CE - Sentencia 11001031500020250423801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: JAIME ALONSO CANO MARTÍNEZ Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Jaime Alonso Cano Martínez solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de marzo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con número de radicación 05001-23-33-000-2023-0121500/01.

Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con número de radicación 05001-23-33-000-2023-0121500/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que fue elegido diputado de la Asamblea del departamento de Antioquia para el periodo 2024-2027, con el aval del partido Conservador Colombiano.

2.2. Manifestó que la señora Natalia Vargas Núñez promovió la demanda de nulidad electoral núm. 05001-23-33-000-2023-01215-00/01, para que se declarara la nulidad del formulario E26ASA del 10 de noviembre de 2023, que contiene el acto de elección del señor Jaime Alonso Cano Martínez como diputado del departamento de Antioquia para el período constitucional 2024-2027.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió a la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante providencia de 17 de abril de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Refirió que se interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través sentencia de 27 de marzo de 2025,

2.4. Refirió que se interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través sentencia de 27 de marzo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda electoral.

2.5. Consideró que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

2.6. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] afirma la sección quinta que la prueba definitiva para adoptar la decisión se refiere al denominado “post” […]” sin tener en cuenta que “[…] la manifestación efectuada por el accionado no se dio en el marco de una tarima pública, sino, del proceso consciente de publicar en sus redes sociales el contenido descrito, por lo que, se puede concluir que ello correspondió a la decisión consciente de hacer visible ante sus seguidores, las condiciones de una aspiración política determinada […].

2.7. Adujo que las “[…] interpretaciones extensivas de la única prueba que sirvió para declarar la nulidad, configuran el defecto factico (sic) por indebida valoración de la prueba y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al desconocer sentencias de la Corte Constitucional sobre la interpretación restrictiva y la primacía del principio pro homine, además como veremos en adelante el trato desigual frente a otro caso de similares características […]”.

2.8. Sobre el defecto sustantivo indicó “[…] La autoridad judicial desconoció principios de interpretación de rango constitucional y legal que eran de obligatoria aplicación

desigual frente a otro caso de similares características […]”.

2.8. Sobre el defecto sustantivo indicó “[…] La autoridad judicial desconoció principios de interpretación de rango constitucional y legal que eran de obligatoria aplicación […]” para lo cual citó el principio de interpretación restrictiva, principio pro homine y de favorabilidad.

2.9. Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, aseguró que la Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante sentencia del 3 de diciembre de 20201, en un proceso con identidad fáctica, dio correcta aplicación al principio pro homine, negó las pretensiones de nulidad contra el acto de elección del gobernador de Córdoba, ya que las múltiples pruebas que se aportaron al proceso (similares a las del caso que se analiza), no tenían la entidad suficiente para configurar la causal de doble militancia.

2.10. Finalmente solicitó se tenga como prueba la sentencia de la Corte Constitucional SU – 175 de 13 de mayo de 2025, a través de la cual se dejó sin efecto la sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el

1 Expediente núm. 11001-03-28-000-2020-00016-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

proceso con radicado núm. 11001 -03-28-000-2023-00038-00 y ordenó proferir decisión de reemplazo.

2.11. Manifestó que la sentencia referida constituye un precedente unificador aplicable

proceso con radicado núm. 11001 -03-28-000-2023-00038-00 y ordenó proferir decisión de reemplazo.

2.11. Manifestó que la sentencia referida constituye un precedente unificador aplicable a su caso, por cuanto se dirige contra la misma autoridad judicial y el fondo del asunto “[…] se centró en la presunta vulneración de derechos políticos y el debido proceso como resultado de una interpretación judicial que la Corte Constitucional calificó como restrictiva y contraria a los principios democráticos y de participación pluralista […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a elegir y ser elegido de mi representado, el señor JAIME ALONSO CANO MARTÍNEZ , los cuales fueron vulnerados por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2025, dentro del proceso con radicado No. 05001 -23-33-000-2023-01215-01, mediante la cual se confirmó la decisión que anuló la elección de mi poderdante como Diputado a la Asamblea de Antioquia.

TERCERO: En su lugar, ORDENAR a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en el término perentorio que Su Despacho determine, profiera una sentencia de reemplazo que resuelva el recurso de apelación de manera consistente con

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en el término perentorio que Su Despacho determine, profiera una sentencia de reemplazo que resuelva el recurso de apelación de manera consistente con las consideraciones y la protección de derechos ordenada en el fallo de tutela.

CUARTO: Adoptar cualquier otra medida que Su Despacho estime conducente y necesaria para el restablecimiento y la protección efectiva de los derechos fundamentales de mi representado […]”. [Mayúscula y negrilla del texto original].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de julio de 202 5, el Despacho de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Asamblea Departamental de Antioquia, al Consejo Nacional Electoral y a los señores Natalia Vargas Núñez y Carlos Mario Arango de la Pava.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se allegó el siguiente informe:4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la magistrada ponente de la decisión controvertida, manifestó que no se evidencian motivos para concluir la relevancia constitucional de la presente acción por cuanto el accionante se limita a exponer su inconformidad con la sentencia sin refer ir una verdadera trasgresión a sus garantías fundamentales.

la relevancia constitucional de la presente acción por cuanto el accionante se limita a exponer su inconformidad con la sentencia sin refer ir una verdadera trasgresión a sus garantías fundamentales.

5.2. Agregó que no se configura el desconocimiento del precedente alegado por cuanto las condiciones específicas de cada caso, sobre todo en asuntos de doble militancia, no permiten que las decisiones de otros sean extensivas y destacó que en el proceso controv ertido se realizó una valoración conjunta ponderada y razonable de los elementos aportados.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 6 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró “[…] la parte actora propone la misma discusión jurídica que se presentó en el proceso de nulidad electoral que se cuestiona, porque insiste en que se interpretó de manera errónea la causal de doble militancia y en la indebida valoración probatoria, con base en las cual se determinó el apoyo a la candidata Zapata Bernal. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia argumentando

lo siguiente:

“[…] El juez de tutela confundió la identidad de los hechos del proceso ordinario con la naturaleza de los defectos alegados en sede constitucional, incurriendo así en una evasión del análisis de fondo que le competía.

[…]

la sentencia impugnada afirma que el debate probatorio ya fue zanjado por el

con la naturaleza de los defectos alegados en sede constitucional, incurriendo así en una evasión del análisis de fondo que le competía.

[…]

la sentencia impugnada afirma que el debate probatorio ya fue zanjado por el juez natural. Sin embargo, la tutela no cuestionó la legalidad de la prueba, sino la arbitrariedad de su valoración. La Sección Quinta fundamentó la nulidad de la elección de más de 65.000 ciudadanos en una única publicación en la red social "X". Como se demostró en la tutela, el juez electoral:

● Tergiversó el contenido del mensaje: Afirmó que mi cliente "promovió las características que [...] la hacían una candidata viable", cuando el texto original se limita a un elogio personal ("Luisa Zapata es una mujer preparada").

● Llegó a una conclusión dubitativa: La propia sentencia de nulidad reconoce que "es posible señalar que [...] se trató de un acto de apoyo". Una "posibilidad" es la antítesis de la certeza más allá de toda duda razonable que la misma Sección Quinta ha exigido para anular una elección, preci samente por la gravedad que implica suprimir la voluntad popular.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

Vaciar el mandato de un elegido popularmente con base en una inferencia subjetiva y una conclusión dubitativa no es una "mera discrepancia interpretativa". Es una actuación judicial arbitraria que rompe el nexo entre la prueba y la decisión, configurando un claro defecto fáctico con relevancia constitucional. El juez de tutela tenía el deber de examinar si esa forma de

interpretativa". Es una actuación judicial arbitraria que rompe el nexo entre la prueba y la decisión, configurando un claro defecto fáctico con relevancia constitucional. El juez de tutela tenía el deber de examinar si esa forma de razonar era compatible con el derecho a un debido proceso probatorio (Art. 29 C.P.), pero optó por no hacerlo […]”. [Negrilla original del texto]

9. Refirió que el juez de tutela se apartó de “[…] su propio precedente, establecido en la Sentencia del 3 de diciembre de 2020 (Rad. 11001-03-28000-2020-0001600) […]” a través del cual se concluyó “[…] se califica como una “imprudencia” pero NO configura apoyo. Se protege la cordialidad y se valora en el contexto de un agradecimiento […]”, lo que conlleva a la vulneración de su derecho a la igualdad.

10. Por lo anterior, solicitó se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se conceda el amparo de los derechos fundamentales solicitados en el escrito de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.7

vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. El señor Jaime Alonso Cano Martínez solicitó la protección de sus derechos

03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. El señor Jaime Alonso Cano Martínez solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de marzo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral identificada con número de radicación 05001-23-33-000-2023-0121500/01.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

23. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de

Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su

aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 17 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes

del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económi co con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 16 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01

Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norm a de naturaleza legal y, en particular, sobre la

violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norm a de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. […]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o partic ular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuest