CE - Sentencia 11001031500020250513900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

Demandante: Julieta Mazo López y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

Demandante: Julieta Mazo López y otro

Demandado:

Tema: Tribunal Administrativo de Caldas

Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Julieta Mazo López y Dora Lilia Mazo López contra la providencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes:

Pretensiones

«(…) DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025, por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 17001-33-39-005-2018-00172-04.

3. Como medida para el restablecimiento de nuestros derechos, ORDENAR a la Sala

Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 17001-33-39-005-2018-00172-04.

3. Como medida para el restablecimiento de nuestros derechos, ORDENAR a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que, en un término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fa llo de tutela, profiera una nueva sentencia de segunda instancia que:

• Respete de manera estricta el principio de consonancia, limitando su análisis y decisión a los argumentos y agravios expuestos por la parte apelante en su recurso de alzada.

• Realice un análisis integral, profundo y sustantivo sobre la culpabilidad en nuestra conducta, valorando la posible configuración de la causal de exclusión de responsabilidad de error de prohibición invencible, a la luz de las omisiones y fallas de la admi nistración.

• Valore en conjunto, de manera razonada y conforme a las reglas de la sana crítica, la totalidad del acervo probatorio que obra en el expediente, incluyendo, pero sin limitarse a, el certificado de tradición y libertad, las certificaciones de las autoridade s municipales de Aguadas y la decisión absolutoria proferida por la Alcaldía Municipal en el proceso por infracción urbanística.»

Antecedentes

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

Demandante: Julieta Mazo López y otro

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Demandante: Julieta Mazo López y otro

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Dora Lilia Mazo López y Julieta Mazo López son herederas del inmueble con matrícula inmobiliaria N.º 102-13922, ubicado en Aguadas (Caldas), el cual les fue adjudicado en la sucesión de su señora madre Mariela López, fallecida en 2005.

El 28 de septiembre de 2001, mediante la Resolución num. 1883, el Ministerio de Cultura declaró como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional (BICN) el «Conjunto Urbano de Aguadas». En esta área se encuentra el inmueble con matrícula inmobiliaria N.º 102-13922, que en ese entonces era propiedad de la señora Mariela López de Mazo.

Asimismo, el Ministerio de Cultura aprobó el Plan Especial de Protección, que incluyó un anexo que identificó el inmueble con matrícula num. 102-13922 como parte del área afectada, clasificándolo en el nivel de intervención «Conservación Tipológica»1.

Tras el fallecimiento de la señora Mariela López en 2005, la vivienda permaneció deshabitada por 10 años, lo que provocó un grave y progresivo deterioro en su estructura, al punto de amenazar ruina.

En septiembre del 2015, con la intención de evitar un colapso de inmueble, las señoras Dora Lilia Mazo López y Julieta Mazo López acudieron a la Secretaría de Planeación Municipal de Aguadas con el objetivo de solicitar los permisos necesarios para realizar las reparaciones.

Dora Lilia Mazo López y Julieta Mazo López acudieron a la Secretaría de Planeación Municipal de Aguadas con el objetivo de solicitar los permisos necesarios para realizar las reparaciones.

Afirman las accionantes que el secretario de Planeación Municipal les informó que no podía expedir una licencia formal porque el proceso de sucesión aún estaba en trámite, pero les indicó verbalmente que podían adelantar las obras internas mientras se resolvía la titularidad del bien.

Señalaron las accionantes que, e n enero de 2016, una vez resuelta la sucesión, acudieron de nuevo a la Alcaldía para formalizar la solicitud de licencia , cuando se enteraron de que el inmueble había sido declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

De las actuaciones administrativas sancionatorias

Con ocasión de las obras de adecuación realizadas por las accionantes en el inmueble con matrícula inmobiliaria N.º 102 -13922, ubicado en el municipio de Aguadas (Caldas) se iniciaron dos procedimientos administrativos sancionatorios de manera paralela por distintas autoridades, así:

• Proceso por infracción urbanística (realizado por la Alcaldía de Aguadas): El 10 de junio de 2016, la Alcaldía Municipal de Aguadas formuló cargos por presunta infracción urbanística a las señoras Dora Lilia y Julieta Mazo López, por efectuar una demolición y construcción sin la debida licencia o autorización.

Dentro de dicha actuación, las investigadas argumentaron haber actuado bajo el convencimiento de una autorización verbal otorgada por el anterior Secretario de Planeación.

o autorización.

Dentro de dicha actuación, las investigadas argumentaron haber actuado bajo el convencimiento de una autorización verbal otorgada por el anterior Secretario de Planeación.

1 Esa categoría establece que la demolición total del inmueble está prohibida, salvo en casos de ruina y únicamente con la autorización previa del Ministerio de Cultura.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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Mediante auto del 10 de diciembre de 2016, la autoridad municipal resolvió declarar no probado el cargo formulado y absolver a las ciudadanas, al considerar que, si bien la infracción objetivamente se configuró, no se demostró la culpabilidad, puesto que l as implicadas fueron inducidas a un error irresistible por la misma administración pública.

• Proceso por falta contra el patrimonio cultural (adelantado por el Ministerio de Cultura): Tras visita técnica realizada el 27 de febrero de 2016, en la que constató una «demolición total y obra nueva realizada sin ningún tipo de autorización» en el inmueble, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura solicitó iniciar el procedimiento sancionatorio. De igual forma, mediante memorando num. 412-2016 del 14 de marzo de 2016, el Ministerio indicó que en visita realizada en el inmueble ubicado en el Centro Histórico del Municipio de Aguadas se evidenció una intervención sin autorización, la cual consistió en una demolición y obra nueva de un Bien de Interés Cultural

de Carácter Nacional.

indicó que en visita realizada en el inmueble ubicado en el Centro Histórico del Municipio de Aguadas se evidenció una intervención sin autorización, la cual consistió en una demolición y obra nueva de un Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

El 18 de agosto de 2016, el Ministerio de Cultura ordenó la apertura del proceso administrativo sancionatorio PAS-008-2016 y formuló cargos a las señoras Mazo López por la presunta intervención no autorizada de un Bien de Interés Cultural.

Ese proceso culminó con la expedición de la Resolución num. 1095 del 27 de abril de 2017, en la cual se les declaró responsables y se les impuso una sanción de multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dicha decisión fue confirmada en su integridad mediante la Resolución num. 1509 del 5 de junio de 2017, al resolver el recurso de reposición interpuesto.

Del proceso contencioso administrativo acusado

Las señoras Dora Lilia y Julieta Mazo López interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones num. 1095 y num. 1509 de 2017 (dictadas dentro del proceso sancionatorio por faltas contra el patrimonio) y de la Resolución num. 1883 de 2001 (mediante la cual se declaró BICN el Conjunto Urbano de Aguadas), todas ellas proferidas por el Ministerio de Cultura.

Dicha demanda se fundamentó en los siguientes argumentos:

(i) Las demandantes no fueron notificadas de la Resolución 1883 de 2001, que declaró BICN el inmueble de su propiedad. Sostienen que, por esta falta de

Dicha demanda se fundamentó en los siguientes argumentos:

(i) Las demandantes no fueron notificadas de la Resolución 1883 de 2001, que declaró BICN el inmueble de su propiedad. Sostienen que, por esta falta de comunicación, se les privó del derecho a oponerse o pronunciarse sobre una decisión que limitaba gravemente su derecho de dominio.

Además, que e sa declaratoria no fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, por lo que esa omisión hace que la decisión sea inoponible, pues se violó el principio de publicidad.

(ii) En el segundo semestre de 2015 , las demandantes acudieron a la Secretaría de Planeación de Aguadas para solicitar la licencia de construcción. En esa ocasión, les indicaron que, si bien no podía expedir laRadicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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licencia formal porque la sucesión estaba en trámite, podían modificar la parte interna del inmueble mientras se resolvía la titularidad. De ahí que la actuación se encontraba revestida de confianza legítima.

(iii) En enero de 2016, cuando acudieron a formalizar la licencia con la nueva administración, se enteraron por primera vez de la condición de patrimonio cultural de su vivienda. Por ello, sostuvieron que está demostrada la ausencia de dolo o culpa.

(iv) El Ministerio de Cultura solo formuló cargos en contra de ellas dos,

administración, se enteraron por primera vez de la condición de patrimonio cultural de su vivienda. Por ello, sostuvieron que está demostrada la ausencia de dolo o culpa.

(iv) El Ministerio de Cultura solo formuló cargos en contra de ellas dos, excluyendo a su hermano, el señor Carlos Arturo Mazo López, quien también es copropietario del inmueble y participó en las intervenciones , conducta que consideran irregular.

(v) También existió v iolación al principio del non bis in idem, porque fueron juzgadas y sancionadas dos veces por los mismos hechos . Al respecto, explicaron que la Alcaldía de Aguadas ya había adelantado un proceso por infracción urbanística por la «intervención consistente en demolición y construcción de su vivienda sin autorización», y que dicho proceso culminó con una decisión absolutoria a su favor el 10 de diciembre de 2016. Argumentan que el proceso posterior del Ministerio de Cultura, que se basa en los mismos presupuestos fácticos, vulnera la prohibición de doble juzgamiento consagrada en el artículo 29 de la Constitución.

(vi) Su conducta está amparada por una causal eximente de responsabilidad , específicamente, la de «error invencible» fundamentada en el hecho de que cumplieron con su deber de acudir a la autoridad que consideraban competente (la Secretaría de Planeación), y fue esta misma autoridad la que las autorizó a proceder, induciéndolas a un error que no estaban en capacidad de resistir o advertir.

(vii) La Resolución 1883 de 2001 no es un acto administrativo de carácter general, como lo argumenta el Ministerio, sino un acto de carácter particular,

capacidad de resistir o advertir.

(vii) La Resolución 1883 de 2001 no es un acto administrativo de carácter general, como lo argumenta el Ministerio, sino un acto de carácter particular, porque afecta de forma individual y concreta el derecho de dominio de un grupo determinado de personas. De modo que, a l ser un acto particular, sostienen que debió ser notificado personalmente y, además, inscrito en el folio de matrícula para ser oponible a terceros y futuros propietarios, requisitos que no se cumplieron.

(viii) El Ministerio desconoció el principio de congruencia, al haberles formulado cargos por «intervenir sin autorización» pero sancionarlas por una «afectación al patrimonio cultural». Argumentan que una intervención sin autorización no implica, per se, un daño al patrimonio, y que la sanción se impuso por un cargo diferente al que fue objeto de defensa.

(ix) Los actos sancionatorios se encontraban falsamente motivados , pues el Ministerio no demostró cuál fue el daño específico al patrimonio, ni acreditó el estado del bien antes y después de la intervención para poder comparar y cuantificar una supuesta afectación. Asimismo, alegan que la declaratoria original de 2001 t ambién partió de una falsa motivación, ya que para esa fecha el inmueble ya había sufrido modificaciones que le restaban valor patrimonial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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(x) Se violó su derecho a la defensa al no contar con la asistencia de un abogado durante el procedimiento administrativo sancionatorio, lo que las puso en una situación de desigualdad y de indefensión.

Del trámite de admisión de la demanda y de la caducidad del medio de control

El 24 de octubre de 2018, el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra el Ministerio de Cultura. Esa decisión se fundamentó en que operó el fenómeno de la caducidad porque: (i) frente a las resoluciones sancionatorias de 2017, el término de 4 meses para demandar vencía el 8 de octubre de 2017, pero la solicitud de conciliación se radicó el 9 de octubre de 2017 ; (ii) en cuanto a la r esolución general de 2001, determinó que, como la demanda buscaba un beneficio particular y no un interés público, también estaba sujeta al mismo término de caducidad, el cual se encontraba evidentemente vencido desde el año 2001.

La parte demandante presentó recurso de apelación contra esa decisión.

El 5 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó parcialmente la decisión apelada, en el sentido de señalar que no se configuró caducidad frente a las resoluciones sancionatorias de 2017, por lo que el Juzgado Quinto Administrativo de

decisión apelada, en el sentido de señalar que no se configuró caducidad frente a las resoluciones sancionatorias de 2017, por lo que el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales debía admitir la demanda respecto a dichas decisiones. Por otro lado, confirmó el rechazo respecto a la resolución general num. 1883 de 2001 , por configurarse la caducidad del medio de control.

De las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 15 de febrero de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales profirió sentencia mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda y, en consecuencia, declaró nulas las Resoluciones num. 1095 y 1509 de 2017.

Ese juzgado fundamentó su decisión en que, si bien se acreditaban los elementos de tipicidad y antijuridicidad de la conducta (consistente en la intervención de un bien de interés cultural sin la autorización correspondiente ), se configuraba un error de prohibición invencible, que excluía la culpabilidad de las demandantes y, por tanto, impedía la imposición de sanción.

Para sustentar esta conclusión, el juzgado desarrolló el marco normativo aplicable al patrimonio cultural de la Nación. En desarrollo de dicho mandato, la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, estableció un régimen especial de salvaguardia, protección y sostenibilidad para los bienes declarados de interés cultural (BIC N). En particular, resaltó que el artículo 11 de esa ley prevé que la declaratoria de un bien de interés cultural debe incorporar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP),

protección y sostenibilidad para los bienes declarados de interés cultural (BIC N). En particular, resaltó que el artículo 11 de esa ley prevé que la declaratoria de un bien de interés cultural debe incorporar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), instrumento de gestión mediante el cual se definen las acciones necesarias para garantizar la conservación del bien, su zona de influencia y su manejo sostenible.

Además, que, de acuerdo con dicha disposición, el PEMP debe ser aprobado por el Concejo Municipal correspondiente y, posteriormente, incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Asimismo, que la autoridad que declare un bien inmueble como de interés cultural debe informar a la Oficina de Registro deRadicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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Instrumentos Públicos para que se anote en el folio de matrícula inmobiliaria tanto la declaratoria como la existencia del PEMP.

Frente al caso concreto, encontró que las deficiencias del Ministerio de Cultura no se relacionaban con la ausencia de notificación del acto general (la Resolución núm. 1883 de 2001 ), sino con la inobservancia de los deberes posteriores de gestión y publicidad del régimen especial de protección cultural.

En primer lugar, encontró una indebida integración del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), al verificarse que el acuerdo municipal que debía aprobarlo no fue insertado en la Gaceta Oficial ni adoptado formalmente por el Concejo Municipal de

En primer lugar, encontró una indebida integración del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), al verificarse que el acuerdo municipal que debía aprobarlo no fue insertado en la Gaceta Oficial ni adoptado formalmente por el Concejo Municipal de Aguadas, según lo certificaron en 2017 la Secretaría General y la Presidencia de esa corporación.

En segundo lugar, observó una omisión en la incorporación de la anotación de la declaratoria del bien en el Registro de Instrumentos Públicos, a pesar de que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, exige que la autoridad que efectúe la declaratoria informe al registrador para que «incorpore la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente » sobre la condición de bien de interés cultural y la existencia del PEMP aplicable.

Por ello, consideró que estas omisiones impidieron que el régimen de protección fuera oponible y cognoscible para las demandantes, máxime si se tenía en cuenta que aquellas obraron con debida diligencia.

En consecuencia, concluyó que las actoras no tenían posibilidad real de conocer la ilicitud de su conducta al ejecutar obras de reparación en el inmueble, por lo que su actuación estuvo amparada por un error de prohibición invencible que excluye la culpabilidad, conforme al artículo 29 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

A juicio del juzgado esas omisiones impidieron que las demandantes tuvieran conocimiento de la ilicitud de su conducta, excluyendo así el elemento de culpabilidad necesario para la imposición de la sanción.

A juicio del juzgado esas omisiones impidieron que las demandantes tuvieran conocimiento de la ilicitud de su conducta, excluyendo así el elemento de culpabilidad necesario para la imposición de la sanción.

La anterior decisión fue apelada por el Ministerio de Cultura, quien argumentó que no existía el error de prohibición invencible que sirvió de fundamento para anular la sanción, pues las pruebas en el expediente demostraban que las demandantes sí tuvieron conocimiento efectivo de que el inmueble era un BICN y de la necesidad de obtener una autorización ministerial para su intervención.

Sostuvo que estaba plenamente acreditado que las propietarias habían sido informadas por la Secretaría de Planeación Municipal de Aguadas desde enero de 2016 sobre la naturaleza patrimonial del inmueble y la obligación de gestionar ante el Ministerio de Cul tura la respectiva autorización. Añadió que, en comunicación posterior, de marzo de 2016, las mismas demandantes reconocieron por escrito «conocer los parámetros exigidos por el Ministerio de Cultura para el inmueble y que por ello iban a conservar la fac hada», además de solicitar la intervención de las autoridades locales ante el Ministerio para formalizar las obras iniciadas.

Asimismo, el Ministerio precisó que la decisión del a quo aplicó indebidamente la figura del error de prohibición invencible, tomada de una providencia de la Sección CuartaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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del Consejo de Estado en materia tributaria, la cual no resulta extensible al derecho administrativo sancionador reglamentado por el CPACA. Indicó que dicha figura asociada al «error de derecho aplicable» en el ámbito tributario, no puede trasladarse al régimen de protección cultural, donde la prohibición es clara y categórica, esto es, que toda intervención en un BIC o en su zona de influencia requiere autorización previa de la autoridad que efectuó la declaratoria.

De igual modo, aclaró que no existía irregularidad en la publicación de la Resolución núm. 1883 de 2001, pues esta se publicó en el Diario Oficial núm. 44.580 del 28 de septiembre de 2001, lo que garantizó su oponibilidad conforme a los artículos 119 de la Ley 489 de 1998 y 65 de la Ley 1437 de 2011. Además, señaló que la ausencia de anotación en el folio de matrícula no afecta la obligatoriedad del acto, dado que se trata de una disposición de carácter general y abstracto, cuya eficacia no depende del registro.

Finalmente, el Ministerio aclaró que el Plan Especial de Protección fue debidamente aprobado por la Resolución 1883 de 2001, conforme a su artículo segundo, y que la referencia al Acuerdo Municipal no implicaba que el Concejo debiera aprobar el plan, sino que este debía incorporarse posteriormente al Plan de Ordenamiento Territorial

aprobado por la Resolución 1883 de 2001, conforme a su artículo segundo, y que la referencia al Acuerdo Municipal no implicaba que el Concejo debiera aprobar el plan, sino que este debía incorporarse posteriormente al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, sin que la falta de dicha incorporación afectara la validez ni la aplicabilidad del régimen de protección nacional.

El 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia en la cual revocó la decisión inicial y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , con fundamento en los siguientes argumentos:

En primer lugar, el tribunal señaló que no realizaría ningún pronunciamiento frente a la Resolución N.º 1883 de 2001, (acto que declaró el conjunto urbano como Bien de Interés Cultural), porque mediante un auto del 5 de julio de 2019, el propio Tribunal ya había confirmado la decisión del juez de primera instancia de rechazar la pretensión de nulidad contra la Resolución N.º 1883 de 2001, debido a que había operado la caducidad del medio de control.

Aclarado lo anterior, el Tribunal centró su análisis en los hechos que dieron origen al proceso sancionatorio. Expresó que en la visita técnica realizada al inmueble el 9 de marzo de 2016 y el informe técnico de 14 de marzo 2016, el Ministerio de Cultura encontró los siguientes hallazgos: (i) una «demolición total y obra nueva», intervención que se encontraba prohibida (salvo casos de ruina y siempre con la autorización previa del Ministerio de Cultura ), pues el inmueble estaba clasificado en el nivel 2 de «conservación tipológica»; (ii) esa « intervención no cuenta con licencia o autorización de

que se encontraba prohibida (salvo casos de ruina y siempre con la autorización previa del Ministerio de Cultura ), pues el inmueble estaba clasificado en el nivel 2 de «conservación tipológica»; (ii) esa « intervención no cuenta con licencia o autorización de ningún tipo»; (iii) se mantuvo en pie la fachada original para ocultar la obra nueva en el interior, construyendo un segundo muro.

Asimismo, anotó que los oficios del 27 de octubre de 2016 del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil advirtieron del riesgo estructural por el desprendimiento de la fachada original, que había quedado sin soporte tras la construcción del nuevo muro interno.

De igual forma valoró la declaración judicial de Dora Lilia Mazo López, quien admitió haber realizado las obras desde octubre de 2015, alegando desconocer el carácter patrimonial del inmueble y haber contado con un «permiso verbal » por parte del municipio. Sin embargo, el Tribunal consideró que tal afirmación carecía de sustentoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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probatorio y que no se acreditó ningún tipo de gestión formal ante la Secretaría de Planeación ni ante el Ministerio de Cultura.

Además, encontró demostrado que la parte actora omitió solicitar las autorizaciones correspondientes a las autoridades competentes, específicamente, que no se solicitó el permiso para demolición por ruina al Ministerio de Cultura y tampoco se acreditaron las licencias urbanísticas municipales requeridas.

correspondientes a las autoridades competentes, específicamente, que no se solicitó el permiso para demolición por ruina al Ministerio de Cultura y tampoco se acreditaron las licencias urbanísticas municipales requeridas.

Con fundamento en estas pruebas, concluyó que las obras no correspondían a simples reparaciones por ruina, sino que constituyeron una intervención integral y no autorizada, que implicó la demolición total y sustitución de la estructura, alterando los valores históricos y estéticos del conjunto urbano.

De igual modo, el Tribunal consideró que las demandantes omitieron solicitar las licencias y permisos requeridos, tanto ante el Ministerio de Cultura (que es la autoridad competente para autorizar intervenciones en bienes de interés cultural nacional) como ante el municipio de Aguadas. En tal sentido, descartó que existiera alguna actuación de la autoridad local que les otorgara una licencia o autorización válida.

Por lo anterior, concluyó que los hechos que fundamentaron la sanción administrativa están efectivamente acreditados al haber constatado la materialidad de la intervención no autorizada, y al haber desestimado previamente los argumentos sobre la inoponibilidad del acto de declaratoria, el Tribunal considera que las demandantes son responsables de la infracción y que, por tanto, la sanción impuesta por el Ministerio de Cultura se ajustaba a derecho.

En cuanto al argumento central del fallo de primera instancia, el Tribunal rechazó la configuración del error de prohibición invencible, por las siguientes razones: (i) dicho error se sustentó en supuestos vicios de la Resolución 1883 de 2001, acto cuya legalidad no podía ser discutida en el proceso debido a la caducidad declarada; (ii) las actoras sí tenían conocimiento del carácter patrimonial del bien y de las restricciones

legalidad no podía ser discutida en el proceso debido a la caducidad declarada; (ii) las actoras sí tenían conocimiento del carácter patrimonial del bien y de las restricciones aplicables, según comunicaciones previas con la Secretaría de Planeación de Aguadas y el propio Ministerio; y (iii) la sanción impuesta por la entidad se ajustó a derecho, al verificarse plenamente los elementos del tipo previsto en el artículo 15 de la Ley 1185 de 2008.

En consecuencia, el Tribunal concluyó que no se configuró causal alguna de nulidad de los actos sancionatorios y que las demandantes eran responsables de la infracción administrativa por intervenir sin autorización un bien protegido por el régimen de patrimonio cultural.

Finalmente, sostuvo que los argumentos referidos a la supuesta falta de publicación o anotación en el folio de matrícula del inmueble no afectaban la validez ni la oponibilidad de la declaratoria, dado que se trata de un acto general debidamente publicado en el Diario Oficial, cuya obligatoriedad no depende del registro inmobiliario. Por ello, confirmó la legalidad de las Resoluciones núm. 1095 y 1509 de 2017 y negó las pretensiones de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05139-00

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2. Argumentos de la acción de tutela

En primer lugar, la parte accionante afirmó que el tribunal incurrió en un defecto procedimental al proferir un fallo extra petita , vulnerando así el principio de

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2. Argumentos de la acción de tutela

En primer lugar, la parte accionante afirmó que el tribunal incurrió en un defecto procedimental al proferir un fallo extra petita , vulnerando así el principio de congruencia.

Sostuvieron que el recurso de apelación del Ministerio de Cultura se centró exclusivamente en desvirtuar la existencia del error de prohibición invencible reconocido en primera instancia, es decir, el debate propuesto se limi