CE - Sentencia 11001031500020250510900 de 2025

Consejo de Estado

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Título: CE - Sentencia 11001031500020250510900 de 2025
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

Accionantes: Cirley Cedeño Melo, Laura Valentina Castillo Cedeño,

Yuber Andrés Castillo Cedeño, Camilo Ernesto Castillo Cedeño, Celmira Castillo Floriano, Mercedes Castillo Floriano, Judith Castillo Floriano, Waldino Castillo Floriano, María Encarnación Castillo Floriano, Ismenia Castillo Floriano y Aldemar Castillo Floriano, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Cirley Cedeño Melo, Laura Valentina Castillo Cedeño, Yuber Andrés Castillo Cedeño, Camilo Ernesto Castillo Cedeño, Celmira Castillo Floriano, Mercedes Castillo Floriano, Judith Castillo Floriano, Waldino Castillo Floriano, María Encarnación Castillo Floriano, Ismenia Castillo Floriano y Aldemar Castillo Floriano, por conducto de apoderado judicial, presentaron escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideraronRadicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

Accionantes: Cirley Cedeño Melo, Laura Valentina Castillo Cedeño, Yuber Andrés Castillo Cedeño, Camilo Ernesto Castillo Cedeño, Celmira Castillo Floriano, Mercedes Castillo Floriano, Judith Castillo Floriano, Waldino Castillo Floriano, María Encarnación Castillo Floriano, Ismenia Castillo Floriano y Aldemar Castillo Floriano

Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

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vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con ocasión de la sentencia proferida el 29 de enero de 2025, dentro del proceso de reparación directa

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vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con ocasión de la sentencia proferida el 29 de enero de 2025, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 18001-23-33-000-2014-00029-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. Cirley Cedeño Melo, Laura Valentina Castillo Cedeño, Yuber Andrés Castillo Cedeño, Camilo Ernesto Castillo Cedeño, Rosario Floriano de Castillo, Celmira Castillo Floriano, Mercedes Castillo Floriano, Judith Castillo Floriano, Waldino Castillo Floriano, María Encarnación Castillo Floriano, Ismenia Castillo Florian o y Aldemar Castillo Floriano radicaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional con el objeto de reclamar el reconocimiento y pago de perjuicios derivados de la ejecución extrajudicial de la que fue víctima el señor Celso Castillo Floriano.

3. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia (Caquetá) dictó sentencia el 30 de junio de 2020 en la que encontró demostrado el daño consistente en la muerte del señor Celso Castillo Floriano y la imputación al Estado por falla del servicio. En consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda.

4. Inconformes con esta decisión, tanto la parte actora como la entidad demandada interpusieron recursos de apelación. La primera manifestó su inconformidad con el

por falla del servicio. En consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda.

4. Inconformes con esta decisión, tanto la parte actora como la entidad demandada interpusieron recursos de apelación. La primera manifestó su inconformidad con el reconocimiento de los perjuicios por lo que pidió la adición del fallo para acceder a todas las pretensiones de la demanda. Por su parte, la segunda solicitó revocar la decisión al afirmar que no existió responsabilidad estatal. En particular, afirmó que no existían pruebas suficientes para establecer la irregularidad o la extralimitación en que incurrió la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

5. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Caquetá dictó auto el 15 de marzo de 2021 en que admitió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, «en los términos de la Ley 2080 de 2021 hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció, así como el Ministerio Público no emitió concepto»1. En este contexto, la autoridad judicial accionada profirió sentencia de segunda instancia el 29 de enero de 2025 , en la que revocó la providencia del 30 de junio de 2020 y declaró de oficio probada la excepción de caducidad.

1 Según se lee en la sentencia de segunda instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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6. Señaló que, aunque en la audiencia inicial no se abordó el estudio de este instituto procesal , dicha omisión no le impedía pronunciarse al respecto, especialmente en virtud de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 , en la que se establecieron reglas de aplicación obligatoria para los casos pendientes de resolución. Además, indicó que era necesario realizar dicho análisis, toda vez que el Consejo de Estado, en auto del 8 de julio de 2016, al revocar la providencia que rechazó el medio de control, aplazó el estudio de la caducidad para el momento en que se contara con la totalidad de las pruebas.

7. Por ende, el Tribunal indicó que, aunque de tiempo atrás la jurisprudencia sostenía la inaplicabilidad del término de caducidad en asuntos derivados de delitos de lesa humanidad, esta postura fue replanteada en la sentencia de unificación en la que se dispuso su exigibilidad aun en estos escenarios.

8. Dispuso, además, que esta tesis la avaló la Corte Constitucional en la sentencia

de lesa humanidad, esta postura fue replanteada en la sentencia de unificación en la que se dispuso su exigibilidad aun en estos escenarios.

8. Dispuso, además, que esta tesis la avaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020 y que resultaba de obligatoria observancia por la fuerza vinculante del precedente. En este orden, aplicó dicha regla al caso concreto y determinó que según el relato de la demanda los actores tuvieron conocimiento de la muerte del señor Celso Castillo Floriano el 17 de octubre de 2002 . No obstante, expresó que según los demandantes no operó la caducidad por tratarse de delitos de lesa humanidad.

9. Destacó lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2023 relacionada con el objeto de la unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 , y resaltó la postura acogida en la sentencia SU -312 de 2020.

Así, consideró que en términos de esta corporación la posición adoptada por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de enero de 2020, respetó el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, la reparación de los daños causados por el Estado y lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. Bajo este entendido, la caducidad tenía que contabilizarse, en el caso concreto, desde cuando los demandantes conocieron de la ocurrencia del hecho dañoso por el actuar activo u omisivo del Estado, lo que ocurrió en octubre de 2002, según se corroboró a partir de los hechos consignados en la demanda. Al respecto, pese a

desde cuando los demandantes conocieron de la ocurrencia del hecho dañoso por el actuar activo u omisivo del Estado, lo que ocurrió en octubre de 2002, según se corroboró a partir de los hechos consignados en la demanda. Al respecto, pese a que para ese momento no estaba vigente la postura jurisprudencial actual que permite declarar la caducidad en eventos de lesa humanidad, el precedente judicial tiene fuerza vinculante y produce, por regla gener al, efectos retrospectivos, lo que implica su aplicación a casos pendientes de decisión.

11. Por consiguiente, para cuando se radicó la demanda el 30 de enero de 2014, se había superado el término de dos años previsto para acudir a la administración, de que trata el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, razón por la que noRadicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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existía duda frente a la fecha de ocurrencia de los hechos y la acreditación del instituto de la caducidad, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente.

12. Seguidamente, destacó que no existió alguna situación que les hubiera impedido

existía duda frente a la fecha de ocurrencia de los hechos y la acreditación del instituto de la caducidad, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente.

12. Seguidamente, destacó que no existió alguna situación que les hubiera impedido a los actores acudir oportunamente a la administración de justicia, dado que , no obstante afirmaron que tuvieron que desplazarse a Florencia por las amenazas que sufrieron, denunciaron ante las autoridades competentes el fallecimiento de la víctima e intervinieron activamente en el proceso penal adelantado por la Fiscalía 77 Especializada de Neiva lo que permite evidenciar que pudieron advertir la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

13. Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 29 de enero de 2025. Asimismo, pidieron ordenarle al Tribunal Administrativo del Caquetá que corriera traslado para alegar de concusión previo a proferir sentencia de segunda instancia , de manera que tuviera en cuenta la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, la comisión de la ejecución extrajudicial de la que fue víctima el señor Celso Castillo Floriano, las circunstancias que los llevaron a demandar tardíamente y, con base en ello, declarara la responsabilidad de la demandada.

14. Afirmaron que la decisión estaba incursa en los defectos que denomin aron «sustantivo por inaplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial». Frente al primero, indicaron que

14. Afirmaron que la decisión estaba incursa en los defectos que denomin aron «sustantivo por inaplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial». Frente al primero, indicaron que el Tribunal aplicó reglas fijadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, que acogió la Corte Constitucional en el fallo SU -312 de 2020, a pesar de que estas resultaban restrictivas de los derechos de las víctimas, comoquiera que imposibilitaban el acceso a la justicia.

15. Agregaron que las providencias no tuvieron en cuenta lo relatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe núm. 52/16 del 30 de noviembre de 2016 relativo al caso 12.521 de María Laura Órdenes Guerra y otros vs Chile. Puntualmente, según este documento la figura de la caducidad era inaplicable a las acciones judiciales encaminadas a castigar graves violaciones a los derechos humanos, porque de ser así se transgrediría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concreto, la protección y las garantías judiciales que emanan de los artículos 8.1 y 25.1.

16. Ahora bien, no había lugar a desconocer esta posición en tanto la Comisión constituye el órgano autónomo y principal del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos , razón que fortalece la inaplicación de la caducidad en eventos de reparaciones patrimoniales de conformidad con la Convención.

Precisaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en recienteRadicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

eventos de reparaciones patrimoniales de conformidad con la Convención. Precisaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en recienteRadicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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sentencia del 27 de julio de 2022 en la cual resolvió el caso de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, dispuso que quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos podían demandar sin que sus pretensiones se vieran afectadas por el instituto de la caducidad.

17. Consideraron que el fallo del Tribunal se apartó de las sentencias proferidas por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos que gozan de un carácter vinculante y resultan de aplicación obligatoria para las autoridades. Por tanto, en realidad las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, aunque sean de unificación, no consultan el acceso a la justicia ni las garantías mínimas previstas en la Convención, a la que se encuentra obligada Colombia en los términos del artículo 93 Superior.

18. Indicaron que la autoridad accionada no t uvo en cuenta lo dispuesto en la

mínimas previstas en la Convención, a la que se encuentra obligada Colombia en los términos del artículo 93 Superior.

18. Indicaron que la autoridad accionada no t uvo en cuenta lo dispuesto en la sentencia SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional, pues no les dio la oportunidad de expresar las razones por las que se vieron impedidos para acudir a la administración de justicia en el término legal. Así , queda en evidencia el desconocimiento de la regla jurisprudencial fijada en dicha decisión, que establece que, ante los cambios jurisprudenciales introducidos por la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo d e Estado, la autoridad judicial está en la obligación de readecuar el trámite procesal permitiéndole a la parte volver a presentar sus alegatos, como una oportunidad para justificar el ejercicio de la acción.

19. Para los accionantes, como la regla jurisprudencial fue desconocida en su caso particular, la autoridad judicial incurrió en defecto procedimental absoluto .

Adicionalmente, el fallo tutelado vulneró los principios de transparencia y argumentación al no explicar las razones del apartamiento frente a la citada providencia de unificació n, lo que a su vez implicó un desconocimiento del precedente.

2.3. Trámite procesal

20. El despacho ponente, mediante auto del 21 de agosto de 2025 2, admitió la solicitud de amparo, vinculó al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; requirió para que se aportara el expediente ordinario, tuvo como pruebas las allegadas con la demanda

solicitud de amparo, vinculó al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; requirió para que se aportara el expediente ordinario, tuvo como pruebas las allegadas con la demanda y le reconoció personería al abogado para ejercer la representación de todos los tutelantes, salvo la señora Rosario Floriano de Castillo, frente a quien se requirió el poder conferido para ese fin.

21. El Tribunal Administrativo del Caquetá indicó que la acción de tutela se utilizó como una tercera instancia judicial en la que se insistió en los argumentos del

2 Samai, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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proceso ordinario. Así, aunque la solicitud de amparo se sustentó en el salvamento de voto presentado por una de las magistradas integrantes de la Sala, la decisión se basó en la postura mayoritaria de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Por ende, cuestionó los cargos de la parte actora y pidió negar el amparo ante la ausencia de configuración de los defectos

se basó en la postura mayoritaria de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Por ende, cuestionó los cargos de la parte actora y pidió negar el amparo ante la ausencia de configuración de los defectos alegados3. Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia remitió enlace de acceso al expediente del proceso ordinario4.

22. El abogado de la parte actora remitió memorial en respuesta al requerimiento y expresó que por error incluyó en la solicitud de amparo a la señora Rosario Floriano de Castillo, no obstante, esta falleció el 2 de abril de 20235.

23. La apoderada 6 de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional expresó que no cabía duda de que estaba acreditada la caducidad, razón por la cual la acción de tutela no era el escenario para reemplazar el proceso ordinario. Tampoco podía concebirse como una instancia adicional a este. En este orden, la solicitud de la referencia no cumplía con los requisitos para habilitar su procedencia, en tanto la parte actora no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni se acreditó la vulneración de un derecho fundamental. Dicho en otras palabras, el Tribunal no violó algún derecho al declarar la caducidad, ya que analizó las pruebas y a pa rtir de estas determinó que los familiares de la víctima conocieron de la participación del Estado. Por consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la demanda7.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el

participación del Estado. Por consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la demanda7.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente solicitud de amparo interpuesta contra el Tribunal Administrativo del

Caquetá.

3.2. Cuestión preliminar

25. Aunque en el auto admisorio proferido en el curso de este trámite se tuvo a la señora Rosario Floriano de Castillo como accionante, lo cierto es que esta no integró el extremo activo del litigio como lo aclaró el abogado en memorial posterior allegado a este proceso. Lo anterior, toda vez que la señora Rosario Floriano de

3 Samai, índice 8. 4 Samai, índice 9. 5 Samai, índice 11, 5F590A7D52A82EF7 005B1C6CC350695F 1F7F8B632493A982 09350B99667169E8. 6 El poder para actuar en este trámite obra en Samai, índice 15. 7 Samai, índice 13.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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Floriano, Mercedes Castillo Floriano, Judith Castillo Floriano, Waldino Castillo Floriano, María Encarnación Castillo Floriano, Ismenia Castillo Floriano y Aldemar Castillo Floriano

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Castillo falleció en 2023, esto es, mucho antes de la interposición de la solicitud de amparo, por lo que la referencia a aquella constituyó un error de tipo formal.

26. En igual sentido, pese a que la parte accionante alegó que la providencia judicial tutelada incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo por inaplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de desconocimiento del precedente judicial, los cargos se subsumen en los defectos de violación directa de la Constitución Política y en desconocimiento del precedente constitucional, por lo que así se estudiarán. 3.3.Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa de los señores Cirley Cedeño Melo, Laura Valentina Castillo Cedeño, Yuber Andrés Castillo Cedeño, Camilo Ernesto Castillo Cedeño, Celmira Castillo Floriano, Mercedes Castillo Floriano, Judith Castillo Floriano, Waldino Castillo Floriano, María Encarnación Castillo Floriano, Ismenia Castillo Floriano y Aldemar Castillo Floriano está acreditada, por cuanto fueron demandantes en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de reparación directa. Por tanto, son los titulares de los derechos que se consideraron vulnerados.

28. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal

demandantes en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de reparación directa. Por tanto, son los titulares de los derechos que se consideraron vulnerados.

28. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Caquetá, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del 29 de enero de 2025, que según afirmó la parte actora, quebrantó sus derechos fundamentales.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional 9. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe acreditar los siguientes:

Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)

constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

33. Así pues, la Corte Constitucional 13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de

aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre

10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05109-00

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un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y, iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

para el interés general; y, iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

34. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión se configur aron causales específicas de procedencia que encuadran en los defectos de violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional. En caso de que estos se encontraran demostrados, esto implicaría dejar sin efectos la decisión judicial.

35. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

36. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, dado que la sentencia proferida el 29 de enero de 2025 se notificó el 20 de febrero siguiente 16, y la demanda de tutela se radicó el 19 de agosto de este año17, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 18 y el Consejo de Estado19 como ra

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