CE - Sentencia 11001031500020250511700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Accionante: LIBARDO GUERRERO SANJUAN , QUIEN ACTÚA COMO

AGENTE OFICIOSO DE DUBIER GUERRERO BALLENA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa para obtener incremento de la indemnización de perjuicios.

Desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Libardo Guerrero Sanjuan, quien actúa como agente oficioso de su hijo Dubier Guerrero Ballena , contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de agosto de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, reparación integral e igualdad , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Que se conceda el amparo constitucional y TUTELAR a nuestro favor los

supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Que se conceda el amparo constitucional y TUTELAR a nuestro favor los derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO

DE DEFENSA, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA, BUENA FE, DIGNIDAD HUMANA, MÍNIMO VITAL, REPARACIÓN INTEGRAL, SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA Y DE RACIONADALIDAD consagrados en los artículos 13, 29, 228, 229 y 230, los cuales fueron vulnerados por la providencia judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de San tander dentro del medio de control de reparación directa que curso en el juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta bajo el radicado No 54-001-33-33-004-2017-00497-00, por desconocer precedentes judiciales de las altas Cortes.

2. Que se deje sin efectos la sentencia cuestionada proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander de fecha 29 de mayo de 2025, en tanto incurre en una vía de hecho judicial al desconocer de forma injustificada el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez No 643/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, interpuesta por mi hijo DUBIER GUERRERO BALLENA Y OTROS contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA -EJERCITO NACIONALel cual fue practicado dentro del proceso judicial, con ga rantías de contradicción y se encuentra en firme.

BALLENA Y OTROS contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA -EJERCITO NACIONALel cual fue practicado dentro del proceso judicial, con ga rantías de contradicción y se encuentra en firme.

3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada (Tribunal Administrativo de Norte de Santander) proferir una nueva sentencia ajustada a los precedentes constitucionales y jurisprudenciales, en la cual se valore integralmente el2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

oficioso de Dubier Guerrero Ballena

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dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, como peritazgo imparcial que determinó una pérdida de capacidad laboral del 80% y se liquiden y cuantifiquen los perjuicios materiales e inmateriales a reconocer a cada uno de los demandantes o be neficiarios se efectúe conforme a dicho porcentaje de pérdida de la capacidad laboral (80%) determinado por la Junta Regional de Invalidez, dictado, practicado y controvertido en audiencia de pruebas, en sede judicial, con el fin de garantizar una indemniz ación integral y conforme al daño demostrado.

4. Que se conceda el amparo como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable dadas las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra mi hijo y nuestro núcleo familiar, o definitivo, ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial eficaz para corregir el defecto identificado”.

2. Hechos

encuentra mi hijo y nuestro núcleo familiar, o definitivo, ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial eficaz para corregir el defecto identificado”.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela y de los documentos aportados al proceso, se tienen como hechos relevantes los siguientes:

El actor manifestó que su hijo Dubier Guerrero Ballena fue incorporado al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio el 16 de abril de 2015, teniendo en cuenta que en los exámenes de ingreso fue declarado apto en condiciones físicas y mentales.

Aseveró que, durante la prestación del servicio militar, su hijo comenzó a presentar “alucinaciones auditivas, pesadillas constantes, delirios de persecución y alteraciones graves en su comportamiento”, motivo por el cual el 30 de septiembre de 2016, el Ejército lo remitió a Sanidad Militar, para que fuera atendido por un especialista.

Aseveró que el 6 de julio de 2017, el señor Dubier Guerrero fue remitido al neurólogo, quien le practicó una evaluación de coeficiente y lo diagnosticó con esquizofrenia paranoide, por lo que fue remitido al Centro de Rehabilitación Física y Médica Integral -NEUROOP-, donde fue diagnosticado con deterioro cognitivo multidominio.

Como consecuencia de lo anterior, Dubier Guerrero Ballena junto con su grupo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional con la pretensión de que se le s declarara administrativa y patrimonial mente responsables por los perjuicios ocasionados por la enfermedad “Esquizofrenia Paranoide” que adquirió

Nación, Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional con la pretensión de que se le s declarara administrativa y patrimonial mente responsables por los perjuicios ocasionados por la enfermedad “Esquizofrenia Paranoide” que adquirió mientras prestó el servicio militar obligatorio.

El accionante refirió que el proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta , que por sentencia de 5 de mayo de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a las entidades demandadas a pagar en favor de los demandantes los perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, teniendo en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que estableció un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente a 88,36%.

Sostuvo que en el proceso se demostró que el Ejército Nacional permitió el ingreso de una persona que no debió considerarse apta par a prestar el servicio militar obligatorio. La parte resolutiva de la sentencia objetada estableció lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o extracontractual de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, por los perjuicios causados a los demandantes producto de las afecciones sufridas por el señor DUBIER GUERRERO BALLENA durante su permanencia en el Ejército Nacional en calidad de soldado conscripto con3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

oficioso de Dubier Guerrero Ballena

permanencia en el Ejército Nacional en calidad de soldado conscripto con3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

oficioso de Dubier Guerrero Ballena

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ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, acorde a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración CONDENAR a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a título de reparación de perjuicios, las siguientes sumas de dinero:

2.1. POR PERJUICIOS MORALES: El equivalente a SEISCIENTOS (600) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, distribuidos de la siguiente manera:

2.2. POR CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD: La suma equivalente a 100 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, exclusivamente a favor de DUBIER GUERRERO BALLENA, acorde a lo expuesto en precedencia.

2.3. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES: En la modalidad de lucro cesante, consolidado y futuro la suma total de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($419.149.154) exclusivamente a favor del

señor DUBIER GUERRERO BALLENA.

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($419.149.154) exclusivamente a favor del

señor DUBIER GUERRERO BALLENA.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia

QUINTO: La NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del

CPACA.

SEXTO: Una vez en firme la presente, ARCHÍVESE el expediente, previa liquidación de los remanentes de los gastos del proceso”.

Indicó que, con ocasión del recurso de apelación presentado por la entidad demandada, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en fallo de 29 de mayo de 2025 modificó el monto de les perjuicios reconocidos en primera instancia, teniendo en cuenta que tomó como base el dictamen expedido por la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional que estableció un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 30%. La parte resolutiva de la sentencia objetada estableció lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFÍQUESE el ordinal SEGUNDO de la sentencia del cinco (05) de mayo de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la parte que motiva esta providencia, el cual quedara así:4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

Administrativo de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la parte que motiva esta providencia, el cual quedara así:4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

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“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a título de reparación de perjuicios, las siguientes sumas de dinero:

(i) Por Perjuicios Morales: precisadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.

(ii) Por daños a la Salud: La suma equivalente a 60 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, exclusivamente a favor de Dubier Guerrero Ballena.

(iii) Por perjuicios materiales: En la modalidad de lucro cesante, consolidado y futuro la suma total de $ 174.436.299,59 a favor de Dubier Guerrero Ballena.

SEGUNDO: CONFÍRMESE en lo demás la sentencia recurrida de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en la segunda instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones secretariales a las que haya lugar”.

3. Fundamentos de la acción

instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones secretariales a las que haya lugar”.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, reparación integral e igualdad, supuestamente vulnerados con la sentencia de 29 de mayo de 2025 , en la que la autoridad judicial accionada modificó el fallo favorable de primera instancia en el sentido de disminuir los valores reconocidos por perjuicios morales , daño a la salud y perjuicio materiales en la modalidad de lucro cesante y futuro , en el marco del medio de control de reparación directa que promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de la enfermedad esquizofrenia paranoide.

Manifestó que cumple con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que el efecto de la valoración probatoria realizada por el Tribunal afectó su debido proceso judicial y comprometió su derecho a una indemnización justa, la protección del mínimo vital y la dignidad del conscripto afectado que padece una discapacidad severa de l 80% de su pérdida de capacidad laboral, por la responsabilidad del5

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Demandante: Libardo Guerrero como agente

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Demandante: Libardo Guerrero como agente

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Estado frente a las afectaciones de salud que sufrió mientras prestó el servicio militar obligatorio.

En ese orden, sostuvo que, a pesar de que en el proceso ordinario se solicitó como prueba un dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y este fue practicado, la autoridad judicial accionada ignoró dicho dictamen y decidió tasar los perjuicios con fundamento en el porcentaje equivalente al 30% que fue otorgado por la Junta Médico Laboral de Sanidad del Ejército Nacional, prueba que no fue objeto de contradicción y que tiene una finalidad distinta a la calificación para fines personales, conforme lo ha establecido la Ley 100 de 1993.

Bajo ese contexto, en su criterio, la sentencia objetada incurre en (i) defecto fáctico por la omisión o indebida valoración probatoria del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitido el 28 de mayo de 2019, en el que se estableció una pérdida de capacidad laboral del 80% del señor Dubier Guerrero Ballena.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal al proferir la sentencia objeto de reproche, omitió sin justificación alguna valorar el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que reviste de mayor objetividad e imparcialidad, debido a que fue decretado y practicado dentro del proceso judicial y no fue objeto de contradicción.

Así las cosas, aseveró que ese medio probatorio allegado al expediente permitía

imparcialidad, debido a que fue decretado y practicado dentro del proceso judicial y no fue objeto de contradicción.

Así las cosas, aseveró que ese medio probatorio allegado al expediente permitía establecer el nexo de causalidad entre la enfermedad que padece el señor Guerrero Ballena y la prestación del servicio militar, además de existir otras pruebas que lo corroboraba, como los exámenes médicos de ingreso que fueron practicados , donde fue declarado apto para la prestación del servicio militar, de los cuales se podía inferir que el señor Dubier Guerrero Ballena se encontraba en perfecto estado de salud al momento de ser incorporado al Ejército Nacional, en tanto la enfermedad mental que en la actualidad padece, “se manifestó, evolucionó y consolidó” durante la prestación del servicio, de acuerdo a la historia clínica y su diagnóstico definitivo fue el de esquizofrenia paranoide.

De igual modo, alegó la configuración del (ii) defecto sustantivo al considerar que el Tribunal al fundamentar su decisión en un dictamen practicado por la Junta de Sanidad Militar, profirió una decisión sin control judicial, en tanto dicho dictamen no fue practicado con las garantías procesales ni sometido a contradicción y, por tanto, no goza de imparcialidad.

En ese sentido, sostuvo que la sentencia objetada incurre en (iii) desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que ha sido pacífica en sostener que los dictámenes practicados dentro de un proceso judicial tienen mayor fuerza probatoria que aquellos que fueron expedidos de forma unilateral por la administración.

Como precedente judicial vertical citó las siguientes sentencias:

• Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera

judicial tienen mayor fuerza probatoria que aquellos que fueron expedidos de forma unilateral por la administración.

Como precedente judicial vertical citó las siguientes sentencias:

• Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera

Subsección B. Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz Bogotá D.C., dos (2) de agosto dos mil veinticuatro (2024) Radicación: 41001-23-31-000-2010-00722-01 (58141). Demandantes: Demandado: Jhon Fredy Home Buesaco y otros. Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional.

• Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda,

Subsección A - Magistrado Ponente: Juan Camilo Morales Trujillo - Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025 ) -Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho 3 Ley 1437 de 2011 -Radicación:17001-23-33-0002021-00036-01 (3981-2023) - Demandante: Blanca Nelsy Jiménez García y otro

Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) Tema: Valor6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

oficioso de Dubier Guerrero Ballena

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probatorio de juntas regionales de calificación, Porcentaje de pérdida de la capacidad laboral - sentencia de segunda instancia.

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probatorio de juntas regionales de calificación, Porcentaje de pérdida de la capacidad laboral - sentencia de segunda instancia.

• Consejo de Estado, en Sentencia, radicado No. 50001 -23-31-000-2009-00017-02 (2904-2022) y 50001 -23-31-000-2010-00166-00, SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B - Magistrada ponente:

ELIZABETH BECERRA CORNEJO Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) - Demandante: El accionante Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. Subtema 1: valor probatorio del dictamen de las juntas regionales de calificación de invalidez. Subtema reitera el valor probatorio del dictamen de las juntas regionales de calificación de invalidez.

• Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B - Magistrado Ponente: César Palomino Cortés Sentencia dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) - radicado: 2500023-42-000-2015-03679-01 Nº interno: 1231 -2023 Demandante: John Eider Buesaco Mosquera Demandado: Nación Ministerio de Defensa Naciona l Ejército Nacional Acción: nulidad y restablecimiento del derecho Ley 1437 de 2011 - Tema: pensión de invalidez. Separar el origen común o profesional de la patología no puede ser un elemento válido para negar el reconocimiento pensional de un miembro de la Fuerza Pública.

Como precedente judicial horizontal citó las siguientes sentencias:

2011 - Tema: pensión de invalidez. Separar el origen común o profesional de la patología no puede ser un elemento válido para negar el reconocimiento pensional de un miembro de la Fuerza Pública.

Como precedente judicial horizontal citó las siguientes sentencias:

• Tribunal Administrativo de Norte de Santander, radicado 54 -001-33-40-010-201601082-01. Magistrado Ponente Robiel Amed Vargas González, fecha 20 de abril de

2023. Actor Raúl Orlando Martínez Herrera. Demandado Nación Ministerio de

Defensa Ejercito Nacional.

• Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Despacho de descongestión No. 02.

San José de Cúcuta, veintisiete (27) de junio de dos mil catorce (2014) Magistrado Ponente: Sergio Enrique Rosas Ramírez. Radicación. Demandado Acción:54-00133-31-701-2012-00052-0: Joner Javier Barrera Rodríguez y otros: NaciónMindefensa - Ejército Nacional: Reparación Directa.

• Tribunal Administrativo de Norte de Santander. San José de Cúcuta, veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) Magistrado Ponente: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui. expediente: 54 -001-33-33-003-2017-00487--001-. Demandante: Edwar Ronaldo Silva Ve ga y otros. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Ejército

Nacional Reparación Directa.

• Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Magistrado Ponente: Edgar Enrique Bernal Jáuregui. San José de Cúcuta, veintinueve (29) de mayo dos mil veinticinco

Nacional Reparación Directa.

• Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Magistrado Ponente: Edgar Enrique Bernal Jáuregui. San José de Cúcuta, veintinueve (29) de mayo dos mil veinticinco (2025). expediente: 54 -001-33-33-002-2014-01894-00. demandante: Jefferson Rene Velasco Lizcano y otros. demandado: Nación Ministerio de Defensa Ejército

Nacional. Medio De Control: Reparación Directa

Finalmente, sostuvo que el Tribunal accionado también incurrió en (iv) violación directa de la Constitución por la exclusión injustificada del dictamen pericial rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la cual fue practicada dentro del proceso judicial con las garantías de contradicción y objetividad, por lo que su desestimación constituye una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, mínimo vital, igualdad, dignidad y acceso a la reparación integral, en tanto se genera un trato discriminatorio frente a otros casos similares o análogos que han sido proferidos por los mismos magistrados, situación que vulnera el principio de coherencia y seguridad jurídica.

4. Trámite procesal

Por auto de 25 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente,7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

oficioso de Dubier Guerrero Ballena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Libardo Guerrero como agente

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a las señoras Nurys Ballena Clavijo, María José Barragán Ballena, Dixón Elier Guerrero Peñaranda, Maryuri Guerrero Parada, Matilde Clavijo, Juan de Dios Guerrero Cárdenas y Elba Sanjuan de Guerrero y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 123030 a 123033 de 29 de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Ejército Nacional

La apoderada de la entidad rindió informe en el que sostuvo que la parte accionante omitió su deber de indicar los defectos en los que supuestamente incurrió la decisión objetada al momento de proferir el fallo de segunda instancia y su único argumento se fundamentó en la aclaración de voto que se presentó en la providencia.

De igual modo, reiteró las discusiones probatorias que ya fueron analizadas dentro de proceso de reparación directa, que no pueden repetirse en este mecanismo constitucional, en tanto se desdibuja el objeto de amparo, sumado a que se trata de una controversia netamente económica.

Así las cosas, manifestó que en el presente asunto no se demostró la vulneración

constitucional, en tanto se desdibuja el objeto de amparo, sumado a que se trata de una controversia netamente económica.

Así las cosas, manifestó que en el presente asunto no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales que invoca el actor y se evidencia una temeridad, en tanto el actor ya había radicado una acción de tutela por los mismos hechos, por lo que soli citó que se declare la improceden cia de la solicitud de amparo constitucional.

5.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a un cuando remitieron el link de los expedientes digitales de primera y segunda instancia, guardaron silencio frente a las pretensiones de la tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente asunto.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

En el escrito de tutela la parte accionante invoca los defectos fáctico , desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución, empero al verificar los fundamentos se observa que los argumentos propuestos respecto del defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución son similares a los desarrollados en el fáctico y desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual se estudiarán conjuntamente.

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela

son similares a los desarrollados en el fáctico y desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual se estudiarán conjuntamente.

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el demandante es procedente, de conformidad con los requisitos8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05117-00

Demandante: Libardo Guerrero como agente

oficioso de Dubier Guerrero Ballena

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generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico y desconoci miento del precedente judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir

bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera

irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo 9; (v) Error inducido 10; (vi) Decisión sin

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 7 Que se origi