CE - Sentencia 11001031500020250354601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-03546-01 Demandante MARÍA ISABEL CONTRERAS DÁVILA Y OTROS Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de control de reparación directa. Muerte de recluso con VIH en establecimiento penitenciario. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 11 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 9 de junio de 20251, los señores María Isabel Contreras Dávila, Wilfrido Augusto López Mendoza, Aldair Miguel y Deniris Johana Sandoval Contreras, Yina Taylit Sarmiento Pérez, Dulce María López Sarmiento, Ingris Patricia Fernández Ferrer y Verónica Cantillo Torregroza (estas últimas dos actuando en representación de sus hijos menores LELF y AJLC, respectivamente) interpusieron acción de tutela, mediante

Sarmiento Pérez, Dulce María López Sarmiento, Ingris Patricia Fernández Ferrer y Verónica Cantillo Torregroza (estas últimas dos actuando en representación de sus hijos menores LELF y AJLC, respectivamente) interpusieron acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena , por con siderar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vida, igualdad y dignidad humana. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Ampárense los derechos fundamentales AL DEBIDO P ROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA VIDA, IGUALDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DEL CONSEJO DE ESTADO EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE QUE GOZAN Y DEBE BRINDARSELE A LAS PERSONAS PORTADORAS DE VIH QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS CARCELARIOS A DISPOSICIÓN DEL ESTADO, Y A LAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN QUE DEBEN BRINDÁRSELES, EL CUIDADO Y ATENCIÓN EN SALUD QUE REQUIEREN POR SU CON DICION DE VULNERABILIDAD, de los señores MARIA ISABEL CONTRERAS DAVILA, WILFRIDO AUGUSTO LOPEZ MENDOZA, de los menores DMLS, AJLC y LELF , y de los señores DENIRIS JOHANA SANDOVAL CONTRERAS Y ALDAIR MIGUEL SANDOVAL CONTRERAS, en razón a que fueron vulnerado s en segunda

DMLS, AJLC y LELF , y de los señores DENIRIS JOHANA SANDOVAL CONTRERAS Y ALDAIR MIGUEL SANDOVAL CONTRERAS, en razón a que fueron vulnerado s en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y en primera instancia por El JUZGADO CUARTO (4º) ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA mediante las sentencias de fechas 22 de enero de 2024 y 4 de diciembre de 2024, respectivamente, proferidas por estos Despachos, mediante las cuales “se resolvió negar las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovieron contra la NACION – INSTITUTO NACIONAL

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03546-01

Demandante: María Isabel Contreras Dávila y otro

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, por el daño antijurídico que les fue causado por el d esmejoramiento, deterioro de la salud y muerte de WILLIAM ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS como consecuencia de las condiciones de reclusión a que fue sometido durante el tiempo en que permaneció privado de su libertad bajo la custodia del INPEC, a través del “EPCM S RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA MARTA”, conforme a las consideraciones expuestas en dichos proveídos.

SEGUNDA: Déjese sin efectos la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2024 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena y la sentencia del 22 de enero

consideraciones expuestas en dichos proveídos.

SEGUNDA: Déjese sin efectos la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2024 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena y la sentencia del 22 de enero de 2024 proferida en primera instancia por el JUZGADO CUARTO (4º) ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, dentro del proceso bajo el medio de control de Reparación Directa instaurado por la señora MARIA ISABEL CONTRERAS DAVILA Y OTROS contra la NACION – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC, radicado con el No. 47001 – 3333 – 004 – 2018 – 00002 - 00, por violación de sus derechos fundamentales mencionados en el punto anterior y cuyo amparo se solicita.

TERCERA: Ordénese al T ribunal Administrativo del Magdalena que, dentro de un plazo no superior a 40 días siguientes a la notificación de la providencia de amparo constitucional, proceda a emitir la decisión de reemplazo que resuelva el recurso de apelación formulado contra la s entencia del 22 de enero de 2024 proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de Santa Marta, efectuando un análisis íntegro de las pruebas documentales, testimoniales y pericial que reposan en el plenario, dándole el valor probatorio que de ellas se desprende, de las que se puede llegar a colegir que en razón a las condiciones de reclusión a que fue sometido WILLIAM ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS durante el tiempo en que permaneció privado de su libertad bajo la custodia del INPEC, a t ravés del “EPCMS RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA MARTA, se desmejoro y deterioro su salud, lo que

en que permaneció privado de su libertad bajo la custodia del INPEC, a t ravés del “EPCMS RODRIGO DE BASTIDAS DE SANTA MARTA, se desmejoro y deterioro su salud, lo que conllevo a su muerte el 21 de octubre de 2016, por lo que en el presente caso si se configura el daño antijurídico causado a los demandantes, en razón a que la p rueba acredita el nexo causal entre los perjuicios invocados por los actores con la acción y omisión por parte del Inpec al inobservar las obligaciones legales de protección y seguridad del recluso previstas en la Ley 65 de 1993, y por tanto le cabe respon sabilidad a la demandada por el daño causado; y se pronuncia acorde a lo dispuesto en el fallo de tutela».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Los tutelantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario , con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales ocasionados como consecuencia de la muerte del señor William López Contreras ocurrida el 21 de octubre de 2016, por no haberle brindado las condiciones adecuadas, mientras estuvo privado de la libertad para evitar cualquier tipo de infección que deteriorara su salud, en consideración a que era portador de VIH. 2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta , bajo el radicado 47001-33-33-004-2019-00002-00, que mediante sentencia del 22 de enero de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

Santa Marta , bajo el radicado 47001-33-33-004-2019-00002-00, que mediante sentencia del 22 de enero de 2024 negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial sostuvo que de las pruebas obrantes en el expediente se desprendía que la infección que el señor William López Contreras portaba por tuberculosis se remontaba al año 2013, esto es, con anterioridad a su reclusión en el Establecimiento Peni tenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta que empezó desde el 2014. A su vez, el Juzgado consideró que el actuar de l Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estuvo acorde con los parámetros establecidos en la Constitución Política y la ley, pues en reiteradas oportunidades el señor López Contreras fue remitido al centro asistencial para que se le diera tratamiento médico; y, además, el director del mencionado establecimiento carcelario solicitó la sustitución de la medida de aseguram iento ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la cual fue concedida.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03546-01

Demandante: María Isabel Contreras Dávila y otro

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, al no encontrar una conducta omisiva, concluyó que en el caso no se configuró daño antijurídico alguno. 2.3. La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.4. Mediante sentencia de 4 de diciembre de 20242, el Tribunal Administrativo del

caso no se configuró daño antijurídico alguno. 2.3. La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.4. Mediante sentencia de 4 de diciembre de 20242, el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión de primera instancia. El Tribunal sostuvo que el fallecido obtuvo todo tipo de atenciones médicas para tratar sus condiciones especiales de salud, tanto así que durante los años 2015 y 2016 permaneció de forma prolongada en el Hospital Universitario Fernando Troconis a causa de sus patologías. Además, se le brindó asistencia médica dentro del establecimiento penitenciario. También indicó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario cumplió con sus obligaciones constitucionales para salvaguardar la dignidad humana del mencionado; para garantizarla, le solicitó al juzgado de conocimiento la sustitución de la medida de aseguramiento por enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal. La autoridad judicial reconoció que se allegaron pruebas que acreditaban un alto porcentaje de hacinamiento en el penal en donde estaba recluido el señor López Contreras. Sin embargo, aseveró que no se acreditó que la patología de tuberculosis haya sido adquirida al interior de ese centro carcelario, pues según la historia clínica allegada tal patología, junto con el VIH, data del año

2013. Por lo que consideró que el deterioro en su salud y posterior muerte no tuvo génesis en la situación de hacinamiento.

Así las cosas, sostuvo que aquel no falleció por consecuencia de condiciones inadecuadas mientras estuvo recluido en el centro carcelario, s ino por sus quebrantos de salud que fueron en aumento progresivamente, tal como lo

Así las cosas, sostuvo que aquel no falleció por consecuencia de condiciones inadecuadas mientras estuvo recluido en el centro carcelario, s ino por sus quebrantos de salud que fueron en aumento progresivamente, tal como lo acreditan las historias clínicas allegadas al expediente. Circunstancia que es propia de la enfermedad degenerativa que aquel padecía. Agregó que no se acreditó que el señor William López Contreras haya sido sometido a tratos inhumanos o algún tipo de trato desigual, mientras permaneció recluido en el centro carcelario. Por ende, concluyó que no se probó que el daño antijurídico fuera atribuible al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como consecuencia de someter al señor William López Contreras a condiciones infrahumanas e inadecuadas que hayan contribuido al deterioro en su salud.

3. Fundamentos de la acción Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. 3.1. Defecto fáctico: en criterio de la parte actora se incurrió en ese vicio por una indebida valoración de la prueba recaudada, la cual acredita que el deterioro de la salud y muerte del señor William López Contreras se produjo como consecuencia de las condiciones inadecuadas de reclusión a que fue sometido en el centro carcelario. El hacinamiento, la falta de agua potable, de iluminación, de ventilación y de higiene condujeron al contagio de tuberculosis dentro del penal en agosto de 2014.

en el centro carcelario. El hacinamiento, la falta de agua potable, de iluminación, de ventilación y de higiene condujeron al contagio de tuberculosis dentro del penal en agosto de 2014.

2 El mensaje de datos a efectos de surtir la notificación de las partes se remitió el 2 de abril de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03546-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reprochó que, pese a ser un sujeto de especial protección constitucional por ser portador de VIH, aquel haya sido recluido en el patio general del establecimiento carcelario. Este no era un lugar adecuado para albergarlo, debido a que allí estaba expuesto a contagiarse de cualquier infección por el hacinamiento y demás condiciones de higiene inadecuadas. De hecho, sostuvo que el artículo 63 de la Ley 65 de 1993 consagra que «Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendien do a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental». Y agregó que el hacinamiento, el estado del penal y la falta de un lugar adecuado para reclusos con enfermedades infectocontagiosas, como un patio o celda diferenciada, están acreditadas en el informe de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, correspondiente a las visitas efectuadas entre los años 2014 a 2020. Afirmó que en el expediente obran pruebas que corroboran que la condición

del Pueblo Regional Magdalena, correspondiente a las visitas efectuadas entre los años 2014 a 2020. Afirmó que en el expediente obran pruebas que corroboran que la condición de salud del señor William López Contreras comenzó a desmejorar luego de su ingreso al establecimiento carcelario el 25 de mayo de 2014 y que varió notablemente desde esa fecha hasta enero de 2016. Así lo demuestran las historias clínicas aportadas. También enfatizó que, según el examen de ingreso al penal en mayo de 2014, su único antecedente de salud era el VIH. No se registró que para ese momento tuviera síntomas febriles o de sida, neumonía, tuberculosis o algún otro quebranto de salud. Sostuvo que de conformidad con el artículo 61 de la Ley 65 de 1993, tal examen es obligatorio para verificar el estado de salud; de hecho, según la norma, en caso de que la persona padezca de alguna enfermedad infectocontagiosa, esta debe ser aislada. Añadió que de las historias clínicas de 2007 a 2012 y del 2014 no existen anotaciones relacionadas con el diagnóstico de tuberculosis; e n estas tan solo obra el antecedente sobre el VIH. Resaltó que el estado de salud del mencionado empeoró tan solo cuatro meses y ocho días tras el inicio de la reclusión, a tal punto que fue internado en la Clínica la Milagrosa el 3 de octubre de 2014 bajo el siguiente diagnóstico: «mes de evolución de tos productiva de expectoración verde, fiebre de 11 días, astenia y adinamia». Según la parte actora, esto demuestra la desmejora sustancial en su

«mes de evolución de tos productiva de expectoración verde, fiebre de 11 días, astenia y adinamia». Según la parte actora, esto demuestra la desmejora sustancial en su salud y confirma que su infección de tuberculosis se produjo dentro del establecimiento penitenciario. Esta última le generó hospitalizaciones prolongadas en cuatro oportunidades diferentes. La parte actora sostuvo que las siguientes pruebas acreditan que el señor William López Contreras se contagió de tuberculosis dentro del penal: ● Examen de ingreso al penal, en el que el médico que lo valoró únicamente hizo referencia al diagnóstico de VIH. Agregó que la infección por tuberculosis produce síntomas como tos persistente, dolor en el pecho, tos con sangre, esputo, d ebilidad, pérdida de peso y apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos, los cuales pueden ser fácilmente detectables en un examen físico. Resaltó que el médico que lo valoró no indicó que el señor William López Contreras padeciera tal infección. ● Historias clínicas de 12 de febrero de 2007 al 20 de octubre de 2012, 1º de septiembre de 2014, en las que no obra ninguna anotación sobre un contagio por tuberculosis; y 3 de octubre de 2014 en la que consta la práctica de exámenes de laboratorio que arroja ron el diagnóstico por primera vez de tuberculosis;Radicado: 11001-03-15-000-2025-03546-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ● Oficio del 13 de julio de 2014 suscrito por la coordinadora de salud de la cárcel, en el que se informó al juez sexto penal municipal de Santa Marta lo siguiente: «Debido a la sobrepoblación que tenemos actualmente, en el interior, del penal el interno en mención tiene actualmente cuadro clínico de TUBERCULOSIS, Enfermedad Infectocontagiosa estuvo 90 días hospitalizado, Hospital F Troconis, donde estuvo delicado de salud»; ● Dictamen médico forense DSMGD – DRNTE - 00522 de 2 de febrero de 2016, en donde se consignó que el diagnóstico de tuberculosis pulmonar es de agosto de 2014, cuando el mencionado ya se encontraba recluido en el centro penitenciario. A juicio de la parte actora, tal acervo probatorio desvirtúa la afirmación de las autoridades judiciales respecto a que la tuberculosis se diagnosticó en el 2013. En sus palabras, «todo obedece a un error que se consignó en la historia clínica de la ESE Hospital Fernando Troconis cuándo ingreso William Lóp ez en la fecha del 20 de febrero de 2015 por orden del Inpec, ya que el médico que lo ingreso anoto que el antecedente del TBC era de 2013, sin tener en cuenta las historias clínicas anteriores al año 2015, de la EPS Alejandro Prospero Reverend, clínica la Milagrosa y Vihonco, las que acreditan que la TBC la adquirió en agosto de 2014» (sic para toda la cita).

Alejandro Prospero Reverend, clínica la Milagrosa y Vihonco, las que acreditan que la TBC la adquirió en agosto de 2014» (sic para toda la cita). Por otro lado, consideró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario actuó de forma negligente, puesto que no solicitó oportunamente ni la valoración por medicina legal ni la sustitución de la medida de aseguramiento del recluso ante el juez de co nocimiento, a pesar de que desde octubre de 2014 a octubre de 2015 su estado de salud empeoró. Cuando se elevó la mencionada solicitud ante el juez, esto es en 2016, el estado de salud del interno ya había desmejorado sustancialmente, por las condiciones d e reclusión a las que había sido sometido durante casi dos años. A su juicio, esa circunstancia denota que el Estado no cumplió con la garantía de protección a favor del señor William López Contreras. Reconoció que al mencionado sí se le brindó tratamiento contra el VIH por parte de la IPS Vihonco. Sin embargo, insistió en que dadas las condiciones inadecuadas de reclusión a las que fue sometido, este no surtió los efectos esperados. Aseguró que para que los tratamientos funcionen es necesario que sean opor tunos y que el paciente se encuentre en un ambiente de buena ventilación, con luz natural, acceso a agua potable, protegido contra condiciones climáticas extremas, con una higiene personal y alimentación adecuada. En suma, consideró que el Instituto Nacio nal Penitenciario y Carcelario no brindó al señor William López Contreras condiciones dignas de reclusión, pese a tener conocimiento que era portador de VIH. Esto acredita, a su juicio, el

adecuada. En suma, consideró que el Instituto Nacio nal Penitenciario y Carcelario no brindó al señor William López Contreras condiciones dignas de reclusión, pese a tener conocimiento que era portador de VIH. Esto acredita, a su juicio, el nexo de causalidad entre el daño sufrido y la conducta omisiva al no otorgar la protección especial que aquel requería. 3.2. Desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución: la parte actora sostuvo que no se tuvo en cuenta el precedente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según el cual las personas con enfermedades catastróficas, como las portadoras de VIH, gozan de una protección especial del Estado y a «que el régimen bajo el cual se estructura la responsabilidad del Estado por los daños causados por cuenta de la reclusión, pero que no pueden considerarse como inherentes a la misma, es el objetivo».

4. Trámite e intervenciones 4.1. Mediante auto de 13 de junio de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta, se vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario enRadicado: 11001-03-15-000-2025-03546-01

Demandante: María Isabel Contreras Dávila y otro

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co calidad de tercero con interés y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la tutela se dirige contra las

calidad de tercero con interés y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la tutela se dirige contra las autoridades judiciales que resolvieron el asunto. Por ese motivo, solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 4.3. El Tribunal Administrativo de Magdalena indicó que en el caso no se acreditó la configuración de un daño antijurídico, pues no se comprobó que el daño alegado fuera atribuible al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; y por ende, la decisión no podía ser otra que la de confirmar la sentencia de primera instancia. Por consiguiente, consideró que de su parte no ha existido vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora. En su criterio, la tutela tan solo refleja la inconformidad de la parte actora con la decisión adoptada. En consecuencia, solicitó negar el amparo.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 11 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se está empleando la acción de tutela para revivir el debate definido por el juez natural, a fin de que se acoja la tesis defendida por la parte actora. Agregó que la inconformidad sobre la valoración probatoria denota un simple desacuerdo, sin que se advierta ningún tipo de arbitrariedad por parte de las autoridades judiciales accionadas.

6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia por considerar que en el

valoración probatoria denota un simple desacuerdo, sin que se advierta ningún tipo de arbitrariedad por parte de las autoridades judiciales accionadas.

6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia por considerar que en el caso sí se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Contrario a lo expuesto por el juez d e primera instancia, consideró que la tutela está fundamentada en una carga argumentativa suficiente, tanto desde el punto de vista fáctico y probatorio, como desde el jurídico.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaz a o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento

y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03546-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer

únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 4 de diciembre de 2024, en el medio de control de reparación directa 47001-33-33004-2019-00002-00/01 la autoridad judicial accionada de segunda instancia incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra providencia judicial 4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional co ntra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela cont ra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la

independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. 4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competen cia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamen tales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irre gularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto

orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustan tivo, (v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado