CE - Sentencia 11001031500020250517101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

Accionante: Cira Neyci Arce Perea

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: sustitución pensional . Subtema 3: defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la señora Cira Neyci Arce Perea y otros, en contra de la sentencia del 16 de octubre de 2025 , proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Cira Neyci Arce Perea, por intermedio de su apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado

a la administración de justicia que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 27001-33-33-001-2020-00180-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

Accionante: Cira Neyci Arce Perea

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

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2. El señor Nicolás Ibarguen Arboleda falleció el 13 de febrero de 2013. La Secretaría de Educación de Quibdó, mediante la Resolución 990 del 22 de julio de 2014 reconoció la sustitución pensional a la cónyuge supérstite, señora Nicida Esther Maturana Valencia, y a las hijas Katherine Ibarguen Arce y Aylin Lisette

Ibarguen Arce1.

3. La señora Cira Ne yci Arce Perea instauró un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el cual solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional, en la calidad de compañera permanente

del señor Nicolás Ibarguen Arboleda.

4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó, en sentencia del 19 de

reconocimiento de la sustitución pensional, en la calidad de compañera permanente del señor Nicolás Ibarguen Arboleda.

4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Quibdó, en sentencia del 19 de diciembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento del 50% de la sustitución pensional para la accionante.

5. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Chocó, en el fallo del 2 de mayo de 2025, revocó la decisión y negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la parte interesada no acreditó el requisito de convivencia efectiva de 5 años previos al fallecimiento del causante. El Tribunal desestimó las declaraciones extraprocesales al considerar que tenían un mismo texto y modelo de redacción, igualmente evidenció inconsistencias en las fechas . Además , sostuvo que la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional fue presentada de forma tardía, en 2019.

6. En criterio de la parte actora, las razones expuestas por el Tribunal Administrativo del Chocó desconocen la jurisprudencia constitucional relativa a que las declaraciones extraprocesales son medios idóneos para acreditar la convivencia, cuando provienen de personas con conocimiento directo. Explicó que las diferencias en las fechas no son un elemento suficiente para restar valor probatorio a las declaraciones extrajuicio, puesto que deben analizarse en conjunto con los demás elementos de prueba.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente2:

probatorio a las declaraciones extrajuicio, puesto que deben analizarse en conjunto con los demás elementos de prueba.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente2:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social y acceso a la justicia de la accionante.

2. Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó del 2 de mayo de 2025, dentro del radicado 27001333300120200018001.

3. Ordenar que se profiera una nueva sentencia valorando integralmente las pruebas, conforme al precedente constitucional en materia de prueba de convivencia para sustitución pensional.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que existe indebida valoración de la prueba cuando el juez descarta sin justificación pruebas

1 Esta última representada por Cira Neyci Arce Perea. 2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 2, doc. 4ED.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

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legalmente válidas. En el caso concreto, resaltó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó desestimó las declaraciones extrajuicio sin analizar el contenido ni la concordancia con las demás pruebas.

9. Reprochó que el Tribunal no haya otorgado valor probatorio a la testigo que declaró en la audiencia de pruebas , porque incurrió en imprecisiones menores en las fechas , pese a que con el paso del tiempo pueden existir detalles que se

9. Reprochó que el Tribunal no haya otorgado valor probatorio a la testigo que declaró en la audiencia de pruebas , porque incurrió en imprecisiones menores en las fechas , pese a que con el paso del tiempo pueden existir detalles que se distorsionen, por ello, es importante la valoración de la prueba en conjunto. De modo que el análisis del testimonio no se puede basar únicamente en la precisión de los detalles sino en la coherencia general del relato.

10. Para la recurrente, el Tribunal ignoró el indicio relativo a que en el 2014 ya se había reconocido la sustitución pensional a las hijas que había tenido con el causante, quienes fueron representadas legalmente por ella, en la calidad de madre.

11. En cuanto a la convivencia, explicó que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional, en tanto, aquella se demuestra con los indicios, testimonios y documentos, sin que pueda exigirse una prueba documental plena, la declaración de un número específico de testigo s o la formalidad del matrimonio . Así pues, en los casos de sustitución pensional, debe primar la realidad de la unión.

2.3. Trámite procesal

12. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 16 de septiembre de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Chocó, y vincular en calidad de terceros con interés al Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó , Fondo Nacional de Prestaci ones Sociales del Magisterio (administrado por FIDUPREVISORA), y a las señoras Nicida Esther

Maturana Valencia, Katherine Ibarguen Arce y Aylin Lisette Ibarguen Arce (vinculadas al proceso ordinario).

2.4. Intervenciones

Magisterio (administrado por FIDUPREVISORA), y a las señoras Nicida Esther Maturana Valencia, Katherine Ibarguen Arce y Aylin Lisette Ibarguen Arce (vinculadas al proceso ordinario).

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Chocó 4 indicó que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional , puesto que carece de la carga argumentativa para cuestionar la providencia judicial . Al respecto señaló que el causante falleció el 13 de febrero de 2013 y solo hasta el 2019, la señora Cira Neyci Arce Perea solicitó la sustitución pensional , que ya había sido reconocida la cónyuge supérstite y a las hijas del causante. Señaló que Martina Romaña Ramos fue la ún ica testigo en la audiencia de pruebas , y olvidó los detalles del relato e incurrió en incoherencias, lo que generó dudas sobre la veracidad y la certeza sobre la convivencia entre el causante y la accionante.

14. En cuanto al valor probatorio de las declaraciones adujo que son pruebas válidas, aunque no hayan sido ratificadas en el proceso; sin embargo, en el caso bajo estudio eran insuficientes, puesto que no contenían un relato detallado y

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 10. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 16.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

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tampoco se aportaron otros medios de prueba que probaran la convivencia.

15. El Juzgado Sexto Administrativo del Chocó 5 aportó el proceso ordinario , pero no se pronunció sobre la solicitud de tutela.

16. La señora Nicida Esther Maturana Valencia 6 señaló que fue vinculada correctamente como tercera interesada, pues también reclamó y obtuvo la sustitución pensional como cónyuge supérstite del causante. Señaló que la decisión del Tribunal de revocar la sentencia de primera instancia dictada por el juzgado se basó en la insuficiencia probatoria respecto a la accionante, la señora Arce Perea

17. Por otro lado, precisó que la tutela contra providencias judiciales no puede usarse como una nueva instancia para reabrir el debate probatorio. En este caso, el Tribunal valoró las pruebas y adoptó una conclusión fundamentada que no configura defecto fáctico, aunque fuera desfavorable para la accionante.

18. El Ministerio de Educación 7 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela teniendo en cuenta que en el caso concreto no se evidencia violación alguna de los derechos de la accionante.

19. La FIDUPREVISORA8 manifestó que la acción de tutela es improcedente y que no está legitimada en la causa por pasiva, puesto que no es la entidad responsable del presunto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. En todo caso, agregó que las entidades actuaron conforme la normativa que regula la sustitución pensional y el juez de instancia no desconoció los precedentes

presunto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. En todo caso, agregó que las entidades actuaron conforme la normativa que regula la sustitución pensional y el juez de instancia no desconoció los precedentes relacionados con el asunto debatido en el proceso ordinario.

20. Finalmente, Katherine Ibarguen Arce y Aylin Lisette Ibarguen Arce no se pronunciaron.

2.5. Sentencia de primera instancia

21. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 9 negó la solicitud de desvinculación interpuesta por la Fiduprevisora y declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

22. Al respecto indicó que los argumentos del escrito de tutela contienen una inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal, por tanto, la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional. En este sentido explicó que los defectos fáctico y procedimental invocados carecen de una carga argumentativa , en tanto, solo se limitan a cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez de segunda instancia, quien consideró que la señora Cira Arce Perea no acreditó el requisito de convivencia con el causante durante los

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 18. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 17. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 22.

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 17. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 22. 8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 28. 9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 30.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

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cinco años previos al fallecimiento. Tampoco acreditó el desconocimiento del precedente porque la accionante no indicó cuáles fueron las sentencias presuntamente inaplicadas por el Tribunal.

23. Por otro lado, señaló que los jueces gozan de autonomía e independencia en sus decisiones, de modo que , en principio , es improcedente cuestionar las providencias mediante la acción de tutela , sobre todo cuando la parte actora pretende que se surta una instancia adicional.

2.6. Impugnación

24. La señora Cira Neyci Arce Perea, a través de apoderado, presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia . A su vez, las señoras Katherine Ibarguen Arce y Aylin Lisette Ibarguen Arce solicitan la protección de los derechos fundamentales de su madre, por ello, igualmente afirman que impugnan el fallo de tutela.

25. Indicó que el presente caso sí es relevante constitucionalmente porque la controversia concierne a la violación del derecho fundamental al debido proceso por

fundamentales de su madre, por ello, igualmente afirman que impugnan el fallo de tutela.

25. Indicó que el presente caso sí es relevante constitucionalmente porque la controversia concierne a la violación del derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal Administrativo del Chocó , que revocó el fallo del Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó . Asimismo, la accionante es un sujeto de especial protección constitucional al tratarse de una adulta mayor de 61 años.

26. En este sentido, precisó que lo discutido es el defecto fáctico y desconocimiento del precedente en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho , por la indebida valoración del testimonio . Anotó que l o pretendido no es reabrir el debate probatorio, sino que se estudie la sentencia sin motivación del Tribunal

Administrativo del Chocó.

27. En el presente caso, la parte actora planteó la necesidad de abordar los hechos desde un enfoque de género. Adicionó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto fáctico, ausencia de motivación y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional. Hizo énfasis en que el fallo desestimó la prueba testimonial y las declaraciones extrajuicio. Decisión que, en criterio de la parte recurrente , desconoció las sentencias de la Corte Constitucional SU 471 de 2023, SU 169 de 2024 y SU 056 de 2025 , cuando la valoración de una prueba no es razonable.

28. Para la recurrente fue irrazonable y desproporcionado que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se consideraran insuficientes el testimonio y

valoración de una prueba no es razonable.

28. Para la recurrente fue irrazonable y desproporcionado que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se consideraran insuficientes el testimonio y las declaraciones extrajuicio de Martina Roña Ramos y Ayenny Lucía Moreno

Ibarguen aportadas por Cira Neyci Arce Perea.

29. Finalmente, advirtió que la sentencia impugnada se equivocó en la parte resolutiva al identificar a la accionante y al Tribunal demandado, en tanto, declaró improcedente una tutela supuestamente presentada por María Gladys Vanegas de Martínez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando en realidad la tutela fue instaurada por Cira Neyci Arce Perea contra el Tribunal Administrativo del Chocó.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

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3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa por activa de la señora Cira Neyci Arce Perea está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Chocó , debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia, objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional11.

34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción

derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

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incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 12 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

38. Así pues, la Corte Constitucional 15 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»17; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

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40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

41. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

41. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó, fue notificada el 5 de mayo siguiente18, y la demanda de tutela se presentó el 21 de agosto de 2025 19, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con la causal de defecto fáctico y desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección

3.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta por la señora Cira Neyci Arce Perea.

46. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia de la accionante, e incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente , al proferir la sentencia del 2 de mayo de 2025, mediante la cual revocó el fallo del 19 de diciembre de 2024, expedido por el Juzgado Sexto de Quibdó y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante en contra de la Nación – Ministerio de Educación

Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

18 Samai, exp. 27001333300120200018001, proceso en el Tribunal, índice 11. 19 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05171-00, índice 1. 20 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

Accionante: Cira Neyci Arce Perea

expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

Accionante: Cira Neyci Arce Perea

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

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47. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y

(ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

48. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 22. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el cas o sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»25.

50. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida

oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»25.

50. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso26.

51. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial 27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las

concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»28.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018. 23 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 24 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022. 25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 26 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011. 27 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019. 28 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05171-01

Accionante: Cira Neyci Arce Perea

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

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52. Finalmente, la jurisprudencia constitucional