CE - Sentencia 11001031500020250517401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora SA

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales a favor de docente oficial. Subtema 3: defecto sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 16 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Fiduciaria La Previsora SA (Fiduprevisora) presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de La

presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que modificó el fallo proferido el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la primera de las tutelantes, junto con la secretaría de educación de La Guajira, a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 44001-33-40-003-2024-00039-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional2, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. La señora María Margarita Ortiz Ariza, en condición de docente oficial, presentó escrito el 6 de septiembre de 2021 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag – Fiduprevisora, en el que solicitó el pago de sus cesantías parciales; auxilio que le fue reconocido por medio de Resolución 972 del 24 de agosto de 2022, expedida

– Fomag – Fiduprevisora, en el que solicitó el pago de sus cesantías parciales; auxilio que le fue reconocido por medio de Resolución 972 del 24 de agosto de 2022, expedida por la secretaría de educación de La Guajira, cuyo pago se realizó el 7 de junio de 2023, cuando ya se había superado el plazo de 70 días para el efecto.

3. La señora Ortiz Ariza presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag – Fiduprevisora y el d epartamento de La Guajira, orientada a obtener el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales.

4. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha condenó al departamento de La Guajira y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag al pago de la sanción moratoria reclamada3; contra la cual el departamento de La Guajira y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag interpusieron recursos de apelación.

5. La Nación – Ministerio de Educación – Fomag, en su memorial de alzada, alegó que no era responsable de la mora endilgada en el fallo de primera instancia , pues esta era atribuible al ente territorial, quien fue el que ocasionó la tardanza en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías. Así mismo, afirmó que, conforme al inciso 4.° del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, ese fondo no puede ser condenado al pago de la sanción moratoria.

afirmó que, conforme al inciso 4.° del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, ese fondo no puede ser condenado al pago de la sanción moratoria.

6. A través de l fallo de l 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira modificó la sentencia de l 30 de septiembre de 2024, en el sentido de discriminar la sanción moratoria que debía ser asumida por cada entidad demandada, por lo que la condena quedó en los siguientes términos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 2. 2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 9. 3 «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que, si aún no lo hubiere realizado, proceda a reconocer y pagar a la señora Margarita María Ortiz Ariza, la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales reconocidas a través de la resolución N° 0972 de 24 de agosto de 2022, en los términos establecidos en la ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la ley 1071 de 2006, equivalente a u n (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías parciales, entre el 18 de diciembre de 2021 y el 06 de junio de 2023. Se precisa que de la sanción decretada a la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira reconocerá y pagará 10 meses y

pago de las cesantías parciales, entre el 18 de diciembre de 2021 y el 06 de junio de 2023. Se precisa que de la sanción decretada a la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira reconocerá y pagará 10 meses y 28 días; y la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. asumirá el pago de la sanción restante».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira y a la Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que, si aún no lo hubiere realizado, proceda a reconocer y pagar a la señora Margarita María Ortiz Ariza, la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales reconocidas a través de la resolución N° 0972 de 24 de agosto de 2022, en los términos establecidos en la ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías parciales, entre el 18 de diciembre de 2021 y el 06 de junio de 2023, así:

• El ente territorial – departamento de La Guajira – es responsable de la mora causada desde el 18 de diciembre de 2021 hasta el 15 de agosto de 2022.

• El ente territorial – departamento de La Guajira – es responsable de la mora causada desde el 18 de diciembre de 2021 hasta el 15 de agosto de 2022.

• La Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es responsable de la sanción moratoria causada desde el 16 de agosto de 2022 hasta el 6 de junio de 2023

[…]

7. Lo anterior, al considerar que el departamento de La Guajira remitió a la Fiduprevisora extemporáneamente la resolución de reconocimiento de las cesantías de la docente el 8 de septiembre de 2022 (según la hoja de revisión que reposa en el expediente), fecha a partir de la cual debía contarse el término de los 45 días hábiles para que el Fomag realizara el respectivo pago — dada la extemporaneidad con la que recibió la solicitud de cesantías por parte del ente territorial —, que vencía el 15 de noviembre de 2022, sin embargo, la consignación se efectuó el 7 de junio de 2023, esto es, por fuera del plazo legal.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales derecho al debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, derecho a la igualdad y principio de legalidad del gasto público responsabilidad fiscal de mi representada.

2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos fundamentales expuestos.

3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por TRIBUNAL

público responsabilidad fiscal de mi representada.

2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos fundamentales expuestos.

3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA de TREINTA Y UNO (31) DE MARZO de dos mil veinticinco (2025) en el trámite del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por Mar ía Margarita Ortiz Ariza contra NACIÓN –

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, (expediente: 44001334000320240003900), mediante la cual se resol vió el recurso de apelación, modificando la sentencia de primera instancia proferida por el 30 de septiembre deRadicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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2024 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Riohacha, . En su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión de reemplazo que se ajuste al ordenamiento jurídico vigente. [sic para toda la cita]

9. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en defecto sustantivo, toda vez que ordenó el pago de la sanción moratoria contra el Fomag derivada del reconocimiento extemporáneo de las cesantías causadas durante el 2023, sin que existiera una norma

Administrativo de La Guajira incurrió en defecto sustantivo, toda vez que ordenó el pago de la sanción moratoria contra el Fomag derivada del reconocimiento extemporáneo de las cesantías causadas durante el 2023, sin que existiera una norma jurídica que determinara que debía asumir dicha obligación a partir del 1.° de enero de ese año, ni «existe una partida presupuestal en el FNPSM destinada a asumir el pago de la sanción por mora».

10. Aseveró que en el evento de que existiere mora en el pago de las cesantías, la sanción que se haya causado debería ser asumida en su totalidad por el ente territorial, pues expidió y remitió en forma tardía el acto administrativo de reconocimiento de tal auxilio y, como consecuencia de ello, se generó una dilación en el pago de la prestación económica.

11. Añadió que, en caso de reconocer la sanción moratoria, la presunta tardanza no es atribuible al Fomag, sino al ente territorial y a la Fiduprevisora (en atención a la fecha de recibido del acto administrativo), conforme a la Ley 1955 de 2019.

2.3. Trámite procesal

12. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, que profirió auto el 25 de agosto de 20254, en el que admitió la solicitud de tutela, requirió al Tribunal Administrativo de La Guajira que rindiera informe sobre los hechos de inconformidad y ordenó las notificaciones de rigor. Así mismo, vinculó en condición de terceros con interés al Juzgado Tercero

que rindiera informe sobre los hechos de inconformidad y ordenó las notificaciones de rigor. Así mismo, vinculó en condición de terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha; al departamento de La Guajira, secretaría de educación, y a la señora María Margarita Ortiz Ariza.

2.4. Intervenciones

13. El Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha 5 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela , porque no cumplió el requisito de relevancia constitucional, ya que se utilizó para reabrir el debate legal que fue resuelto en las dos instancias del proceso ordinario , sin lograr acreditar irregularidades de orden constitucional en las que supuestamente se incurrió.

14. El Tribunal Administrativo de La Guajira ; el departamento de La Guajira , secretaría de educación, y la señora María Margarita Ortiz Ariza guardaron silencio.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 4. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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2.5. Sentencia de primera instancia

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 6, negó la solicitud de amparo . Consideró que el Tribunal Administrativo de La Guajira no incurrió en un defecto sustantivo por haber

sentencia del 16 de octubre de 2025 6, negó la solicitud de amparo . Consideró que el Tribunal Administrativo de La Guajira no incurrió en un defecto sustantivo por haber ordenado la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales reconocidas a la señora Margarita María Ortiz Ariza, pues se evidenció que tanto a la entidad territorial ( departamento de La Guajira) como al Fo mag, a través de la Fiduprevisora, les es atribuible la mora en el reconocimiento de la prestación y en su pago, respectivamente.

16. Arguyó que , conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 , en concordancia con el Decreto 1272 de 2018, la autoridad judicial determinó que el ente territorial debía responder por la mora causada del 18 de diciembre de 2021 al 15 de agosto de 2022, mientras que el Fomag debía hacerlo desde el 16 de agosto de 2022 hasta el 6 de junio de 2023 , ya que se acreditó que el 6 de septiembre de 2021 la docente solicitó sus cesantías parciales, «de modo que el ente territorial tenía hasta el 27 de septiembre de 2021 para expedir la resolución, 10 días hábiles para su ejecutoria y 45 días adicionales para efectuarse el pago. En consecuencia, para el 17 de diciembre de 2021 el trámite administrativo debió estar culminado», pero la resolución se expidió el 24 de agosto de 2022 y el pago efectivo se realizó el 7 de junio de 2023.

17. Concluyó que no se advierte vulneración de los derechos fundamentales aducidos, habida cuenta que el tribunal actuó conforme al ordenamiento jurídico

17. Concluyó que no se advierte vulneración de los derechos fundamentales aducidos, habida cuenta que el tribunal actuó conforme al ordenamiento jurídico aplicable y las circunstancias de hecho. Además, la Fiduprevisora actúa como entidad administradora y ejecutora de los recursos de dicho fondo, razón por la cual las actuaciones que se realicen en el marco del respectivo pago de las cesantías le son imputables al F omag, por cuanto es el titular de las obligaciones prestacionales del magisterio. Por ende , «la demora atribuida en el pago efectivo de la prestación no constituye una causa ajena o independiente del fondo, sino una expresión de su propia gestión administrativa, lo que justifica la declaratoria de responsabilidad solidaria efectuada por la autoridad judicial».

2.6. Impugnación

18. La parte accionante presentó escrito de impugnación7 en contra de la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado . Para ello, luego de relacionar las normas atinentes al pago de sanciones moratorias a cargo del Fomag, sostuvo que existe una indebida aplicación normativa por parte de l a autoridad accionada, pues «al ordenar el pago de la sanción moratoria generada desde el 01 de enero de 2023, se desconoce de manera directa la existencia de normatividad especial la cual regula de manera específica el manejo de la seguridad social de los docentes adscritos al Fomag».

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 20.

especial la cual regula de manera específica el manejo de la seguridad social de los docentes adscritos al Fomag».

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 20. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 24.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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19. Reiteró que el Fomag no es competente para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de cesantías, pues esa función corresponde exclusivamente al ente territorial. El F omag actúa como fondo financiador y pagador, una vez se surten las etapas previas por parte de la entidad certificada. Por lo tanto, no puede atribuírsele responsabilidad por el retardo en la emisión de la respectiva resolución.

20. Insistió en que la Fiduprevisora recibió el acto administrativo de reconocimiento de la prestación social el 8 de septiembre del 2022, realizó el estudio del caso el 31 de mayo del 2023 y el pago de la s cesantías lo hizo el 7 de junio de 2023 . Por consiguiente, en el evento de conceder la sanción moratoria, sería atribuible al ente territorial y a la Fiduprevisora; «a partir de la fecha de recibido del acto administrativo; es decir desde el 08 de septiembre del 2022, contaba con el término de 45 días hábiles para el pago de las cesantías», acorde con el Decreto 1272 de 2018 y la Ley 1955 de 2019 (artículo 57).

es decir desde el 08 de septiembre del 2022, contaba con el término de 45 días hábiles para el pago de las cesantías», acorde con el Decreto 1272 de 2018 y la Ley 1955 de 2019 (artículo 57).

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 16 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

22. La legitimación en la causa por activa de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y la Fiduprevisora se encuentra acreditada porque actuaron como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 31 de marzo de 2025 , objeto de tutela, y, por lo tanto, son las titulares de los derechos que consideran les fueron vulnerados.

23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de La Guajira, porque es la autoridad que profirió la anterior providencia, la cual, según afirmó la parte tutelante, quebrantó sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

24. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de

24. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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constitucional9.

25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen

vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez co nstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 12 ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia13.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

ha impartido el órgano de cierre sobre la materia13.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Ibidem. La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que noRadicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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29. En el presente asunto, l a cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y la Fiduprevisora, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, indicaron expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

fundamentales al debido proceso e igualdad, indicaron expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

30. También se satisface el requisito de subsidiariedad, porque la parte accionante no tiene otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

31. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira , objeto de reparo, es del 31 de marzo de 2025, notificada el 29 de abril de 202514 y la demanda de tutela se presentó el 21 de agosto de 202515, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional16 y el Consejo de Estado17 como razonable.

32. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.

33. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

34. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con la s causales invocadas y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

34. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con la s causales invocadas y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala decidir si confirma, revoca o modifica el fallo del 16 de octubre de 2025 , dictado por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, que negó la solicitud de amparo. Para ello, deberá resolver el siguiente

problema jurídico:

tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no p ara el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales. 14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 9. 15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05174-00, índice 1. 16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05174-01 (11410) Accionantes: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otra

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36. ¿El Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en defecto sustantivo y, en consecuencia, afectó los derechos fundamentales de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y la Fiduprevisora, con la sentencia del 31 de marzo de 2025, que modificó el fallo de primera instancia proferido el 30 de septiembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora María Margarita Ortiz Ariza y condenó a la primera de las tutelantes, junto con la secretaría de educación de La Guajira, a la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales a favor de una docente oficial?

37. Para el efecto, se estudiará n: (i) la s generalidades del defecto sustantivo invocado; y (ii) el caso concreto.

3.5. Generalidades del defecto sustantivo invocado

38. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad

norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.

39. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

40. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para