CE - Sentencia 11001031500020250399201 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado

Séptimo Administrativo de Cali Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 11 de agosto de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Nancy Esperanza Anacona, David Alexander Benavides Villa, Francisco Ferly Ramírez Benavides, Rosalba, Bertha Cecilia, Héctor Marino y Gloria Stella Benavides presentaron escrito 1 en el que solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las providencias

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las providencias proferidas, el 5 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa identificado con el radicado número 76001-3333-013-2017-00093-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 578CAE99B52C9185 242D7D1B524A2465 5F150A10154C517D A8E2ABD3BD7C4881. 2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202503992011100103Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

2.1. La parte accionante relató que, el 6 de mayo de 2015, el señor Carlos Alberto Benavides se desplazaba en su motocicleta por el Distrito Especial de Santiago de Cali. Durante el recorrido, perdió el control del vehículo cuando las llantas se incrustaron en los espacios de una coladera o desagüe ubicada en el costado derecho de la vía. Como consecuencia de dicho incidente, la motocicleta se volcó, ocasionando la muerte del señor Benavides.

incrustaron en los espacios de una coladera o desagüe ubicada en el costado derecho de la vía. Como consecuencia de dicho incidente, la motocicleta se volcó, ocasionando la muerte del señor Benavides.

2.2. A raíz de este hecho, la señora Nancy Esperanza Anacona, en nombre propio y en representación de su entonces menor hijo Juan Sebastián Benavides Anacona, junto con David Alexander Benavides Villán, Rosalba Benavides, Gloria Stella Benavides, Héctor Marino Benavides, Bertha Cecilia Benavides y Francisco Ferly Ramírez Benavides, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa.

2.3. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo de Cali bajo el radicado núm ero 76001-33-33-013-2017-00093-01, autoridad que, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que las pruebas aportadas solo acreditaban el estado de la vía al momento del levantamiento, pero no permitían establecer la forma en que ocurrió el accidente. Igualmente, sostuvo que las hipótesis contenidas en los informes de tránsito constituían apreciaciones personales de quien los elaboró, sin que correspondieran a un estudio técnico de causalidad que permitiera fundar un juicio de imputación de responsabilidad a la administración.

2.4. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual argumentó que el a quo desconoció que la causa determinante del daño fue una falla en el servicio atribuible a las entidades demandadas, dado

2.4. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual argumentó que el a quo desconoció que la causa determinante del daño fue una falla en el servicio atribuible a las entidades demandadas, dado que el accidente ocurrió dentro de la calzada de una vía pública. En ese sentido, sostuvo que resultaba improcedente atribuir el siniest ro a una supuesta falta de pericia del conductor, cuando la fuente del riesgo había sido creada por la administración.

2.5. Mediante sentencia del 30 de abril de 2025, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que el material probatorio no permitía establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente, lo que hacía imposible determinar el nexo causal entre la muerte del señor Benavides y las actuaciones u omisiones imputadas a las entidades demandadas.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, pidió ordenar al Tribunal accionado revocar la sentencia cuestionada y, en su lugar, emitir una nueva providencia ajustada a derecho.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

3.2. La parte actora considera que la providencia judicial impugnada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, pues desconoció las pruebas obrantes en el expediente e

3.2. La parte actora considera que la providencia judicial impugnada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, pues desconoció las pruebas obrantes en el expediente e incurrió en una errónea valoración probatoria, al confirmar una decisión que, a su juicio, desatendió los elementos de convicción que acreditaban la responsabilidad de las entidades demandadas.

3.3. Expuso que el tribunal incurrió en un defecto fáctico , el cual se configura cuando el juez carece de respaldo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en que basa su decisión. En este caso, el defecto se habría producido al no otorgar el debido valor probatorio a los medios de convicción legal y oportunamente allegados al expediente, tales como: i) el Informe de Accidente de Tránsito; ii) el Informe Ejecutivo FPJ-3 del 6 de mayo de 2015; y iii) el Informe FPJ-11 del 14 de julio de 2015, ela borado por el agente Jesús Andrade Salazar, junto con su testimonio, los cuales resultan plenamente demostrativos del daño y del nexo causal existente.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante auto del 1° de julio de 20253 admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como terceros con interés al Distrito de Santiago de Cali, Emcali EICE ESP y a las sociedades MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., Axa Colpatria Seguros S.A.,

interés al Distrito de Santiago de Cali, Emcali EICE ESP y a las sociedades MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., Axa Colpatria Seguros S.A., Compañía de Seguros La Previsora S.A., Allianz Seguros S.A. y Zúrich Colombia Seguros S.A., y a Juan Sebastián Benavides Anacona.

Asimismo, requirió al Juzgado Séptimo Administrativo de Cali, para que remitiera el expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm.76-001-3333-0132017-00093-01, con el fin de incorporarlo al trámite constitucional.

4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cali 4 remitió el expediente digital solicitado, sin embargo, se abstuvo de emitir pronunciamiento frente a los hechos que dieron origen a la presente acción.

4.3. MAPFRE - Seguros Generales de Colombia S.A. 5 solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se configuró ninguno de los defectos alegados, por tanto, no se cumplen los requisitos de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de este mecanismo frente a providencias judiciales.

3 Índice 00004 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. DB8086F16F928DD7 AF30D53E26EC684F 1AFB310774AC97EA 300A101090AB52D4. 4 Índice 00009 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 6FA129BF5EF68CBD

FBB88E7329CD1524 82FA31F0381CF96B B49892A63B84E08A.

4 Índice 00009 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 6FA129BF5EF68CBD FBB88E7329CD1524 82FA31F0381CF96B B49892A63B84E08A. 5 Índice 00011 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 010B4A836DDDE48E

0A68B022960EE588 972F14EABA0B5A56 B5E2AC8AE8236466.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

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Sostuvo que la sentencia fue proferida conforme a derecho, dentro de un proceso que garantizó plenamente el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Añadió que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues refleja únicamente la inconformidad del accionante con el sentido del fallo, sin acreditarse vulneración alguna de derechos fundamentales.

4.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6 señaló que el asunto carece de relevancia constitucional, en tanto la parte actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar una vulneración concreta de derechos fundamentales. Indicó que no basta con alegar su transgresión, sino que es preciso justificar su incidencia directa en el caso.

Precisó que en la providencia cuestionada se valoraron las pruebas conforme a los precedentes aplicables y dentro del ámbito de competencia del juez natural. Por tanto, el debate propuesto no puede ser objeto de revisión por la jurisdicción constitucional, pues ello implicaría una revaluación de fondo impropia de esta sede.

precedentes aplicables y dentro del ámbito de competencia del juez natural. Por tanto, el debate propuesto no puede ser objeto de revisión por la jurisdicción constitucional, pues ello implicaría una revaluación de fondo impropia de esta sede. En consecuencia, concluyó que no se configuró el defecto alegado ni vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante.

4.5. Emcali EICE ESP 7, consideró que el amparo constitucional resulta improcedente, al no cumplir con el requisito general de procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, por carecer de relevancia constitucional y versar sobre una controversia de naturaleza esencialmente jurídica y económica.

Adujo que las manifestaciones de los accionantes son genéricas y abstractas, sin que acrediten una vulneración concreta de derechos fundamentales. Precisó que el caso pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio y jurídico ya resuelto por los jueces naturales, en contravía del carácter excepcional y subsidiario del mecanismo.

Señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la exigencia de relevancia constitucional busca evitar precisamente que la tutela se convierta en un recurso adicional para cuestionar decisiones judiciales de mera legalidad. En ese sentido, los planteamientos de los accionantes se circunscriben a aspectos probatorios y sustantivos ya analizados por las instancias judiciales, sin evidenciar arbitrariedad alguna en su valoración.

4.6. Zurich Colombia Seguros S.A. 8, puntualizó que la accionante no formul ó pretensiones en contra de esta sociedad ni cuestiona la póliza No. 1501215001154.

alguna en su valoración.

4.6. Zurich Colombia Seguros S.A. 8, puntualizó que la accionante no formul ó pretensiones en contra de esta sociedad ni cuestiona la póliza No. 1501215001154. Recordó que fue llamada en garantía en el proceso de reparación directa y que tanto en primera como en segunda instancia se demostró la inexistencia de nexo causal

6 Índice 00012 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 62EDBCDD428DD0A4 C3631352C245F01C 73409AE922B1156D D98B896C526DC41A. 7 Índice 00014 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. DC4C719AF7E646B5 EBE74192B9FBAB77 439A7A1C3CF04C8E 226CC6434B8D820A. 8 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. DF2CC30075B576C9

F9FFED6D511C4706 5B8F4632819D55D6 586E434773FBD0D1.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

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entre el daño y la responsabilidad de las entidades demandadas, confirmando que no le es imputable responsabilidad alguna, limitándose su participación en el coaseguro al 22%. Señaló que la acción de tutela busca indebidamente una tercera instancia sobre un litigio ya resuelto, sin cumplir con los requisitos de procedibilidad de este mecanismo.

4.7. La Alcaldía de Santiago de Cali 9, indicó que la acción de tutela objeto de

instancia sobre un litigio ya resuelto, sin cumplir con los requisitos de procedibilidad de este mecanismo.

4.7. La Alcaldía de Santiago de Cali 9, indicó que la acción de tutela objeto de estudio resulta improcedente, por falta de legitimación en la causa por pasiva y por no configurarse un defecto fáctico. Señaló que la parte accionante pretende reabrir un debate judicial ya concluido, reiterando lo s argumentos presentados en la apelación del proceso ordinario. Subrayó que los informes policiales invocados tienen carácter meramente descriptivo y que la tutela no puede sustituir ni modificar decisiones del juez ordinario, debiendo respetar los princip ios de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

4.8. Allianz Seguros S.A. 10, advirtió que la accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para revocar la sentencia que modificó la decisión de primera instancia ante el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali. Indicó que no se configuró el defecto alegado que justifique el amparo, y que la acción constitucional no detall ó ni fundament ó las causales específicas ni su incidencia sobre la providencia atacada. Concluyó que, dado que no se profirió condena alguna contra Allianz Seguros S.A., ninguna decisión en la presente acción puede afectar los derechos y expectativas consolidadas de la sociedad.

4.9.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El 11 de agosto de 2025 11, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dictó sentencia de primera instancia mediante la cual declaró improcedente el

4.9.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El 11 de agosto de 2025 11, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dictó sentencia de primera instancia mediante la cual declaró improcedente el amparo, al considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional, Señaló que el escrito de tutela se sustentó en un supuesto defecto fáctico relacionado con la valoración de pruebas realizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; sin embargo, no se demostró que dicha valoración fuera arbitraria, irracional o que hubiera alterado el sentido de la decisión.

Asimismo, precisó que el mecanismo de tutela no puede constituir una instancia adicional al proceso ordinario ni sustituir la competencia del juez natural , pues reabrir un debate ya resuelto excede la función constitucional del amparo. Por tanto, no resulta procedente modificar las decisiones de primera y segunda instancia ni

9 Índice 00017 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. E8F817DCB5FB0716 4B88C4EB743D6461 97931D84C3144418 591B68295E4D4E36. 10 Índice 00018 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 9597E13DD73D441D 3C9742F49AB0D928 93EAA10C9FA98361 273177CC6AB8DB80. 11 Índice 00025 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F43A9C12A83F934C

3C9742F49AB0D928 93EAA10C9FA98361 273177CC6AB8DB80. 11 Índice 00025 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F43A9C12A83F934C 3694E11E2FCA2329 0CB1345181687198 6950312D1C8DC2E1.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

alterar la valoración probatoria realizada, reiterándose el carácter excepcional y subsidiario de este mecanismo de protección de derechos fundamentales.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación12 en el que solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia.

La Magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de auto del 28 de agosto de 2025 13 concedió la impugnación presentada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Nancy Esperanza Anacona, David Alexander Benavides Villa, Francisco Ferly Ramírez Benavides, Rosalba, Bertha Cecilia, Héctor Marino y Gloria Stella Benavides, al ser los titulares de los derechos que afirmaron fueron vulnerados dado que actuaron como demandantes en el medio de control de reparación directa identificado bajo el

Benavides, Rosalba, Bertha Cecilia, Héctor Marino y Gloria Stella Benavides, al ser los titulares de los derechos que afirmaron fueron vulnerados dado que actuaron como demandantes en el medio de control de reparación directa identificado bajo el radicado núm. 76001-3333-013-2017-00093-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Séptimo Administrativo de Cali y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto fungieron como jueces dentro del proceso mencionado, y fueron sus actuaciones a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

12 Índice 00029 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5C9F84EF68806160 00B81E5CEA5CC897 7811D707032E81F9 FFD65EB56C6FD435. 13 Índice 00031 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 9C112DF88702E968

48C55CF3011AAB89 D27BFEE5C669C205 AD03E2E8EA7A3F06.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

4. Procedibilidad de la acción

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela15, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto16.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga

14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento est ablecido; c) defecto fáctico, esto

saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento est ablecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 17 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”18.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,

el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

18 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03992-01

Accionante: Nancy Esperanza Anacona y otros

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto19.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmara la decisión de primera instancia al no encontrarse configurado el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte actora alegó que la providencia judicial cuestionada vulnera el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la providencia reprochada adolecía de un defecto fáctico , al no valorar el material probatorio allegado al proceso que acreditaba el daño y el nexo causal existente.

No obstante, si bien la parte accionante dirige su reproche contra las providencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario, en el sub

no valorar el material probatorio allegado al proceso que acreditaba el daño y el nexo causal existente.

No obstante, si bien la parte accionante dirige su reproche contra las providencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario, en el sub lite se examinará únicamente la decisión de segunda instancia, por cuanto fue esta la que puso fin al medio de control de reparación directa.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que puso fin a la actuación ordinaria, así como de las pruebas aportadas al proceso, la Sala constató que la autoridad judicial accionada dispuso lo siguiente:

“Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente el señor Carlos Alberto Benavides (qepd) padeció un accidente de tránsito el día 6 de mayo de 2015, al plenario se aportó el informe de accidente de tránsito y el informe ejecutivo FP J3 de la misma fecha suscrito por