CE - Sentencia 11001031500020250457600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04576-00

Accionante: Nuris María Andrade Pacheco Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – inmediatez y relevancia constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Nuris María Andrade Pacheco, a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de l Atlántico y del Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 23 de julio de 20252 la parte actora interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de su derecho al debido proceso que considera vulnerado por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla , con ocasión del auto del 16 de mayo de 2022 que resolvió declarar la “ilegalidad” de la providencia del 11 de julio de 2018 que había librado mandamiento de pago y , por otro lado, negó el mandamiento de pago solicitado por aquella contra el ejecutado Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en el marco del proceso ejecutivo 08001 -33de 2018 que había librado mandamiento de pago y , por otro lado, negó el mandamiento de pago solicitado por aquella contra el ejecutado Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en el marco del proceso ejecutivo 08001 -3333-006-2018-00196-00/01/03.

Asimismo, consideró transgredido el referido derecho por el Tribunal Administrativo del Atlántico, debido a los autos del i) 16 de febrero de 2024 que desató el recurso de apelación contra la providencia del 16 de mayo de 2022, en el entendido de confirmar su contenido; ii) 13 de marzo de 2025 que negó la solicitud de nulidad de lo actuado; y iii) 3 de julio de 2025 que resolvió no reponer la providencia del 13 de marzo del mismo año.

1 Índice 2 de SAMAI, certificado 72C68CCBEC1F8B03 42F3FC16F7BAEEA6 31A5DA9C2F812AA7 1E5D8ACD15B25DEB. 2 Índice 2 de SAMAI, certificado 579930220369FAB3 7E3AA9862F564C89 C5200DC647F71E91 89A72A32CA1D9375.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04576-00

Accionante: Nuris María Andrade Pacheco Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. La accionante manifiesta que presentó demanda ejecutiva contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , con el fin de obtener el pago de la

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. La accionante manifiesta que presentó demanda ejecutiva contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , con el fin de obtener el pago de la obligación contenida en la sentencia del 30 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.2. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla, a través del auto del 11 de julio de 2018, ordenó librar mandamiento de pago a favor de la señora Nuris María Andrade Pacheco y contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por la sum a de $416.142.962,83 por concepto de capital y por $210.183.162,26 a título de intereses moratorios hasta el 30 de abril de 2018.3

2.3. Mediante providencia del 25 de octubre de 2019, 4 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla declaró probada la excepción de pago propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, terminó el proceso.

2.4. El 28 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico desató el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el sentido de revocar su contenido, en los siguientes términos:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2019 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen para qu e vuelva sobre el

Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen para qu e vuelva sobre el estudio del mandamiento de pago, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”5 (Resaltado original del texto).

2.5. A raíz de ello, el 16 de mayo de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla declaró “la ilegalidad del auto de fecha 11 de julio de 2018 que libró mandamiento de pago ” y negó el mandamiento de pago solicitado por la parte ejecutante.6

3 Archivo denominado “05 Auto libra mandamiento de pago” de la carpeta llamada “00. Cuaderno de primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 4 Archivo denominado “080013333006201800019600_T2” de la carpeta llamada “Link Remitido por el secretario […]”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC, folios 116 al 125. 5 Archivo denominado “080013333006201800019600_T2” de la carpeta llamada “Link Remitido por el secretario […]”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC, folios 142 al 162.

a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC, folios 142 al 162. 6 Archivo denominado “47 Auto niega mandamiento […]” de la carpeta llamada “00. Cuaderno de primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC.3

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2.6. El Tribunal Administrativo del Atlántico , el 16 de febrero de 2024 7, desató un recurso de apelación contra la providencia del 16 de mayo de 2022, en el entendido de confirmar su contenido.

2.7. Posteriormente, l a entonces ejecutante interpuso incidente de nulidad del proceso a partir de la providencia del 16 de mayo de 2022.8

2.8. Luego, el 13 de marzo de 20259 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la solicitud de nulidad del proceso.

2.9. Contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado mediante auto del 3 de julio de 2025, en el sentido de confirmar su contenido.10

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora sostuvo:

3.1. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla inobservó la sentencia del

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora sostuvo:

3.1. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla inobservó la sentencia del 28 de junio de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante la cual revocó la providencia del 25 de octubre de 2019 proferida por aquel juzgado y en su lugar, ordenó devolver el expediente para que se estudiara de nuevo el mandamiento de pago. Lo anterior, por cuanto debió emitir una decisión “positiva”, con fundamento en las pruebas allegadas en primera instancia y en atención a que el tribunal había señalado que no prosperaba la excepción de pago de la obligación, de manera que se generó una nulidad insaneable en los términos del artículo 136 del CGP y se desconoció el numeral 2° del artículo 442 ibidem. 3.2. Contra el auto de l 16 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla se interpusieron los recursos procesales correspondientes, esto es, el de apelación y se solicitó la nulidad, la cual fue resuelta

7 Archivo denominado “04 Auto decideape_[…]” de la carpeta llamada “01. Cuaderno de segunda instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 8 Archivo denominado “05.1 Nulidad sentencia[…]” de la carpeta llamada “01. Cuaderno de segunda instancia”, visible a índice

9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 9 Archivo denominado “ 11 Auto decide nulidad […]” de la carpeta llamada “01. Cuaderno de segunda instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 10 Archivo denominado “18 Resuelve reposición […]” de la carpet a llamada “01. Cuaderno de segunda instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC.4

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mediante providencias del 13 de marzo y 3 de julio de 2025. En consecuencia, existe inmediatez en la interposición de la presente acción.

4. Pretensiones de la acción La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“1°) REVOQUE o deje sin efectos jurídicos los autos proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo del Atlántico de fechas: auto del día 16 de mayo de 2022, auto fechado 16 de febrero de 2024, auto adiado 13 de marzo de 2025 y auto de fecha 3 de julio de 2025.

2°) Que ORDENE al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla CUMPLIR el

de marzo de 2025 y auto de fecha 3 de julio de 2025.

2°) Que ORDENE al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla CUMPLIR el Fallo del día 28 de junio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante el cual REVOCÓ totalmente el auto que había concedido al demandado la excepción de pago de la obligación, en la que el Tribunal manifiesta en su decisión que “NO PROSPERA LA EXCEPCIÓN DE PAGO” tal como ya quedó expresado y probado.”11 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 28 de julio de 202512 el despacho ponente admitió la acción de tutela y vinculó a l Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla . También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 13 sostuvo que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las pretensiones de la acción de tutela se dirigen contra las autoridades judiciales accionadas, aunado al hecho de que no se acreditó ninguna vulneración por parte de dicha entidad a los derechos fundamentales invocados por la accionante.

5.3. El Tribunal Administrativo d el Atlántico14 hizo un recuento de las actuaciones surtidas en primera y segunda instancia del proceso ejecutivo y señaló que l a accionante pretende reabrir un debate que ya concluyó, pues utiliza a la acción de tutela como una tercera instancia.

surtidas en primera y segunda instancia del proceso ejecutivo y señaló que l a accionante pretende reabrir un debate que ya concluyó, pues utiliza a la acción de tutela como una tercera instancia.

11 Índice 2 de SAMAI, certificado 72C68CCBEC1F8B03 42F3FC16F7BAEEA6 31A5DA9C2F812AA7 1E5D8ACD15B25DEB, folio 6. 12 Índice 4 de SAMAI, certificado 21A71AF2C40080A8 306399368B4F197B F2D9558FE74D2D09 3C89C5A8B851C6BB. 13 Índice 8 de SAMAI, certificado C5496277F005432D 76BA6E9389A3091A B0D8329ACB20882A 973144727D24F0CB. 14 Índice 9 de SAMAI, certificado 8C9F285597038611 8DB7443005A71D04 B2C02E12AF062561 F225D9A6B75D04E6.5

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Por su parte, afirmó que mediante sentencia del 28 de junio de 2021 no se determinó que debía librarse mandamiento de pago a favor de la ejecutante y tampoco le era dable al tribunal erosionar la autonomía judicial que recae en el a quo al momento de proferir la decisión que con sideraba pertinente en atención a la referida sentencia.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el

dable al tribunal erosionar la autonomía judicial que recae en el a quo al momento de proferir la decisión que con sideraba pertinente en atención a la referida sentencia.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito de inmediatez, porque el auto del 16 de febrero de 2024, que confirmó el proveído del 16 de mayo de 2022, fue n otificado el 21 de febrero de 2024, y la petición de amparo constitucional se presentó el 24 de julio de 2025, es decir, 1 año, 5 meses y 3 días después. Así, si bien la parte actora formuló incidente de nulidad y este fue decidido el 3 de julio de 2025, el cual fue notificado el 4 siguiente, tal circunstancia no la habilita para considerar que la decisión que vulnera sus garantías constitucionales fue proferida en la mencionada fecha, comoquiera que la inconformidad gira alrededor del auto proferido el 16 de mayo de 2022, confirmado el 16 de febrero de 2024.

5.4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla no se pronunció.15

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Nuris María Andrade Pacheco en contra del Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C , de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

15 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida visible a índice 7 de SAMAI.6

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3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad 16 y de procedencia 17 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El requisito general de inmediatez en el caso concreto

4.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, especificó que la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constituc ional y, por tanto, determinar si se

4.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, especificó que la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constituc ional y, por tanto, determinar si se interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “ un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso”19.

Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la solicitud de amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.

El examen de los 6 meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identif icado las siguientes variables de análisis que determinan cuándo se está ante una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al referido término:

“…que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejerc icio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en

decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejerc icio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación

16 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales d e procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos qu e generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 18 Expediente 2012-02201. 19 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201.7

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de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”20.

4.2. Pues bien, en el expediente está acreditado que contra el auto del 16 de mayo de 2022, mediante el cual se resolvió la ilegalidad de la providencia del 11 de julio de 2018 y negó el mandamiento de pago solicitado por la parte ejecutante, 21 se interpuso recurso de apelación22, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 16 de febrero de 2024 23, en el sentido de confirmar su contenido . Esta última decisión fue notificada por estado del 21 de febrero de ese año , a saber:24

Igualmente, lo anterior se corrobora en el índice 7 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico.25

En ese orden, de acuerdo con el término adoptado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la presente acción de tutela no lo cumple, comoquiera que se interpuso el 23 de julio de 2025.26

Así las cosas, se impone concluir que la solicitud de amparo tuvo lugar fuera del plazo jurisprudencialmente dispuesto respecto a l as providencias del 16 de mayo de 2022 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y del 16 de febrero de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

plazo jurisprudencialmente dispuesto respecto a l as providencias del 16 de mayo de 2022 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y del 16 de febrero de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

4.3. Por su parte, la Sala observa que no se demostró alguna circunstancia que impidiera a la actora acudir al mecanismo constitucional en la oportunidad

20 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017. 21 Archivo denominado “47 Auto niega mandamiento […]” de la carpeta llamada “00. Cuaderno de primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 22 Archivo denominado “49 Escrito apelación auto […]” de la carpeta llamada “00. Cuaderno de primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 23 Archivo denominado “04 Auto decideape_[…]” de la carpeta llamada “01. Cuaderno de segunda instancia”, visible a índice

9 de SAMAI, certificado C4303157589113E7 1A0A94A039DB2C45 0482E357246BF791 235505CBADAAC7FC. 24 La Sala realizó consulta en la página w eb de la Rama Judicial, “consulta de procesos nacional unificada”. Véase, en https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion 25 Índice 7 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico, radicado 08001333300620180019603. 26 Índice 2 de SAMAI, certificado 579930220369FAB3 7E3AA9862F564C89 C5200DC647F71E91 89A72A32CA1D9375.8

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jurisprudencialmente señalada y que justificara su inactividad , de forma que tampoco se puede entender que existe una afectación grave y urgente de sus prerrogativas fundamentales, ni un nexo causal entre el ejercicio tardío de la solicitud de amparo y la violación alegada. Además, tampoco adujo un eventual perjuicio irremediable.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Específicamente en lo que tiene que ver con la inmediatez como requisito general de procedencia, cabe insistir en que se trata de una exigencia de acuerdo con la cual la acción debe ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. La vocación de la tutela es la de servir como instrumento para reclamar

ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. La vocación de la tutela es la de servir como instrumento para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de una autoridad pública. Para que ello sea viable, es imperativo que las personas hagan uso de la acción con la misma presteza con la que la jurisdicción constitucional debe atenderla.”27

4.4. Finalmente, se trae a colación lo sostenido por la Corte Constitucional en el entendido de que cuando la acción de tutela se interpone contra providencia judicial, se impone una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada, a saber: “[…] la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente.”28

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela

indefinidamente.”28

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.29

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha consid erado necesario

27 Corte Constitucional, sentencia T-189-09. 28 Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016. 29 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.9

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examinar dos elementos, a saber30: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -215 de 202231, frente al requisito de

especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -215 de 202231, frente al requisito de relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la en tidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particul ares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. En el caso concreto, la señora Andrade Pacheco no realizó reproches concretos contra l os autos del 13 de marzo y 3 de julio de 2025, pues únicamente hace referencia a su contenido de cara a la comprobación del requisito de inmediatez de la presente acción de tutela. Por el contrario, enfoca su censurada contra el auto del 16 de mayo de 2022.

5.3. No obstante lo anterior, al verificar los argumentos contenidos en el auto del 13 de marzo de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se observa el siguiente análisis textual:

“Así las cosas, se observa, que el apoderado de la ejecutante, tuvo la oportunidad de presentar la solicitud de nulidad en primera instancia, ante el Juzgado Sexto (6° ) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, en el momento en que consideró que existía, una causal probable dentro de la actuación procesal; sin emb argo, optó por

presentar la solicitud de nulidad en primera instancia, ante el Juzgado Sexto (6° ) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, en el momento en que consideró que existía, una causal probable dentro de la actuación procesal; sin emb argo, optó por interponer recurso de apelación, en contra del auto del 16 de mayo de 2022, invocando los argumentos de la nulidad aquí alegada, esto es, que la A - quo, actuó en contravía de lo dispuesto por el superior, en la medida, que mediante auto del 16 de mayo de 2022, decidió no librar mandamiento de pago, en contra del DEIP DE BARRANQUILLA, por los motivos expuestos en la sentencia del 25 de octubre de 2019, la cual fue revocada por esta Corporación, mediante sentencia del 28 de junio de 2021.

Respecto de ello, se encuentra, que los argumentos presentados en la solicitud incoada por la parte ejecutante, no puede ser acogidos por esta Corporación, toda vez que al guardar relación de identidad, con los expuestos en el escrito de apelación, fueron

30 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101. 31 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04576-00

Accionante: Nuris María Andrade Pacheco Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

resueltos de plano, en proveído del 16 de febrero de 2024, que resolvió el recurso de

Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

resueltos de plano, en proveído del 16 de febrero de 2024, que resolvió el recurso de apelación, en contra del auto del 16 de mayo de 2022.

[…] En virtud de lo expuesto en precedencia, se advierte, que la demandante, pretende nuevamente el estudio de argu mentos ya esbozados ante esta Corporación, en insistencia del mandamiento de pago, dentro del caso que nos ocupa, lo cual resultaría en hecho: la “reposición del proveído del 16 de febrero de 2014”, lo cual a todas luces, es improcedente.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se procederá a esclarecer, lo concerniente a la no configuración de la causal del numeral 2° del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, a pesar de que el apoderado de la parte ejecutante, ha reiterado, los mismos argumentos previamente expuestos en el recurso de apelación.

Mediante decisión del 16 de febrero de 2024, se confirmó el auto del 16 de mayo de 2022, proferid