CE - Sentencia 11001031500020250518300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05183-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: WALTER MARTÍN CAMPOS DELGADO

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO

GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA

PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN

SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SALUD E IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE BUCARAMANGA1 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor WALTER MARTÍN CAMPOS DELGADO, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

1 En adelante Juzgado. 2 En adelante Tribunal.2

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Actor: WALTER MARTÍN CAMPOS DELGADO

2 En adelante Tribunal.2

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Actor: WALTER MARTÍN CAMPOS DELGADO

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el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud e igualdad, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido, respectivamente, las providencias de 28 de septiembre de 2021 y 31 de julio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00035-01.

I.2. Hechos

Manifestó que laboró como patrullero al servicio de la POLICÍA NACIONAL desde el 1o. de abril de 2003 , asignado a la Policía Metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Indicó que el 29 de noviembre de 2008 mientras se encontraba en servicio activo, fue víctima de un artefacto explosivo , siniestro que fue calificado como accidente de trabajo . Posteriormente, fue diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión.

Mencionó que mediante Acta de 13 de diciembre de 2017, la Junta Médico Laboral de la POLICÍA NACIONAL lo declaró no apto para el servicio , no lo recomendó para reubicación laboral en trabajos3

Mencionó que mediante Acta de 13 de diciembre de 2017, la Junta Médico Laboral de la POLICÍA NACIONAL lo declaró no apto para el servicio , no lo recomendó para reubicación laboral en trabajos3

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administrativos y lo calificó con pérdida de capacidad laboral del 54.94%, por lo que presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto de manera confirmatoria por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía mediante Acta núm. TML-18-1-469 de 12 de junio de 2018. Posteriormente mediante Resolución núm. 03570 de 6 de julio de ese año, fue retirado del servicio activo.

Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra l a NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SECRETARÍA GENERAL - TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA - POLICÍA NACIONAL, la cual fue identificada con el número único de radicación 2019-00035-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 28 de septiembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda.

radicación 2019-00035-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 28 de septiembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 31 de julio de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud4

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A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, por cuanto omitieron la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente , en las que constan los conceptos y/o valoraciones de especialistas en psiquiatría.

Manifestó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C-381 de 12 de abril de 2005, T-068 de 3 de febrero de 2006, T-487 de 9 de septiembre y SU-588 de 27 de octubre de 2016, en las que ha determinado la obligación de las entidades públicas de garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

entidades públicas de garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: Se TUTELEN los derechos fundamentales: A LA

IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, A LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TODOS LOS QUE EL JUEZ DE TUTELA ENCUENTRE VULNERADOS O DESCONOCIDOS, de mi prohijado WALTER MARTIN CAMPOS DELGADO.

SEGUNDA: Se MODIFIQUE la decisión adoptada en la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025),5

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dentro del Proceso Radicado: 680013333004 -2019-00035-01, emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER, la cual a su vez confirmó la sentencia de primera instancia emitida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, que NEGÓ el Reintegro sin solución de continuidad a la Policía Nacional, del demandante

veintiuno (2021), por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, que NEGÓ el Reintegro sin solución de continuidad a la Policía Nacional, del demandante WALTER MARTIN CAMPOS DELGADO y en su lugar se ordene la reincorporación a las filas de la Institución Armada, al último cargo y funciones que venía desempeñando en la Institución, en iguales condiciones de trabajo a las que poseía al momento de su desvinculación, o en otro de igual o superior categoría.

TERCERA: Se CONDENE igualmente a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, y se ordene el pago al señor WALTER MARTIN CAMPOS DELGADO , de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, desde la fecha efectiva de su retiro y hasta cuando se produzca su reintegro a la institución, así como el pago de los aportes, por este periodo, a las entidades de Seguridad Social. Las anteri ores sumas deberán ser indexadas […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo debe denegarse, por cuanto la decisión que profirió en su momento sí valoró el material probatorio aportad o al expediente , incluyendo el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía , el cual sirvió de fundamento para expedir el acto de retiro del actor por disminución de la capacidad psicofísica.

Asimismo, mencionó que en dicha acta se indicó que la patología que padece el actor puede generar una lesión motora y/o sensitiva ,6

disminución de la capacidad psicofísica.

Asimismo, mencionó que en dicha acta se indicó que la patología que padece el actor puede generar una lesión motora y/o sensitiva ,6

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aunado al estrés de la actividad normal dentro de la fuerza pública, circunstancia que podría ocasionar le complicaciones en su salud, lo que significa que no era apto para continuar al servicio de la institución castrense.

Resaltó que las decisiones judiciales cuestionadas no incurrieron en los defectos deprecados por el actor, pues en ellas se abordó el estudio del problema jurídico de conformidad con el marco legal y jurisprudencial que regula el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica.

I.5.2.- El JUZGADO manifestó que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto las pretensiones formuladas por el actor pretenden reabrir un debate jurídico que fue previamente analizado por los jueces naturales del asunto, de conformidad con las pruebas recaudadas.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es improcedente, puesto que el tema sujeto de discusión carece de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que el

I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es improcedente, puesto que el tema sujeto de discusión carece de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que el JUZGADO y el TRIBUNAL dieron trámite al proceso ordinario7

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cuestionado con todas las formalidades legales.

I.6.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, puesto que el asunto bajo examen carece de relevancia constitucional, ya que lo que busca la parte actora es reabrir un debate legal que ya fue deb idamente zanjado en las instancias ordinarias correspondientes.

I.6.3.- La DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

• GRUPO M ÉDICO LABORAL D EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NÚM. 5 , solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional ya que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones e inconformidades alegadas por el actor se dirigen contra otras autoridades y tampoco ha vulnerado derecho fundamental alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

se dirigen contra otras autoridades y tampoco ha vulnerado derecho fundamental alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de8

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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO M ÉDICO LABORAL DE SANTANDERREGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N ÚM. 5, solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las9

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razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO M ÉDICO LABORAL DE SANTANDER - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NÚM. 5, no fue vinculada como accionada ni como tercer o con10

POLICÍA NACIONAL - GRUPO M ÉDICO LABORAL DE SANTANDER - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NÚM. 5, no fue vinculada como accionada ni como tercer o con10

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interés directo en las resultas del proceso dentro del presente trámite constitucional, no le asiste interés en las resultas de la acción constitucional de la referencia.

En ese sentido, la Sala accederá a su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actor : Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia11

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.12

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre

ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05183-00

una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.13

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pro cede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” . (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales debido proceso, a la salud e igualdad y, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias de 28 de septiembre de 2021 y 31 de julio de 2025 , proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del14

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00035-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,

identificado con el número único de radicación 2019-00035-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, incurrieron en defecto fáctico, por cuanto omiti eron la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, en las que constan los conceptos y/o valoraciones de especialistas en psiquiatría.

Manifestó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C-381 de 12 de abril de 2005, T-068 de 3 de febrero de 2006, T-487 de 9 de septiembre y SU-588 de 27 de octubre de 2016, en las que ha determinado la obligación de las entidades públicas de garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efecto tanto la providencia de 28 de septiembre de 2021 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 31 de julio de 2025 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la15

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presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

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presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la parte actora.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la a utoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción16

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Actor: WALTER MARTÍN CAMPOS DELGADO

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05183-00

Actor: WALTER MARTÍN CAMPO