CE - Sentencia 11001031500020250346201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828)

Accionantes: Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal,

Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar, Raúl Fernando Pineda López, Cristóbal Machado Krieger, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo

Accionados: Presidente de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales a la energía, educación, salud, vivienda digna, libertad de expresión e información y libertad económica y de empresa. Subtema 1: declaratoria del estado de cosas inconstitucional . Subtema 2: improcedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver las impugnaciones interpuestas por la Electrificadora de Santander SA ESP (ESSA), la

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver las impugnaciones interpuestas por la Electrificadora de Santander SA ESP (ESSA), la Transportadora de Gas Internacional SA ESP (TGI), Magdalena Holguín de Torres, Enlaza Grupo Energía Bogotá SAS ESP, Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Cristóbal Machado Krieger, Lizeth Johana Lugo López, Luis Jaime Rojas Camargo, Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), Central Eléctrica del Norte de Santander SA ESP (CENS), Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar y la Empresa de Energía del Quindío SA ESP (EDEQ) contra la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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1. SÍNTESIS DEL CASO

Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar, Raúl Fernando Pineda López, Cristóbal Machado Krieger, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johan a Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales a la

Krieger, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johan a Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales a la energía, educación, salud, vivienda digna, libertad de expresión e información y libertad económica y de empresa , que consid eraron vulnerados con ocasión de l posible desaba stecimiento energético, por lo que estiman necesario que se implementen medidas administrativas y presupuestales para superar la crisis del sector, se limite la intervención gubernamental y se designe a los 6 expertos en asuntos energéticos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. En criterio de los accionantes, en la actualidad el sector energético atraviesa una crisis estructural producto de un conjunto de acciones y omisiones de las autoridades demandadas, por cuanto se han expedido una serie de actos administrativos que imponen m edidas que debilitan la institucionalidad y profundizan las dificultades financieras del sector, con una clara arrogación de competencias que corresponden a la CREG, organismo técnico e independiente, que tiene a su cargo la regulación del sector de energía eléctrica en Colombia.

3. Afirmaron que ese tipo de actos afectaron la sostenibilidad financiera de las empresas del sector energético y crearon distorsiones en el mercado con la potencialidad de afectar la cadena de suministro del servicio de energía, lo que

3. Afirmaron que ese tipo de actos afectaron la sostenibilidad financiera de las empresas del sector energético y crearon distorsiones en el mercado con la potencialidad de afectar la cadena de suministro del servicio de energía, lo que generaría «inminentes posibles apagones y desabastecimiento» e incrementarían los precios de los contratos suscritos por los generadores térmicos.

4. Adujeron que el propósito del gobierno nacional fue desmantelar la capacidad operativa y la independencia de la CREG, así como usurpar sus funciones; además, de la omisión frente al nombramiento en propiedad de los expertos comisionados y el uso de la figura del encargo, ocasionaría falta de cuórum y rigor técnico en las decisiones de esa autoridad, incertidumbre regulatoria y riesgo de desabastecimiento por falta de medidas oportunas.

5. Expresaron que la deuda a las empresas del sector energético asciende a los 7.7 billones de pesos, en la que están incluidos los conceptos de subsidios al consumo de

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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los estratos 1, 2 y 3, opción tarifaria y consumo de entidades oficiales, así como las obligaciones de la empresa Aire-e SA ESP intervenida por transacciones en la bolsa de energía y cargos por uso del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

6. Adicionalmente, identificaron otras variables tales como el riesgo de

obligaciones de la empresa Aire-e SA ESP intervenida por transacciones en la bolsa de energía y cargos por uso del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

6. Adicionalmente, identificaron otras variables tales como el riesgo de desabastecimiento en la producción de gas y la demora en la entrada de funcionamiento de proyectos de generación eléctrica, también producto de las acciones y omisiones propias del gobierno nacional.

7. Agregaron que, a pesar de la crisis financiera por la que atraviesa el sector, el gobierno nacional no apropió los recursos suficientes para pagar la deuda con los agentes del mercado de energía mayorista , por lo que es posible afirmar que el gobierno no planearía pagar la deuda que tiene con el sector energético. Además, ya existen empresas en liquidación y, de manera irremediable, serán muchas más las que entren en este trámite. Por ende, en la actualidad no existe una agenda regulatoria que permita conjurar la situación de riesgo sistémico identificada.

8. Manifestaron que existe vulneración o, cuando menos, amenaza del derecho a la educación de Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas y Cristóbal Machado Krieger, «así como de todas las personas que se encuentran e n una situación similar y de personas de las generaciones futuras de estudiantes que se encontrarán en una situación similar», pues la crisis afecta de manera particular sus garantías de acceso a procesos educativos, dado que la inte rrupción del servicio de energía impide el acceso a herramientas básicas de aprendizaje y genera la suspensión de clases en colegios y universidades.

9. En lo relacionado con el derecho a la salud, sostuvieron que «se advierte una

herramientas básicas de aprendizaje y genera la suspensión de clases en colegios y universidades.

9. En lo relacionado con el derecho a la salud, sostuvieron que «se advierte una vulneración, o al menos una amenaza cierta, grave y actual» respecto de Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas y Laura Tobar Salazar, quienes «se encuentran en condiciones clínicas específicas que exigen estabilidad en el acceso al servicio público domiciliario de energía eléctrica», por el uso de ciertos aparatos y/o instrumentos médicos que dependen de ese servicio. Por consiguiente, ante «apagones –o cortes de energía –, racionamientos e inestabilidad en el suministro de energía eléctrica», se pon dría en riesgo la aludida garantía constitucional, concretamente en sus dimensiones de accesibilidad y asequibilidad a la atención médica.

10. Dijeron que se configura una afectación del derecho fundamental a la vivienda digna de Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo, dado que los proyectos residenciales en los que compraron vivienda (Arbórea y Verdi, ubicados en el municipio de Zipaquirá [Cundinamarca]) se encuentran actualmente condicionados en su ejecución, avance y entrega porque la inestabilidad energética ha paralizado o ralentizado actividades de construcción y conexión de redes de servicios públicos.

11. Señalaron que existe «una afectación real, grave y progresiva del derechoRadicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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fundamental a la libertad de expresión e información», que puede predicarse de los ciudadanos Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas y Cristóbal Machado Krieger, «en tanto estudiantes uni versitarios activos y participantes del debate público en espacios académicos y ciudadanos, cuya capacidad para expresarse y acceder a información depende directamente de la infraestructura tecnológica sostenida por el servicio de energía eléctrica».

12. Añadieron que también fue quebrantado el derecho a la libertad de empresa porque se ha generado un escenario crítico para la estabilidad y operación en el sector de energía eléctrica y construcción.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

13. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA. Que se declare que las acciones y omisiones por parte del Gobierno Nacional vulneran y/o amenazan los derechos fundamentales a (i) la energía, (ii) la educación, (iii) la salud, (iv) la vivienda digna, (v) la libertad de expresión e información y (vi) la libertad económica y de empresa de las entidades y personas accionantes, así como de todas las personas naturales y jurídicas que se encuentran en similar situación. SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se reconozca y declare el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema de energía eléctrica, habida cuenta del nivel de riesgo estructural que las acciones y las omisiones de las entidades tuteladas han

Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema de energía eléctrica, habida cuenta del nivel de riesgo estructural que las acciones y las omisiones de las entidades tuteladas han generado y que es la causa de las múltiples violaciones y amenazas a los derechos fundamentales alegados por los accionantes. TERCERA. Que, con fundamento en la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), se les ordene a las entidades accionadas que elaboren un plan estratégico para superar la crisis del sector energético. Esta plan deberá contener, como mínimo, lo siguiente: (i) un diagnóstico de la situación actual del sector de energía eléctrica; (ii) la formulación de las medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para para abordar y superar esta situación (incluida la crisis financiera debida a la falta de pago de subsidios, opción tarifaria y otras obligaciones con las empresas del sector); (iii) el cronograma para la implementación de las medidas previstas para superar el ECI, y (iv) un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la ejecución d e las medidas formuladas y que serán adoptadas en el marco de dicho plan. CUARTA. Que se ordene a las entidades accionadas que, en la elaboración del plan estratégico, tengan en cuenta las propuestas presentadas por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Federación Nacional de Municipios (FNM); los gremios como ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), ANDEG (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) y la Asociación de Energías Renovables (SER); y,

(Asociación Nacional de Empresas Generadoras), ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) y la Asociación de Energías Renovables (SER); y, finalmente, las empresas generadoras y comercializadoras de energía eléctrica. QUINTA. Que se ordene a las entidades accionadas enviar el plan estratégico elaborado a la Corte Constitucional, para que esta Corporación lleve a cabo el correspondiente seguimiento; así como a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la R epública, quienes también deberán llevar a cabo labores seguimiento a laRadicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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elaboración y ejecución de dicho plan. SEXTA. Que se le exija a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al Ministerio de Minas y Energía, y en general a todas las entidades administrativas que tienen injerencia en el sector minero-energético, que respeten las competencias que la ley le ha asignado a cada una de ellas, de acuerdo con el Decreto 1369 de 2020, artículo 23 de la Ley 143 de 1994 , artículo 68 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 4130 de 2011 y el Decreto 381 de 2012. SÉPTIMA. Que se dejen sin efectos todos los actos administrativos expedidos por las entidades accionadas que contravengan el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, mediante los cuales se le confiere a la CREG la

entidades accionadas que contravengan el artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, mediante los cuales se le confiere a la CREG la competencia para expedir todas las medidas regulatorias relacionadas con el Reglamento de Operación, lo que involucra a su vez la facultad exclusiva de planear, coordinar, reglamentar, modificar y suspender la normatividad asociada a la operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible. OCTAVA. Que se declare que la CREG es la única entidad competente para modificar, suspender o interpretar con efectos vinculantes, lo dispuesto por la normatividad asociada a la aplicación de los programas de limitación de suministro y que, como consecuencia de el lo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir la Circular Externa SSPD SSPD No. 20241000001314, mediante la cual realizó una interpretación del artículo 9 de la Resolución CREG 116 de 1998. Asimismo, que se conmine a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a no incurrir en extralimitaciones semejantes. NOVENA. Que se exhorte a XM S.A. E.S.P. a interponer la excepción de inconstitucionalidad respecto de la Circular Externa No. 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de manera que este pueda aplicar los programas de limitación de oferta Air -e S.A.S. E.S.P. según corresponda. DÉCIMA. Que se ordene al Gobierno Nacional que, con el fin de conjurar el ECI en el

de manera que este pueda aplicar los programas de limitación de oferta Air -e S.A.S. E.S.P. según corresponda. DÉCIMA. Que se ordene al Gobierno Nacional que, con el fin de conjurar el ECI en el menor tiempo posible, realice la asignación presupuestal suficiente para asegurar el pago a las distribuidoras y comercializadores de energía eléctrica por concepto de subsidios y opción tarifaria para la vigencia 2025, y lleve a cabo los nombramientos de los Expertos Comisionados de la CREG, conforme a lo previsto por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021. DÉCIMA PRIMERA. Que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Financiera Energética Nacional (FEN), establecer los mecanismos que permitan el fondeo del Fondo Empresarial de la SSPD a través de, entre otros, operaciones de crédito, contratos de mutuo y el ot orgamiento de garantías a favor de terceros para asegurar la prestación del servicio público domiciliario prestado por las empresas de energía intervenidas, y darle continuidad y sostenibilidad al suministro del respectivo servicio. DÉCIMA SEGUNDA. Que se ordene la cesación de la intervención estatal excesiva en la fijación de precios del sector de energía y gas, garantizando que las empresas y los consumidores puedan participar en un mercado libre, con precios determinados por la competencia y las f uerzas del mercado, de manera que el Estado actúe como agente

fijación de precios del sector de energía y gas, garantizando que las empresas y los consumidores puedan participar en un mercado libre, con precios determinados por la competencia y las f uerzas del mercado, de manera que el Estado actúe como agente regulador y planificador sin afectar la libre competencia y la libertad de empresa. SUBSIDIARIA DE LA DÉCIMA SEGUNDA. En su defecto, que se inste a las entidadesRadicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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accionadas para que adopten medidas que garanticen una regulación económica que respete los principios constitucionales de la libre competencia y la libertad de empresa. DÉCIMA TERCERA. Que se ordene al Ministerio de Minas y Energía (MME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), según corresponda, establecer políticas eficientes en el mercado de contratos de suministro de energía para disminuir incertidumbre sobre flujos financieros esperados de caja para proyectos existentes y para proyectos nuevos, de forma tal que se tengan señales de largo plazo como incentivo a la instalación de nueva generación e incentivar la expansión del parque de generación de energía eléctrica y los energéticos que aseguran la generación de la misma. De manera que se garantice que exista una oferta de energía suficiente para atender la demanda futura de los usuarios del sistema interconectado nacional. DÉCIMO CUARTA. Que se les exija a las autoridades competentes (Ministerio de Minas

misma. De manera que se garantice que exista una oferta de energía suficiente para atender la demanda futura de los usuarios del sistema interconectado nacional. DÉCIMO CUARTA. Que se les exija a las autoridades competentes (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otras, según corresponda) que implementen políticas y planes de acción urgentes para la explotación de los recursos gasíferos disponibles, con el fin de asegurar el suministro de gas a la industria, al sistema eléctrico y a los hogares colombianos2. [sic para toda la cita]

14. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la crisis en el sector de energía provocada por decisiones del gobierno nacional constituye una amenaza cierta, grave, inminente y estructural, al generar condiciones que ponen en riesgo la continuidad, disponibilidad y asequibilidad del suministro de energía eléctrica.

15. Los demandantes arguyeron que la proyección de dicha crisis se evidenciaría en «un incremento desmesurado en las tarifas de energía, lo que puede volver el servicio inaccesible para miles de familias, especialmente en condiciones de pobreza o vulnerabilidad», así como en cortes del servicio y posibles apagones, producto del desabastecimiento de gas , en la no entrada en funcionamiento de proyectos de generación y en la inestabilidad institucional del sector.

16. Por todo lo anterior, advirtieron que se encuentran reunidos los elementos necesarios para que se declare el estado de cosas inconstitucional , conforme a las sentencias SU -559 de 1997, T-025 de 2004 y SU -122 de 2022 de la Corte

Constitucional.

2.3. Trámite procesal

sentencias SU -559 de 1997, T-025 de 2004 y SU -122 de 2022 de la Corte Constitucional.

2.3. Trámite procesal

17. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, que profirió auto el 8 de julio de 20253, en el que admitió la solicitud de tutela contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Planeación Minero -Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas ( CREG). Así mismo, decidió vincular a las

siguientes entidades:

2 Se transcribe con errores. 3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 17.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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[A]l Departamento Administrativo de la Función Pública ( DAPRE), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), Caribemar de la Costa SAS ESP (AFINIA), Air-e SAS ESP (Air-e), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Agencia Nacional de Hidrocarburos ( ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA), el Administrador del Sistema de Intercambios

(ANDEG), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Agencia Nacional de Hidrocarburos ( ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA), el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ( ASIC), la Asociación Colombina de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el Comité Asesor de Comercialización (CAC), el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), la Contraloría General de la República, el Centro Nacional de Despacho (CND), el Consejo Nacional de Operación ( CON), el Departamento de Planeación Nacional ( DNP), Electrificadora del Caribe – Electricaribe SA ESP, Empresas Públicas de Medellín ( EPM), la Financiera de Desarrollo Territorial ( FINDETER), la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, el Fondo Solidario para Subsidios y Redistribución de Ingresos, el Grupo Energía Bogotá SA ESP , el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en Zonas no Interconectadas – IPSE, la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Energías Renovables (SER), la Sociedad Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la XM Compañía de Expertos en Mercados SA ESP, el Comité Asesor de Coordinación y Seguimiento a la situación Energética, Celsia Colombia SA ES, Enel Colombia SA ESP , Centrales Eléctricas del Norte de Santander SA ESP , Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP , Electrificadora de Santander SA ESP , Centrales

Enel Colombia SA ESP , Centrales Eléctricas del Norte de Santander SA ESP , Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP , Electrificadora de Santander SA ESP , Centrales Eléctricas de Nariño SA ESP, Empresa de Energía del Quindío SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP, Empresa de Energía de Boyacá SA ESP, Electrificadora del Huila SA ESP, Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Compañía de Electricidad de Tuluá SA ESP, Empresa Distribuidora del Pacifico SA ESP, Empresa de Energía de Pereira SA ESP, QI Energy SAS ESP, Empresa de Energía del Valle de Sibundoy SA ESP, Sol & Cielo Energía SAS ESP, Ruitoque SA ESP, Empresa de Energía de Arauca, Empresa de Energía del Putumayo SA ESP, Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare SA ESP, Empresa Municipal de Energía Eléctrica SA ESP, Vatia SA ESP, Empresas Municipales de Cali EICE ESP y la Asociación Colombiana de Gas Natural.

18. De igual modo, se requirió a las autoridades accionadas y vinculadas para que rindieran informe sobre los hechos de inconformidad y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

19. La Electrificadora del Huila SA ESP4 argumentó no le asiste responsabilidad frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues nada tiene que ver en las acciones, omisiones y usurpaciones señaladas en el escrito de la tutela.

Adicionalmente, la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para lograr la protección de sus derechos (acción popular).

que ver en las acciones, omisiones y usurpaciones señaladas en el escrito de la tutela. Adicionalmente, la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para lograr la protección de sus derechos (acción popular).

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 26.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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20. La Cámara Colombiana de Construcción ( Camacol)5 pidió su desvinculación , puesto que no t iene legitimación en la causa , al no tener la calidad de autoridad administrativa ni tener injerencia sobre las acciones u omisiones del gobierno nacional; además, en la tutela no es posible evidenciar conducta alguna desplegada por ella de la que pueda inferirse la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

21. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 6 solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no ha tenido injerencia alguna en presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales que invocó la parte actora, puesto que la intervención en el «sector de prestación de servicios públicos domiciliarios» escapa de sus competencias ( contenidas en el Decreto Ley 3570 de 2011); además de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no hace parte de su estructura.

22. La Electrificadora de Santander SA ESP (ESSA)7, la Empresa de Energía del Quindío SA ESP (EDEQ)8 y EPM9 pidieron acoger las pretensiones de la acción de tutela

de su estructura.

22. La Electrificadora de Santander SA ESP (ESSA)7, la Empresa de Energía del Quindío SA ESP (EDEQ)8 y EPM9 pidieron acoger las pretensiones de la acción de tutela y se ordene la elaboración del plan estratégico, que incorpore las propuestas técnicas específicas que han presentado a las autoridades sectoriales, particularmente: (i) las medidas para resolver la crisis financiera documentada , (ii) las soluciones para restablecer la estabilidad regulatoria y (iii) las propuestas estructurales para el fortalecimiento sectorial diferenciado por servicio y región. Advirtieron acerca del exceso manifiesto de competencias regulatorias por parte del Ministerio de Minas y Energía, así como la arrogación indebida de funciones regulatorias por parte de la

SSPD.

23. XM Compañía de Expertos en Mercados SA ESP 10 expresó que la solicitud de amparo no se dirige contra ella, ni le reprocha conducta alguna que viole los derechos fundamentales de los accionante s, pues se dirige exclusivamente contra distintas entidades del orden nacional, responsables de la definición de la política pública y la regulación del sector eléctrico colombiano, a partir de u na serie de decisiones y omisiones que, en criterio de los accionantes, han generado una crisis estructural en el sector. Añadió que no está llamada a inaplicar la circular externa 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024 de la SSPD11, como quiera que dicho acto administrativo no ha sido suspendido o anulado por la jurisdicción de lo contencioso–administrativo.

24. El Departamento Administrativo de Planeación ( DNP)12 sostuvo que no era la autoridad competente para dar trámite a las reclamaciones advertidas en el escrito de

no ha sido suspendido o anulado por la jurisdicción de lo contencioso–administrativo.

24. El Departamento Administrativo de Planeación ( DNP)12 sostuvo que no era la autoridad competente para dar trámite a las reclamaciones advertidas en el escrito de tutela, de conformidad con los artículos 59 de la Ley 489 de 1998, 9 de la Ley 2056 de

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 28. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 30. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 31. 8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 36. 9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 83. 10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 32. 11 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03462-00, índice 33.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03462-01 (10828) Accionantes: Magdalena Holguín de Torres y otros Accionados: presidente de la República y otros

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2020, 1.1.1.1. y 3 del Decreto 1893 de 2021 , por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

25. QI Energy SAS ESP13 coadyuva las respuestas y argumentos presentados por la

2020, 1.1.1.1. y 3 del Decreto 1893 de 2021 , por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

25. QI Energy SAS ESP13 coadyuva las respuestas y argumentos presentados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UPME y la CREG, por ser quienes detentan la competencia legal y técnica sobre las materias objeto de análisis en el proceso.

26. La Asocia