CE - Sentencia 11001031500020250515100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

Demandante: Amparo Grisales Zapata

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05151-00

Demandante: Amparo Grisales Zapata

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Tutela contra providencia judicial , medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reliquidación pensional. Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta , mediante apoderado judicial, por la señora Amparo Grisales Zapata contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de agosto de 2025, la señora Amparo Grisales Zapata presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la dignidad humana . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la dignidad humana . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones jurídicas expuestas, respetuosamente solicito lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR a mi favor los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL,

MINIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.

SEGUNDA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA TERCERA DE DECISIÓN dejar sin efectos la sentencia proferida el 11 de abril de 2025.

TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA TERCERA DE DECISIÓN re emplace la providencia anulada, ordenando dictar sentencia acorde con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Honorable Corte Constitucional, en cuenta la sumatoria de tiempos públicos y privados en el decreto 758 de 1990.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Actuación administrativa que dio lugar al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Amparo Grisales Zapata nació el 26 de septiembre de 1957 , por lo que cumplió los 55 años el 26 de septiembre de 2012.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

Demandante: Amparo Grisales Zapata

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Amparo Grisales Zapata

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Mediante Resolución GNR 097592 del 17 de mayo de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones reconoció pensión de vejez a favor de la señora Amparo Grisales Zapata , en la que tuvo en cuenta para la liquidación 1 .484 semanas cotizadas , con un ingreso base de $ 2099.816, fij ó la cuantía en $ 1574.862, con efecto a partir del 1° de junio de 2007 , conforme con lo previsto en la Ley 71 de 1988.

Posteriormente, con la Resolución GNR 277174 del 5 de agosto de 2014, Colpensiones reliquidó la pensión de la actora, con IBL de $ 2136.804, con lo cual fijó la mesada en $ 1633.694.

El 24 de febrero de 2015, la señora Grisales Zapata solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión de vejez en aplicación d el Decreto 758 de 1990, para lo cual efectuó la sumatoria de tiempos públicos y privados y tuvo como tasa de reemplazo el 90 % de lo percibido durante toda la vida laboral, con ello, afirmó que el IBL fue el equivalente a $ 2357.600, el cual era superior al reconocido. Sin embargo, la entidad, no dio respuesta a la petición.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

IBL fue el equivalente a $ 2357.600, el cual era superior al reconocido. Sin embargo, la entidad, no dio respuesta a la petición.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Amparo Grisales Zapata promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones GNR 097592 del 17 de mayo de 2013, GNR 277174 del 5 de agosto de 2014 y del acto ficto presunto negativo. Como consecuencia, solicitó que se ordenara la reliquidación de la pensión de vejez, con aplicación del Decreto 758 de 1990, con tasa porcentual de reemplazo del 90 % y que se le reliquid ara la mesada pensional conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio cotizado durante su vida laboral.

El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, en sentencia del 4 de diciembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es decir, tenía la expectativa de pensionarse bajo las disposiciones anteriores – Leyes 33 de 1985 y 6ª de 1945 –. Sin embargo, e staba garantizado el derecho pensional de la actora y no resultaba válido dar aplicación a la sentencia SU-769 de 2014, pues solo aplicaba para los casos donde los afiliados no alcanzaban las cotizaciones del régimen para acceder a la pensión.

La señora Grisales Zapata interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, alegó que debía darse aplicación al principio de favorabilidad, en consecuencia, el

a la pensión.

La señora Grisales Zapata interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, alegó que debía darse aplicación al principio de favorabilidad, en consecuencia, el derecho pensional debía reconocerse con base en el Decreto 758 de 1990 , además, insistió en que en aplicación de la sentencia SU-769 de 2014, se le debía reliquidar la pensión con «(…) una tasa de reemplazo del 90%, atendiendo a las disposiciones del artículo 53 de la Constitución Política, por lo que se le deben aplicar los artículos 1, 12, 13 y 20 del Decreto 758 de 1990».

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 11 de abril de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, pues señaló que la demandante es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que procede el reconocimiento de la pensión conforme con lo previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, 55 años de edad, 20 años de servicio y el monto o tasa de reemplazo del 75%.

Explicó que, no puede aplicarse el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, conforme con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU 769 de 2014, porque la actora no acreditó cotizaciones al ISS antes de la entradaRadicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

Demandante: Amparo Grisales Zapata

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Amparo Grisales Zapata

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en vigencia de la Ley 100 , además, ya se encuentra pensionada , por lo tanto, la aplicación de esas normas no se impone como única alternativa para que acceda a la pensión, por cuanto ya ésta goza de ese derecho prestacional.

Precisó, además que, «(…) aunque la pensión de la señora Grisales Zapata se debía liquidar en los términos indicados, la liquidación realizada p or Colpensiones generó para la demandante una situación más beneficiosa que la que se hubiese derivado del apego estricto al régimen de transición y las reglas definidas por la sentencia de unificación referida, que no es pasible de ser desmejorada y que impone a la Sala mantenerla incólume».

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora aseguró que , la decisión acusada incurrió en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T-090 de 2009; T-398 de 2009 y T-334 de 2011, sobre la posibilidad de acceder a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, que permite la sumatoria de tiempos cotizados en el sector público y en el privado. Precisó además que, bajo las disposiciones del Decreto 758 de 1990 , se pueden acumular semanas cotizadas , así como periodos laborados al servicio de entidades públicas sin cotizaciones.

privado. Precisó además que, bajo las disposiciones del Decreto 758 de 1990 , se pueden acumular semanas cotizadas , así como periodos laborados al servicio de entidades públicas sin cotizaciones.

Indicó que la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 unificó jurisprudencia, para determinar la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados para efecto de reconocer la pensión de vejez bajo el Decreto 758 de 1990. Que, además, en sentencia SU -057 de 2018 profundizó en el tema y dio claridad al alcance de su jurisprudencia, en el sentido de que no se limita al reconocimiento de la pensión bajo la disposición referida, sino bajo cualquier otra norma, donde se puede h acer sumatoria de tiempos para acceder a la prestación.

Señaló que, en aplicación del principio de favorabilidad, resulta más beneficioso el reconocimiento de la pensión bajo las disposiciones del Decreto 758 de 1990 y no con la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, toda vez que, podría acceder a una tasa de re emplazo del 90 % conforme con lo previsto en el artícul o 20 del referido decreto.

Aseveró que, la Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Laboral , en sentencia SL2557-2020, aclaró que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez se pueden sumar tiempos públicos y privados.

4. Trámite previo

En auto del 28 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes del

4. Trámite previo

En auto del 28 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de demandados, al Juez Treinta Administrativo de Medellín y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en calidad de terceros con interés.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que las pretensiones están orientadas a constituir una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

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Aseguró que, en la sentencia acusada se puso de presente que la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 determinó la posibilidad de acumular tiempos cotizados en el sector públi co y en el privado, siempre que las cotizaciones al ISS se hayan hecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Que, a vez , el Consejo de Estado 1 precisó que solo es válida la aplicación de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, «(…) para aquellas personas que no lograron acceder a una pensión de vejez bajo ningún otro régimen pensional, siendo la única

Que, a vez , el Consejo de Estado 1 precisó que solo es válida la aplicación de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, «(…) para aquellas personas que no lograron acceder a una pensión de vejez bajo ningún otro régimen pensional, siendo la única alternativa para adquirirla sumar los tiempos privados cotizados al ISS (hoy Colpensiones) con los tiempos de servicio público cotizados a otros Fondos o Cajas de Previsión Social, con lo cual lograría acreditar el requisito de semanas contemplado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, el cual es más beneficioso que el establecido por cualquier otro régimen pensional».

Que, en el caso concreto, la demandante nunca efectuó cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, además, ya se encontraba pensionada, por lo que, la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, no se impon ía como única alternativa para que acced iera a la pensión, por cuanto ya ésta gozaba de este derecho prestacional.

Precisó que, el reconocimiento pensional de la actora resultó más beneficioso, que la que hubiese sido de la aplicación estricta del régimen de régimen de transición y las reglas definidas por la sentencia de unificación, que no es pasible de ser desmejorada y que impone mantenerla incólume.

Que, conforme con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del 28 de agosto de 2018, «(…) al faltarle más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el IBL sería el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10)

agosto de 2018, «(…) al faltarle más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el IBL sería el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del IPC. Además, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la liquidación de la prestac ión, son únicamente aquellos sobre los cuales haya efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones».

Aseveró que, las inconformidades de la actora están orientadas a cuestionar la interpretación hecha por el juez natural sobre la norma que rige el caso, la cual se dio bajo los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.

6. Intervenciones

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha transgredido derechos fundamentales de la actora y las pretensiones están orientadas a cuestionar una providencia judicial respecto de la cual no tuvo injerencia, además, precisó que no tiene algún trámite pendiente de resolver de la tutelante.

Refirió que la acción de tutela no cumple los requisitos general es de procedibilidad, pues no se acreditó la vulneración de derecho s fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada, y lo que pretende la actora es configurar una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1 Consejo de Estado, Sección segunda. Subsección B , sentencia del 7 de noviembre de 2019, exp: 20001 -23-39-000-2016II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1 Consejo de Estado, Sección segunda. Subsección B , sentencia del 7 de noviembre de 2019, exp: 20001 -23-39-000-201600061-01(1322-17), C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

Demandante: Amparo Grisales Zapata

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La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Co nstitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia

judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Amparo Grisales Zapata pretende que se deje sin efecto la sentencia del 11 de abril de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de prime ra instancia, que negó la reliquidación de la pensión de vejez, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-030-2016-00581-00/01, al considerar que incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

En ese contexto, corresponde a la Sala verificar si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio del defecto invocado.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

judiciales y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio del defecto invocado.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de maner a excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providenc ias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la in mediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los he chos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido

parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los he chos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

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Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se precisa que dicha entidad fue vinculada al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, porque fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud.

(i) Sobre la relevancia constitucio nal como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud.

(i) Sobre la relevancia constitucio nal como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucion al ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utiliza rse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,

mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales .

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se co nvierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los

interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

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procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, como se verá, la parte demandante insiste en los argumentos propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Si bien, la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate surtido en el proceso con radicado 05001-33-33-030-2016-00581-00/01, en el cual la autoridad judicial demandada concluyó que no había l ugar a acceder a las pretensiones del medio de control.

La Sala observa que la parte actora demandó a Colpensiones con el fin de que se le ordenara la reliquidación de la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en los tér minos dispuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU 769 de 2014, que permite la sumatoria de tiempos cotizados en el sector público y privado y, además, tener como tasa de reemplazo el 90 % de lo cotizado durante toda la vida laboral.

En el trámite de primera instancia el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda por considerar que no podían aplicarse las normas en comento, porque la actora no acreditó cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, además, precisó que ya tenía reconocida la pensión, y las disposi ciones referidas son aplicables en los casos donde los afiliados no alcanzaban las cotizaciones del régimen para acceder a la pensión, lo cual no se dio en el caso bajo estudio.

y las disposi ciones referidas son aplicables en los casos donde los afiliados no alcanzaban las cotizaciones del régimen para acceder a la pensión, lo cual no se dio en el caso bajo estudio.

Contra la anterior decisión la ahora tutelante interpuso recurso de apelación, basada en que, a su juicio, debía darse aplicación al principio de favorabilidad, por lo tanto, resultaba más beneficioso el reconocimiento de la prestación conforme con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

La Sala observa que, en esa oportunidad, la parte demandante manifestó:

«Respecto a la interpretación más beneficiosa y en cuanto a la procedencia de la aplicación o no del decreto 758 de 1990 para el caso de mi mandante se debe acudir a lo manifestado por la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL (entidad que es órgano competente para interpretar y dar sentido a las normas a la luz de la carta política como eje jurídico central de ordenamiento jurídico quien en la sentencia SU 769 de 2014 al interpretar el artículo 1 del decreto 758 de 1990 entre otras normas concluyó que era procedente que esta norma fuera aplicada incluso a trabajadores del sector público sin distinguir su calidad pues consagró como ratio decidendi argumentos de peso al respecto aunado a que se trata de un precedente de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios de instancia (…).

Son los anteriores criterios los que debió tener en cuenta la entidad emisora del acto administrativo demandando al momento de fundar su decisión y orientar el reconocimiento de una pensión en criterios que fueran los más favorables a los intereses de la actora, contrario a lo sucedido pues de

demandando al momento de fundar su decisión y orientar el reconocimiento de una pensión en criterios que fueran los más favorables a los intereses de la actora, contrario a lo sucedido pues de forma clara los presupuestos normativos que consagra el decreto 758 son más beneficiosos en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-05151-00

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caso de la demandante que los traídos por la norma que fue aplicada mediante resolución 097592 del 17 de mayo de 2013, esto es, la Ley 71 de 1988 en su artículo 7 (…).

Tendríamos entonces, que si bien la demandada reconoce que el a