CE - Sentencia 11001031500020250519501 de 2025

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 11001-03-15-000-2025-05195-01[[1]](#footnote-2) | | Demandante | : | Duty Free Partners Colombia S.A.S. | | Demandado | : | Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación – Rama Judicial | | Vinculados | : | Secretaria General del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | | Acción | : | Tutela | | Derechos | : | Acceso a la administración de justicia | | Tema | : | Tutela por escrito de demanda que no fue tramitada por haberse radicado en vacancia judicial | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada por Duty Free Partners Colombia S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación – Rama Judicial, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

1. ANTECEDENTES 1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada; luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación – Rama Judicial. Por consiguiente, requirió:

4.2. Ordenar a la Rama Judicial a través de los Tribunales Administrativos de Antioquia, dar reparto inmediatamente a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada el día 16 de abril de 2025 por parte de la sociedad Duty Free Partners Colombia S.A.S. en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reconociendo y aclarando que la misma se entiende presentada el día 16 de abril de 2025.

1.3 Hechos[[2]](#footnote-3)

El accionante relató que, el 16 de abril de 2025, la sociedad Duty Free Partners Colombia S.A.S., por medio de su apoderado judicial, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del correo institucional demandastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Mencionó igualmente que, la demanda se dirigía contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 2024011050000064 del 30 de enero de 2024 y la Resolución No. 8537 del 11 de diciembre de 2024, que resolvía el recurso de reconsideración. El actor refirió que la caducidad del medio de control se configuraría el 18 de abril de 2025, fecha que coincidía con un día inhábil por la vacancia judicial de Semana Santa.

Para evitar la consumación del fenómeno de la caducidad, envió el escrito de demanda mediante correo certificado por Servientrega, misma entidad que emitió acuse de recibo, sin que se reportara inactividad del buzón institucional. Pero al evidenciar que, para el 20 de agosto de 2025, no se había realizado el reparto, el apoderado contactó telefónicamente al Tribunal, donde le informaron que el correo estuvo inhabilitado por la vacancia judicial.

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora alegó la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 CP), al no haberse repartido la demanda presentada en término legal. Se apoyó en que el correo fue enviado correctamente, recibido por el servidor del Tribunal y que no existía constancia oficial de inhabilidad del canal de recepción.

Argumentó que, el deber de validar la recepción del mensaje recaía en la autoridad judicial, y que no era responsabilidad del accionante garantizar el funcionamiento del correo institucional.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, a través de auto del 8 de septiembre del 2025[[3]](#footnote-4),se admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación – Rama Judicial como accionado y ordenó vincular a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros con interés.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Tribunal Administrativo de Antioquia – Secretaría General[[4]](#footnote-5)solicitó que se declarara improcedente y, en subsidio, se negara el amparo constitucional. La corporación argumentó que no existió vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho enviada por el accionante el 16 de abril de 2025 nunca ingresó al sistema institucional.

Explicó que la cuenta de correo electrónico destinada para la radicación de demandas, demandastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co, se encontraba bloqueada entre el 12 y el 20 de abril de 2025 debido a la vacancia judicial de Semana Santa, medida general adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en cumplimiento de la normativa vigente (Ley 31 de 1971 y Decreto 546 de 1971). Este bloqueo fue solicitado por el Tribunal y confirmado por la Mesa de Ayuda del CENDOJ, que verificó que el mensaje remitido por el accionante presentó estado “fallido” y nunca llegó a la bandeja institucional.

El Tribunal enfatizó que todos los correos enviados en ese período generaron un mensaje automático de rebote, informando expresamente: “Su mensaje no fue recibido, estamos en Vacancia Judicial por Semana Santa, regresamos 21/04/2025”. Por ello, sostuvo que el accionante tuvo conocimiento inmediato e inequívoco de la imposibilidad de radicar su demanda, lo que descarta cualquier falta de comunicación.

Además, señaló que la vacancia judicial es información pública, divulgada en la página web y redes sociales de la Rama Judicial, por lo que el accionante debía prever esta circunstancia. Indicó que la decisión de presentar la demanda durante ese lapso fue una gestión del propio accionante, sin que pueda atribuirse responsabilidad al Tribunal.

2.2 Providencia impugnada[[5]](#footnote-6)

Mediante fallo del 25 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la tutela, argumentando que el correo institucional estaba inhabilitado y que no se vulneró el derecho fundamental alegado, para fundamentar aquello refirió que «los mensajes electrónicos remitidos al correo institucional bloqueado generaban una respuesta automática que daba cuenta de que el mensaje no fue recibido por motivos de vacancia judicial. Asimismo, se tiene constancia que el Consejo Superior de la Judicatura a través de diferentes plataformas (página web y redes sociales como Facebook e Instagram), puso en conocimiento de la ciudadanía que la vacancia judicial por semana santa era del 12 al 20 de abril de la presente anualidad».

2.3 La impugnación[[6]](#footnote-7)

Inconforme con la anterior decisión, el tutelante la impugnó, para cuyo propósito expuso que, en su caso sí existió vulneración al derecho de acceso a la justicia, ya que la demanda fue enviada y recibida en término y no se repartió por una supuesta inactividad del correo institucional, adicionalmente alegó violación al debido proceso por exceso ritual manifiesto, al desconocer pruebas fehacientes como el acuse de recibo y aplicar de forma rígida la vacancia judicial, para cuyo efecto manifestó que el Tribunal debió haber dado trámite a la demanda el día hábil siguiente (21 de abril de 2025), conforme al artículo 106 del CGP.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 32[[7]](#footnote-8) del Decreto ley 2591 de 1991[[8]](#footnote-9) y 25[[9]](#footnote-10) del Acuerdo 80 de 12 de marzo del 2019[[10]](#footnote-11) expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela es procedente; de serlo, se deberá analizar si el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Nación – Rama Judicial vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, al no repartir la demanda presentada el 16 de abril de 2025, por encontrarse en vacancia judicial por semana santa.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable, cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho[[11]](#footnote-12).

3.4 Acceso a la administración de justicia

La justicia, en el ordenamiento jurídico colombiano, posee una triple entidad como valor, principio y derecho, cada una de ellas tiene una faceta teleológica diferenciada, es decir, su finalidad es distinta dependiendo del enfoque usado para interpretarlo, en particular, cuando se trata del acceso a la justicia como derecho, pues esta es una garantía en doble sentido que obliga y limita al Estado.

Lo obliga, por cuanto establece el deber de fijar una estructura institucional que le permita a los asociados dirimir los conflictos que se generen, así pues, someter a juicio de un tercero imparcial bajo reglas de juego claras y con la posibilidad de controvertir el resultado, siendo parte de la esencia de los Estados democráticos modernos.

Ahora, el límite impuesto radica en que el Estado debe abstenerse de impedir el acceso a la justicia por los particulares, sea imponiendo obstáculos formales o materiales, de modo que hagan imposible para cualquier persona obtener justicia frente a sus conflictos, esto puede ser por ejemplo imponer costos al ejercicio judicial, o requisitos formales inflexibles y discordantes con la realidad material de la sociedad.

En esos términos, la Corte Constitucional ha identificado que «En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la eficiente prestación de este servicio público[[12]](#footnote-13)».

Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que cualquier persona, ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.

3.5 Solución al caso concreto.

Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que cualquier persona, ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.

3.5 Solución al caso concreto.

El caso en concreto, supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela[[13]](#footnote-14), por cuanto (i) se encuentra plenamente acreditada la legitimación en la causa por pasiva y por activa de las partes, (ii) al tratarse de una pretensión encaminada a que se le dé trámite a un documento radicado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, se constituye así en una omisión que permite superar el requisito de inmediatez, y por último, (iii) en cuánto a la subsidiariedad, no existe recurso u otro mecanismo judicial principal al que el actor pueda acudir directamente.

De acuerdo con lo evidenciado en el expediente judicial, el escrito de la demanda fue radicado el 16 de abril de 2025, mediante el servicio de correos certificados de Servientrega a la dirección de correo electrónico «demandastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co», mismo que aparece registrado como dirección de recepción de esa autoridad judicial[[14]](#footnote-15) en la página de internet de la Secretaría del Tribunal.

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De acuerdo con el reporte realizado por Servientrega, el canal institucional recibió el mensaje, como lo demuestra el acuse de recibo[[15]](#footnote-16), ello implica que el mismo no se encontraba con algún impedimento técnico para recibir los mensajes de datos; si bien, la accionada manifestó que el accionante debió recibir un mensaje a vuelta de correo indicando que el mismo se encontraba bloqueado para recibir mensajes con ocasión a la vacancia judicial, ello por sí mismo no impide la recepción de memoriales, sino que suspende el trámite procesal, el cual debe reanudarse el primer día hábil siguiente.

De conformidad con lo visto hasta este punto, y de conformidad con la posición ya sentada por esta Sala[[16]](#footnote-17),, la omisión del reparto constituye una barrera administrativa injustificada que vulnera el derecho de acceso a la justicia de quien se somete a la jurisdicción. Si bien, la Ley 30 de 1971 regula el periodo de vacancia para la Rama Judicial, dicha norma no contempla la imposibilidad de recibir memoriales por cuenta de los despachos judiciales, en igual sentido, la Circular PCSJC25-14 del 2 de abril del 2025[[17]](#footnote-18) si bien permite el bloqueo de las cuentas de correo institucionales, dicha circular va encaminada a garantizar el derecho al descanso del personal judicial, no se constituye como una barrera en el acceso a la administración de justicia.

En este caso no puede confundirse la presentación de la demanda[[18]](#footnote-19), con el reparto de los escritos y memoriales[[19]](#footnote-20). Trasladar las consecuencias negativas de la demora en el reparto administrativo al usuario, o de la indisponibilidad de un servicio público esencial, constituye una carga injustificada impuesta al ciudadano, lo que en ningún modo asegura el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Ha de resaltarse que, la vacancia judicial no puede ser utilizada como excusa para desconocer el derecho fundamental de acceso a la justicia, dado que la recepción de memoriales por medios electrónicos no se suspende durante la vacancia judicial en razón a que la administración de justicia es un servicio público esencial[[20]](#footnote-21) y en esencia su interrupción «[…] significaría, de un lado, que las personas carecerían del derecho al acceso a la administración de justicia (art. 229), violándose así el derecho al debido proceso (art. 29); de otro lado ello implicaría una lesión al interés general (art. 1°), porque la sociedad carecería del aparato para investigar y procesar los delitos y demás conflictos judiciales»[[21]](#footnote-22).

Lo que, sí debe garantizar tanto la Ley como el acuerdo, es el derecho al descanso y a la desconexión de los servidores judiciales, por ello la medida que ponderadamente posibilita el descanso y al tiempo la garantía de acceso a la justicia es permitir que los documentos sean radicados en los medios electrónicos y darles trámite al siguiente día hábil en que ello sea posible, es decir, para el caso en cuestión, se trataría del 21 de abril del 2025.

En últimas, el artículo 109 del CGP[[22]](#footnote-23) prescribe que los memoriales se entenderán radicados oportunamente siempre y cuando se haga dicha actuación en horario laboral, pero aquellos recibidos en días u horas inhábiles, se entenderán presentados al siguiente día hábil; la norma no dispone la omisión de trámite ni su descarte por cuenta de las oficinas de reparto o secretarías, de modo que una vez verificado que en efecto el actor radicó el documento en el momento indicado, el deber del Tribunal Administrativo era el de darle el trámite pertinente una vez se percató de la omisión.

IV. DECISIÓN

En consecuencia, la Sala considera que, comoquiera que, la presente acción supera los requisitos de procedibilidad de la acción y se comprobó la afectación al derecho constitucional alegado, se revocará la decisión de primera instancia para en su lugar conceder el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia del 25 de septiembre del 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y en su lugar CONDEDER el amparo al derecho al acceso a la administración de justicia por las razones esbozadas en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de 5 días hábiles posteriores a la notificación de esta sentencia, le imprima el trámite adecuado al escrito de demanda radicado por el accionante en esa entidad el 16 de abril del 2025 y en consecuencia someta a reparto el escrito de demanda.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(firmado electrónicamente)

ELIZABETH BECERRA CORNEJO

1. Expediente digital disponible en Samai. ↑

2. Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2. ↑

3. Expediente digital en SAMAI, índice 10. ↑

4. Visible en el expediente digital en SAMAI 14. ↑

5. Índice 16 de SAMAI. ↑

6. Índice 20 de SAMAI. ↑ 7. “Trámite de la impugnación.Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”. ↑ 8. “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo86de la Constitución Política”. ↑ 9. “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. ↑ 10. “Reglamento interno del Consejo de Estado”. ↑

11. Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. ↑

12. Sentencia T-421-18, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado ↑

13. Que para el caso en concreto son la «(i) legitimación en la causa, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad», de acuerdo con la sentencia T 005 del 2022. ↑ 14. https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-antioquia/-/informacion-gener-6 ↑

15. Visible en el expediente judicial en SAMAI, índice 2, documento 2, folio 1. ↑

16. Por ejemplo, en la sentencia del 4 de febrero del 2025, emitida por la Sección Segunda Subsección B del Conejo de Estado, dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2024-06908-00. ↑ 17. https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp\_Data%2fUpload%2fPCSJC25-14.pdf ↑

18. Acto de parte, realizado el 16 de abril del 2025. ↑

19. Actuación administrativa propio de la judicatura. ↑ 20. «LEY ESTATUTARIA 2430 DE 2024, ARTÍCULO 1. El artículo 1 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

ARTÍCULO 1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social.

La administración de justicia es un servicio público esencial […]» ↑

21. Corte Constitucional, sentencia C 059 de 1993. ↑ 22. «Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.

[…]

Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término». ↑