CE - Sentencia 11001031500020250323400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C. diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2)

Número único de radicación: 11001031500020250323400

Referencia: Acción de tutela

Actora: CANALES ANDRADE Y CIA S.A.S.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD

DADO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE UNA SOLICITUD DE

REVISIÓN EVENTUAL CONTRA LAS PROVIDENCIAS

CUESTIONADAS. NO SE EVIDENCIA LA OCURRENCIA DE UN

PERJUICIO IRREMEDIABLE EN EL ASUNTO.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ1 y la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN B - DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actora: CANALES ANDRADE Y CIA S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: CANALES ANDRADE Y CIA S.A.S.

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad CANALES ANDRADE Y CIA S.A.S ., actuando a través de apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 28 de septiembre de 2018; y 26 de septiembre y 21 de noviembre de 2024 , respectivamente, dentro de la acción de grupo identificada con el número único de radicación 2006-0150102.

I.2.- Hechos

Indicó que el 28 de septiembre de 2018 el JUZGADO dentro de la acción de grupo identificada con el número único de radicación 200601501-02, dictó sentencia de primera instancia en la que la condenó por los daños y perjuicios materiales sufridos por los propietarios de las viviendas de la urbanización estancia de camino de salazar II y, en consecuencia, le ordenó reconocer y pagar al grupo la suma de cuatro mil setecientos setenta y tres mil millones quinientos setenta3

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y seis mil ciento cuarenta y dos pesos, ($4.773.576.142.oo), a título de indemnización colectiva por los perjuicios ocasionados y negó las demás pretensiones de la demanda.

Adujo que el TRIBUNAL mediante sentencia de segunda instancia de 26 de septiembre de 2024 , modificó el numeral tercero de la decisión de primer grado en el entendido que la suma que debía pagarse a la parte allí demandante era la de siete mil trescientos setenta y cuatro millones quinientos setenta y seis mil ciento cuarenta y dos pesos , ($ 7.374.576.142) a título de indemnización colectiva por concepto de perjuicios materiales causados y confirmó en lo demás la sentencia recurrida.

Señaló que el TRIBUNAL en providencia de 21 de noviembre de 2024, resolvió las solicitudes de aclaración, adición, corrección y complementación de la sentencia de segundo grado, las cuales fueron formuladas por las partes procesales. En dicha decisión resolvió aclarar un aparte de la parte considerativa de la siguiente forma: “[…] Así las cosas, a fin de ser incluidos como beneficiarios dentro del trámite resarcitorio, los interesados en el ser acogidos a los efectos de esta decisión deberán acudir ante el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, para que dentro del término4

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los efectos de esta decisión deberán acudir ante el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, para que dentro del término4

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de 20 días siguientes a la publicación de este proveído, soliciten por escrito la inclusión dentro del grupo […]” , en atención a la solicitud elevada por la parte allí demandante y denegó respecto de los demás aspectos solicitados.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

I.3.1. Argumentó que en las providencias cuestionadas se incurrió en defecto sustantivo y fáctico dado que se violó el principio de congruencia aplicable en las acciones de grupo.

Adujo que si bien el TRIBUNAL en la sentencia de segunda instancia, señaló que reconocía que el principio de congruencia aplicaba a las acciones de grupo como manifestación del derecho fundamental al debido proceso, ratificó la condena dada del litisconsorte necesario en el proceso de referencia sin tener en cuenta que “[…] los hechos de la demanda o causa petendi nunca jamás se adujo imputación fáctica o jurídica alguna respecto a que el origen de los daños reclamados fueran hechos culposos de la constructora […]”.

Señaló que era claro que la parte accionante no dirigió las pretensiones dentro de la acción de grupo hacia el constructor ni5

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pretensiones dentro de la acción de grupo hacia el constructor ni5

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adujo en la demanda defectos constructivos que le fueran atribuibles, de modo que no tuvo la oportunidad de defenderse por los daños presuntamente causados por su actividad y, por el contrario, consideró que, de habérsele puesto tal escenario en conocimien to, habría presentado elementos probatorios pertinentes para demostrar que no tenía responsabilidad respecto a los daños que se ordenaron indemnizar.

Manifestó que, del encabezado de la demanda, los hechos, los acápites de fundamentos de la acción y las pretensiones se observaba que esta fue ejercida en nombre y representación exclusiva de quienes en ella se identificaron, y no que se buscara indemnizaciones individuales de otras personas ajenas a estas.

Indicó que si la intención era diferente a la contenida en la demanda, el escrito de la acción habría fijado los criterios o pautas para la identificación del grupo para poder tener a esas otras personas como accionantes.

Al respecto precisó que el grupo demandante en el proceso cuestionado estaba integrado por 23 personas, de modo que no era procedente establecer o fijar criterios de identificación diferentes.6

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procedente establecer o fijar criterios de identificación diferentes.6

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Adujo que el término de caducidad de la acción empezaba a contar a partir de cuando el daño se hacía perceptible y que en caso s de eventual responsabilidad del constructor , no necesariamente el término emp ieza a conta bilizarse desde la celebración de los contratos de compraventa o entrega de las viviendas.

Agregó que las providencias cuestionadas fija ron un cr iterio razonable respecto del có mputo del término de caducidad según el cual ocurrió desde el momento de la adquisición de las viviendas, de modo que transcurrieron más de dos años entre el momento en que se adquirieron y la presentación de la acción de grupo.

Señaló que la inspección realizada por el perito dentro del proceso cuestionado a la urbanización la estancia camino de salazar II, no se realizó a todas las casas, de modo que no era posible determinar los daños sufridos por los propietarios ni cuantificarlos.

Advirtió que tal aspecto si bien fue considerado por el JUZGADO y por el TRIBUNAL al referir que se probaron daños en 49 casas de las 916, estableció responsabilidad respecto a 867 casas de las que no se advirtió daño alguno.7

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las 916, estableció responsabilidad respecto a 867 casas de las que no se advirtió daño alguno.7

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] Principales:

1. Que se declare que se ha violado o desconocido o limitado el derecho fundamental al debido proceso de CANALES ANDRADE, por causa y con ocasión de las providencias proferidas el 28 de septiembre de 2018 por parte del JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (Exp. No. A.G. 25000231500020060150100), el 26 de septiembre y el 21 de noviembre de 2024 por la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN

PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

(Exp. No. 25000231500020060150102).

2. Que se proceda al amparo y protección del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad demandante.

3. Que, como consecuencia de todo lo anterior, se dejen sin valor ni efecto las aludidas providencias judiciales; así como toda consecuencia o procedimiento derivado de las mismas.

4. Que, como medida de protección del derecho fundamental al debido proceso, se ordene dictar las providencias de remplazo a las que haya lugar, en las cuales se omitan los razonamientos y decisiones judiciales violatorios de los derechos fundamentales de mi representada.

4. Que, como medida de protección del derecho fundamental al debido proceso, se ordene dictar las providencias de remplazo a las que haya lugar, en las cuales se omitan los razonamientos y decisiones judiciales violatorios de los derechos fundamentales de mi representada.

5. Que se adopte cualquier otra medida de protección que el Juez constitucional estime relevante y pertinente para la garantía de los derechos fundamentales de CANALES

ANDRADE.

Subsidiarias

1. Que se declare que se ha violado o desconocido o limitado el derecho fundamental al debido proceso de CANALES ANDRADE, por causa y con ocasión de las providencias proferidas el 28 de septiembre de 2018 por parte del JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (Exp. No. A.G. 25000231500020060150100), el 26 de septiembre y el 21 de8

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noviembre de 2024 por la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN

PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

(Exp. No. 25000231500020060150102).

2. Que, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se proceda al amparo y protección del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad demandante, mientras se decide la solicitud de revisión eventual atinente a la sentencia de l 26 de septiembre de 2024 y a la providencia

irremediable, se proceda al amparo y protección del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad demandante, mientras se decide la solicitud de revisión eventual atinente a la sentencia de l 26 de septiembre de 2024 y a la providencia aclaratoria del 21 de noviembre de 2024.

3. Que, en caso de que no prospere la solicitud de revisión eventual indicada en el numeral anterior, se proceda al amparo y protección del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad demandante, como mecanismo tuitivo definitivo.

4. Que, como consecuencia de cualquiera de las pretensiones anteriores, o de cualquiera o cualesquiera de ellas, se dejen sin valor ni efecto las providencias judiciales mencionadas en el primer numeral; así como toda consecuencia o procedimiento derivado de las mismas.

5. Que, como medida de protección del derecho fundamental al debido proceso, se ordene dictar las providencias de remplazo a las que haya lugar, en las cuales se omitan los razonamientos y decisiones judiciales violatorios de los derechos fundamentales de mi representada.

6. Que se adopte cualquier otra medida de protección que el Juez constitucional estime relevante y pertinente para la garantía de los derechos fundamentales de CANALES ANDRADE […]”

(negrillas del texto original).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO indicó que no transgredió los derechos fundamentales invocados por la actora dado que asumió el conocimiento del asunto con observancia de las garantías judiciales de las que destacó los derechos al debido proceso y defensa de las9

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conocimiento del asunto con observancia de las garantías judiciales de las que destacó los derechos al debido proceso y defensa de las9

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partes.

Añadió que en el asunto de referencia no se satisfacían los requisitos generales ni especiales definidos por la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la tutela contra la providencia judicial y, en consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

I.5.2.- El TRIBUNAL adujo que la parte actora no logró acreditar la configuración del defecto fáctico y sustan cial dado que la sentencia de segunda instancia contiene un análisis adecuado y completo de la controversia promovida por el grupo demandante con lo que se probó el daño antijurídico, causado por la parte actora, ante la omisión en cimentar en debida forma el suelo en donde se construyeron las casas de la urbanización caminos de salazar II.

Con relación a los defectos invocados por la parte actora, indicó que no se configuró la caducidad de la acción de grupo ya que se estaba en presencia de un daño de tracto sucesivo por lo que, siendo una urbanización con varias viviendas, los daños alegados se presentaron de manera progresiva e intermitente.10

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urbanización con varias viviendas, los daños alegados se presentaron de manera progresiva e intermitente.10

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Finalmente, indicó que la parte actora busca revivir la controversia del trámite ordinario promoviendo una suerte de tercera instancia del asunto sin que se evidencie vulneración alguna de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela promovida por la parte actora.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL ADO DE BOGOTÁ (EAAB ESP), vinculada en calidad de tercero con interés, solicitó se le desvinculara de la acción de tutela toda vez que no vulneró ningún derecho fundamental, por lo que pidió su desvinculación.

I.6.2.- La apoderada judicial del grupo demandante de la acción de grupo, vinculado en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, sostuvo que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente, comoquiera que: i) no existe una vulneración del debido proceso; ii) no se acreditó el requisito de inmediatez de la acción y; iii) está pendiente de resolver se la solicitud de revisión eventual de la sentencia del26 de septiembre de 2024. proferida por el TRIBUNAL por parte del Consejo de Estado.11

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eventual de la sentencia del26 de septiembre de 2024. proferida por el TRIBUNAL por parte del Consejo de Estado.11

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I.6.3.- La CURADURÍA URBANA 2, vinculada en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, solicitó se le desvinculara de la acción constitucional toda vez que no transgredió derecho fundamental alguno.

I.6.4.- La SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL3, vinculada en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela de referencia ante la falta de legitimación en la causa por pasiva. De igual manera, pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela dado que no se acreditó los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales para su procedencia.

I.6.5.- El FIDEICOMISO ESTANCIA CAMINO DE SALAZAR II , vinculado en calidad de tercero con interés, guardó silencio en el asunto de referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

3 Actuando en representación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.12

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Competencia

3 Actuando en representación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.12

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que EAAB ESP , la CURADURÍA URBANA 2 y la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL4, solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

4 Ibídem.13

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de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

4 Ibídem.13

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta

procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que EAAB ESP, la CURADURÍA URBANA 2 y14

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el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA JURÍDICA, fueron vinculados en calidad de demandados dentro de la acción de grupo, objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como15

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como15

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que16

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el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, d e concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya17

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planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a l