CE - Sentencia 11001031500020250415400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04154-00

Accionante: ADRIANA CAROLINA MANRIQUE DÍAZ

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Caducidad del medio de control de reparación dire cta por delitos de lesa humanidad – No se configuran los defectos invocados.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Adriana Carolina Manrique Díaz solicitó, a través de apoderado judicial, la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y “[…] A LA REPARACIÓN […]” en conexidad con el principio de confianza legítima, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 8 de agosto de 2024 y 28 de mayo de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y

vulneración le atribuyó a las providencias de 8 de agosto de 2024 y 28 de mayo de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 15759-33-33-001-2017-0005900/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el 8 de diciembre de 2007 en el sector del páramo de San Ignacio en el municipio de Mongua, el señor Carlos Adolfo Manrique Díaz fue ejecutado por2

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

miembros del Batallón Tarqui de Sogamoso, quienes lo presentaron como miembro de las FARC.

2.2. Indicó que junto con los señores Wendy Dayana Álvarez Manrique y Ernesto Alirio Rodríguez Aranguren en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad N.S.R.M. y J.I.R.M.1 presentaron la demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que se repararan los daños padecidos por la muerte del señor Carlos Adolfo Manrique Díaz.

2.3. Manifestó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso , autoridad judicial que, mediante

los daños padecidos por la muerte del señor Carlos Adolfo Manrique Díaz.

2.3. Manifestó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso , autoridad judicial que, mediante providencia de 8 de agosto de 2024, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

2.4. Refirió que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y que el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de sentencia de 28 de mayo de 2025, confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.5. Consideró que las providencias cuestionadas vulneraros sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y “[…] A LA REPARACIÓN […]” en conexidad con el principio de confianza legítima por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.6. Señaló frente al defecto fáctico que las accionadas valoraron indebidamente las pruebas porque “[…] descartaron las alegaciones de temor y precariedad sin un análisis contextual y diferencial […] El Tribunal argumentó que la participación en el proceso penal desvirtuaba el "temor insuperable". Esta valoración es errónea. Una cosa es intervenir como víctima en un proceso donde la Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal, y otra muy distinta es tener la capacidad, los recursos y la fortaleza emocional para iniciar, por cuenta propia, una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativo, contra una delas (sic) instituciones más poderosas del Estado como lo es el Ejército Nacional, quien tiene todo el poder armamentístico y la infraestructura necesaria como el potencial humano para

jurisdicción contencioso administrativo, contra una delas (sic) instituciones más poderosas del Estado como lo es el Ejército Nacional, quien tiene todo el poder armamentístico y la infraestructura necesaria como el potencial humano para desaparecer a las personas, tal como efectivamente ha sucedido, no en pocas ocasiones. El temor de las víctimas de crímenes de Estado es una realidad notoria que no puede ser descartada con argumentos formalistas […]”.

2.7. Adujo que el defecto sustantivo se configuró “[…] al aplicar normas de caducidad de forma incompatible con los estándares sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos […]”.

2.8. Alegó que “[…] Las providencias judiciales atacadas vulneran los derechos fundamentales al interpretar y aplicar las normas procesales internas de una forma que desconoce las obligaciones del Estado colombiano bajo la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] La Corte Interamericana de

1 No se publican los nombres de los menores de edad.3

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

Derechos Humanos, ha sido clara y consistente en señalar que las figuras como la prescripción, la amnistía o la caducidad no pueden ser un obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos […]”.

2.9. Indicó que “[…] En el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la Corte IDH analizó un caso donde los tribunales chilenos declararon la prescripción de la acción de

derechos humanos […]”.

2.9. Indicó que “[…] En el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la Corte IDH analizó un caso donde los tribunales chilenos declararon la prescripción de la acción de reparación civil contando el plazo desde la fecha de la desaparición o muerte de las víctimas en dictadura. L a Corte consideró que esa forma de cómputo violaba los derechos de acceso a la justicia, pues "mientras no existan las condiciones para que las víctimas o sus familiares puedan acceder a un recurso para reclamar una reparación, no puede considerarse que corre plazo de prescripción alguno" […]”.

2.10. Señaló que “[…] El Tribunal Administrativo de Boyacá sostuvo que la minoría de edad de los sobrinos de la víctima no suspendía la caducidad, pues sus padres y representantes legales debieron actuar en su nombre. Esta conclusión, si bien puede ser válida en litigios ordina rios, constituye una violación directa de la Constitución […] Sujetar su derecho a la negligencia o a la imposibilidad material de sus representantes —quienes también eran víctimas directas del mismo hecho traumático— es hacer nugatorio su derecho fundamental […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto]

2.11. Concluyó que “[…] el análisis efectuado por el honorable Tribunal es descontextualizado, toda vez que no ha debido aplicar el cambio jurisprudencial presentado en el año 2020, a un proceso que tuvo su génesis en la ejecución extrajudicial ocurrida en el año 2007, y dentro del cual, existen reclamantes que no contaban con la mayoría de edad al momento de prestar la demanda y respecto de

presentado en el año 2020, a un proceso que tuvo su génesis en la ejecución extrajudicial ocurrida en el año 2007, y dentro del cual, existen reclamantes que no contaban con la mayoría de edad al momento de prestar la demanda y respecto de los que no se podía imponer una sanción como lo es la caducidad […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Con fundamento en los hechos y consideraciones expuestas, solicito al Honorable Tribunal Constitucional, que ampare los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral y, en consecuencia:

DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por la Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá y la sentencia anticipada del 8 de agosto de 2024, dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 15759-33-33-001-2017-00059-00.

En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá que profiera una nueva sentencia en la que, atendiendo a los principios constitucionales de protección a las víctimas y el interés superior de los menores, revoque la decisión de primera instanc ia, desestima la excepción de caducidad y se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la demanda de reparación directa […]”. [Mayúscula original del texto]4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04154-00

Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de julio de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y a los señores Wendy Dayana Álvarez Manrique y Ernesto Alirio Rodríguez Aranguren en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad N.S.R.M. y J.I.R.M.2.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la s autoridades accionadas y a los

vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, porque no se cumple con el requisito de relevancia constitucional y “[…] ya sea que se tomara como hito inicial de la caducidad la fecha del reconocimiento del cadáver, la de la publicación de la noticia o la del preacuerdo, en todo caso la demanda se radicó extemporáneamente (3 de abril de 2017), sin que la mera afirmación de sentir miedo por tener que enfrentarse a «una de las instituciones más poderosas del Estado como lo es el Ejército Nacional» sea suficiente para verificar la presencia de una barrera para acudir a la jurisdicción administrativa […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

como lo es el Ejército Nacional» sea suficiente para verificar la presencia de una barrera para acudir a la jurisdicción administrativa […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20247.

VI.2. Problemas jurídicos

7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 8 de agosto de 2024 y 28 de mayo de 2025 proferidas por el

2 No se publican los nombres de los menores de edad. 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 4 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 5 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.5

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá , respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 15759-33-33-001-2017-0005900/01. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 28 de mayo de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar: a) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de

presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. La señora Adriana Carolina Manrique Díaz solicitó, a través de apoderado judicial, la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y “[…] A LA REPARACIÓN […]” en conexidad con el principio de confianza legítima, cuya

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04154-00

Mauricio González Cuervo.7

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

vulneración le atribuyó a las providencias de 8 de agosto de 2024 y 28 de mayo de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 15759-33-33-001-2017-0005900/01.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

18. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental y se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales; (iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término razonable12; (iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; (v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto, y (vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

19. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, estudiará los requisitos especiales frente a la presunta

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

19. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, estudiará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte accionante. En e l caso sub examine se alega la configuración de en los defectos fácticosustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución.

VI.4.2.1. Solución a los defectos en el caso concreto

20. La parte accionante indicó en síntesis que en la decisión de 28 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en en los defectos fáctico y sustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución , de conformidad con los

siguientes argumentos:

21. Señaló frente al defecto fáctico que las accionadas valoraron indebidamente las pruebas, en la medida en que “[…] descartaron las alegaciones de temor y precariedad sin un análisis contextual y diferencial […] El Tribunal argumentó que la participación en el proceso penal desvirtuaba el "temor insuperable". Esta valoración es errónea. Una cosa es intervenir como víctima en un proceso donde la Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal, y otra muy distinta es tener la capacidad, los recursos y la f ortaleza emocional para iniciar, por cuenta propia, una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativo, contra una delas (sic) instituciones más poderosas del Estado como lo es el Ejército Nacional, quien tiene

12 La providencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 4 de junio de 2025 y la presente tutela fue radicada el

instituciones más poderosas del Estado como lo es el Ejército Nacional, quien tiene

12 La providencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 4 de junio de 2025 y la presente tutela fue radicada el 4 de julio de 2025.8

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Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

todo el poder armamentístico y la infraestructura necesaria como el potencial humano para desaparecer a las personas, tal como efectivamente ha sucedido, no en pocas ocasiones. El temor de las víctimas de crímenes de Estado es una realidad notoria que no puede ser descartada con argumentos formalistas […]”.

22. Adujo que el defecto sustantivo se configuró “[…] al aplicar normas de caducidad de forma incompatible con los estándares sentados por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos […]”.

23. Alegó que “[…] Las providencias judiciales atacadas vulneran los derechos fundamentales al interpretar y aplicar las normas procesales internas de una forma que desconoce las obligaciones del Estado colombiano bajo la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido clara y consistente en señalar que las figuras como la prescripción, la amnistía o la caducidad no pueden ser un obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos […]”.

24. Indicó que “[…] En el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la Corte IDH analizó un caso donde los tribunales chilenos declararon la prescripción de la acción de

derechos humanos […]”.

24. Indicó que “[…] En el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la Corte IDH analizó un caso donde los tribunales chilenos declararon la prescripción de la acción de reparación civil contando el plazo desde la fecha de la desaparición o muerte de las víctimas en dictadu ra. La Corte consideró que esa forma de cómputo violaba los derechos de acceso a la justicia, pues "mientras no existan las condiciones para que las víctimas o sus familiares puedan acceder a un recurso para reclamar una reparación, no puede considerarse que corre plazo de prescripción alguno" […]”.

25. Señaló que “[…] El Tribunal Administrativo de Boyacá sostuvo que la minoría de edad de los sobrinos de la víctima no suspendía la caducidad, pues sus padres y representantes legales debieron actuar en su nombre. Esta conclusión, si bien puede ser válida en litigios o rdinarios, constituye una violación directa de la Constitución […] Sujetar su derecho a la negligencia o a la imposibilidad material de sus representantes —quienes también eran víctimas directas del mismo hecho traumático— es hacer nugatorio su derecho fundamental […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto]

26. Concluyó que “[…] el análisis efectuado por el honorable Tribunal es descontextualizado, toda vez que no ha debido aplicar el cambio jurisprudencial presentado en el año 2020, a un proceso que tuvo su génesis en la ejecución extrajudicial ocurrida en el año 2007, y dentro del cual, existen reclamantes que no contaban con la mayoría de edad al momento de prestar la demanda y respecto de

presentado en el año 2020, a un proceso que tuvo su génesis en la ejecución extrajudicial ocurrida en el año 2007, y dentro del cual, existen reclamantes que no contaban con la mayoría de edad al momento de prestar la demanda y respecto de los que no se podía imponer una sanción como lo es la caducidad […]”.

27. Al respecto, se advierte que en la sentencia de 28 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá al analizar la configuración de la caducidad en el sub examine sostuvo lo siguiente:9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04154-00

Accionante: Adriana Carolina Manrique Díaz

“[…] La Sala de Decisión observa que la parte demandante no acreditó que el grado de escolaridad y las condiciones económicas de los demandantes les impidieran acudir oportunamente a la administración de justicia, máxime cuando intervinieron en el proceso penal que derivó en la condena de varios militares por el homicidio del señor Carlos Adolfo Manrique Díaz.

27. En este sentido, incluso si se aceptara el hito inicial del cómputo que propuso la apelación (14 de noviembre de 2013) se llegaría a la conclusión de que la demanda está caducada.

28. Por otra parte, no existe una regla jurisprudencial que establezca que la caducidad del medio de control de reparación directa no corre frente a los menores de edad y tampoco se probaron circunstancias excepcionales que en este caso impidieran a los pa dres de los menores (sobrinos de la víctima directa) presentar la demanda oportunamente ejerciendo la figura de la representación legal […]”.

[…]

este caso impidieran a los pa dres de los menores (sobrinos de la víctima directa) presentar la demanda oportunamente ejerciendo la figura de la representación legal […]”.

[…]

“[…] 32. Ahora bien, el artículo 164-2 literal i) del CPACA señala que el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de 2 años, «contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

33. La aplicabilidad de esta norma a los casos que involucran graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) o del derecho internacional humanitario (DIH), como las ejecuciones extrajudiciales, en su momento no fue uniforme al interior del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Un sector de las dos cortes consideraba extensible la imprescriptibilidad de la acción penal a la caducidad del medio de control, lo que bajo esta tesis significaba que en los eventos en comento nun ca operaba la caducidad.

34. Dicha situación dio lugar a que ambos tribunales unificaran su jurisprudencia en el año 2020. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de enero de 2020, descartó la anterior postura

como se evidencia enseguida:

[…]

“[…] En este orden de ideas, no se advierte que el nivel de escolaridad o las condiciones económicas de la accionante le impidieran comprender que su hermano fue víctima de una ejecución extrajudicial y que, en virtud de ello,

[…]

“[…] En este orden de ideas, no se advierte que el nivel de escolaridad o las condiciones económicas de la accionante le impidieran comprender que su hermano fue víctima de una ejecución extrajudicial y que, en virtud de ello, podía acudir a mecanismos leg ales con ocasión de la participación de miembros del Ejército Nacional en el homicidio. Esto teniendo en cuenta que los demás demandantes constituyen el núcleo familiar de la señora Adriana Carolina Manrique Díaz.

52. Igualmente, no se aportaron elem