CE - Sentencia 11001031500020250392700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03927-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: ROBERTO SALVADOR TEHERÁN BEDOYA Y OTROS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR LA

DISCUSIÓN SURTIDA DENTRO DEL PROCESO ORIGEN DE LA

CONTROVERSIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte actora contra la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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1 En adelante el TRIBUNAL.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores ROBERTO SALVADOR TEHERÁN BEDOYA, ALBERTO

JOSÉ BURGOS LÓPEZ , FRANCISMO MANUEL HOYOS VEGA,

PRIMITIVO MANUEL GARCÉS MARTÍNEZ, RODRIGO ANTONIO

FABRA URANGO , YONER ELIECER CAUSIL TIRADO , YELIXA

MÉNDEZ PINTO, FERNANDO ANTONIO VILLALLOBOS RAMOS, JOSÉ SILVESTRE BERROCAL PACHECO y ÁLVARO ALCIDES CRESPO HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima n vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la sentencia de 22 de mayo de 2025 , dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el número único de radicación 2025-00071-01.3

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actos administrativos identificado con el número único de radicación 2025-00071-01.3

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I.2.- Hechos

Indicaron que en el año 2024 el señor ROBERTO SALVADOR TEHERÁN BEDOYA , como representante legal de la comunidad indígena Villa Porvenir presentó al MUNICIPIO DE MONTELÍBANO2 un proyecto de inversión, para que fuera financiado con asignaciones directas para grupos étnicos, pueblos y comunidades indígenas del sistema general de regalías.

Señalaron que el 2 de septiembre de 2024, el señor TEHERÁN BEDOYA solicitó al referido ente territorial la suscripción del respectivo convenio interadministrativo en los términos del artículo 87 de la Ley 2056 de 30 de septiembre de 20203, comoquiera que ya se habían agotado los trámites previos.

Anotaron que el 8 de octubre de 2024 el señor TEHERÁN BEDOYA solicitó al ente territorial la instalación de una mesa de diálogo en el marco del proyecto origen de la controversia, con la finalidad de que se diese cumplimiento a la normativa señalada.

2 En adelante Municipio. 3 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías ”.4

marco del proyecto origen de la controversia, con la finalidad de que se diese cumplimiento a la normativa señalada.

2 En adelante Municipio. 3 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías ”.4

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Agregaron que el 24 de octubre de 2024 las autoridades indígenas concurrieron a la mesa de diálogo, no obstante, el alcalde del MUNICIPIO no asistió, circunstancia de lo cual se dejó constancia en el acta respectiva.

Manifestaron que, transcurridos más de dos meses desde la presentación del proyecto de inversión , el MUNICIPIO negó la suscripción del convenio en contravía de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 2056.

Afirmaron que el 4 de marzo de 2025 promovieron medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos contra el MUNICIPIO, con el objeto de que se le ordenara dar aplicación a la normativa aludida.

Relataron que el proceso fue repartido para su trámite en primera instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA 4 que, a través de sentencia de 2 de abril de 2025 , rechazó la demanda al estimar que no se cumplió con la constitución de renuencia.

CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA 4 que, a través de sentencia de 2 de abril de 2025 , rechazó la demanda al estimar que no se cumplió con la constitución de renuencia.

4 En adelante Juzgado.5

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Sostuvieron que interpusieron el recurso de apelación respectivo, comoquiera que, en su sentir, con el escrito de 8 de octubre de 2024, en concordancia con el contenido del acta de 24 de octubre siguiente, era claro que habían cumplido con el requisito de procedibilidad presuntamente desatendido.

Indicaron que a través de sentencia de 22 de mayo de 2025 el TRIBUNAL confirmó la decisión recurrida al estimar que, la constitución en renuencia no se reduce a la presentación de un derecho de petición, sino que consiste en una solicitud de manera expresa con el propósito de satisfacer ese requisito de procedibilidad, exigido para la procedencia del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

Agregaron que el TRIBUNAL determinó que la solicitud de 8 de octubre de 2024 estaba orientada a que se realizará una mesa de diálogo, mientras que el acta de 24 de octubre siguiente correspondía a la constancia de una reunión, documentos que no cumplían con los requisitos de la constitución de renuencia.6

octubre de 2024 estaba orientada a que se realizará una mesa de diálogo, mientras que el acta de 24 de octubre siguiente correspondía a la constancia de una reunión, documentos que no cumplían con los requisitos de la constitución de renuencia.6

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Indicaron que el TRIBUNAL no acogió sus argumentos, pese a que uno de sus integrantes salvó voto a partir de una tesis que guardaba relación con el sustento de su apelación.

Aseguraron que su discusión tiene relevancia constitucional, comoquiera que de la providencia cuestionada se deriva la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia

Destacaron que es claro que la constitución de renuencia se agotó con la solicitud de 8 de octubre de 2024, en concordancia con el acta de 24 de octubre siguiente , porque en esta última se indicó que la invitación a esa reunión era “[…] darle cumplimiento constitucional y legal al Artículo 87 de la Ley 2056 del 2020 […]”.

Aseveraron que el TRIBUNAL debió garantizar la primací a del derecho sustancial sobre el procesal, dado que se trata de un medio de control constitucional ejercid o por un sujeto de especial protección.7

Aseveraron que el TRIBUNAL debió garantizar la primací a del derecho sustancial sobre el procesal, dado que se trata de un medio de control constitucional ejercid o por un sujeto de especial protección.7

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Explicaron que la decisión de la autoridad judicial accionada carece de motivación y desconoce el material probatorio obrante en el plenario y la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el “[…] principio de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, dado que se trata de una acción Constitucional y los suscritos accionantes somos sujetos de especial protección como lo son las comunidades indígenas, a quienes no se les puede hacer exigencias formales exegéticas, sino flexibles dada nuestra situación […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores solicitaron:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de los suscritos ROBERTO SALVADOR BEDOYA, en calidad de Gobernador Indígena de la Comunidad Villa Porvenir Montelíbano – Córdoba y OTROS, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y DE ACCESO

A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia con fecha 22 de mayo de 2025, proferida por la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia con fecha 22 de mayo de 2025, proferida por la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, en el de la referencia.

3. ORDENAR que se deje sin efectos la sentencia que fuera emitida por SALA SEGUNDA DE DECISIÓN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, con ponencia de la Nadia Patricia Benítez Vega, el día 22 de mayo de 2022, dentro del radicado No. 23 -001-33-33-001-2025-00071-01, por las razones expuestas en la presente acción de tutela constitucional.

Igualmente, que se le ORDENE al Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión – proferir una nueva8

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decisión, siguiendo las pautas le sean trazadas por el Juez Constitucional en la sentencia que resuelva las medidas protección constitucional solicitadas.

4. Que la decisión de tutela sea cumplida de manera inmediata

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que los actores acuden a la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, con el fin de

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que los actores acuden a la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, con el fin de cuestionar la interpretación normativa y probatoria aplicada al caso concreto.

Sostuvo que, en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Consejo de Estado ha reiterado que el juez de tutela no tiene competencia para reemplazar al juez de la causa e incidir en la controversia ordinaria, máxime cuando dentr o de los requisitos generales para la procedencia de la tutela se encuentra la “relevancia constitucional”.

Indicó que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora acude a la tutela como si se tratara de una tercera instancia destinada a reabrir un debate interpretativo sobre9

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los hechos y la normatividad procesal aplicable.

I.5.2.- El MUNICIPIO, vinculado en calidad de terc ero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que co mparte la decisión cuestionada, comoquiera que en efecto los actores no cumplieron con el requisito previo de procedibilidad de l medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

decisión cuestionada, comoquiera que en efecto los actores no cumplieron con el requisito previo de procedibilidad de l medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

Agregó que, en tal sentido, se oponía a las pretensiones de la demanda, además porque la solicitud de amparo resulta improcedente porque los actores aún cuentan con otros mecanismos de defensa judicial.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de10

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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella11

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la12

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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales

la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para13

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que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, los actores pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 22 de mayo de 2025, proferida dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el número único de radicación 2025-00071-01, mediante la cual el TRIBUNAL confirmó el rechazo14

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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.16

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examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”17

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe

vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11]. El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su

artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un de