CE - Sentencia 11001031500020250423800 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: JAIME ALONSO CANO MARTÍNEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral. Falta de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderada judicial, por el señor Jaime Alonso Cano Martínez contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de julio de 2025, el señor Jaime Alonso Cano Martínez presentó acción de tutela contra la referida autoridad judicial , por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a elegir y ser elegido de mi representado, el señor JAIME ALONSO CANO MARTÍNEZ, los cuales fueron vulnerados por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2025, dentro del proceso con radicado No. 0500123-33-000-2023-01215-01, mediante la cual se confirmó la decisión que anuló la elección de mi poderdante como Diputado a la Asamblea de Antioquia.

TERCERO: En su lugar, ORDENA R a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en el término perentorio que su despacho determine, profiera una sentencia de reemplazo que resuelva el recurso de apelación de manera consistente con las consider aciones y la protección de derechos ordenada en el fallo de tutela.

CUARTO: Adoptar cualquier otra medida que su despacho estime conducente y necesaria para el restablecimiento y la protección efectiva de los derechos fundamentales de mi representado.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

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El señor Jaime Alonso Cano Martínez fue elegido diputado de la Asamblea del departamento de Antioquia para el periodo 2024 -2027, con el aval del Partido Conservador Colombiano, colectividad que, además, postuló lista propia al Concejo Municipal de Itagüí, en las referidas elecciones.

La señora Natalia Vargas Núñez promovió demanda de nulidad electoral en contra del acto de elección del señor Cano Martínez, como diputado de la Asamblea del departamento de Antioquia, por considerar que incurrió en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011.

Lo anterior, porque durante la candidatura: (i) apoyó la aspiración de candidatos del grupo significativo de ciudadanos «Itagüí somos todos» al Concejo de Itagüí, especialmente, l a campaña de los señores Óscar Guillermo Grisales Ortiz, Luisa María Zapata Bernal, Alexander Arteaga Montoya y Gustavo Adolfo Betancur Montoya; y, (ii) acompañó al señor Jesús Antonio Colorado Díaz, quien fue avalado

María Zapata Bernal, Alexander Arteaga Montoya y Gustavo Adolfo Betancur Montoya; y, (ii) acompañó al señor Jesús Antonio Colorado Díaz, quien fue avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social —MAISpara ser postulado a la misma elección al Concejo municipal referido.

Que, el Partido Conservador Colombiano no hizo parte de algún acuerdo de coalición, adhesión o alianza con las organizaciones políticas que inscribieron a los aspirante s del Concejo de Itagüí referidos. Además, aseguró que el apoyo al que hace mención se dio en diferentes espacios públicos y reuniones políticas, así como en publicaciones contenidas en redes sociales.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 17 de abril de 2024, declaró la nulidad del acto de elección del señor Cano Martínez, porque el partido Conservador Colombiano contaba con lista de aspirantes al Concejo Municipal de Itagüí, por lo que debía abstenerse de favorecer o tras postulaciones de partidos diferentes, en tanto, es militante y fue inscrito con el aval de dicha colectividad a la Asamblea Departamental de Antioquia.

Que, el conjunto de pruebas aportabas al proceso daban cuenta que, durante la campaña ejerció acto s de apoyo a favor de los aspirantes al concejo de Itagüí, concretamente, a los señores Luisa María Zapata Bernal y Óscar Guillermo Grisales Ortiz.

El señor Jaime Alonso Cano Martínez presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, al considera r que hubo una indebida valoración probatoria, pues presentó tacha contra las pruebas presentadas por no cumplir los requisitos legales para ser

Ortiz.

El señor Jaime Alonso Cano Martínez presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, al considera r que hubo una indebida valoración probatoria, pues presentó tacha contra las pruebas presentadas por no cumplir los requisitos legales para ser admitidas, por lo que reprochó que se hubiesen tenido en cuenta elementos probatorios respecto de los que no es taba comprobada su autenticidad, lo cual, a su juicio, desconoció la Ley 527 de 1999, sobre apreciación de los mensajes de datos en procesos judiciales. Aunado a ello, aseguró que dentro del proceso no estaba acreditado la existencia de actos inequívocos, expresos y positivos de apoyo del señor Jaime Alonso Cano Martínez, a favor de los candidatos al Concejo Municipal de Itagüí referidos.

El Consejo de Estado, Sección Quinta , en sentencia del 27 de marzo de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que estaba acreditado el apoyo brindado a la señora Luisa María Zapata Bernal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

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Respecto a la tacha sobre el material probatorio, indicó que fue acertada la decisión del Tribunal de aceptar la autenticidad de las pruebas, pues el demandado solo hizo afirmaciones genéricas, sin indicar de manera específica las razones por las cuales considera que los registros fílmicos o videográficos, así como las fotografías, fueron

del Tribunal de aceptar la autenticidad de las pruebas, pues el demandado solo hizo afirmaciones genéricas, sin indicar de manera específica las razones por las cuales considera que los registros fílmicos o videográficos, así como las fotografías, fueron alterados, modificados o manipulados, por lo que no cumplió con la carga argumentativa que se requiere al respecto ni aportó pruebas con las que acreditara la falsedad alegada.

En cuanto al presunto apoyo a la aspiración del señor Óscar Guillermo Grisales Ortiz, como candidato al Concejo de Itagüí, señaló que, aunque se aportó un vid eo como prueba, en el cual se evidencia a los dos candidatos manifestando apoyo mutuo para votar en las contiendas electorales, no se acreditó que el mensaje: (i) se hubiese difundido en las redes sociales del demandado o en cualquier instancia de la cual tuviera control directo o indirecto; (ii) o, se hubiese dado a conocer en algún medio de comunicación o forma de difusión masiva de terceros. Por lo tanto, concluyó que, no se probó que se hubiere presentado de forma efectiva un acto positivo de apoyo por parte del demandado.

Respecto al presunto favorecimiento a la señora Luisa María Zapata Bernal, indicó que el demandando en la red social «X» puso de presente a sus electores las calidades favorables de la señora Zapata Bernal, porque de manera directa, e xpresa e inequívoca, indicó que «con el apoyo de todos […] pronto será concejala de Itagüí» con lo que considera, buscó persuadir al electorado, con el fin de sufragar a favor de la candidata que previamente había exaltado con su declaración. Aunado a ello, indicó

con lo que considera, buscó persuadir al electorado, con el fin de sufragar a favor de la candidata que previamente había exaltado con su declaración. Aunado a ello, indicó que el señor Cano Martínez posó en fotos que contienen piezas publicitarias de la entonces candidata y, expresamente, las hizo visibles en su red social en compañía de un mensaje que promovía las calidades personales de aquella, lo que denota el acompañamiento a la postulación de la señora Zapata Bernal, lo que constituye un acto de propaganda electoral.

El señor Cano Martínez presentó solicitud de aclaración contra la anterior decisión, pero se negó en auto del 11 de abril de 2025.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso de nulidad electoral. Indicó que en el caso concreto la anulación de una elección popular se sustentó en una sola prueba, las publicaciones en la red social «X».

Al respecto indicó que, la sente ncia se apartó de las reglas de sana crítica y de las subreglas jurisprudenciales de la propia Corporación, según las cuales, para anular una elección por dicha causal, «debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable».

Que la autoridad judicial concedió a la publicación un sentido de apoyo político explícito que no emana de su contenido literal, además, llegó a una conclusión dubitativa, al indicar «es posible señalar que [...] se trató de un acto de apoyo», cuando

Que la autoridad judicial concedió a la publicación un sentido de apoyo político explícito que no emana de su contenido literal, además, llegó a una conclusión dubitativa, al indicar «es posible señalar que [...] se trató de un acto de apoyo», cuando la jurisprudencia exige certeza de la conducta, más allá de toda duda razonable. Que el hecho de expresar elogios a las cualidades de una persona y la expresión de un deseo de trabajar en co njunto no constituyen, de manera «positiva y concreta», una invitación a votar por una candidatura.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

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Señaló que la conducta sancionable en estos casos es la de ofrecer apoyo, más no la de recibirlo. Que dentro del proceso quedó plenamente demostrado, incluso la misma señora Zapata Bernal rindió declaración en la que aceptó que ella era quien apoyaba la candidatura del señor Cano Martínez a la Asamblea y no al revés.

Aseguró que se incurrió en defecto sustantivo porque se desconocieron los principios de interpretación restrictiva, pues la norma que establece la prohibición de doble militancia al restringir derechos debe interpretarse de manera estricta, sin embargo, la autoridad judicial aplicó una interpretación extensiva y analógica del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ampliando el alcance de la prohibición más allá de su tenor literal.

embargo, la autoridad judicial aplicó una interpretación extensiva y analógica del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ampliando el alcance de la prohibición más allá de su tenor literal.

Que, igualmente, se desconocieron los principios pro homine y de favorabilidad, pues era evidente la ambigüedad de la prueba, por lo que el juez debía optar por la interpretación más beneficiosa, en aras de proteger el derecho a ser del señor Cano Martínez. Sin embargo, optó por la conclusión más restrictiva, con lo cual sacrificó un derecho fundamental y la voluntad de más de 65 .000 electores, con base en una suposición.

Alegó el defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial , pues aseguró que el Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 3 de diciembre de 20201, en un proceso con identidad fáctica, dio correcta aplicación al principio pro homine, negó las pretensiones de nulidad contra el acto de elección del gobernador de Córdoba, ya que las múltiples pruebas que se aportaron al proceso (similares a las del caso que se analiza), no tenían la entidad suficiente para configurar la causal de doble militancia.

4. Trámite previo

En auto del 16 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en calidad de demandados, y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Asamblea Departamental de Antioquia, al Consejo Nacional Electoral y a los seño res Natalia Vargas Núñez y Carlos Mario

del Consejo de Estado, en calidad de demandados, y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Asamblea Departamental de Antioquia, al Consejo Nacional Electoral y a los seño res Natalia Vargas Núñez y Carlos Mario Arango de la Pava, en condición de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Quinta solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, o, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda.

Señaló que el actor se limitó a exponer sus motivos de inconformidad co n las consideraciones de la sentencia cuestionada, insistió en los argumentos que fueron resueltos dentro del proceso de nulidad electoral.

Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial adujo que, el tutelante no expone las razones por las c uales, la sentencia que considera desatendida consagra una regla de decisión específica que debió considerarse en la providencia acusada.

1 Proceso de nulidad electoral 11001-03-28-000-2020-00016-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

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El actor aduce que en la sentencia del 3 de diciembre de 2020 la Sección Quinta del Consejo de Estado se efectuó una valoración probatoria particular, que consideró

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El actor aduce que en la sentencia del 3 de diciembre de 2020 la Sección Quinta del Consejo de Estado se efectuó una valoración probatoria particular, que consideró contraria a la que se realizó en su caso, pero tal circunstancia no es suficiente para considerarla un desconocimiento del precedente, porque cada demanda de nulidad electoral en la que se alega la causal de doble militancia responde a las circunstancias particulares de las pruebas que se aportan y a la valoración conjunta de aquellas respecto de los cargos de ilegalidad reprochados.

Aseguró que, en la sentencia acusada, hizo un análisis adecuado de las normas, una valoración conjunta ponderada y razonable del material probatorio, sin que se evidencie capricho o arbitrariedad, con lo cuales se concluyó que el actor adelantó actos de apoyo a favor de una candidata que no pertenecía a su colectividad política.

Precisó que, no es de recibo el argumento, según el cual, se desconocieron los principios pro homine o de favorabilidad en la interpretación realizada, pues la nulidad por doble militancia es una limitación a los derechos políticos, de raigambre constitucional, que encuentra su fundamento en sendos principios democráticos como son la protección al electorado y la garantía de colectividades políticas fortalecidas y no de empresas electorales individuales.

6. Intervenciones

Los terceros con interés guardaron silencio.

7. Solicitud de incorporación de prueba sobreviniente

El 23 de julio de 2025, el apoderado judicial del señor Jaime Alonso Cano Martínez

6. Intervenciones

Los terceros con interés guardaron silencio.

7. Solicitud de incorporación de prueba sobreviniente

El 23 de julio de 2025, el apoderado judicial del señor Jaime Alonso Cano Martínez presentó escrito en el que solicitó que se tuviera como prueba dentro de la presente acción de tutela la sentencia SU – 175 de 2025, en la cual la Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001 -03-28-000-2023-00038-00 y ordenó proferir decisión de remplazo.

Según el actor, la referida providencia constituye un precedente unificador aplicable en su caso, porque se dirige contra la misma autoridad (la Sección Quinta del Consejo de Estado) y el fondo del asunto «…se centró en la presunta vulneración de derechos políticos y el debido proceso como resultado de una interpretación judicial que la Corte Constitucional calificó como restrictiva y contraria a los principios democráticos y de participación pluralista».

Que, como en su caso, la decisión d e la Corte Constitucional estableció la configuración de defecto por violación directa de la Constitución y defecto sustantivo por interpretación restrictiva. Así mismo, concluyó que incurrió en defecto fáctico por violación probatoria arbitraria y vulneración al principio de confianza legítima.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por laRadicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual

de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico y solución

Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Quinta , vulneró l os derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido del señor Jaime Alonso Cano Martínez, al proferir la sentencia del 27 de marzo de 2025, que confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad del acto de elecció n como diputado de la Asamblea del departamento de Antioquia (2024-2027).

En particular el tutelante alega la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente , al concluir que incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, cuando dentro del proceso no se probó tal situación.

La Sala anticipa que, en el presente caso, declarará la falta de relevancia constitucional, porque los tutelantes insisten en los mismos argumentos expuestos en la contestación de la demanda de nulidad electoral y en el recurso de apelación, por lo tanto, pretende configurar una tercera instancia.

2 La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

lo tanto, pretende configurar una tercera instancia.

2 La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe aco meterse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregulari dad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de

posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

Demandante: Jaime Alonso Cano Martínez

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Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas : (i) relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, (ii) el análisis del caso concreto.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la a cción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera sufici ente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tu tela contra providencias judiciales» 6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales .

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la

Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales .

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012

el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04238-00

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(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario, tal como se pasa a explicar.

En el presente caso la señora Natalia Vargas Núñez promovió demanda de nulidad electoral en contra del acto de elección del señor Cano Martínez, como diputado de la Asamblea del departamento de Antioquia (2024-2027), por considerar que incurrió en la causal de doble militancia, toda vez que manifestó su apoyo directo a varios candidatos que aspiraban al Concejo de Itagüí por colectividades diferentes a la suya, cuando el Partido Conservador Colombiano le otorgó el aval y postuló lista propia al Concejo de ese municipio para las mismas elecciones.

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que,

cuando el Partido Conservador Colombiano le otorgó el aval y postuló lista propia al Concejo de ese municipio para las mismas elecciones.

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en sentencia del 17 de abril de 2024, declaró la nulidad del acto de elección del señor Cano Martínez , al encontrar acreditado que durante la campaña ejerció actos de apoyo a favor de los aspirantes a