CE - Sentencia 11001031500020250476901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: MARÍA VICKY CHICANGO ANGULO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN

SEGUNDA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia proferida por Alta Corte. Improcedencia por no satisfacer la específica carga argumentativa de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ANTECEDENTES Escrito de tutela

1. María Vicky Chicango Angulo pre sentó acción de tutela contra la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició la tutelante, identificado con n úmero 76001 -23-33-000-201701540-01. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se explicarán los del proceso contencioso administrativo y en segundo lugar, los fundamentos del escrito de amparo y su desarrollo en primera instancia.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo 76001 -23-33-000-201701540-01.

2. Manifestó que trabajó como docente de la institución santa librada, por lo cual,

Antecedentes del proceso contencioso administrativo 76001 -23-33-000-201701540-01.

2. Manifestó que trabajó como docente de la institución santa librada, por lo cual, estaba vinculada como servidora pública en la secretaría de educación del di strito especial de Santiago de Cali. Se encontraba afiliada al sindicato de trabajadores de la educación del Valle y el 4 de mayo de 2015, en las horas de la noche, durante una actividad sindical, denominada “marchas de las antorchas” sufrió un accidente mientras se desarrollaba la mencionada marcha.

3. Resultado de ese accidente, se le dictaminó pérdida de la capacidad laboral y determinación de invalidez el 29 de junio de 2016. Con un porcentaje de 45.00% fecha de estructuración 9 de febrero de 2016 y una incapacidad permanente parcial.

Resultado de lo anterior, radicó petición de indemnización de accidente de trabajo, la cual le fue negada mediante actos administrativos de 12 de diciembre de 2016.

4. Indicó que a través de apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución No. 4143.0.21.9302 del 12 deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Referencia: Segunda Instancia

diciembre de 2016 y el acto administrativo denominado resolución No. 4143.010.21.3473 del 4 de mayo de 2017 proferidos por la secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali y la Nación-Ministerio de Educación-Fondo

4143.010.21.3473 del 4 de mayo de 2017 proferidos por la secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali y la Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones sociales. En los actos administrativos se negó la solicitud de indemnización por accidente de trabajo y el reconocimiento y pago de una indemnización por accidente de trabajo.

5. En sede de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de 20 de marzo de 2019 negando las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. La autoridad judicial concluyó que, a pesar de la gravedad de la discapacidad de la demandante, no allegó al expediente prueba que evidenciara que se trató de un accidente de trabajo. Se reprochó que no se allegó la historia clínica y reporte de ninguna autoridad sobre el evento del accidente. La decisión fue apelada.

6. En sentencia de 27 de febrero de 2025, notificada el 4 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia. Nuevamente se reprochó que la actora incumplió la carga probatoria relacionada c on mostrar elementos de conocimiento respecto de las condiciones en las que se produjo el accidente, pues solo se aportó certificado del presidente del sindicato en el que consta que el accidente de trabajo ocurrió durante una actividad sindical, sin embar go, la Subsección A de la Sección Segunda reprochó que, los representantes legales de estas asociaciones no tienen las facultades para certificar la calidad de un accidente de trabajo, o el carácter de afiliada de una docente.

Fundamentos del escrito de tutela

reprochó que, los representantes legales de estas asociaciones no tienen las facultades para certificar la calidad de un accidente de trabajo, o el carácter de afiliada de una docente.

Fundamentos del escrito de tutela

7. La tutelante sostiene que la providencia cuestionada incurrió en un error de hecho en la valoración probatoria, toda vez que “en el recurso de apelación interpuesto por mi apoderado se anexo debidamente el Dictamen Técnico de Medicina Laboral donde se evidencia que mis lesiones por quemadura fueron de origen laboral en el desarrollo de mi actividad sindical por motivo de la Actividad de la “Marcha de Antorchas”, así mismo el oficio No. 116 del 12 de junio de 2015, donde el Presidente de ese moment o del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, afirma que la tutelante participó de esa marcha en el marco de la participación de

las Jornadas Sindicales.

8. Adujo que se incurrió en error de hecho como modalidad de error judicial pues no se decretó de oficio la práctica de pruebas que el tribunal y el Consejo de Estado echaron de menos, lo cual, está dentro de sus facultades. Censuró que el Consejo de Estado no haya dado por probada su condición de sindicalista, cuando consta certificado del presidente de la agremiación de trabajadores. Concluyó indicando que la valoración probatoria de la providencia proferida por el Consejo de Estado es abiertamente irrazonable y contraria a las facultades del juez administrativo.

9. Por lo anterior, solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia en conexión con el principio deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

9. Por lo anterior, solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia en conexión con el principio deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Referencia: Segunda Instancia

confianza legítima. En consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia atacada y se ordene proferir fallo de reemplazo.

Trámite de tutela

10. Admitida la acción de tutela se vinculó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la NaciónMinisterio de Educación, al FOMAG representado judicialm ente por la fiduciaria la previsora y a la secretaria de educación de Santiago de Cali.

11. La secretaria de Educación intervino con el fin de solicitar que se declare improcedente el amparo, pues, en relación con ella, carece de legitimación en la causa por pasiva, al no haber participado en la aprobación de la sentencia cuestionada. El Tribunal Administrativo remitió copia del expediente digital, pero guardó silencio en relación con las pretensiones del amparo. En el mismo sentido, las demás entidades guardaron silencio.

Sentencia de primera instancia.

12. En fallo de 25 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo, pues examinada la sentencia ordinaria censurada, se concluyó que, la Subsección A de la Sección Segunda de la

Consejo de Estado negó el amparo, pues examinada la sentencia ordinaria censurada, se concluyó que, la Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación no incurrió en los defectos alegados en el escrito de amparo, pues la providencia valoró adecuadamente las pruebas contenidas dentro del proceso a partir de una interpretación razonable de la normatividad aplicable.

Recurso de impugnación.

13. La tutelante impugnó la sentencia de primera instancia. Insistió en que existió un error de hecho por parte de la Sección Segunda, Subsección A, pues en las consideraciones de la providencia cuestionada, no valoró las pruebas que se aportaron en la demanda y en el escrito de apelación, puntualmente el dictamen de medicina laboral donde indicaron que la pérdida de capacidad laboral fue de origen laboral en desarrollo de las actividades sindicales. Adujó que el accidente se produjo cuando el sindicato del que era parte, adelantaba actividades de negociación colectiva, las cuales, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional son actividades sindicales donde se aplica el fuero.

14. Reiteró en que el yerro de la providenci a atacada es un defecto fáctico por no acatar lo indicado en la calificación de pérdida de capacidad laboral, conforme a la cual, se trató de un accidente laboral. Solicitó que se amparen sus derechos fundamentales y se revoque la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Competencia

15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro delRadicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

CONSIDERACIONES

Competencia

15. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro delRadicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Referencia: Segunda Instancia

proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos

16. La tutelante sostiene que la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación incurrió en un defecto fáctico, pues desconoció el material probatorio contenido en el expediente y que necesariamente llevaba a concluir que, la tutelante sufrió un accidente laboral cuando desarrollaba actividades de negociación colectiva sindical. Puesto que se trata de una acción d e tutela contra una providencia judicial de una alta corte, en primer lugar, corresponde examinar si se satisfacen los requisitos de procedencia formal. En caso de encontrarlos satisfechos, se formulará un problema jurídico de fondo.

17. Con el fin de re solver los anteriores problemas jurídicos, en primer lugar, se reiterará el precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de Alta Corte, y se resolverá en el caso concreto, si se satisface los requisitos generales de tutela contra sentencia.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes

judiciales de Alta Corte, y se resolverá en el caso concreto, si se satisface los requisitos generales de tutela contra sentencia.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes

18. En precedente de unificación de la Corte Constitucional 1 se ha señalado que, una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requ isitos generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en estos eventos, debe acreditarse que se trata de “ un caso definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”2. Por lo tanto:

“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y con los espe ciales de procedibilidad contra providencias judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la intervención urgente del juez de tutela”

19. Recientemente, en sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la especial y exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela dirigida contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo especial en señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental, orgánico, desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre

especial en señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental, orgánico, desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre otros), con el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera protuberante y ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse de una acción de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede

1 Cfr. SU -128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T -495 de 2024 (Juan Carlos Cortes González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU -050 de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) 2 Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

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Referencia: Segunda Instancia

con el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esta corporación ha indicado, entre otros en los fall os SU-573 de 2019, SU -257 de 2021, SU -215 de 2022, SU -269 de 2023 y SU -451 de 2024, que el examen de procedencia debe realizarse de forma más rigurosa o estricta. Eso no significa que la tutela no sea procedente, sino que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que considerarse una argumentación cualificada , dada la importancia y el rol que cumplen los órganos de cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De

procedente, sino que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que considerarse una argumentación cualificada , dada la importancia y el rol que cumplen los órganos de cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De esta manera, cuando la tutela se dirige contra una decisión expedid a por una alta Corte, “además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se debe acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la intervención urgente del juez de tutela”.3

20. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de tutela4.

21. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedencia formal.

22. Respecto al requisito de relevancia constitucional, como se acabó de indicar, la Corte Constitucional ha explicado que 5, el mismo reviste especial importancia cuando se trata de una censura constitucional a una providencia proferida por una corporación judicial de cierre, y exige que el actor muestre una irregularidad de tal entidad que contrarie directamente mandatos constitucionales.

23. Descendiendo al caso concreto, esta subsección considera que la demanda de

corporación judicial de cierre, y exige que el actor muestre una irregularidad de tal entidad que contrarie directamente mandatos constitucionales.

23. Descendiendo al caso concreto, esta subsección considera que la demanda de tutela carece de relevancia constitucional y en esa medida modificará la sentencia de primera instancia que negó el amparo, y en su lugar lo declarará improceden te.

En efecto, examinados los argumentos del escrito de amparo se verifica que los mismos plantean un debate de índole legal que buscan reabrir la discusión probatoria que se surtió en las dos instancias del proceso contencioso administrativo. Resulta rele vante que la tutelante indica que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta pruebas aportadas en sede de segunda instancia, durante el ejercicio del recurso de apelación. Ello evidenciando que, en su momento no satisfizo la carga probatoria durante la p rimera instancia, y pretendió con el recurso de apelación subsanar su inacción. En el mismo sentido, la acción de tutela busca subsanar la inacción de la actora durante el desarrollo del proceso

3 Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021. 4 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre otras. 5 SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo): “(…) esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada”. (negrillas agregadas por la sala)Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada”. (negrillas agregadas por la sala)Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado

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contencioso, pues, reprocha que la autoridad accionada, la Su bsección A de la Sección Segunda, no decretó pruebas de oficio que la demandante no aportó oportunamente.

24. Por lo anterior, el escrito de amparo no evidencia que la providencia censurada haya incurrido en una arbitrariedad protuberante que hagan proced ente el recurso de amparo, por el contrario, lo que se evidencia es que la misma se utiliza como medio judicial para subsanar la inacción durante el proceso contencioso administrativo.

25. Conforme la jurisprudencia constitucional reiterada, una acción de amparo contra una providencia proferida por el Consejo de Estado, debe satisfacer una importante carga argumentativa, en punto al examen de procedencia formal. El actor debe mostrar una arbitrariedad ostensible y transversal de la providencia cuestionada, sin embargo, en el caso concreto, el tutelante se limitó a mostrar una disconformidad de criterio con la providencia de 27 de febrero de 2025. Quiere decir esto que, el demandante no presentó un argumento de nivel constitucional para mostrar una contradicción entre la decisión censurada y algún derecho fundamental contenido en la carta de 1991. El escrito se concreta en mostrar su desacuerdo respecto de la interpretación del certificado de capacidad de pérdida laboral, es

mostrar una contradicción entre la decisión censurada y algún derecho fundamental contenido en la carta de 1991. El escrito se concreta en mostrar su desacuerdo respecto de la interpretación del certificado de capacidad de pérdida laboral, es decir, con el fallo que le fue a dverso y acude a la tutela para buscar una nueva instancia. Respecto a este requisito de especial carga argumentativa, el actor no satisface dicha exigencia dado que se evidencia una irregularidad abierta y protuberante, sino, como se señaló, se observa es una diferencia o un disgusto con el sentido de la providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 25 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar declarar improcedente el amparo promovido por María Vicky Chicango Angulo.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRadicación número: 11001-03-15-000-2025-04769-01

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Referencia: Segunda Instancia

Accionante: María Vicky Chicango Angulo

Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Referencia: Segunda Instancia

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el li nk

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. VF