CE - Sentencia 11001031500020250392701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., quince (15) septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López,

Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitiv o Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pachecho y Álvaro Alcides Crespo Hernández

Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos .

Subtema 2: incumplimiento del artículo 87 de la Ley 2056 de 2020. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 17 de julio de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 17 de julio de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitiv o Manuel Garcés Martínez, Rodr igo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pachecho y Álvaro Alcides Crespo Hernández presentaron escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundame ntales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados p or el Tribunal Administrativo de Córdoba, con ocasión de la providencia judicial del 22 de mayoRadicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba

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de 2025, proferida dentro del medio de control de cumplimiento de normas con

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de 2025, proferida dentro del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, radicado al núm. 23001-33-33001-2025-00071-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. Los señores Roberto Salvador Teherán Bedoya , Alberto José Burgos López,

Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, José Silvestre Berrocal Pacheco, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto y Fernando Antonio Villalobos Ramos, en nombre propio y en su condición de gobernadores i ndígenas Zenú, radicaron demanda contra e l municipio de Montelíbano con el fin de reclamar el incumplimiento del artículo 87 de la Ley 2056 de 20201.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicaron que la comunidad indígena Villa Porvenir del municipio de Montelíbano presentó un proyecto de inversión para ser financiado con los recursos del Sistema General de Regalías del municipio.

Refirieron que luego de que se emitió pronunciamiento técnico favo rable, el 2 de septiembre de 2024, le remitieron al alcalde el proyecto para que, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 2056 de 2020, suscribiera el convenio correspondiente.

septiembre de 2024, le remitieron al alcalde el proyecto para que, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 2056 de 2020, suscribiera el convenio correspondiente. No obstante, transcurrieron más de los dos (2) meses sin que esto se realizara.

4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, el 6 de marzo de 2025, admitió la demanda al encontrar reunidos los requisitos que prevé el artículo 10 de la Ley 393 de 1997 . No obstante, en sentencia del 2 de abril siguiente determinó que los actores pretendieron cumplir la constitución en renuencia con el escrito del 2 de septiembre de 2024, el cual no satisfacía ese requisito.

5. Lo anterior, porque esta petición solo implicó que la entidad se enteró de las etapas para la aprobación del proyecto de inversión , razón por la cual no podía constituir en renuencia ya que el incumplimiento solo se presentaba pasados dos (2) meses desde que el alcalde conoció de la aprobación.

1 «Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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6. Así pues, pese a que los demandantes pretendieron tener por configurada la constitución en renuencia con el escrito fechado 2 de septiembre de 2024, lo que dio lugar a la admisión de la dema nda, una vez analizado el enlace de este no permitía tener por acreditado el presupuesto de procedibilidad. Así, indicó que el juez no está autorizado para estudiar la viabilidad de las pretensiones que se formularon, en garantía del derecho al debido proceso de la administración. Por ello, rechazó la demanda.

7. Inconforme con esta decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación en el que expuso que el 2 de septiembre, el 8 de octubre y el 25 (sic) siguiente de ese mes y año le advirtió a la parte demandada el incumplimiento del artículo 87 de la Ley 2056 de 2020. En particular, en escrito del 8 de octubre pidió convocar a una mesa de diálogo en el marco del proyecto «y disponer el cumplimiento constitucional y legal al artículo 87 de la Ley 2056 del 2020». Por tanto, consideró cumplido el requisito de constitución en renuencia.

8. En este orden, el Tribunal Administrativo de Córdoba dictó proveído el 22 de mayo de 2025 en el que reiteró los presupuestos que habilitaban tener por

cumplido el requisito de constitución en renuencia.

8. En este orden, el Tribunal Administrativo de Córdoba dictó proveído el 22 de mayo de 2025 en el que reiteró los presupuestos que habilitaban tener por acreditada la constitución en renuencia, en particular, de cara a los elementos que debía contener el escrito presentado. De ahí resaltó que , aunque no se exigía un formalismo la petición debía tener, como mínimo, la disposición que establecía la obligación, así como la exposición de los hechos que sustentaban el supuesto incumplimiento.

9. De forma puntual analizó el acatamiento del requisito a partir de los escritos del 2 de septiembre de 2024, y del 8 y 24 de octubre. Frente al primero, afirmó que no permitía tener por configurado el requisito porque se solicitó el trámite de la formalización del convenio interadministrativo.

10. Ahora bien, en punto a los escritos del 8 y 24 de octubre, tampoco advirtió que se pudiera tener por satisfecho el presupuesto de procedibilidad , toda vez que el primero pretendió que se realizaran unas medidas de diálogo para la ejecución del proyecto en cuestión, y, el segundo, es un acta suscrita en el marco de una reunión de las autoridades del resguardo Zenú Panzenú . Por consiguiente, confirmó la sentencia del 2 de abril de 2025, con la advertencia de que esta decisión no surtía efectos de cosa juzgada porque pese a ser una sentencia , no atendía el fondo del asunto.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. Los actores solicitaron el amparo de sus derechos al debido proceso, a la

asunto.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. Los actores solicitaron el amparo de sus derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, y, en consecuencia:Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia con fecha 22 de mayo de 2025, proferida por la SALA SEGUNDA DE DECISI ÓN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, en el proceso de la referencia.

3. ORDENAR que se deje sin efectos la sentencia que fuera emitida por SALA SEGUNDA DE DECISI ÓN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE C ÓRDOBA, con ponencia de la magistrada Nadia Patricia Benítez Vega, el día 22 de mayo de 2022, dentro del radicado No. 23 -001-33-33-001-2025-00071-01, por las razones expuestas en la presente acci ón de tutela constitucional. Igualmente, que se le

dentro del radicado No. 23 -001-33-33-001-2025-00071-01, por las razones expuestas en la presente acci ón de tutela constitucional. Igualmente, que se le ORDENE al Tribunal Administrativo de C órdoba – Sala Segunda de Decisi ón – proferir una nueva decisión, siguiendo las pautas que le sean trazadas por el Juez Constitucional en la sentencia que resuelva las medidas de protecci ón constitucional solicitadas2.

12. En sustento, expresaron que el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en decisión sin motivación en tanto se desconoció el material probatorio que permitía tener por demostrados los requisitos dispuestos en el artículo 10 de la Ley 393 de

1997.

13. En concreto, a diferencia de lo considerado por el Tribunal, sí constituyeron en renuencia al alcalde de Montelíbano, de manera que se requería un estudio de fondo del asunto. Aclararon que la constitución en renuencia no se configuró con la radicación del proyecto el 2 de septiembre de 2024, comoquiera que esto solo inició el trámite de formalización del convenio. No obstante, indiscutiblemente, con el escrito radicado el 8 de octubre de 2024, y el acta del 24 siguiente de ese mes y año, se concluía con total certeza la «renuencia táctica».

14. En particular, en la solicitud que presentaron indicaron que la finalidad era la invitación de la mesa fijada para el 24 de octubre, lo cual, afirmaron, se hacía para «darle cumplimiento constitucional y legal al Artículo 87 de la Ley 2056 de 2020»,

invitación de la mesa fijada para el 24 de octubre, lo cual, afirmaron, se hacía para «darle cumplimiento constitucional y legal al Artículo 87 de la Ley 2056 de 2020», sin que existiera un pronunciamiento del alcalde que justificara su inasistencia.

15. En este contexto, el Tribunal debió garantizar el principio de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, comoquiera que se trató de una acción constitucional que involucró a comunidades indígenas en su condición de sujetos de especial protección.

16. Bajo este entendido, no se les podía exigir formalismos exegéticos sino flexibles, lo que implicaba considerar el escrito del 8 de octubre de 2024. Por ende, pese a que reconocieron que no era la manera tradicional de constituir en renuencia, el procedimiento cumplió con su objetivo, al punto que se reunieron las exigencias que autorizaban tener por acreditado el requisito en los términos que lo

2 Se transcribe aún con errores de texto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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expuso la Sección Quinta del Consejo de Estado , en sentencia del 9 de junio de 20113.

17. Así las cosas, el Tribunal inobservó el escrito del 8 de octubre de 2024 y el acta del 24 siguiente, que constituían una renu encia tácita y permitían cumplir con los requisitos de que trata el artículo 10 de la Ley 393 de 1997. De esta manera, su análisis probatorio fue arbitrario y violó sus garantías constitucionales. Asimismo, destacaron que no se tuvieron en cuenta las decisiones de cierre del Consejo de Estado relativas a los estándares mínimos para acreditar la constitución en renuencia, así como la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En igual sentido, afirmaron que existió una « poca o nula motivación en la decisión final».

2.3. Trámite procesal

18. El despacho de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 24 de junio de 2025 4, admitió la solicitud de amparo, vinculó al municipio de Montelíbano (Córdoba) y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería, tuvo como pruebas las aportadas con la tutela, y ofició al Juzgado para que remitiera copia del expediente del medio de control de cumplimiento.

19. El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del municipio de Montelíbano indicó que la solicitud de amparo se dirigía contra una providencia judicial y manifestó que

que remitiera copia del expediente del medio de control de cumplimiento.

19. El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del municipio de Montelíbano indicó que la solicitud de amparo se dirigía contra una providencia judicial y manifestó que compartía la decisión de conformidad con las sentencias que han dispuesto cómo debe cumplirse el requisito previo de constitución en renuencia. En consecuencia, se opuso a las pretensiones de los accionantes , y solicitó declarar improcedente este amparo5.

20. La magistrada del Tribunal Administrativo de Córdoba expresó que la parte actora acudió a la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia para cuestionar la interpretación normativa y probatoria que se aplicó al caso concreto.

No obstante, el Consejo de Estado de forma reiterada ha manifestado que el juez de tutela no tiene la competencia para reemplazar al de la causa. De este modo, la

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, exp. 47001-23-31-000-2011-00024-01. Allí de forma expresa se indicó lo que sigue: « El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está́ sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento. (...)».

contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento. (...)». 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03927-00, índice 4. 5 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-03927-00, índice 8, 853ED0A630F949E2 8089086BA60122B4 097CAF76CB234662 DFD9A288C9B3FE69.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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acción de la referencia no cumplió con el requisito de relevancia constitucional. Así, pidió que se negara el amparo reclamado6.

21. Luego de que el expediente ingresó al despacho, la parte accionante allegó memorial para aportar una prueba sobreviviente con el fin de acreditar que cumplió con el requisito de constitución en renuencia. En particular, el certi ficado suscrito

21. Luego de que el expediente ingresó al despacho, la parte accionante allegó memorial para aportar una prueba sobreviviente con el fin de acreditar que cumplió con el requisito de constitución en renuencia. En particular, el certi ficado suscrito por la personera municipal de Montelíbano, el 5 de junio de 2025, según el cual esta funcionaria asistió a la reunión sobre la formalización y socialización del convenio y se le extendió la invitación al alcalde, como consta en el acta que se radicó ante la alcaldía . En estos términos, adujo que ello constituía renuencia por parte del alcalde7. Igualmente, el Juzgado aportó el expediente solicitado8.

2.4. Sentencia de primera instancia

22. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 17 de julio de 2025 en la que declaró improcedente el amparo, por no superar el requisito general de relevancia constitucional.

23. En concreto, sostuvo que la controversia planteada por los actores implicaba una reapertura del asunto ya resuelto en sede ordinaria, toda vez que sus argumentos estaban dirigidos a demostrar que las pruebas que aportadas sí acreditaban el cumplimiento del requisito de constitución en renuencia. En particular, al verificar la sentencia objeto de tutela, el Tribunal advirtió que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado , la constitución en renuencia no se limitaba a la presentación de un escrito de petición, sino que de bía desprenderse de la solicitud que su propósito era precisamente la constitución en renuencia.

24. Bajo este entendido, la autoridad analizó el contenido del escrito del 8 de octubre

de un escrito de petición, sino que de bía desprenderse de la solicitud que su propósito era precisamente la constitución en renuencia.

24. Bajo este entendido, la autoridad analizó el contenido del escrito del 8 de octubre de 2024, así como el acta del 24 de octubre siguiente, y concluyó que en el primero se solicitó que se instaurara una mesa de diálogo; mientras que, en el segundo, constaba la reunión celebrada por miembros del resguardo Zenú Panzenú. En consecuencia, ninguno de estos dos documentos acreditaba la constitución en renuencia.

25. Por su parte, el Tribunal puso de presente que, pese a que dictaba esa decisión en sentencia, esta no hacía tránsito a cosa juzgada en tanto no versaba sobre el fondo del asunto. Por ende, las razones que motivaron la solicitud de amparo carecían de una perspectiva constitucional, porque se fundaron en la interpretación

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-03927-00, índice 9, E1998F90138BA734 FF85AF7E6997D3B4

6A1FA25BABE6CA3A 054B430917DEA7F9. 7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-03927-00, índice 12, 2FCB459BEF53424E A7DBFF0323AD58D4

655B098C7F495814 830EE882705196B7. 8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-03927-00, índice 13, DAA845F4BBC7ECF3 14576D1ACD51A9FB

655B098C7F495814 830EE882705196B7. 8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-03927-00, índice 13, DAA845F4BBC7ECF3 14576D1ACD51A9FB 180F49F90505808F 1D6A57D2194F51B0.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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que los actores pretend ían se les otorgara a las pruebas referidas, pese a que la parte accionada resolvió de manera razonable.

26. Dicho en otras palabras, los accionantes buscaban un examen integral de todos los argumentos planteados en el proceso para que se corrigiera el análisis y se acogiera la interpretación que proponen. En este orden, en los términos en que lo indicó el Tribunal , los demandantes podían agotar el requisito de constitución en renuencia y volver a interponer el medio de control correspondiente9.

2.5. Impugnación

27. La parte actora expresó que como el asunto involucraba sujetos de especial

renuencia y volver a interponer el medio de control correspondiente9.

2.5. Impugnación

27. La parte actora expresó que como el asunto involucraba sujetos de especial protección constitucional , los requisitos de procedibilidad debían analizarse de forma menos rigurosa, máxime cuando se adv ertía un daño irreparable e irremediable que impactaba a las nueve comunidades indígenas del p ueblo Zenú Así, existía una afectación del derecho al territorio ancestral entre otros derechos.

28. En concreto, destacó que la inobservancia del deber de formalizar el convenio interadministrativo violaba el artículo 87 de la Ley 2056 de 2020 , y se refirió a las garantías de las que son titulares los pueblos indígenas. Igualmente, destacó que , a diferencia de lo considerado en primera instancia, el asunto s í era de relevancia constitucional.

29. En línea, planteó que la inasistencia del alcalde de la convocatoria del 24 de octubre era un indicativo de la renu encia a la formalización del convenio y refirió que se dejó de valorar la constancia emitida por una personera municipal que goza del carácter de documento público. Por ende, cumplió con el requisito de constitución en renu encia. En consecuencia, solicitó revocar el fallo de primera instancia, con el fin de que se ampararan sus derechos10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 17 de julio de 2025.

9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03927-00, índice 15. 10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03927-00, índice 19.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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3.2. Cuestión preliminar

31. La Sala precisa que la parte actora utilizó el recurso de impugnación para invocar nuevos derechos de los que son titulares las comunidades indígenas. No obstante, la demanda de tutela se interpuso por los actores en nombre propio.

Además, en ella se invocó una protección específica con mención concreta a determinados derechos . Por tanto, el pronunciamiento debe estar limitado a la

obstante, la demanda de tutela se interpuso por los actores en nombre propio. Además, en ella se invocó una protección específica con mención concreta a determinados derechos . Por tanto, el pronunciamiento debe estar limitado a la protección puntualmente reclamada en el escrito inicial, de conformidad con los argumentos que hicieron parte de este.

3.3. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa por activa de los señores Roberto Salvador Teherán

Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, José Silvestre Berrocal Pacheco, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto y Fernando Antonio Villalobos Ramos está acreditada, por cuanto fueron accionantes en la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de cumplimiento. Por tanto, son los titulares de los derechos fundamentales que consideraron vulnerados. No obstante, no ocurre lo mismo respecto del señor Álvaro Alcides Crespo Hernández, quien no demostró que hubiera participado en el proceso objeto de tutela, por lo que la Sala declarará su falta de legitima ción en la causa por activa para comparecer a este trámite.

33. La legitimación en la causa por pasiva está demostrada por cuanto el Tribunal Administrativo de Córdoba fue la autoridad que profirió la providencia del 22 de mayo de 2025 que, según la parte actora, vulneró sus garantías fundamentales.

3.4. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de

3.4. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.

En particular, deberá establecer si se superó este , y los restantes requisitos de procedibilidad. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del prec edente judicial y decisión sin motivación y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03927-01

Accionantes: Roberto Salvador Teherán Bedoya, Alberto José Burgos López, Francismo Manuel Hoyos Vega, Primitivo Manuel Garcés Martínez, Rodrigo Antonio Fabra Urango, Yoner Eliecer Causil Tirado, Yelixa Méndez Pinto, Fernando Antonio Villalobos Ramos, José Silvestre Berrocal Pacheco y Álvaro Alcides Crespo Hernández

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3.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura

35. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un u so abusivo de este mecanismo constitucional12.

36. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

37. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 13 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

38. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere

la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

38. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento de precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 12