CE - Sentencia 11001031500020250394101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: FUNDACIÓN HILO SOCIAL

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida y se pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ejecutivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante, en contra de la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 20 de junio de 2025, a través de apoderado, la Fundación Hilo Social presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El 18 de junio de 2019, la Fundación Hilo Social y el Distrito de Cartagena, celebraron un convenio de asociación No. 3992.

3. El 6 de diciembre de 2019, se firmó la adición No. 01 al Convenio de Asociación inicial. Allí se adicionaron unas actividades a la Fundación Hilo Social, así como el aporte por parte del Distrito de Cartagena de ciento veinte millones de pesos

($120.000.000).

1 Que ingresó para fallo el 28 agosto de 2025. 2 “el objeto del contrato consistía en aunar esfuerzos para el desarrollo de las campañas de separación en la fuente y de higiene de áreas públicas e implementación de estrategias para residuos de demolición y planes permanentes de educación en la zona insula r dentro del PGIRS, estableciéndose como valor del contrato las suma de $1.500.657.142, oo”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

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4. La accionante manifestó que dicha Fundación Hilo Social cumplió a satisfacción el objeto del contrato. Motivo por el cual, a través de oficio del 30 de diciembre de 2019 realizó la entrega del producto y recibido por el Distrito.

5. Del mismo modo, la Fundación Hilo Social presentó ante la Alcaldía Distrital de

el objeto del contrato. Motivo por el cual, a través de oficio del 30 de diciembre de 2019 realizó la entrega del producto y recibido por el Distrito.

5. Del mismo modo, la Fundación Hilo Social presentó ante la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias una factura de venta No. 00006 del 30 de diciembre de 2019 y con el fin de que se hiciera efectivo el pago correspondiente al adicional No. 01 del Convenio de Asociación No. 399 de 2019. Situación que asciende a ciento veinte millones de pesos ($120.000.000).

6. El 30 de diciembre de 2019, la supervisora del contrato, en su condición de Secretaria General del Distrito de Cartagena certificó el cumplimiento de las obligaciones contraídas y por medio del oficio AMC-OFI-0164433-2019 autorizó el pago de la obligación pendiente. No obstante el Distrito, no efectuó pago alguno respecto del adicional No. 01 al Convenio de Asociación No. 399 del 18 de junio de

2019.

7. Motivo por el cual, mediante apoderado judicial, la Fundación Hilo Social presentó una demanda ejecutiva contra el Distrito de Cartagena con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de $120.000.000 pesos correspondiente a la adición del contrato.

8. La primera instancia le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena quien mediante providencia del 21 de marzo de 2023 resolvió

(i) declarar no probada la excepción de mérito propuesta por el Distrito de Cartagena de Indias; (ii) ordenó seguir adelante la ejecución por la suma de ciento veinte

(i) declarar no probada la excepción de mérito propuesta por el Distrito de Cartagena de Indias; (ii) ordenó seguir adelante la ejecución por la suma de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) más intereses de mora de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993; (iii) ordenó la liquidación del crédito de acuerdo con el artículo 446 del CGP; y (iv) condenó en costas a la entidad demandada, las agencias en derecho de acuerdo a lo establecido en el acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, las cuales se fijaban en un 6%.

9. Contra dicha decisión, la parte ejecutada interpuso recurso de apelación. A través de providencia del 17 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar quien tomó las siguientes determinaciones: (i) revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepción de “falta de exigibilidad de los títulos ejecutivos aportados con la demanda” propuesta por el Distrito de Cartagena. Así mismo negó las pretensiones de la demanda; (ii) no condenó en costas de segunda instancia; y (iii) ordenó que una vez en firme la providencia se devolviera al juzgado de origen.

10. Lo anterior bajo el argumento de que la parte ejecutada no cumplió con el requisito de exigibilidad del título ejecutivo, ya que la factura No. 18762011363195 del 20 de noviembre de 2018 expedida por la Fundación Hilo Social a nombre del Distrito Cartagena por el concepto del adicional convenio de asociación No. 399 de

requisito de exigibilidad del título ejecutivo, ya que la factura No. 18762011363195 del 20 de noviembre de 2018 expedida por la Fundación Hilo Social a nombre del Distrito Cartagena por el concepto del adicional convenio de asociación No. 399 de 2019 por la suma de $120.000.000, no fue presentada o radicada ante la entidad estatal. De otra parte, el oficio AMC-OFI-0164433-2019 del 30 de diciembre de 2019, no acredita la radicación de la factura No. 18762011363195 del 20 deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

3 noviembre de 2018, toda vez que el contenido de esta solo hace alusión a la cuenta de cobro presentada por la ejecutante, mas no hace referencia al valor correspondiente. Por último, no operó la aceptación tácita de la factura, dado que la misma presupone que se haya entregado la factura al comprador. Lo anterior de acuerdo con el numeral 2 del artículo 774 del Código de Comercio, pero no se cumplió debido a que no se advierte en la factura, una fecha de recibo, el nombre, la identificación o la firma de quien era el encargado de recibirla.

Pretensiones

11. Solicita la parte accionante lo siguiente [transcripción textual]:

“PRIMERA: Que declaren vulnerados los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de la FUNDACIÓN HILO SOCIAL por la SALA DE DECISIÓN

N° 7 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR.

DEBIDO PROCESO y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de la FUNDACIÓN HILO SOCIAL por la SALA DE DECISIÓN

N° 7 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR.

SEGUNDA: Que se tutelen los derechos fundamentales conculcados a la tutelante declarando judicialmente y que se anule el fallo de 17 de mayo de 2024 notificado el 9 de abril de 2025, proferido con la SALA DE DECISIÓN N° 7 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, teniendo en cuenta la indebida interpretación de las pruebas y falsas motivaciones contenidos en dicha providencia judicial.

TERCERA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito a su digno despacho, ordenar todo lo que en derecho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de la fundación que represento.

CUARTA: A fin de no violentar el debido proceso de los terceros con interés directo y todos aquellos que deben ser vinculados al presente trámite; solicito la vinculación formal de todos los sujetos procesales vinculados dentro del proceso con radicado 13001-33-33-008-2022-00302-00, y de todas aquellas personas que se sientan afectadas por la defensa de los DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES de mi representada.

QUINTA: De considerarse viable la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para la parte tutelante, solicito se estudie la protección constitucional de los mismos como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; toda vez que existen evidentes VÍAS DE HECHO, las cuales deberán ser declaradas judicialmente”3.

constitucional de los mismos como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; toda vez que existen evidentes VÍAS DE HECHO, las cuales deberán ser declaradas judicialmente”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al señalar que se presentaron errores en la identificación de la entidad que suscribió la certificación de cumplimiento del contrato No. 399 de

2019. Alegó que la Secretaría General del Distrito de Cartagena emitió dicho

3 Ver demanda de tutela en la pág. 15.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

4 documento de validación, aunque no por la Secretaría de Hacienda como se afirmó en la sentencia, lo cual afecta la legitimidad del título presentado para el cobro judicial. Además, se advirtió una falta de correspondencia entre la factura utilizada como fundamento de la demanda ejecutiva y el título valor realmente presentado, lo que genera una incongruencia en la decisión judicial. También invocó el artículo 774 del Código de Comercio y el Decreto 3327 de 2009, bajo la idea de que la interpretación normativa debe ser integral y considerar tanto los requisitos legales como los acuerdos contractuales, pues ignorarlos compromete la justicia y la validez de los contratos públicos.

13. Por otra parte, se argumentó que el Distrito de Cartagena aceptó tácitamente la factura, al legitimar el derecho al cobro por el servicio prestado. Sin embargo, la

de los contratos públicos.

13. Por otra parte, se argumentó que el Distrito de Cartagena aceptó tácitamente la factura, al legitimar el derecho al cobro por el servicio prestado. Sin embargo, la compañía tutelante consideró que el fallo de segunda instancia resulta contradictorio al validar la factura en un contexto contractual y, al mismo tiempo, cuestionarla por aspectos no estipulados en el contrato. En la tutela, se señaló un error adicional al atribuir a la Secretaría de Hacienda el envío de documentos que fueron remitidos por la Secretaría General, y se menciona una factura inexistente en el proceso, lo que debilita la decisión judicial. Finalmente, sostuvo que su demanda de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, y se configura una vía de hecho por presunta vulneración al debido proceso, apoyándose en jurisprudencia constitucional como las sentencias SU-060 de 2021, SU-195 de 2012, T-094 de 2013 y T-283 de 2013.

Trámite en primera instancia

14. A través de auto del 27 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 7 como accionado; al juez octavo administrativo de Cartagena, al alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias como terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena para que allegara copia digital del expediente del proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-008-2022-00302-00/01 y reconoció

interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena para que allegara copia digital del expediente del proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-008-2022-00302-00/01 y reconoció personería adjetiva al abogado Sergio de Jesús Girado Guzmán como apoderado de la parte demandante.

Intervenciones

15. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena sostuvo que la posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través de la acción de tutela es de alcance excepcional y restringido. Por ello existen unos requisitos generales para que proceda la acción de tutela, tal como se mencionan en la sentencia SU-103 de

2022.

16. En lo que se refiere a la vía de hecho transcribió un aparte de la SU-659 del 2015 de la Corte Constitucional y 11001 -03-15-000-2013-02267-00 del Consejo de Estado. Además, precisó que el proceso adelantado ante ese Juzgado al igual que su decisión se enmarcó dentro del campo de interpretación legal que es propio del juez y no constituye ninguna vía de hecho. Por tanto, no cualquier error cometidoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

5 por el juez en el curso del proceso tiene el carácter de vía de hecho, porque entenderlo de esa manera implicaría al ritualismo que sacrifica a la forma los valores de fondo que deben realizarse en todo trámite judicial. Por tales motivos solicitó que

5 por el juez en el curso del proceso tiene el carácter de vía de hecho, porque entenderlo de esa manera implicaría al ritualismo que sacrifica a la forma los valores de fondo que deben realizarse en todo trámite judicial. Por tales motivos solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Además, compartió el enlace del expediente4.

17. El Tribunal Administrativo de Bolívar señaló que, por regla general, la acción de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, dado que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso impiden que esta se convierta en una instancia adicional. En el caso concreto, el Tribunal concluyó que no se configuró una vulneración al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia, ya que se garantizó un trámite adecuado y se realizó un análisis jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos del accionante.

18. Adicionalmente, el Tribunal justificó su decisión de segunda instancia en que el título ejecutivo presentado no cumplía con el requisito de exigibilidad. La factura No. 18762011363195 no demostró haber sido radicada ni aceptada por la entidad ejecutada, pues no contenía elementos como fecha de recibo, firma o identificación del receptor, conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Tampoco se acreditó la aceptación expresa o tácita de la factura. Por lo tanto, el título complejo carecía de fuerza ejecutiva. Finalmente, se desestimó el argumento del accionante sobre la necesidad de nuevos certificados presupuestales, ya que estos constaban en el expediente

19. El alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no intervino pese a estar notificado5.

La sentencia de primera instancia

necesidad de nuevos certificados presupuestales, ya que estos constaban en el expediente

19. El alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no intervino pese a estar notificado5.

La sentencia de primera instancia

20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 24 de julio

de 2025, resolvió:

“1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por Cartagena de Indias

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la fundación Hilo Social, conforme a lo expuesto en esta providencia.

(…)”6.

21. El juez de primera instancia verificó que la acción de tutela cumpliera con los requisitos generales de procedencia frente a providencias judiciales, especialmente en lo relativo a la relevancia constitucional del caso. Consideró que no se trataba de una instancia adicional, dado que las decisiones de primera y segunda instancia 4 El enlace es el siguiente: 13001333300820220030200 Ejecutivo - OneDrive 5 Se notificó el 2 de julio de 2025, a los correos electrónicos

notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co y alcalde@cartagena.gov.co. 6 Obra en certificado CB7414863C836FE2 4289477BAF323D11 A91B5126902BA27A C5E22AEC7E0CA3EC, pág. 11, índice 16 del expediente digital de tutela 11001031500020250394100Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

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Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

6 fueron contradictorias, sin que se introdujeran nuevos argumentos legales o económicos. Además, se cumplió con la carga argumentativa exigida. En cuanto a los defectos fáctico y sustantivo alegados, estos fueron analizados de manera conjunta. Al respecto, la autoridad judicial compartió la conclusión del Tribunal demandado relacionada con la negativa de entender probada la excepción de falta de exigibilidad de los títulos aportados, tras revisar las pruebas del expediente.

22. La autoridad judicial demandada, en sentencia del 17 de mayo de 2024, determinó que el título ejecutivo no cumplía con los requisitos de exigibilidad, ya que la factura No. 18762011363195 no fue acreditada como radicada ante la entidad ejecutada. Además, ese documento no contenía fecha de recibo, firma ni identificación del receptor, conforme al artículo 774 del Código de Comercio.

Además, el oficio AMC-OFI-0164433-2019 no acreditaba la recepción ni el valor de la cuenta de cobro. La parte actora también alegó que la factura objeto de recaudo era otra (No. 00006 del 30 de diciembre de 2019), pero esta no fue aportada al expediente, mientras que la factura presentada sí se relacionaba con la obligación pretendida, aunque sin cumplir los requisitos probatorios exigidos.

23. Finalmente, la Sala consideró razonable la interpretación del Tribunal Administrativo de Bolívar al concluir que el título ejecutivo no era exigible, ya que no se probó la debida radicación de la factura ante el Distrito de Cartagena. Esta

23. Finalmente, la Sala consideró razonable la interpretación del Tribunal Administrativo de Bolívar al concluir que el título ejecutivo no era exigible, ya que no se probó la debida radicación de la factura ante el Distrito de Cartagena. Esta conclusión se basó en el análisis del material probatorio y en la aplicación de los principios de autonomía judicial y sana crítica. Además, se recordó que el artículo 774 del Código de Comercio exige que las facturas incluyan la fecha de recibido y la identificación del receptor, y que la cláusula segunda de la adición al convenio 399 de 2019 condicionaba el pago a la presentación de la factura, requisito que no fue acreditado por la parte demandante.

La impugnación

24. Contra la decisión precitada la Fundación Hilo Social, por conducto de apoderado, presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior

Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo del Bolivar, con ocasión deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

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7 la expedición de la sentencia del 17 de mayo de 2024, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante al no valorar en debida forma las pruebas obrantes en el proceso ejecutivo lo que conllevó a errores sustanciales que afectaron la objetividad, racionalidad, legalidad y motivación de la sentencia?

27. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causale s genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales

importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causale s genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11, ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-12; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando

sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

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8 decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

30. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su

de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

30. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

31. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.

32. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la ap licación y el desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

33. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una

33. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

34. En el presente asunto se decide la impugnación presentada por Fundación Hilo Social contra la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sin embargo, la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

35. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en una indebida valoración probatoria, al no tener en cuenta los hechos del caso, e

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 15 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03941-01

Accionante: Fundación Hilo Social Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

9 incluso confundir a la entidad responsable. Así como tampoco tuvo en cuenta la factura 18762011363195 del 20 de noviembre de 2018 de manera adecuada y

Referencia: Acción de tutela (Sentencia de segunda instancia)

9 incluso confundir a la entidad responsable. Así como tampoco tuvo en cuenta la factura 18762011363195 del 20 de noviembre de 2018 de manera adecuada y exigible según el Código de Comercio. Lo cual conllevó a errores sustanciales, además de no atender los c riterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación.

36. Al respecto, se tiene que, en la decisión enjuiciada, la autoridad judicial

accionada consideró lo siguiente:

Advierte la Sala que el artículo 772 y siguientes del Código de Comercio, modificados por la Ley 1231 de 2008, establecen que la factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio, el cual, debe corresponder a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito, y puede ser física o electrónica, dependiendo del medio en el que se expida.

El artículo 774 ibidem establece que la factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 de dicho Código17, y 61718 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

(…)

A su turno, el Decreto 3327 de 2009, por medio de la cual se reglamentó parcialmente la Ley 1231 de 2008, estableció que la factura de venta de bienes o de prestación de servicios, debe cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 3°23 de la Ley 1231 de 2008. Sin embargo, la omisión

parcialmente la Ley 1231 de 2008, estableció que la factura de venta de bienes o de prestación de servicios, debe cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 3°23 de la Ley 1231