CE - Sentencia 11001031500020250450501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Radicado: Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Accionados: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela de la referencia.

1. SÍNTESIS DEL CASO El señor Elkin Enrique Jiménez Pico promovió acción de tutela en nombre propio y en representación de su núcleo familiar, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de los autos del 14 de marzo de 2022 y del 22 de marzo de 2024, proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, dentro del proceso

consideró vulnerados con ocasión de los autos del 14 de marzo de 2022 y del 22 de marzo de 2024, proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con radicado 13001-33-33-003-2021-00160-00/01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. De conformidad con el escrito de tutela, sus anexos y las actuaciones surtidas dentro del trámite constitucional, se encuentran acreditados los siguientes hechos

relevantes:

2. El señor Elkin Enrique Jiménez Pico y su núcleo familiar adquirieron un apartamento ubicado en el edificio Portal de los Alpes, en la ciudad de Cartagena, inmueble destinado a vivienda y en el cual establecieron su residencia junto con sus hijos.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

2

3. Tras el colapso de otros edificios construidos por los mismos responsables del proyecto, las autoridades distritales iniciaron actuaciones de verificación sobre la estabilidad estructural del edificio Portal de los Alpes.

4. En enero de 2018, los accionantes fueron notificados de los resultados de un estudio técnico elaborado por la Universidad de Cartagena, en el cual se advirtió sobre graves fallas estructurales y se recomendó el desalojo inmediato del inmueble, mientras se adoptaban medidas de reforzamiento.

estudio técnico elaborado por la Universidad de Cartagena, en el cual se advirtió sobre graves fallas estructurales y se recomendó el desalojo inmediato del inmueble, mientras se adoptaban medidas de reforzamiento.

5. Como consecuencia de lo anterior, el Distrito de Cartagena declaró la calamidad pública y ordenó la evacuación del edificio, lo que obligó a los accionantes a abandonar su vivienda, con las afectaciones personales, familiares y económicas que ello implicó, en especial respecto de los niños y niñas que integran el núcleo familiar.

6. Posteriormente, en el mes de junio de 2019, se socializó un nuevo estudio técnico elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se concluyó que la edificación no era habitable y se encontraba en alto riesgo de colapso, recomendándose su demolición total.

7. El 2 de julio de 2021, los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra el Distrito de Cartagena y otras entidades, por la presunta omisión en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control urbanístico.

8. Mediante auto del 14 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control.

9. Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. La reposición fue resuelta desfavorablemente, y el recurso de apelación fue conocido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual, mediante auto del 22 de marzo de 2024, confirmó la declaratoria de caducidad.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

fue conocido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual, mediante auto del 22 de marzo de 2024, confirmó la declaratoria de caducidad.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia, vulnerados por el Auto Interlocutorio No. 111/2024 proferido por el H. Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el Auto Interlocutorio No. 111/2024 del H. Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la declaratoria de caducidad en el proceso de Reparación Directa con radicado 13001 -33-33-003-202100160-01.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 2.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

3

TERCERO: ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Bolívar que, en un término prudencial, profiera una nueva decisión respecto del recurso de apelación, en la cual, aplicando la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y la H. Corte Constitucional, y realiza ndo una debida valoración probatoria, determine el momento en que tuvimos conocimiento cierto y concreto del

apelación, en la cual, aplicando la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y la H. Corte Constitucional, y realiza ndo una debida valoración probatoria, determine el momento en que tuvimos conocimiento cierto y concreto del daño, para efectos de computar el término de caducidad, garantizando así el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las providencias judiciales proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al haber declarado la caducidad del medio de control de reparación directa mediante un análisis rígido y descontextualizado del término previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sin atender a las particul aridades del caso concreto ni a la evolución fáctica del daño alegado.

12. Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un yerro al fijar como punto de partida para el cómputo de la caducidad la fecha del 9 de enero de 2018, correspondiente a una reunión de socialización con los propietarios del edificio Portal de los Alpes, pues dicho evento constituyó únicamente un primer aviso preventivo y no el momento en el cual los accionantes tuvieron conocimiento cierto, pleno y definitivo del daño ni de los fundamentos fácticos y jurídicos para imputar responsabilidad al Estado por la omisión en el ejercicio del control urbanístico.

13. Explicó que, para esa fecha, la información suministrada por la Universidad de Cartagena y por las autoridades distritales se limitaba a recomendar el desalojo

responsabilidad al Estado por la omisión en el ejercicio del control urbanístico.

13. Explicó que, para esa fecha, la información suministrada por la Universidad de Cartagena y por las autoridades distritales se limitaba a recomendar el desalojo transitorio del inmueble mientras se evaluaban posibles medidas de reforzamiento estructural, lo que mantenía la expectativa legítima de retorno a la vivienda, de manera que no existía certeza sobre la pérdida definitiva del bien ni sobre la necesidad de su demolición, circunstancia que solo se concretó con posterioridad.

14. Sostuvo que fue únicamente hasta la socialización del estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, en mayo de 2019, cuando se estableció de forma clara que el edificio era no habitable, se encontraba en alto riesgo de colapso y debía ser demolido, momento a partir del cual se estructuró de manera definitiva el daño y se tuvo un conocimiento real y concreto de su dimensión, alcance e imputabilidad, lo cual debía ser tenido en cuenta para efectos del cómputo de la caducidad.

15. Agregó que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar de manera integral el acervo probatorio obrante en el proceso, particularmente los distintos actos administrativos, estudios técnicos y decisiones adoptadas por la administración distrital, limitándose a un ejercicio formal que desconoció la naturaleza progresiva del daño sufrido y la incertidumbre existente durante un periodo considerable respecto de la situación jurídica del inmueble.

16. Finalmente, sostuvo que la declaratoria de caducidad, adoptada en esas condiciones, le impidió a su núcleo familiar —incluidos sus hijos — acceder a un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad del Estado por la omisión en las

16. Finalmente, sostuvo que la declaratoria de caducidad, adoptada en esas condiciones, le impidió a su núcleo familiar —incluidos sus hijos — acceder a un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad del Estado por la omisión en las labores de vigilancia y control urbanístico, configurándose así una vulneración grave yRadicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

4 desproporcionada de los derechos fundamentales invocados, que hacía procedente la intervención del juez constitucional.

2.3. Trámite procesal

17. La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 27 de julio de 20252, ordenándose la notificación de las autoridades judiciales accionadas y la vinculación de los terceros interesados.

18. Durante el trámite constitucional, algunas de las autoridades accionadas intervinieron solicitando que la acción de tutela fuera desestimada, al considerar que las providencias judiciales cuestionadas se ajustaron a derecho o que carecían de legitimación en la causa por pasiva. Otras entidades, pese a haber sido debidamente notificadas, no emitieron pronunciamiento alguno.

2.4. Intervenciones

19. La Alcaldía Distrital de Cartagena3 solicitó ser excluida del trámite al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que la presunta vulneración de derechos proviene de una decisión judicial. Indicó que no se acreditó que

19. La Alcaldía Distrital de Cartagena3 solicitó ser excluida del trámite al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que la presunta vulneración de derechos proviene de una decisión judicial. Indicó que no se acreditó que la Secretaría de Planeación Distrital , la Oficina de Control Urbano o la Alcaldía Local 2 hubieran incidido en la afectación alegada por los accionantes. Agregó que, desde 2016, la Alcaldía Local 2 no participa en actuaciones relacionadas con licencias urbanísticas, inspecciones, procesos investigativos o vigilancia de obras. Finalmente, sostuvo que la acción de reparación directa habría caducado.

20. La Alcaldía Local 2 de la Localidad de la Virgen y Turística de Cartagena 4 manifestó que el Decreto Distrital 1110 de 2016 suprimió la delegación que antes recaía en las alcaldías locales y devolvió la competencia en materia de control urbanístico a la Oficina de Control Urbano del Distrito . En consecuencia, afirmó no tener responsabilidad alguna, ya que no intervino en el trámite, y por ello también pidió su desvinculación.

21. El Juzgado 3 Administrativo de Cartagena envió el expediente correspondiente al proceso ordinario5.

22. El Tribunal Administrativo de Bolívar, la Secretaría de Planeación de Cartagena, la Oficina de Control Urbano de Cartagena y las Curadurías Urbanas 1 y 2 no presentaron pronunciamiento alguno, pese a haber sido notificadas en debida forma6.

2.5. Sentencia de primera instancia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

presentaron pronunciamiento alguno, pese a haber sido notificadas en debida forma6.

2.5. Sentencia de primera instancia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 6 de octubre de 2025, resolvió negar el amparo constitucional solicitado por el señor Elkin Enrique Jiménez Pico y su núcleo familiar7.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 4. 3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 14. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 11. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 10. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índices 8 y 9. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 19.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

5

24. Como fundamento de su decisión, el juez constitucional de primera instancia consideró que la acción de tutela no demostraba la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que las providencias judiciales cuestionadas —esto es, el auto del 14 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado

consideró que la acción de tutela no demostraba la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que las providencias judiciales cuestionadas —esto es, el auto del 14 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y el auto del 22 de marzo de 2024 expedido por el Tribunal Administrativo de Bolívar — no incurrieron en una actuación arbitraria, caprichosa o carente de sus tento jurídico, sino que correspondieron al ejercicio razonado de la función judicial.

25. En particular, el fallo de primera instancia sostuvo que el Tribunal Administrativo de Bolívar realizó un análisis razonable frente al cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, al concluir que los accionantes tuvieron conocimiento del daño desde enero de 2018, fecha en la cual fueron socializadas las fallas estructurales del edificio Portal de los Alpes por parte d e la Universidad de

Cartagena.

26. Indicó que, si bien con posterioridad se conocieron estudios adicionales que profundizaron en la magnitud de las fallas estructurales y recomendaron la demolición del inmueble, ello no tenía la potencialidad jurídica de extender el término de caducidad, pu es el conocimiento inicial de la incompatibilidad del edificio con las normas urbanísticas y técnicas ya se había producido desde la primera socialización.

27. El juez constitucional estimó que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar no desconoció el precedente jurisprudencial sobre el cómputo de la caducidad, al advertir que la progresión de los efectos del daño no equivale a un daño continuado, ni habilita, por sí sola, una reconsideración del momento inicial para efectuar el conteo

al advertir que la progresión de los efectos del daño no equivale a un daño continuado, ni habilita, por sí sola, una reconsideración del momento inicial para efectuar el conteo del referido término legal.

28. Finalmente, sostuvo que las inconformidades planteadas por la parte actora se dirigían a reabrir un debate de naturaleza legal y probatoria ya resuelto por los jueces naturales, razón por la cual la acción de tutela no podía prosperar, en tanto no constituye una instancia adicional ni un mecanismo para reemplazar al juez ordinario.

2.6. Impugnación

29. Inconforme con la sentencia del 6 de octubre de 2025 , el señor Elkin Enrique Jiménez Pico, actuando en nombre propio y en representación de su núcleo familiar y de sus hijos, interpuso impugnación en su contra8.

30. En su escrito, la parte actora sostuvo que el fallo impugnado incurrió en un análisis excesivamente rígido del término de caducidad del medio de control de reparación directa, lo cual, a su juicio, desconoce los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica.

31. Afirmó que el análisis efectuado por el juez de primera instancia trajo consigo unos efectos negativos para los niños y niñas representados, sin realizar un examen específico sobre su condición particular ni sobre la incidencia del interés superior del niño en el cómputo de la caducidad, aspecto que —según indicó— debía ser analizado

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 25.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

6 tanto por el juez constitucional como por las autoridades judiciales que decidieron el proceso contencioso-administrativo.

32. Sostuvo que la decisión impugnada desconoció las reglas jurisprudenciales que permiten flexibilizar el cómputo del término de caducidad en aquellos casos en los que existen dudas razonables sobre el momento de estructuración del daño, especialmente cuando este no se conoce de manera cierta e integral desde un primer momento.

33. En ese sentido, reiteró que la fecha de enero de 2018 —correspondiente a la socialización inicial de las fallas estructurales— no representó el conocimiento cierto y concreto del daño, sino apenas una advertencia preliminar, pues en ese momento se planteó la posibilidad de realizar obras de reforzamiento que permitirían el retorno al inmueble, lo cual fue descartado únicamente con posterioridad.

34. Indicó que solo con el estudio elaborado por la Universidad Nacional y socializado en el año 2019 se tuvo certeza plena sobre la inhabitabilidad definitiva del edificio y el riesgo de colapso, circunstancia que, en su criterio, debía ser tenida en cuenta para efectos del conteo del término de caducidad.

35. Asimismo, señaló que tanto el juez de tutela de primera instancia como las autoridades judiciales accionadas efectuaron un análisis estrictamente formal y legal,

cuenta para efectos del conteo del término de caducidad.

35. Asimismo, señaló que tanto el juez de tutela de primera instancia como las autoridades judiciales accionadas efectuaron un análisis estrictamente formal y legal, sin realizar un juicio constitucional suficiente sobre la afectación real de los derechos fundamentales invocados, por lo que pidió que se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se conceda el amparo solicitado.

36. Finalmente, sostuvo que la decisión impugnada desconoce que, por los mismos hechos y dentro de la misma unidad inmobiliaria, el Juzgado Décimo Primero Administrativo de Cartagena , en sentencia del 31 de marzo del año en curso , declaró que no se configuraba la caducidad del medio de control de reparación directa y accedió parcialmente a las pretensiones, reconociendo la responsabilidad estatal.

Aunque no constituye precedente vertical, a juicio del accionante, sí configura un precedente horizontal persuasivo , especialmente relevante al tratarse de idéntico supuesto fáctico y jurídico. La disparidad de criterios evidencia la existencia de una duda razonable sobre el momento inicial del cómputo de caducidad. En consecuencia, la Sala desconoció este referente obligatorio, afectando la seguridad jurídica y el derecho al acceso efectivo a la justicia.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 6 de

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

7 3.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada, por cuanto el señor Elkin Enrique Jiménez Pico, junto con su núcleo familiar, fue demandante dentro del medio de control de reparación directa Rad. 13001-33-33-003-2021-00160-00/01, en el cual se profirieron las providencias que considera desconocen sus derechos fundamentales, esto es, los autos del 14 de marzo de 2022 (Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena) y del 22 de marzo de 2024 (Tribunal Administrativo de

Bolívar).

39. En cuanto a la legitimación por pasiva, también se encuentra demostrada, toda vez que el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena fueron las autoridades judiciales que, en ejercicio de su función jurisdiccional, r echazaron y confirmaron el rechazo de la demanda de reparación directa por caducidad, y son, por ende, los titulares de las decisiones judiciales que se cuestiona ahora.

jurisdiccional, r echazaron y confirmaron el rechazo de la demanda de reparación directa por caducidad, y son, por ende, los titulares de las decisiones judiciales que se cuestiona ahora.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

40. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional10.

41. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen

42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

8 decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

43. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

44. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

45. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»16; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

46. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

47. En efecto, (i) la relevancia constitucional se configura porque la controversia gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuenta de una decisión de segundo grado

12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01

Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: Acción de tutela

9 que confirmó el rechazo por caducidad de la demanda de reparación directa, sobre la base de un supuesto defecto fáctico y un presunto desconocimiento del precedente.

Referencia: Acción de tutela

9 que confirmó el rechazo por caducidad de la demanda de reparación directa, sobre la base de un supuesto defecto fáctico y un presunto desconocimiento del precedente.

48. El requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido, en la medida en que los accionantes agotaron los recursos ordinarios disponibles dentro del proceso de reparación directa (reposición y apelación contra el auto que rechazó la demanda) y no contaban con otro medio judicial idóneo y eficaz para cuestionar, en sede contenciosa, la valoración probatoria y la aplicación de la jurisprudencia en materia de caducidad; los recursos extraordinarios no resultan aptos para atacar directamente las decisiones objeto de reproche.

49. El requisito de inmediatez también se satisface, pues entre la notificación del auto del 22 de marzo de 2024 17 —que resolvió la apelación y confirmó el rechazo por caducidad— y la presentación de la acción de tutela el 21 de julio de 2025, transcurrió un lapso que la jurisprudencia ha considerado razonable para activar el mecanismo de amparo, dadas las particularidades del caso y la naturaleza de la decisión cuestionada.

50. En cuanto a la identificación de los hechos y derechos vulnerados, la demanda de tutela expone de manera clara y detallada la secuencia de actuaciones que, a juicio de los accionantes, configuraron el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente —en especial, la fijación del 9 de enero de 2018 como fecha de inici o del cómputo de la caducidad y la comparación con el auto del 22 de marzo de 2024 emitido por el

—en especial, la fijación del 9 de enero de 2018 como fecha de inici o del cómputo de la caducidad y la comparación con el auto del 22 de marzo de 2024 emitido por el propio Tribunal Administrativo de Bolívar —, junto con los derechos fundamentales presuntamente afectados.

51. Finalmente, no se trata de una sentencia de tutela, sino de un auto dictado en un proceso de reparación directa, y la acción fue dirigida exclusivamente contra esa providencia de segundo grado, que puso fin de manera definitiva a la posibilidad de debatir el fondo de la responsabilidad estatal alegada.

52. De acuerdo con lo expuesto, la Sala c