CE - Sentencia 11001031500020250396301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Parte actora: Gilma Torres Varón y otro Parte accionada: Tribunal Administrativo del Tolima Radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se confirma el amparo.

Vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La autoridad accionada incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente jurisprudencial

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnaci ón interpuesta por el Tribunal Administrativo de l Tolima contra el fallo de tutela de 25 de julio de 2025, mediante el cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó l os derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. En el año 2017, la parte accionante en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios que les fueron causados , con ocasión de la ejecución

reparación directa presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios que les fueron causados , con ocasión de la ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez por miembros del Batallón de Infantería No. 18 de la ciudad de Ibagué del Ejército Nacional.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, en sentencia de 30 de noviembre de 2020, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la demandada del homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez y, en consecuencia, la condenó al pago de perjuicios morales, entre otras medidas de reparación integral.

1.3. Inconforme con la anterior decisión, tanto el extremo demandante como la entidad demandada presentaron recurso de apelación.

1.4. Mediante sentencia de 21 de noviembre de 2024 , el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la sentencia de primera instancia , al declarar de oficio la caducidad del medio de control.

1.5. La decisión anterior fue dejada sin efectos mediante fallo de tutela de 20 de febrero de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en consecuencia, se ordenó al tribunal accionado proferir un

1.5. La decisión anterior fue dejada sin efectos mediante fallo de tutela de 20 de febrero de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en consecuencia, se ordenó al tribunal accionado proferir un fallo de reemplazo que tuviera en cuenta que, conforme el precedente unificado del Consejo de Estado el término de caducidad se debe empezar a contar desde el momento en que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de los agen tes estatales, no desde la ocurrencia del hecho dañoso.

1.6. El 29 de mayo de 2025 , el Tribunal Administrativo del Tolima dictó sentencia de reemplazo resolviendo revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad, al considerar que desde el mes de enero de 2013 la parte accionante “[…] tenía conocimiento del daño y de su imputabilidad a la entidad demandada […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en la vulneración de su s derechos fundamentales alegados, por haber incurrido en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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Respecto del defecto fáctico explicó que el fallo cuestionado interpretó equivocadamente el material probatorio contenido en el expediente, toda vez

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Respecto del defecto fáctico explicó que el fallo cuestionado interpretó equivocadamente el material probatorio contenido en el expediente, toda vez que, del acta de información de los derechos de las víctimas de enero de 2013 no se puede inferir la realidad procesal concreta respecto de la responsabilidad penal de miembros del Ejército Nacional.

Igualmente, recordó que el proceso penal contra agentes del Estado avanzó únicamente desde el año 2014 y se consolidó una tesis de responsabilidad hasta el año 2017.

Enfatizó que en ningún momento estuvo “[…] en debate que la investigación penal siempre tuvo presente que la muerte del señor MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ fue a manos del Ejército Nacional, por lo cual, eso no era un misterio por descubrir, pero no es cierto que la señora GILMA TORRES VARÓN para la fecha del 11 de enero de 2.013, podía anticipar o conocer que la muerte de su ser querido fue ilegitima, y que podía imputarle el daño antijuridico al Estado, no existe una sola evidencia de eso, menos por la simple firma de una fotocopia, que no significó nada para la accionante […]”.

Adujo que el tribunal accionado se equivocó “[…] al pretender exigir que una mujer desparada tenía que acceder a demandar cuando firmó una hoja que dice contener unas letras que hablan de derechos y que por ese solo acto, se supone que ya debía acceder al expediente penal que estaba bajo custodia de una Fiscal en la capital del Tolima, en un edificio lujoso, que la señora GILMA TORRES VARÓN ni siquiera conocía y menos sabía cómo proceder, quien no

supone que ya debía acceder al expediente penal que estaba bajo custodia de una Fiscal en la capital del Tolima, en un edificio lujoso, que la señora GILMA TORRES VARÓN ni siquiera conocía y menos sabía cómo proceder, quien no tenía la capacidad económica para contratar un abogado, cuando difícilmente conseguía el sustento para su hij a menor de edad y sus padres ancianos, razones suficientes para que el Honorable Consejo de Estado, analice si verdaderamente esta víctima para ese año 2.013 estaba obligada a demandar, menos cuando ni siquiera la Fiscal delegada había empezado la investigación penal con la individualización e identificación de los militares responsables […]”.

Advirtió que para el año 2013 no se conocía la identidad de las personas queNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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habían participado en el homicidio de la víctima , por lo que la conclusión del tribunal accionado no encuentra sustento en el contenido del acta de derechos de las víctimas.

Afirmaron que: “[….] no era posible que la demandante GILMA TORRES VARÓN, anticipe un daño antijuridico con la simple firma de un formato que ni siquiera le fue leído o explicado, además, que dicho documento no constituye para nada un requisito de obligatoriedad para acceder a demandar, menos cuando la investigación estaba empezando y no existía un conocimiento claro soportado en elementos de convicción sobre la responsabilidad penal de algún

para nada un requisito de obligatoriedad para acceder a demandar, menos cuando la investigación estaba empezando y no existía un conocimiento claro soportado en elementos de convicción sobre la responsabilidad penal de algún militar, es más, ni siquiera estaban vinculados a la indagación, cuando lo que sí existían eran dudas, por lo cual, tampoco estaba obligada para acceder al expediente penal y menos tenía conocimiento o los medios para hacerlo […]”.

También se reprochó que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta la dificultad de la investigación penal de las ejecuciones extrajudiciales y del fenómeno de impunidad que rodeó dicha práctica. En el caso concreto solo se pudo conocer pues, una de las personas responsables del homicidio de la víctima rompió el pacto de silencio y delató a los demás responsables.

En relación con el defecto sustantivo, indicaron que se desconocieron los estándares constitucionales e interamericanos respecto a las condiciones necesarias para demandar al Estado por la comisión de un delito de lesa humanidad. En tal sentido, precisaron que, “[…] de haber demandado en ese entonces, con seguridad sus pretensiones hubieran sido despachadas desfavorablemente por la falta de pruebas que muestren un daño antijuridico imputable al Estado, pues solo con el paso de los años, fue que los militare s implicados fueron vinculados al proceso penal ordinario y sancionados penalmente, toda vez que la Jurisdicción Penal Militar los absolvió por estos hechos […]”.

En cuanto al desconocimiento del precedente adujo que el tribunal accionado desatendió las pautas y requisitos que deben ser observados por los jueces

penalmente, toda vez que la Jurisdicción Penal Militar los absolvió por estos hechos […]”.

En cuanto al desconocimiento del precedente adujo que el tribunal accionado desatendió las pautas y requisitos que deben ser observados por los jueces para el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparaciónNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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directa cuando se pretende la reparación por delitos de lesa humanidad.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que sean AMPARADOS y/o TUTELADOS, los derechos fundamentales invocados derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado a favor de la señora GILMA TORRES VARÓN Y OTRO., los cuales fueron vulnerados dentro del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, por la decisión de segunda instancia del 29 de mayo de 2.025, bajo el Radicado No. 7300133-33-005-2017-00389-01, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, PONENTE: MAG ISTRADO LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, quien REVOCÓ la sentencia de primera instancia fallada por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA, declarando de oficio la excepción

EDUARDO COLLAZOS OLAYA, quien REVOCÓ la sentencia de primera instancia fallada por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA, declarando de oficio la excepción de caducidad.

En consecuencia, de lo anterior,

SEGUNDA: Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 29 de mayo de 2.025, bajo el Radicado No. 73001 -33-33-005-2017-0038901, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, PONENTE: MAGISTRADO LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, y en su lugar, se ordene al accionado dictar una nueva decisión acogiendo los

siguientes puntos:

▪ Garantizar los derechos invocados por las accionantes efectuando un análisis juicioso de la CADUCIDAD del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA citado, desde una perspectiva favorable y flexible a los intereses de las víctimas por tratarse de un delito grave que se constituye de lesa humanidad.

▪ Que se realice un análisis juicioso del material probatorio obrante en el proceso por tratarse de un caso particular debido a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, donde hubo participación de la RIME 5 con el aporte de in teligencia para fraguar la

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL U HOMICIDIO EN PERSONA

PROTEGIDA del señor MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ.

▪ Que se realice un análisis riguroso dando aplicación al CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, de conformidad a lo presupuestado por el

PROTEGIDA del señor MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ.

▪ Que se realice un análisis riguroso dando aplicación al CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, de conformidad a lo presupuestado por el Honorable Consejo de Estado en la Sentencia No. 202100097 -01, SENTENCIA DE REVISIÓN DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – SU-312, la cual no estableció una regla de unificación / FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑANúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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PLATA Bogotá D.C., del treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2.021), Radicación número: 11001 -03-15-000-2021-00097-01, Actor:

CASTAÑEDA TÉLLEZ Y OTROS.

TERCERA: Que se ordene por la Secretaría General, se libren las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991

[…]”.

II. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó negar el amparo deprecado por la parte accionante al considerar que la vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte actora es inexistente.

II. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó negar el amparo deprecado por la parte accionante al considerar que la vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte actora es inexistente.

Explicó que la providencia cuestionada se produjo después de un fallo de tutela de la Sección Quinta de esta Corporación que, como juez constitucional, ordenó proferir una decisión que tuviera en cuenta las dificultades que tuvo la tutelante para conocer t odos los elementos de la responsabilidad de las entidades demandadas.

Advirtió que, conforme el material probatorio obrante en el proceso de reparación directa se podía concluir razonadamente que, desde enero de 2013 cuando la Fiscalía General de la Nación leyó a la tutelante el acta de derechos de las víctimas, las accionantes tuvieron acceso a la información que les hubiera permitido demandar al Ejército Nacional.

2. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional rindió informe en el que manifestó que la presente acción de tutela carece de relevancia constitucional porque se está utilizando como una instancia adicional al proceso contencioso.

Adujo que la decisión acusada no vulneró los derechos fundamentales porque se fundamentó en un análisis de todas las pruebas obrantes en el proceso que le permitió a la autoridad accionada concluir que los demandantes tuvieron conocimiento de la causa de la muerte del señor Marco Fidel Ángel Sánchez desde el mes de enero de 2013.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

conocimiento de la causa de la muerte del señor Marco Fidel Ángel Sánchez desde el mes de enero de 2013.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo de 25 de julio de 2025, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y le ordenó proferir una nueva decisión.

Como sustento de lo anterior, el a quo sostuvo que “[…] el razonamiento del Tribunal Administrativo, conforme al cual, la entrega del acta de derechos de las víctimas es el momento desde el que debía contabilizarse el término de caducidad resulta carente de razonabilidad, pues se trata de una fotocopia genérica que no informa el contenido concreto del avance de las investigaciones penales y la identificación de los responsables, pero especialmente, que el homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez no fue una baja legítima en combate y que fue responsabilidad de agentes estatales […]”.

En adición a lo anterior, expuso que:

“[…] No se trata de que las tutelantes tuvieran que conocer el nombre de las personas que cometieron el ilícito, esto pues la responsabilidad estatal es anónima, pero si resultaba fundamental conocer elementos de tiempo,

En adición a lo anterior, expuso que:

“[…] No se trata de que las tutelantes tuvieran que conocer el nombre de las personas que cometieron el ilícito, esto pues la responsabilidad estatal es anónima, pero si resultaba fundamental conocer elementos de tiempo, modo y lugar, respecto a que la muerte de Marco Fidel ángel Sánchez fue resultado de una operación ilegal dirigida a engañar a la víctima, ponerla en estado de indefensión y permitir ser asesinada por agentes estatales. Para lo anterior, resultaba necesario el avance de las investigaciones penales, las cuales, solo se produjeron después de la delación del particular (denominado civil reclutador) que en abril de 2014 decidió delatar a los agentes oficiales que participaron en el homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez.

Resulta relevante que, el acta de derechos de las víctimas que utilizó el Tribunal accionado como inicio del término de caducidad, en efecto, es una fotocopia genérica que no contiene información concreta sobre el carácter ilegítimo del homicidio de la víctima. Como ya se expuso dentro de esta providencia al momento de examinar la relevancia constitucional, la fotocopia del acta de derechos de las víctimas es un documento genérico que informa el contenido del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, pero no ofrec e información que permita de manera seria y adecuada iniciar el medio de control de reparación directa. […]”.

A partir de lo expuesto, el juez de primera instancia concluyó que el TribunalNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

iniciar el medio de control de reparación directa. […]”.

A partir de lo expuesto, el juez de primera instancia concluyó que el TribunalNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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Administrativo del Tolima le dio un alcance que no tiene a una fotocopia , por lo que incurrió en defecto fáctico.

Adicionalmente, consideró que el tribunal accionado incurrió en desconocimiento del precedente al desconocer “[…] la regla hermenéutica fijada en la Sentencia SU -241 de 2024, que establece la imposibilidad de condenar en costas a la parte demandante, pero especialmente, porque la providencia cuestionada, no solo ignoró todo el precedente judicial posterior a la senten cia de unificación de 29 de enero de 2020, sino, especialmente, porque en la providencias como los fallos SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024 se f ijaron reglas que todo juez administrativo debe conocer respecto del momento para presentar la demanda de reparación directa respecto a casos de ejecuciones extrajudiciales cuyas víctima fueron civiles presentados como bajas en combate […]”.

En tal sentido, precisó que las anteriores “[…] reglas jurisprudenciales exigen aplicar un enfoque flexible respecto de este requisito, pero especialmente, observar con adecuada atención la información concreta con la que contaban las víctimas al momento de presentar la demanda de reparación directa. Se

aplicar un enfoque flexible respecto de este requisito, pero especialmente, observar con adecuada atención la información concreta con la que contaban las víctimas al momento de presentar la demanda de reparación directa. Se itera no es serio ni constitucional exigir a las víctimas que acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa únicamente con sospechas o rumores, y sin los medios de prueba suficientes para desvirtuar discursos oficiales que negaron tan graves hechos […]”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Tolima impugnó el fallo del a quo, al considerar que la decisión adoptada se encuentra ajustada a derecho, en tanto se fundamentó en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se “[…] estableció que para computar el término de caducidad es necesario determinar que el interesado tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en los hechos que dieron lugar al daño, esto es, el grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros y que el Estado estuvo implicadoNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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en la misma, sin que ello requiera de la individualización o sanción penal del agente que ocasionó el daño, sino simplemente el conocimiento de la intervención de una autoridad […]”.

Advirtió que “[…] la actora no acreditó que se encontrara ante una barrera para

agente que ocasionó el daño, sino simplemente el conocimiento de la intervención de una autoridad […]”.

Advirtió que “[…] la actora no acreditó que se encontrara ante una barrera para acceder a la administración de justicia, por el contrario, a partir del 11 de enero de 2013 la Fiscalía General de la Nación le dio a conocer sus derechos como víctima dentro del proceso penal q ue se adelantaba por el homicidio de su compañero permanente, lo cual le daba derecho a acceder al expediente penal, en el que reposan informes del ejército y demás documentos que le permitían inferir una posible participación del Estado en el hecho dañoso, sin que se requiera la individualización o sanción penal de quien lo cometió, y en ese sentido, podía acudir a la administración de justicia para pretender el reconocimiento de perjuicios, pues, tan solo era necesario que tuviera conocimiento de la intervención de la autoridad […]”.

Aclaró que si bien la parte actora fue reconocida como víctima en la audiencia de formulación de acusación celebrada el 2 de marzo de 2017 , “[…] esto es un acto que ocurrió dentro del desarrollo del proceso penal, pero con anterioridad y en la etapa de investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, las demandantes ya se les había dado a conocer sus derechos como víctimas por l a muerte de Marco Fidel Ángel, por lo que se entiende que a partir de ese momento ya tenían conocimiento de los hechos por los cuales eran consideradas víctimas y podían desde ese instante acceder al expediente de manera directa o a través de un profesional que las representara […]”.

Indicó que para el momento en que se inició la investigación penal por parte

por los cuales eran consideradas víctimas y podían desde ese instante acceder al expediente de manera directa o a través de un profesional que las representara […]”.

Indicó que para el momento en que se inició la investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación se tenía conocimiento de que la muerte del señor Marco Fidel Ángel ocurrió presuntamente en hechos en que resultaba involucrados miembros del Ejército Nacional, tal como se aprecia en el informe de investigador de campo FPJ -11 del 5 de febrero de 2013, con el que se adjuntan las actas de derechos de las víctimas.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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Adujo que las accionantes al suscribir el acta de derechos de las víctimas tenían la posibilidad de acceder al expediente penal, por lo tanto, desde ese momento resulta acertado inferir que conocían sobre la posible participación de miembros de las fuerzas militares en la muerte de su familiar.

En conclusión, solicitó revocar el fallo de primera instancia por cuanto no vulneró ningún derecho de orden fundamental de l a parte actora y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado 2, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí controvertida vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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3. Caso concreto

3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el

3. Caso concreto

3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial; ii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable; iii) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; iv) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.

Respecto del requisito de relevancia constitucional, cabe mencionar que este se tiene por cumplido siempre que se evidencie, a primera vista, la posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces3.

En el presente asunto, se tiene por satisfecho este requisito, por cuanto la parte actora identificó y explicó las garantías constitucionales que alega vulneradas por parte del tribunal accionado, adicionalmente, argumentó la presunta vulneración desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores, motivo por el cual la inconformidad no gira respecto de un asunto de mera legalidad de la decisión atacada, sino que involucra los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión de haberse declarado la caducidad del medio de control de reparación directa.

respecto de un asunto de mera legalidad de la decisión atacada, sino que involucra los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión de haberse declarado la caducidad del medio de control de reparación directa.

3 Corte Constitucional, sentencia de tutela T-102 de 2006, Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-24818.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01

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3.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

En el caso objeto de estudio, el Tribunal Administrativo del Tolima impugnó el fallo de primera instancia que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al considerar que no incurrió en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente.

Por el contrario, en su criterio la decisión objeto de censura se encuentra debidamente fundamentada tanto en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado como en el análisis de los medios de pruebas allegados al proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 73001-3333-005-2017-00389-01.

En la sentencia objeto de tutela, el tribunal accionado efectuó el siguiente análisis probatorio:

“[…]

de reparación directa identificado con el número único de radicación 73001-3333-005-2017-00389-01.

En la sentencia objeto de tutela, el tribunal accionado efectuó el siguiente análisis probatorio:

“[…] - El 23 de diciembre de 2007, falleció Marco Fidel Ángel Sánchez.

• Escritos de Acusación dentro del radicado Nro. 73001-60-00-450-201000079 por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir en contra de Edwin Hermides Posada, Wilson Granada Díaz,

Jorge Eliecer Gaitán Duque y Edward Lain Bermúdez.

• Mediante proceso penal con radicación No. 7300160004502010007900, se adelantó la investigación por la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez,

ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué.

• El 14 de febrero de 2014, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de Eduard Lain Bermúdez Cardona, como autor de la conducta punible de concierto para delinquir y coautor del punible correspondiente al homicidio del señor Marco Fidel Ángel Sá nchez y la formulación de acusación el 24 de octubre de 2016.

• El 10 de agosto de 2017, se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial.

• El 17 de noviembre de 2017, la parte actora presentó la demanda.

En atención a la prueba de oficio decretada mediante auto del 13 de marzo de 2025, se aportaron al proceso los siguientes documentos:

extrajudicial.

• El 17 de noviembre de 2017, la parte actora presentó la demanda.

En atención a la prueba de oficio decretada mediante auto del 13 de marzo de 2025, se aportaron al proceso los siguientes documentos:

• Mediante oficio del 7 de abril de 2025, el Fiscal 239 Local de la DirecciónNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2