CE - Sentencia 11001031500020250519700 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandantes: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judic ial / Caducidad en el medio de control de reparación directa / Delitos de lesa humanidad / Violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Elpidia de los Dolores Caro González y Diego de Jesús Caro González , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Elpidia de los Dolores Caro González y Diego de Jesús Caro González promovieron solicitud de tutel a con el fin de que se amparar an sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, reparación integral y acceso a la administración de justicia , los cuales consider aron vulnerados con ocasión de la

promovieron solicitud de tutel a con el fin de que se amparar an sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, reparación integral y acceso a la administración de justicia , los cuales consider aron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicad o 05001333300720160078102.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , con la finalidad de que se les declarara responsables por los perjuicios ocasionados por la

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro desaparición forzada y posterior muerte de Nicolás de Jesús Caro González, en hechos ocurridos en el mes de febrero de 2008, en inmediaciones de los municipios

de Maceo y Puerto Berrío.

2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín , en sentencia del 10 de junio de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que se acreditó la falla en el servicio por parte de la entidad demandada, como consecuencia de la muerte de Nicolás de Jesús Caro González a manos de miembros del Ejército Nacional . En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

demandada, como consecuencia de la muerte de Nicolás de Jesús Caro González a manos de miembros del Ejército Nacional . En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 30 de julio de 2025 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, ya que transcurrieron más de los dos años entre la fecha en que los demandantes tuvieron conocimiento del fallecimiento de Nicolás de Jesús Caro González junto con la presunta responsabilidad de la entidad demandada y la presentación de la demanda.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 2 y de la Corte Constitucional3, según el cual, el término de caducidad en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas no deb ía contarse desde la fecha del fallecimiento ni de la identificación de la víctima. Por el contrario, el cómputo iniciaría a partir del momento en que los familiares dispusieran de elementos suficientes para deducir la posible participación estatal, lo que a su vez permite configurar una reclamación patrimonial fundada en la responsabilidad del Estado.

2.5. Aunque el núcleo familiar tuvo conocimiento de la desaparición de Nicolás de Jesús Caro González y posteriormente recibió información sobre su presunta muerte en combate bajo señalamientos de vinculación delictiva, lo cierto es que solo con el paso del tie mpo lograron comprender que fue el propio Estado quien, de forma

Jesús Caro González y posteriormente recibió información sobre su presunta muerte en combate bajo señalamientos de vinculación delictiva, lo cierto es que solo con el paso del tie mpo lograron comprender que fue el propio Estado quien, de forma injustificada, le quitó la vida.

2.6. La Corte sostuvo que incluso resulta ba procedente inaplicar la figura de la caducidad cuando su exigencia rigurosa impide a las víctimas ejercer de manera real y efectiva su derecho de acceso a la justicia. Además, conforme al bloque de constitucionalidad los crímenes de lesa humanidad no son objeto de caducidad. De

2 Al respecto citó: i) Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad. 2500023-41-000-2017-00423-01; ii) Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2017-00423-01 (65944), CP Stella Conto Díaz del Castillo; iii) Sección Tercera, Subsección B, CP Ramiro Pazos Guerrero. del 30 de abril de 2021. Rad. 11001031500020200406801: iv) Sección Segunda, Subsección A, CP Rafael Francisco Suarez Vargas, del 1 de julio de 2021. Rad. 11001031500020210186700; v) Sección Segunda, Subsección A, CP Rafael Francisco Suarez Vargas, del 31 de marzo de 2022, Rad. 11001-0315-000-2022-00610-00. 3 Al respecto citó: i) Sentencias SU-312 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; ii) SU -167 de

Vargas, del 31 de marzo de 2022, Rad. 11001-0315-000-2022-00610-00. 3 Al respecto citó: i) Sentencias SU-312 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; ii) SU -167 de 2023, MP Diana Fajardo Rivera; iii) T-202 de 2025, MP Juan Carlos Cortés González, 28 de mayo de 2025.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro igual manera, para la fecha de presentación de la demandada (2016) ya existía una línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado , Sección Tercera según la cual, tratándose de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por su carácter imprescriptible, no procedía aplicar restricciones temporales para acceder a la jurisdicción contenciosa.

2.7. También se omitió la decisión proferida por el tribunal demandado en el medio de control de reparación directa 05001-33-33-004-2014-00078-01, adelantado con ocasión del fallecimiento de Daniel Hernando Castrillón Gaona en circunstancias similares, sin que se invocara la caducidad como obstáculo para el examen de fondo.

2.8. En violación directa de la Constitución Política, por cuanto se aplicó de manera rígida la figura de la caducidad en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos, lo cual resultó incompatible con sus artículos 13, 29, 90 y 229 , así como con el 93, que incorporó al bloque de constitucionalidad las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

derechos humanos, lo cual resultó incompatible con sus artículos 13, 29, 90 y 229 , así como con el 93, que incorporó al bloque de constitucionalidad las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] 4.1. Que se declare que la decisión judicial emitida por la Magistrada Ponente Angy Plata Álvarez, mediante sentencia de segunda instancia de fecha 30 de julio de 2025, notificada el 1 de agosto del mismo año, dentro del proceso con radicado No. 05001 -3333-007-2016-00781-02, en la cual se revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, del bloque de constitucionalidad y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente a crímenes de lesa humanidad.

4.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se amparen de manera inmediata y efectiva nuestros derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral como víctimas de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública.

4.3. Que, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia judicial atacada en esta acción de tutela y se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo pronunciamiento en el que se inaplique la figura de la caducidad, atendiendo al precedente constitu cional y contencioso administrativo, así como a los estándares internacionales sobre no caducidad

acción de tutela y se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo pronunciamiento en el que se inaplique la figura de la caducidad, atendiendo al precedente constitu cional y contencioso administrativo, así como a los estándares internacionales sobre no caducidad en casos de delitos de lesa humanidad, garantizando nuestro acceso efectivo a la justicia […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión4 precisó que no vulneró derecho fundamental alguno, ni incurrió en el desconocimiento del precedente judicial alegado, tan es así que la decisión enjuiciada se tomó con base

4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado « 11_MemorialWeb_Otro-InformeTutela20250(.pdf) NroActua 10».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro a los lineamientos expuestos en la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se indicó que cuando se solicitara la indemnización de perjuicios a través del medio de control de reparación directa por desaparición forzada, no ha bría excepción al término de caducidad de 2 años que contempla el artículo 164 del CPACA, simplemente, su cómputo debía efectuarse desde el momento en que los demandantes conocieron o tuvieron la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos.

4.1. Los familiares de Nicolás de Jesús Caro González tuvieron conocimiento del daño en el mes de septiembre de 2011, cuando funcionarios del Juzgado Noventa y

tuvieron la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos.

4.1. Los familiares de Nicolás de Jesús Caro González tuvieron conocimiento del daño en el mes de septiembre de 2011, cuando funcionarios del Juzgado Noventa y Dos de Instrucción Penal Militar les comunicaron que había sido reportado como guerrillero dado de baja en combate por parte de miembros del Ejército Nacional. Así mismo, el 24 de noviembre siguiente se realizó la exhumación del cadáve r, de ahí que tenía n hasta el 25 de noviembre de 2013 para presentar la demanda, sin embargo, fue radicada solo el 26 de octubre de 2016, cuando ya había fenecido la oportunidad para ello.

5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín5 si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

6. Carlos Arturo Caro González 6 precisó que la excepción de caducidad ya había sido discutida y resuelta en la audiencia inicial, confirmada en apelación por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, reabrió el debate sin motivar por qué desconocía la decisión anterior, limitándose a referir que la sentencia cuestionada se ajustó al precedente de unificación de 2020.

7. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional 7 solicitó que se declarara improcedente lo pretendido por no se acreditó el requisito general de la subsidiariedad ante la existencia del medio de control de reparación directa por falla en el servicio a título de defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, y ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante.

subsidiariedad ante la existencia del medio de control de reparación directa por falla en el servicio a título de defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, y ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante.

7.1. Al momento en que se dictó la decisión de primera instancia, aún no se había expedido la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera (29 de enero de 2020) que definió el cómputo del término de caducidad en casos de responsabilidad extracontractual del Estado por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, los criterios aplicados en aquella ocasión no podían ser confrontados con los utilizados en la decisión de segunda instancia.

5 Ver índice 1 1 de Samai. Archivo denominado « 14_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestacionTutelaVi(.pdf) NroActua 11». 6 Ver índice 1 2 de Samai. Archivo denominado « 16_MemorialWeb_OtroPRONUNCIAMIENTOCARL(.pdf) NroActua 12». 7 Ver índice 1 3 de Samai. Archivo denominado « 17_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaTUTELAELPIDIADELO(.pdf) NroActua 13».5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra

el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 10 Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales

de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoreseñada.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar, además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional 12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de tutela , la Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Elpidia de los Dolores Caro González y Diego de Jesús Caro González con ocasión de la sentencia del 30 de julio de 2025, mediante la cual revocó la decisión del a quo, y en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la

Constitución Política?

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro 2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

19. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativ o derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las

relevantes como un imperativ o derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalment e, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

20. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.

El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en l a ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

21. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un trata miento diverso a la situación objeto de estudio.

Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de

existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un trata miento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

22. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro 2.4.3. Violación directa de la Constitución Política

23. Se recuerda que fue delimitada, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

24. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU -069 de 2018, señaló que esta causal se configura « a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados », el cual puede

configurarse por dos hipótesis:

25. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en

que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados », el cual puede configurarse por dos hipótesis:

25. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

26. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 .° constitucional cuando exista incompatibilidad con las disposiciones legales

2.4.4. Sobre el caso concreto

27. Elpidia de los Dolores Caro González y otro acuden al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual revocó la decisión de l a quo, y en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

28. Lo anterior, al considerar que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 15 y de la Corte Constitucional 16, según el cual el término de caducidad en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas no debía contarse desde la fecha del fallecimiento ni la identificación de la

judicial del Consejo de Estado 15 y de la Corte Constitucional 16, según el cual el término de caducidad en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas no debía contarse desde la fecha del fallecimiento ni la identificación de la víctima. Por el contrario, el cómputo inicia ría a partir del momento en que los familiares dispusieran de elementos suficientes para deducir la posible participación

15 Al respecto citó: i) Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad. 2500023-41-000-2017-00423-01; ii) Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2017-00423-01 (65944), CP Stella Conto Díaz del Castillo; iii) Sección Tercera, Subsección B, CP Ramiro Pazos Guerrero. del 30 de abril de 2021. Rad. 11001031500020200406801: iv) Sección Segunda, Subsección A, CP Rafael Francisco Suarez Vargas, del 1 de julio de 2021. Rad. 11001031500020210186700; v) Sección Segunda, Subsección A, CP Rafael Francisco Suarez Vargas, del 31 de marzo de 2022, Rad. 11001-0315-000-2022-00610-00. 16 Al respecto citó: i) Sentencias SU -312 de 2020, M P José Fernando Reyes Cuartas; ii) SU -167 de 2023, MP Diana Fajardo Rivera; iii) T-202 de 2025, MP Juan Carlos Cortés González, 28 de mayo de 2025.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro

2025.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05197-00

Demandante: Elpidia de los Dolores Caro González y otro estatal, lo que a su vez permitiría configurar una reclamación patrimonial fundada en la responsabilidad del Estado.

29. Por indebida aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta que, en cuanto a la caducidad del medio de control, el asunto debió decidirse de acuerdo con aquél que estaba vigente para el momento en que se radicó la dem anda, según el cual, tratándose de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por su carácter imprescriptible, no procedía aplicar restricciones temporales para acceder a la jurisdicción contenciosa. Máxime cuando según la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad los crímenes de lesa humanidad no son objeto de caducidad.

30. En violación directa de la Constitución Política, por aplicar de manera rígida la figura de la caducidad en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos, lo cual resultó incompatible con sus artículos 13, 29, 90 y 229 , así como con el 93, que incorpor ó al bloque de constitucionalidad las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

31. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa, dispuso:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda . La demanda deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda . La demanda deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en