CE - Sentencia 11001031500020250349400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 26 de septiembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

Demandante: Fredy Ramírez Guerrero y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | REPARACIÓN DIRECTA – Fuego cruzado| Defecto fáctico | Defecto sustantivo - Niega | Defecto procedimental –

Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia que revocó la decisión de primera instancia que declaró responsable al Estado por las lesiones padecidas por una ciudadana en medio de un enfrentamiento.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Fredy Ramírez Guerrero y otros contra el Tribunal Administrativo de Chocó.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 6 de junio de 2025, Fredy Ramírez Guerrero, Branly Américo Salazar Ramírez y James Valencia Ramírez, por conducto de apoderado judicial, presentaron una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Chocó, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana , tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia , con ocasión de la Sentencia de 29 de noviembre de 20242, proferida en el proceso de reparación directa Rad. 27001-33-33-003-2014-00680-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se

trascribe):

“1.PRIMERO: Que se conceda tutela por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 El mensaje de datos fue enviado el 3 de diciembre de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

Demandante: Fredy Ramírez Guerrero y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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2 de 13 de justicia, y la tutela judicial efectiva, en razón a que la sentencia de segunda instancia No.88 de fecha 29 de noviembre de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO, en el proceso radicado 27001333300320140068001, con ocasión al medio de control de reparación directa, incurrió en defecto factico, por errónea e injusta valoración probatoria, y por defecto sustantivo, al considerar que se desconoció precedentes jurisprudenciales que atañen al caso.

SEGUNDO: Que se deje sin efectos la sentencia No.88 de fecha 29 de noviembre de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO en el proceso radicado 27001333300320140068001, que REVOCO, negando las pretensiones de la demanda, concedidas favorablemente en favor de los demandantes por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ en sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021, en el proceso por medio de control de reparación directa, con radicación 27001333300320140068000.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO, que se profiera sentencia de remplazo con ocasión al recurso de apelación interpuesto por la parte vencida, NACION, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, dentro del proceso con medio de control de reparación directa, con radicación 27001333300320140068001, dentro del término de tiempo que a bien se

parte vencida, NACION, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, dentro del proceso con medio de control de reparación directa, con radicación 27001333300320140068001, dentro del término de tiempo que a bien se determine, con sustento en lo argumentado y decidido por el Honorable Consejo de Estado al resolver esta tutela, para que falle conforme corresponda, en d erecho y justicia, respetando los hechos, argumentos y probanzas que obran en el expediente, que acertadamente fueron considerados y soporte del fallo favorable por el Ad quo.

CUARTO: ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO, que se profiera sentencia de remplazo con ocasión al recurso de apelación interpuesto por nosotros, la parte demandante, dentro del proceso con medio de control de reparación directa, con radicación 27001333300320140068001, dentro del término de tiempo que a bien se determine, con sustento en lo argumentado y decidido por el Honorable Consejo de Estado al resolver esta tutela, para que falle conforme corresponda, respetando el derecho al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al acceso la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, y en consecuencia, se confirme, salvo mejor proveer, lo resuelto por la Primera Instancia, y se resuelva así mismo, el escrito de apelación presentado de nuestra parte, como actores, y se desestime los argumentos expuestos por la parte demandada”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) El 3 de octubre de 2012, Farizada Ramírez Guerrero , mientras

expuestos por la parte demandada”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) El 3 de octubre de 2012, Farizada Ramírez Guerrero , mientras departía en el andén de su casa, fue herida con un arma de fuego accionada por un agente que perseguía a 2 presuntos delincuentes que se movilizaban en una moto y portaban un arma de fuego. En el mismo evento

falleció Sandra Liliana Mena Moya.

5. 2) El 26 de septiembre de 2014, Farizada Ramírez Guerrero y su grupo familiar3 presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de

3 Demanda. “Dranny Rentaría Ramírez, quien actúa en nombre propio y en representación de Xiomy Yineth Viloria Rentaría; el señor Branly Américo Salazar Ramírez, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Branly Arley Salazar Urrutia; James Valen cia Ramírez, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Jadiss Yinet Valencia Murillo y los señores Kristian Arley Salazar Ramírez, Ivon Clemente RamírezRadicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

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3 de 13 reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para obtener la indemnización de los perjuicios por las lesiones que causaron agentes que dispararon en una zona residencial, sin considerar las consecuencias.

3 de 13 reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para obtener la indemnización de los perjuicios por las lesiones que causaron agentes que dispararon en una zona residencial, sin considerar las consecuencias.

6. 3) El 16 de septiembre de 2021, el Juzgado 3 Administrativo de Quibdó declaró responsable a la entidad demanda da. Concluyó que “ se logró acreditar con los testimonios, que los agentes de la entidad demandada y los miembros de la banda al margen de la ley accionaron sus armas en ejercicio de una actividad peligrosa en una zona residencial poniendo en riesgo a la población, no se log ra establecer el cumplimiento de los protocolos, ese actuar causa un daño antijurídico que no están en el deber de soportar, por ta nto, el Estado es responsable de la afectación por vulneración de los bienes jurídicos tutelados como lo sostienen las sentencias notadas”.

7. Reconoció perjuicios morales en abstracto para los demandantes, salvo para los nietos Xiomy Yineth Viloria Rentería, Jadiss Yineth Valencia Murillo y Cristian Camilo García de la víctima directa. Asimismo, condenó al pago del daño a la salud en abstracto para la víctima directa. Por otra parte, negó el daño emergente por falta de material probatorio y negó el lucro cesante porque la víctima contaba con más de 62 años, por lo que había finalizado su tiempo de productividad laboral.

8. 4) La entidad demandada interpuso recurso de apelación.

Argumentó falta de nexo causal y eximente de responsabilidad por la acción de terceros. Afirmó que en el mismo procedimiento policial falleció

8. 4) La entidad demandada interpuso recurso de apelación.

Argumentó falta de nexo causal y eximente de responsabilidad por la acción de terceros. Afirmó que en el mismo procedimiento policial falleció por impacto de arma de fuego Sandra Liliana Mena Moya, motivo por el cual se adelantaba otro proceso, Rad. 27001233300320140021000, ante el Tribunal Administrativo de Chocó, en el que se determinó que la entidad debía responder por la muerte de la ciudadana.

9. Señaló que , de lo narrado por el patrullero Yoned Martínez Rivas y citado en el fallo impugnado, es claro que “solo se presentó un disparo del arma de fuego de dotación oficial por dicho uniformado y ello tiene relevancia, por cuanto no resulta entendible que ese solo disparo haya generado tanto la muerte de la señora Sandra Liliana Mena Moya como la lesión de la s eñora Farizada Ramírez Guerrero y que bajo ese entendido la entidad debe responder patrimonialmente bajo el riesgo excepcional por estos dos daños alegados en cada una de las demandas” . Según la declaración del agente, los delincuentes dispararon varias veces y “ es allí

Guerrero, Flor María Ramírez Cuesta, Fredy Ramírez Guerrero, Cristian Camilo García Rentería, Saldivar Ramírez Guerrero y Luz Hermencia Ramírez Guerrero”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

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4 de 13 donde realmente se causa el daño antijurídico que hoy se alega en la demanda, razón por la cual se configura el eximente de responsabilidad denominado como el hecho determinante de un tercero”.

10. 5) La parte demandante también apeló por no haberse reconocido perjuicios morales a ciertos nietos4 de la víctima directa y por la condena en abstracto, a pesar de que existía un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Asimismo, pidió el reconocimiento de costas y agencias en derecho.

11. 6) El 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Chocó revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

Concluyó que “no existe ninguna duda que al momento del procedimiento al cual acudió la autoridad policial el día 03 de octubre de 2012, con ocasión de una persecución a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, se desencadenó un enfrentamiento con aquellos, lo que dio lugar a un intercambio de disparos, tal como lo revelan las declaraciones rendidas en el p roceso penal radicado bajo la partida No. 270016001100201202430, por lo señores Juan Rafael Cuesta Bejarano, Néstor Fabián Rubio Cardona, Efrén Aristides Florez Pérez y Yoned Martínez Rivas, así como, del informe de novedad del 30 de octubre de 2012”.

Fabián Rubio Cardona, Efrén Aristides Florez Pérez y Yoned Martínez Rivas, así como, del informe de novedad del 30 de octubre de 2012”.

12. No obstante, el relato de la víctima directa no tiene otros elementos probatorios que acrediten su veracidad. Por el contrario, de acuerdo con el informe investigativo de la Fiscalía General de la Nación, se evidenció que el arma del agente se disparó una sola vez, aspecto que coincide con lo declarado por Efrén Aristides Flórez Pérez y Yoned Martínez Rivas, quienes manifestaron que solo realizaron un disparo para ahuyentar a los sospechosos.

13. No se demostró que la Policía hubiera disparado contra la comunidad, como lo afirmó Farizada Ramírez. Si bien se escucharon detonaciones, no era posible establecer su procedencia, por lo que no puede afirmarse que correspondieran al accionar de armas de do tación oficial. Los hechos se desarrollaron en un escenario en el que cualquier persona pudo haber accionado un arma de fuego. Tampoco existe un dictamen o informe de laboratorio que permita establecer que las lesiones fueron causadas por un proyectil prov eniente de arma de dotación oficial accionada por los agentes que participaron en el operativo. Asimismo, señaló que las declaraciones de Néstor Fabián Rubio Cardona, Inefina Córdoba Cuesta, Gladys María Rentería, Nereira Mosquera Rivas y Floralba Mosquera Mosquera solo permiten acreditar que se escucharon varias detonaciones, sin certeza sobre su origen.

Córdoba Cuesta, Gladys María Rentería, Nereira Mosquera Rivas y Floralba Mosquera Mosquera solo permiten acreditar que se escucharon varias detonaciones, sin certeza sobre su origen.

4 Xiomy Yineth Viloria Rentería, Jadiss Yineth Valencia Murillo y Cristian Camilo García Rentería.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

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14. Para sustentar su postura , señaló que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia de 4 de noviembre de 2022, expediente 57126, en un caso similar , exoneró de responsabilidad a la entidad demandada al no acreditarse el nexo causal5.

15. Por lo tanto, encontró que el asunto carecía de pruebas suficientes “para determinar que las lesiones perpetradas a los demandantes, fueron causadas por el uso directo de armas de dotación oficial o por el uso excesivo y desproporcional de la fuerza por parte de los agentes de policía, por lo que no es posible imputar el da ño antijurídico a la entidad demandada, a título de riesgo excepcional, ni de falla en el servicio”.

16. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora señaló que la Sentencia de 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Chocó , al revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y

señaló que la Sentencia de 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Chocó , al revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental. Respecto del defecto f áctico, la parte accionante señaló que la p rovidencia se sustentó solo en los testimonios de los agentes de policía Efrén Ari stides Flórez Pérez y Yoned Martínez Rivas , a pesar de que este último incurrió en contradicciones, pues primero afirmó haber disparado al aire y luego, en la reconstrucción de los hechos, señaló que lo hizo al suelo. Alegó que no se realizó un análisis integral de las pruebas, al omitirse la valoración de la diligencia de reconstrucción.

17. Asimismo, le restó importancia y credibilidad al testimonio de Farizada Ramírez Guerrero y a las demás personas que estaban en el lugar de los hechos, bajo el argumento de que no presenciaron a ningún policía disparar. A juicio de la parte accionante, la declaración de señora Ramírez Guerrero, coincidía con lo afirmado por Gladys María Rentería, Inefina Córdoba Cuesta y Juan Rafael Cuesta, que la Policía realizó un disparo cerca del lugar donde se encontraba la víctima directa mientras perseguía a 2 sospechosos. Añadió que, al día siguiente, las personas afectadas buscaron pruebas y hallaron un proyectil y una vainilla que guardaron por temor a perderlas. Posteriormente, el temor se incrementó porque les ofrecieron dinero para obtener dichos elementos, pero decidieron entregarlos al abogado, quien los presentó ante la Fiscalía Seccional

temor a perderlas. Posteriormente, el temor se incrementó porque les ofrecieron dinero para obtener dichos elementos, pero decidieron entregarlos al abogado, quien los presentó ante la Fiscalía Seccional mediante declaración jurada del 7 de noviembre de 2013.

18. La parte accionante sostuvo que la prueba balística acreditó correspondencia entre el arma del agente y el proyectil hallado en las inmediaciones del lugar de los hechos.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 4 de noviembre de 2022, Radicado 20001-23-31-000-2012-00115-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

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19. Señaló la existencia de un defecto sustantivo, porque de haberse valorado adecuadamente las pruebas, se habría aplicado la jurisprudencia sobre la materia. Sin embargo, la decisión se basó únicamente en las versiones de los agentes estatales y desconoció e l precedente utilizado en primera instancia, que resolvió un caso similar6.

20. Asimismo, sobre el defecto procedimental, advirtió que se restó importancia al recurso de apelación de la parte demandante , pues el Tribunal no se pronunció sobre la situación de los nietos de la víctima, a quienes no se les reconoció indemnización en primera instancia por supuesta falta de acreditación de representación judicial. Tampoco se

Tribunal no se pronunció sobre la situación de los nietos de la víctima, a quienes no se les reconoció indemnización en primera instancia por supuesta falta de acreditación de representación judicial. Tampoco se resolvió sobre el reconocimiento d e costas y agencias en derecho a favor de los demandantes. Ese silencio afectó el debido proceso, ya que el tribunal debía pronunciarse sobre cada aspecto solicitado.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

21. La Policía Nacional 8 manifestó que no se allegó prueba alguna que acreditara que la lesión fue causada por un arma de dotación oficial.

Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por pretender extender el debate propio del proceso ordinario.

22. El Juzgado 3 Administrativo de Quibdó remitió el expediente9. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Chocó, pese a haber sido notificado en debida forma10, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial . 2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de derechos

23. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado

como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de noviembre de 2014, Radicado 7600123310002000281901 (28716). 7 Mediante Auto de 10 de junio de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Chocó y (3) vinculó al Juzgado 3 Administrativo de Quibdó y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, como terceros con interés en el asunto. 8 Índice 10 de Samai. 9 Índice 9 de Samai. 10 Índice 8 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

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7 de 13 durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los derechos constitucionales invocados surge como consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

2.2. Fijación de la controversia

24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de

el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

2.2. Fijación de la controversia

24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Chocó, como juez de segunda instancia, vulneró el derecho al debido proceso al revocar la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento de los perjuicios ordenados en primera instancia del proceso de reparación directa No. 2014-00680-01, y al valorar de manera inadecuada el material pr obatorio, desconocer la jurisprudencia y omitir resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante en el proceso ordinario.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. Respecto del defecto procedimental , la Sala evidenció que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad11, en la medida en que: 1) existía un mecanismo de defensa judicial idóneo que no fue agotado por la parte actora, y 2) no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

26. Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo, la Sala advierte que el reparo de los accionantes consistente en que el Tribunal Administrativo de Chocó, dentro del proceso de reparación directa, no resolvió el recurso de apelación de la parte demandante, era susceptible de ser alegado en el mismo trámite a través de la solicitud de adición de la sentencia, reglada en el artículo 287 del CGP, el cual dispone (se trascribe):

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de

de ser alegado en el mismo trámite a través de la solicitud de adición de la sentencia, reglada en el artículo 287 del CGP, el cual dispone (se trascribe):

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

11 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

Demandante: Fredy Ramírez Guerrero y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

8 de 13 Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

27. En consecuencia, al no haber presentado la solicitud de adición de la Sentencia de 29 de noviembre de 2024, con la finalidad de que el Tribunal Administrativo de Chocó se pronunciará de forma expresa sobre el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, hace improcedente la presente acción constitucional, ya que tal reparo hacia parte de los extremos del litigio y, por ende, debía ser objeto de pronunciamiento dentro del proceso ordinario.

28. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como una acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, es decir, en el presente caso no se puede acudir directamente al juez constitucional con el ánimo de invocar un asunto que debió ventilarse en el interior del proceso contencioso a través, se reitera, de la solicitud de adición, salvo que dichos medios no sean idóneos o eficaces para proteger derechos fundamentales c ontrovertidos o cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, escenarios que, en el caso bajo estudio, no se demostraron.

29. Por el contrario , respecto del defecto fáctico y el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que le permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.

de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que le permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.

30. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la Sentencia de 29 de noviembre de 2024 (5/12/2024)12y la interposición de la presente acción de tutela (6/6/2025)13. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

31. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante, con ocasión de

12 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI el mensaje de datos fue enviado el 3 de diciembre de 2024. 13 Según acta Individual de reparto.Radicación: 11001-03-15-000-2025-03494-00

Demandante: Fredy Ramírez Guerrero y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

9 de 13 una providencia judicial cuyo debate central gira en torno a la configuración de un defecto fáctico y al sustantivo por desconocimiento del precedente, argumentos que no pudieron ser planteados durante el curso del proceso ordinario. Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar

configuración de un defecto fáctico y al sustantivo por desconocimiento del precedente, argumentos que no pudieron ser planteados durante el curso del proceso ordinario. Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar que la providencia cuestionada resolvió el recurso de apelación contra aquella que accedió a la s pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa y, en su lugar, la negó. En consecuencia, no se pretende someter la controversia a una nueva instancia.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales

32. La Sala negará el amparo solicitado, porque no se demostró la configuración del defecto fáctico ni el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

33. En relación con el defecto fáctico, la parte accionante sostuvo que la providencia se sustentó únicamente en las versiones de los agentes de policía involucrados. Afirmó que se omitió valorar la contradicción entre la declaración del agente Yoned Martínez Rivas y la diligencia de reconstrucción de los hechos, lo que restaba credibilidad a su versión.

Además, resaltó que existía correspondencia entre el arma del agente y el proyectil, por lo que era posible concluir que el disparo ocurrió cerca del lugar de los hechos.

34. La Sala encontró que la providencia enjuiciada valoró todas las versiones14 de las personas involucradas en el caso, así como el informe