CE - Sentencia 11001031500020250495901 de 2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04959-01

Accionante: EDGAR NOVOA TORRES

Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.

Inmediatez – No se cump le, en tanto que la acción de amparo constitucional fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia ha considerado razonable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el recurso de impugnación interpuesto por Edgar Novoa Torres contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 11 de agosto de 20251, el señor Edgar Novoa Torres, quien actúa a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la providencia del 9 de

apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la providencia del 9 de marzo 2023 y el Auto del 20 de enero de 2025, emitidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a los principios constitucion ales de seguridad jurídica, “la irrenunciabilidad de la seguridad social en materia laboral y al derecho del mantenimiento del poder adquisitivo del salario”.

Hechos relevantes

2. El señor Edgar Novoa prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 1º de noviembre de 1989 hasta el 1º de febrero de 2012, fecha en la que fue retirado en el grado de teniente coronel.

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 11 de agosto de 2025 con secuencia: 7983 - Cuad.:1”.Radicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

2

3. El 4 de junio de 2018, solicitó el reconocimiento de los increme ntos salariales correspondientes a los años 1992–2004 y su inclusión en la mesada pensional. La entidad negó la petición mediante el Oficio S -2019-047939 del 19 de agosto de

2019.

4. El 5 de abril de 2021, el señor Edgar Novoa presentó demanda de nulidad y

entidad negó la petición mediante el Oficio S -2019-047939 del 19 de agosto de 2019.

4. El 5 de abril de 2021, el señor Edgar Novoa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el propósito de obtener la nulidad del Oficio S-2019-047939 del 19 de agosto de 2019, por medio del cual la entidad negó la reliquidación de su asignación mensual y el reconocimiento de cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones correspondientes al año 2014.

5. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara la reliquidación y pago del incremento del 2.49%, derivado de la diferencia entre la asignaci ón mensual de 2004 y el ajuste que correspondía aplicar conforme a la inflación causada en 2003, con inclusión de todos los factores computables (sueldo básico, bonificaciones, primas, subsidios y compensaciones) y la reliquidación y pago del incremento de l 52.2543%, correspondiente a la actualización por la inflación acumulada entre 1992 y 2004, aplicable a la asignación mensual percibida desde enero de 2005 hasta la fecha de retiro, igualmente con inclusión de los factores salariales y prestacionales computables.

6. A través de Sentencia del 3 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Casanare2 negó las pretensiones al considerar que los miembros de la Fuerza Pública tienen un régimen salarial especial, que la actualización por IPC solo operó hasta el 31 de diciembre de 2004, y que las reclamaciones por salarios y prestaciones de 1992 a 2004 estaban prescritas.

Pública tienen un régimen salarial especial, que la actualización por IPC solo operó hasta el 31 de diciembre de 2004, y que las reclamaciones por salarios y prestaciones de 1992 a 2004 estaban prescritas.

7. El actor apeló y sostuvo que, entre 1997 y 2004, el Gobierno no ajustó los salarios conforme al IPC, y que la Sentencia C -931 de 2004 ordenó preservar el poder adquisitivo real del salario de los servidores públicos.

8. Mediante sentencia del 9 de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión porque el actor permaneció en servicio activo entre 1997 y 2004 y solo adquirió la calidad de pensionado en 2012, por lo que no esta ba cobijado por la Ley 100 de 1993, la Ley 238 de 1995 ni el Decreto 4433 de 2004.

9. La parte demandante promovió incidente de nulidad el 26 de octubre de 2023, al considerar que la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vu lneró el debido proceso por fundamentarse en una interpretación jurídica contraria a derecho y por omitir el trámite de la solicitud de sentencia de unificación presentada en tiempo. No obstante, dicha solicitud fue rechazada el 20 de enero de 2025, al est imarse que las inconformidades planteadas no se enmarcaban en la finalidad propia de la nulidad procesal.

2 Identificado bajo el radicado: 85001-2333-000-2021-00098-00/01.Radicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres

enmarcaban en la finalidad propia de la nulidad procesal.

2 Identificado bajo el radicado: 85001-2333-000-2021-00098-00/01.Radicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3 Pretensiones

10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Con base en los hechos, fundamentos, argumentos y de lo probado en el medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERE CHO, solicito al señor Presidente del Consejo de Estado, que previo al reparto de la presente acción de tutela y de conformidad al artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, para determinar la conformación de la sala de decisión con la cual se avoque el conocimiento de la presente acción de tutela que se ejerce contra actuaciones de la propia corporación, y con el fin de garantizar el debido proceso, y al estar un numero plural de los Magistrados de dicha corporación en inhabilidades e incompatibilidades por tener o haber tenido medio de control adelantados por este togado con las pretensiones antes descritas a favor de mis poderdantes, se conforme y nombre una sala de conjueces para el presente asunto, en razón a que hasta la fecha, los magistrados de dicha corporación han omitido salvaguardar el cumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125 de la Honorable Corte Constitucional.

hasta la fecha, los magistrados de dicha corporación han omitido salvaguardar el cumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125 de la Honorable Corte Constitucional. De conformidad a lo actuado, solicito se tutelen a favor del señor EDGAR NOVOA TORRES los derechos a la Seguridad Jurídica, al Trabajo en Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social en Materia Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo del Salario y su impacto en l as Prestaciones Sociales y a la Garantía de Legalidad y alcance de la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior fijados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125, por lo cual solicito se declare: PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022), nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) y veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferidas respectivamente por el Tribunal Administrativo de Casanare y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado , dentro del medio de control de Nuli dad y Restablecimiento del Derecho, con Radicación: 85001 -2333-000-202100098-00 y 85001-2333-000-2021-00098-01, en consecuencia, disponer

Consejo de Estado , dentro del medio de control de Nuli dad y Restablecimiento del Derecho, con Radicación: 85001 -2333-000-202100098-00 y 85001-2333-000-2021-00098-01, en consecuencia, disponer SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión PRIMERA y en su lugar, Acc eder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la presente acción de tutela, la Subsección “B” Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera la sentencia correspondiente en derecho.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico, y material o sustantivo de la providencia, la cual es contrari a al fin de garantizar el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en si misma se encuentra fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa de la Constitución, además la pro videncia proferida por el TribunalRadicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

4 Administrativo de Casanare y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y res olutivos de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de

Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y res olutivos de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125 de la Corte Constitucional.

CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y la consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993 a 2004, ello, como consecuenc ia del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran establecidos en las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los Ministros de Despacho, con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13

Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de 1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario Oficial No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de 14 de julio de 199 7), 40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770, de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10 de diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quin to de la sentencia C-931 del

esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quin to de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional, y al existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2 013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101 de 2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 99 9 de 2017 (Diario Oficial

2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 99 9 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 deRadicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

5 junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025), por los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministr os de Despacho y evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido

públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministr os de Despacho y evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las pretensiones inicialmente solicitada s en el medio de control y/o inaplicar por vía de excepción dichos decretos.

SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional , y una v ez establecida y declarada la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los decretos subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente, la pérdida de poder adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante , ello consecuentemente de la implicación directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto 921

de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto 921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y del artículo 2º de los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero de 1995), 107 de 1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997 (Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No. 43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficia l No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de

diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2 005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial No.Radicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres

Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

6 49.784, de 12 de febrero de 20 16), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrer o de 2020), 976 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 615 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025), evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera un a pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de

adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

SÉPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como sueldo básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado de TENIENTE CORONEL en un 52.3616%, ello consecuentemente de la implicación de manera directa, material y objetiva que con sagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante , según lo establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales se estructuro la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel eje cutivo y agentes de la Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General; Teniéndose que dicha asignación

básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General; Teniéndose que dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de presente el desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y los gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y a cumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual Porcentual, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela,

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 yRadicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

7 334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministr o de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al Director de la Policía Nacional, al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y a los funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en los procesos con radicación 85001-2333-000-2021-00098-00 y 85001 -2333-000-2021-00098-01; a que en evento público dé amplia difusión y publicación se dé a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las autoridades deberán expresar

difusión y publicación se dé a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la violación a que fue objeto el señor EDGAR NOVOA TORRES por parte del Estado Colombiano desde el año 2005 al no ser restaurado su derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de mantener el poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125 por la Honorable Corte Constitucional”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. El peticionario afirmó que la presente acción de amparo satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sostuvo que las decisiones adoptadas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de E stado y el Tribunal Administrativo de Casanare incurrieron en un defecto sustantivo, al omitir la aplicación de los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución Política, así como el desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia C-931 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional actualizar los salarios de los servidores públicos conforme con la inflación causada y acumulada, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.

12. Precisó que en dicha providencia la Corte consideró improcedente la congelación de los ingresos de los trabajadores de rango medio y alto, y advirtió la

del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.

12. Precisó que en dicha providencia la Corte consideró improcedente la congelación de los ingresos de los trabajadores de rango medio y alto, y advirtió la obligación de garantizar la actualización plena del poder adquisitivo real del salario.

Adicionalmente, manifestó que a partir del año 2005, el ajuste anual de las asignaciones de retiro derivado del principio de oscilación con base en el IPC adquirió carácter permanente. Finalmente, alegó un defecto fáctico, en tanto no se valoraron las p ruebas que demostraban la vulneración sistemática al núcleo esencial del derecho al salario, generada por la pérdida progresiva de su poder adquisitivo.

3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_1ACCIONDETUTELAEDGAR(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001031500020250495901

Accionante: Edgar Novoa Torres Accionado: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B y Otro Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

8 Trámite en primera instancia

13. Mediante auto 19 de agosto de 20254, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, en su calidad de terceros con interés en el trámite. Asimismo, la Sala reconoció personería jurídica al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas, para que actuara

en su calidad de terceros con interés en el trámite. Asimismo, la Sala reconoció personería jurídica al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas, para que actuara como apoderado del señor Edgar Novoa Torres.

Intervenciones

14. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 5 solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por el actor se diri gen exclusivamente contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare, autoridades que profirieron las decisiones cuestionadas.

15. La Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional 6 Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, toda vez que no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Además, afirmó que no se acreditan los presupuestos necesarios para la configuración de un perjuicio irremediable.

16. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 7 pidió declarar improcedente la presente acción de tutela, por incumplir el requisito de relevancia constitucional. El actor limitó su inconformidad con la providencia cuestionada a un desacuerdo con el resultado, lo que pretende convertir la tutela en una tercera instancia, figura incompatible con su naturaleza de juicio de validez y contraria a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

17. Asimismo, manifestó que la tutela incumple el requisito de inmediatez. La Sentencia del 9 de marzo de 2023 qu edó ejecutoriada el 26 de abril de 2023,

17. Asimismo, manifestó que la tutela incumple el requisito de inmediatez. La Sentencia del 9 de marzo de 2023 qu edó ejecutoriada el 26