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones4 solicitó negar las pretensiones de la tutela, al considerar que la entidad no tiene la posibilidad de revocar las providencias judiciales cuestionadas ; indicó además que, la acción no resulta procedente al no demostrarse una verdadera afectación a los derechos fundamentales de la accionante.

2.1.2 El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá 5 se opuso a las pretensiones de la acción, indicando que, en la providencia judicial cuestionada «se

de la accionante.

2.1.2 El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá 5 se opuso a las pretensiones de la acción, indicando que, en la providencia judicial cuestionada «se realizó un análisis con fun damento en la situación fáctica, jurídica y probatoria que dio lugar a declarar la caducidad de la acción, circunstancia que en manera alguna puede entenderse como la transgresión a los derechos fundamentales de la accionante».

2.1.3 La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones6 manifestó que la acción de tutela debe declararse improcedente por carecer de relevancia constitucional, pero, si el despacho decidía estudiarla de fondo, esta debería ser negada, por considerar que no se incurrió en defecto sustantivo porque «[…] en esta oportunidad se justificó la aplicación de la Ley 1437 de 2011, bajo el entendido que las sentencias objeto de recaudo fueron proferidas y quedaron ejecutoriadas bajo la vigencia de esa disposición y en tal sentido, el término de exigibilidad correspondía al previsto en su artículo 192 y no al 177 del CCA».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar , si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si a la accionante se le está

4 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9.

Le corresponde a esta Subsección determinar , si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si a la accionante se le está

4 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9. 5 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 10. 6 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 13.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica , al no contabilizar el término de caducidad de la demanda ejecutiva conforme al artículo 177 del CCA, configurándose así un defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas

salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se pr oduzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho7.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del D ecreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

7 Corte Constitucional, sentencia T-545/17Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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una vía de hecho.

7 Corte Constitucional, sentencia T-545/17Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T -231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación

(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cu ales, están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar c uándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actu ación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar laAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmedia tez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso jud icial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra providencia judicial y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad , la cual , solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se o rigina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo

absoluto, se o rigina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídi cos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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Por otra parte, se destaca que , la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba

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Por otra parte, se destaca que , la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judicial es8; sin embargo, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012 9, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia ; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos10.

3.6 Caso concreto.

Analizados lo s requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte actora; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 202411 y la solicitud de amparo se presentó el 21 de mayo de 2025 , es decir, dentro de los 6 meses y, (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 202411 y la solicitud de amparo se presentó el 21 de mayo de 2025 , es decir, dentro de los 6 meses y, (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que , se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera que, pese a que el actor alegó el defecto denominado desconocimiento del precedente , una vez revisado el escrito de apelación12 presentado por la actora, no se evidencia que se haya

8 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre

de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 9 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 10 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009 -01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.

P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 11 Índice 25 del expediente con radicado 11001-33-42-054-2022-00479-01, visible en el aplicativo Samai. 12 Visible en el expediente judicial ordinario remitido por el Juzgado Administrativo, en el índice 10, PDF 41.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo la omisión a aplicar la jurisprudencia aplicable al caso.

Esta omisión por cuenta de la actora, v ulnera el requisito de subsidiariedad de acuerdo con la sentencia SU -026 del 2021 de la Corte Constitucional 13 y, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya] agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable».

3.5.1 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que , el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que

Sea lo primero precisar que , el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional 14 ha estimado que, la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente s e omite aplicarla. Al respecto, la Corte

Constitucional sostuvo:

«Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposic iones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales»15.

Frente a este punto, la parte actora indicó que:

«La presente controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la afectación de las garantías fundamentales invocadas como; DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA,

PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA, PRECLUSIÓN Y LEALTAD PROCESAL,

garantías fundamentales invocadas como; DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA, PRECLUSIÓN Y LEALTAD PROCESAL, INESCINDIBILIDAD DE LA NORMA, DERECHOS ADQUIRIDOS, LEGALIDAD, IGUALDAD PROCESAL, con ocasión a las sentencias de primera y segunda instancia que desconocieron la normatividad realme nte aplicable al caso concreto del actor; el juzgador de primera instancia solo tuvo para contabilizar los periodos, tomando en cuenta solamente los 5 años

13 M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 14 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras. 15 Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03079-00

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de que trata el artículo 164 del CPACA, remitiéndose a la norma aplicable artículo 136 del CCA, numeral 11, que también señalaba el mismo término. En ese sentir el despacho dejó de lado estipulado en el artículo 177 del CCA, el cual también señala que ese término de los 18 meses de embargabilidad debe contabilizarse, así lo ha definido esta Honorable Corporación en las sentencias que serán citadas en las causales que se invocan en la presente acción.

De otro lado, el Tribunal en su sentencia de segunda instancia, si bien señala que debe contabilizarse el término de la inembargabilidad, lo hizo pero ciñéndose por el artículo 192 del

De otro lado, el Tribunal en su sentencia de segunda instancia, si bien señala que debe contabilizarse el término de la inembargabilidad, lo hizo pero ciñéndose por el artículo 192 del CPACA, el cual no es aplicable al caso concreto, con ocasión a que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho fue estudiado bajo los parámetros del Código de Procedimiento Administrativo, con ello el artículo 177 d el mismo, tal como lo ordenaron las sentencias que son título base de ejecución.

[…]

Es por lo anterior que el Tribunal, no dio aplicación a lo contemplado en los artículos 136 y 177 de ese código, acogiéndose únicamente por lo dispuesto directamente en la ley 1437 de 2011, como si se tratara de un caso instaurado después del 02 de julio de 2012, cuando lo único que debió tenerse en cuenta en esa decisión respecto al fondo del asunto era el artículo 308 citado anteriormente, para redirigirse correctamente al CCA, y con ello dar correcta aplicación y resolución al caso».

En efecto, tal y como se pudo evidenciar en el escrito de tutela y la impugnación, la inconformidad de la parte actora, no es otra que la contabilización del término de caducidad de la acción ejecutiva que i nterpuso en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y que, se tramitó bajo el radicado 11001-3342-054-2022-00479-00; la discusión no se centra en la interpretación o aplicación de la figura, porque se acepta que es de cinco (5) años, el punto, es la aplicación del artículo 192 del CPACA16 o el 177 del CCA 17, debido a que el proceso fue radicado antes de la

figura, porque se acepta que es de cinco (5) años, el punto, es la aplicación del artículo 192 del CPACA16 o el 177 del CCA 17, debido a que el proceso fue radicado antes de la

16 «ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante l a entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de

intereses desde entonces