CE - Sentencia 11001031500020250450200 de 2025

Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04502-00

Demandante: SANTIAGO GALLEGO ARISTIZÁBAL

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela por presunta vulneración al derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Santiago Gallego Aristizábal, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados, a efectos de que le sea amparado su derecho fundamental de petición.

Lo anterior, por cuanto para la fecha de interposición de la presente acción no le

de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados, a efectos de que le sea amparado su derecho fundamental de petición.

Lo anterior, por cuanto para la fecha de interposición de la presente acción no le había sido brindada una respuesta de fondo a la solicitud presentada el 5 de junio de 2025.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de l derecho fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

Segundo: […] se sirva ordenar a UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS, brinde respuesta completa, congruente y de fondo a la petición presentada dentro de las 48 horas siguientes a su orden.2

1 Radicada el 21 de julio de 2025 con secuencia: 7196 – índice 01 del aplicativo Samai. 2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores; obrante en índice 2 del aplicativo Samai.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Antioquia, adelantó un proceso disciplinario en contra del actor, el cual se identificó con el radicado 05001-25-02000-2022-01841-00.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Antioquia, adelantó un proceso disciplinario en contra del actor, el cual se identificó con el radicado 05001-25-02000-2022-01841-00.

En el referido proceso se declaró al señor Santiago Gallego Aristizábal disciplinariamente responsable, y como consecuencia, le fue impuesta una sanción consistente en la suspensión en el ejercicio de la profesión como abogado, durante el término de seis (6) meses.

La respectiva providencia fue proferida e l 19 de diciembre de 2024 y notificad a al actor mediante correo electrónico el 17 de enero de 2025.

De conformidad con el certificado de sanciones vigentes expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la fecha de inicio de la sanción referida comienza el 18 de marzo del año e n curso, situación que según el criterio del actor no resulta correcta, ni se ajusta a las normas vigentes, toda vez que según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1123 de 20073, la sentencia quedó ejecutoriada el 24 de enero de 2025.

El 5 de junio de 2025 el señor Gallego Aristizábal presentó ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial una petición en la que solicitó la corrección de los términos en los que iniciaba y finalizaba la sanción disciplinaria que le fue impuesta; la cual fue remitida por parte de dicha Comisión a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, sin que a la fecha de radicación del presente mecanismo se hubiere emitido un pronunciamiento de fondo al respecto.

1.4. Sustento de la vulneración

Adujo el accionante que toda actuación que inicie cualquier persona ante las

sin que a la fecha de radicación del presente mecanismo se hubiere emitido un pronunciamiento de fondo al respecto.

1.4. Sustento de la vulneración

Adujo el accionante que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.

Mediante aquél, se podrá solicitar entre otras actuaciones, el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

3 Por la cual se establece el código disciplinario del abogado.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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Así mismo , señaló que ante dicha potestad, las autoridades debe rán atender las peticiones en los términos establecidos por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-621 de 2017, en la que se precisó que el núcleo esencial de tal derecho abarca los siguientes elementos:

1. La posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a recibirlas o tramitarlas.

2. La facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la cuestión, en los

1. La posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a recibirlas o tramitarlas.

2. La facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la cuestión, en los términos consagrados en la ley.

3. El derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado.

4. La pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o información requerida.

En igual sentido, indicó que la referida corporación ha sido diáfana en señalar que el pronunciamiento de la autoridad debe ser:

1. Claro, como quiera que debe contener argumentos comprensibles y razonables.

2. De fondo, lo cual significa que debe resolver de manera completa y detallada todos los asuntos indicados en la petición.

3. Preciso, que haya sido realizado con exactitud y rigurosidad.

4. Congruente, es decir, que exista relación entre lo respondido y lo pedido, excluyendo referencias evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado.

Acorde con lo señalado refirió que, ante la omisión de la entidad accionada en dar respuesta a la solicitud que le fue elevada el 5 de junio de 2025 , le está siendo vulnerado su derecho fundamental de petición.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia del 25 de julio de 2025, la magistrada ponente de esta decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura4 y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados5 como autoridades accionadas.

Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado

admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura4 y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados5 como autoridades accionadas.

Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Nivel Central 6 y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia7.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present aron las

4 Notificación realizada al correo electrónico: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co – índice 7 de Samai. 5 Notificación realizada al correo electrónico: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co – índice 7 de Samai. 6 Notificación realizada a los correos electrónicos: presidencia@cndj.gov.co, correspondencia@cndj.gov.co, sancionadoscndj@cndj.gov.co – índice 7 de Samai. 7 Notificación realizada al correo electrónico: secdisant@cndj.gov.co, consecant@cendoj.ramajudicial.gov.co – índice 7 de Samai.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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siguientes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Nivel Central8

Allegó escrito en el que manifestó que se opone a la prosperidad de la acción

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siguientes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Nivel Central8

Allegó escrito en el que manifestó que se opone a la prosperidad de la acción constitucional promovida por el actor, al no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales alegados por parte de dicha entidad.

Refirió que, revisadas las bases de datos de dicha entidad se constató que, mediante correo electrónico del 5 de junio de 2025, el accionante presentó una petición, que fue remitid a por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia el 9 de julio de 2025 mediante el oficio CP25-FAGS-4125 en virtud de las disposiciones previstas en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, ya que al indagar el sistema de consulta de procesos nacional se encontró que el expediente radicado bajo el nro. 05001-25-02-000-2022-01841-00, fue fallado por dicha seccional, según registro del 12 de marzo de 2025.

Así mismo, puso de presente que la anterior actuación fue puesta en conocimiento del peticionario mediante correo electrónico del 29 de julio de los corrientes por lo que solicitó que, se disponga su desvinculación del presente trámite, al no existir vulneración del derecho fundamental que se alega de su parte.

1.6.2. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia9

Manifestó que, mediante oficio del 28 de julio de 2025 se dio respuesta al actor frente a la petición que es objeto de estudio en la que se le informó lo siguiente:

Manifestó que, mediante oficio del 28 de julio de 2025 se dio respuesta al actor frente a la petición que es objeto de estudio en la que se le informó lo siguiente:

En el caso concreto, se evidencia que, mediante oficio N.° AAO 036 del 12 de marzo de 2025, la Secretaría Judicial de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia remitió a esta Unidad, sentencia3 [sic] expedida dentro del radicado núm. 05001 -25-02-000-2022-01841-00, junto con la constancia secretarial de ejecutoria, en la que se impuso como sanción de suspensión de seis (6) meses del ejercicio de la profesión a su nombre.

La anterior sanción fue anotada para empezar a regir el 18 de marzo de 2025, por tanto, culmina el 17 de septiembre de 202510.

Con fundamento en lo anterior precisó que, teniendo en cuenta que la pretensión principal del accionante ya fue resuelta, se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado , toda vez que la misma versaba sobre la fecha en la que se efectuó el registro de la sanción que le fue impuesta y frente a la cual le fue brindada una respuesta.

8 Índices 9 y 11 aplicativo Samai. 9 Índice 10 aplicativo Samai. 10 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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1.6.3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia11

Allegó escrito en el que manifestó que, la solicitud elevada por el abogado Santiago Gallego Aristizábal le fue remitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través del correo electrónico remisionporcompetencia2@cndj.gov.co, la cual, a su vez, fue enviada por competencia a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con copia al accionante , ya que dicha entidad es la encargada de efectuar el registro de la sentencia emitida en su contra.

1.6.4. El Consejo Superior de la Judicatura, pese a estar debidamente notificado del presente trámite, guardó silencio.

1.7. Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 19 de agosto de 2025 manifestó estar impedido para conocer de la acción constitucional del asunto. En ese sentido indicó lo siguiente:

«…Según se advierte, la presente acción de tutela va dirigida, entre otras autoridades, en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, corporación que, según lo previsto en el artículo 2º del Acuerdo 003 de 20212, tiene las funciones de «d. [c]on ocer y decidir de las situaciones administrativas de los empleados de la Comisión y los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial» y «e.[d]esignar a los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales de las lista s de elegibles que envíe el

empleados de la Comisión y los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial» y «e.[d]esignar a los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales de las lista s de elegibles que envíe el Consejo Superior de la Judicatura. En caso de no existir dichas listas, nombrar en provisionalidad o encargo, según sea el caso.»

Al respecto, me permito informar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la nominadora de mi esposa, quien se posesionó como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a partir del 9 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es superior funcional de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, órgano colegiado del cual hace parte mi cónyuge.

Así las cosas, se puede advertir el interés directo que le asiste en el presente caso, por lo que solicito que se acepte mi impedimento y se me separe del conocimiento de la acción constitucional de la referencia, en aras de asegurar los principios de tran sparencia, imparcialidad y autonomía que caracterizan la actividad judicial.

[…]

Al respecto, la Sala por auto del 21 de agosto de 2025, declaró infundada la causal, pues no se encontró acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

11 Índice 12 aplicativo Samai.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Santiago Gallego Aristizábal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 8º del Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura.

2.2. Cuestión previa

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Nivel Central, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que por su parte no se generó vulneración del derecho fundamental alegado por el actor, toda vez que el 9 de julio de 2025 procedió a remitir a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia la petición que le fue elevada por el señor Santiago Gallego Aristizábal por carecer de competencia.

No obstante, advierte la Sala que no se accederá a la solicitud, comoquiera que su vinculación al proceso obedeció a que la tutela se encuentra dirigida contra dicha entidad, además que la petición frente a la cual se aduce la vulneración del derecho

No obstante, advierte la Sala que no se accederá a la solicitud, comoquiera que su vinculación al proceso obedeció a que la tutela se encuentra dirigida contra dicha entidad, además que la petición frente a la cual se aduce la vulneración del derecho fundamental del actor fue presentada de manera inicial ante tal autoridad, motivo por el cual dicho aspecto será analizado en el caso concreto.

2.3. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver en el caso concreto es el siguiente:

¿Las autoridades accionada s y vinculadas vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Santiago Gallego Aristizábal, por la falta de respuesta a la solicitud elevada el 5 de julio de 2025?

Para resolver el interrogante planteado , se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la carencia actual de objeto, y (iv) caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechosDemandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión

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fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que s u ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable12.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 201513, que señala 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá

12 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 13 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala:

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y s eñalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la petición.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.

congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adi cional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte

Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participac ión política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen

la participac ión política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en el requerimiento y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones14 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efe ctividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T -481 del 1º de septiembre de 2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los

los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y cont radiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.15

A partir de los anteriores razonamientos, en la sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

14 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00. 15 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.Demandante: Santiago Gallego Aristizábal Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-04502-00

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La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza part en de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de l