CE - Sentencia 11001031500020250474400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04744-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: SANDRA MILENA LAMPREA OSSA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER

DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO

MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE

CESANTÍAS. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora SANDRA MILENA LAMPREA OSSA actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1 En adelante el Tribunal.2

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Actora: SANDRA MILENA LAMPREA OSSA

1 En adelante el Tribunal.2

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artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y pro homine, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 30 de enero de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de 2022-00628-01.

I.2. Hechos

Señaló que el 11 de noviembre de 2021, solicitó al MUNICIPIO DE ARMENIA2 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , el pago de las cesantías parciales, prestación que le fue reconocida a través de la Resolución núm. 2065 de 23 de noviembre de 2021 y cancelada efectivamente el 25 de marzo de 2022.

Manifestó que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)3, omitió consignar en el término de ley las

2 En adelante MUNICIPIO. 3 En adelante FOMAG.3

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)3, omitió consignar en el término de ley las

2 En adelante MUNICIPIO. 3 En adelante FOMAG.3

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cesantías que le correspondía por los servicios prestados, por lo que el 29 de abril de 2022 , les solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de dicha prestación social.

Refirió que dicha autoridad no emitió respuesta alguna a su requerimiento, por lo que se configuró un acto ficto negativo.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y el MUNICIPIO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el fin de que se declarara la existencia y la nulidad del acto ficto negativo y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 2022-00628-00 y le correspondió en primera instancia

al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO4

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 2022-00628-00 y le correspondió en primera instancia

al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO4

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DE ARMENIA4 que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2023, accedió a las súplicas de la demanda.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de enero de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto, en su criterio, omitió efectuar una valoración adecuada, completa y armónica de los elementos de juicio obrantes en el expediente ordinario, lo cual condujo a la exclusión de hechos determinantes, por cual vulneró las garantías constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

4 En adelante el JUZGADO.5

hechos determinantes, por cual vulneró las garantías constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

4 En adelante el JUZGADO.5

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Reprochó que se haya desestimado la fecha de radicación consignada en el formato de reconocimiento y pago de las cesantías, esto es, la del 11 de noviembre de 2021 , otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación, en la que se señaló que se realizó solo hasta el 23 de noviembre de ese año.

Criticó que el TRIBUNAL debió otorgar mayor credibilidad a lo consignado en el formato y/o solicitud que dio origen al acto administrativo demandado que indicaba que la petición fue presentada el 11 de noviembre de 2021, desconociendo tal documento y que fue adjuntado en la demanda, el cual constituye una prueba legalmente admisible.

Señaló que al privilegiarse sin mayor análisis la fecha consignada en el acto administrativo por encima de la indicada en la reclamación, se desconocieron los principios de lealtad procesal y buena fe, pilares que deben orientar las actuaciones de los particulares frente a la administración.6

el acto administrativo por encima de la indicada en la reclamación, se desconocieron los principios de lealtad procesal y buena fe, pilares que deben orientar las actuaciones de los particulares frente a la administración.6

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I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, en la sentencia proferida el día 30 de enero de 2025, en el expediente radicado No. 63001 -33-33-004-2022-0062801, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO

PROCESO, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora Sandra Milena Lamprea Ossa por indebida valoración de las pruebas allegadas oportunamente al proceso.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO , DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva una sentencia en la que se garantice (i) una decisión justa, suficiente y razonada basada en la valoración adecuada y objetiva de los elementos

EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva una sentencia en la que se garantice (i) una decisión justa, suficiente y razonada basada en la valoración adecuada y objetiva de los elementos probatorios y, (ii) la aplicación de medios legítimos necesarios para cumplir la finalidad del servicio de la administración de justicia: la obtención del derecho sustancial y, la búsqueda de la verdad, mandatos que constituyen el ideal de la justicia material. […]” (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

I.6. Intervinientes7

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I.6.1.- El MUNICIPIO solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia al considerar que actuó conforme a la normatividad vigente. Asimismo, indicó que el TRIBUNAL realizó una interpretación jurídica razonable y motivada, en la que garantizó el principio de seguridad jurídica.

I.6.2.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL resaltó que la acción constitucional de la referencia debe declararse improcedente, toda vez que no se acreditó que exista vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la actora y, por el contrario,

acción constitucional de la referencia debe declararse improcedente, toda vez que no se acreditó que exista vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la actora y, por el contrario, lo que se plantea es una controversia que excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional.

I.6.3.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente contentivo del proceso ordinario objeto de controversia.

I.6.4.- LA FIDUPREVISORA S.A., pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.8

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009 -01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la9

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela10

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debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por11

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el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la prote cción

el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la prote cción constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en12

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esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 30 de enero de 2025, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó el fallo del JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00628-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva y los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y pro homine, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico.13

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Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, dado que privilegió la fecha consignada en el acto

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Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, dado que privilegió la fecha consignada en el acto administrativo demandado sobre la registrada en el formato y/o solicitud inicial de reconocimiento y pago de las cesantías, la cual, a su juicio, fue radicada oportunamente.

Señaló que el TRIBUNAL debió otorgar mayor credibilidad a lo consignado en la solicitud que dio origen al acto administrativo demandado, que indicaba que la petición fue presentada el 11 de noviembre de 2021, desconociendo tal documento y que fue adjuntado oportunamente en la demanda, el cual constituye una prueba legalmente admisible.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la a utoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04744-00

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicaci ón 202200628-01

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte Consti tucional en la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 20195, sostuvo lo siguiente:

5 Corte Constitucional, sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido15

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“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del prece dente, dado que la accionada no interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se a dvierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional16

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que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que

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que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad, que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del juez de tutela.

Dicha posición fue reiterada por la Sala que, mediante sentencia de 15 de julio de 20216, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 11001 -03-15-000-2021-01425-01. Actora: Bolivia Mercedes Pacheco González. M.P. Oswaldo Giraldo López17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04744-00

González. M.P. Oswaldo Giraldo López17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04744-00

Actora: SANDRA MILENA LAMPREA OSSA

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cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como

7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como

7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramí