CE - Sentencia 11001031500020250521700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-05217-001

Demandante : Édgar Muleth Hernández Molino

Demandado Vinculados : : Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Sincelejo, NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y d epartamento de Sucre

Acción : Tutela

Derechos

Tema :

: Debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia Tutela contra providencia, sanción moratoria por pago tardío de cesantías, prescripción Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por el señor Édgar Muleth Hernández Molino contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso , igualdad y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

El señor Édgar Muleth Hernández Molino, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 5 de marzo de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión 2 revocó la providencia de 20 de septiembre de 2024, en la que, el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente3 a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre (expediente 70001-33-33-004-2022-00603-01), para declarar probada la excepción de

contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre (expediente 70001-33-33-004-2022-00603-01), para declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria causada a su favor. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se acceda a las súplicas formuladas en el aludido asunto ordinario.

Hechos4.

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el accionante se puede evidenciar que, «como docente de vinculación [d]epartamental, al servicio de la Secretaría de Educación […] de Sucre» , el 16 de agosto de 2018 solicitó el pago de una cesantía parcial, la cual fue reconocida mediante Resolución 1293 de 25 de octubre de ese año; sin embargo, fue cancelada «hasta el […] siete (07) de diciembre del 2021, lo que significa que la entidad tardó 1152 días» , razón por la cual, el 26 de marzo de 2022 pidió la sanción moratoria por la no entrega oportuna de ese emolumento, frente a lo que no obtuvo respuesta alguna.

Por lo anterior, el 24 de octubre de 2022 el actor promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre (expediente 70001-33-33-004-2022-00603-01), con el propósito de obtener la anulación del acto ficto derivado del silencio administrativo

Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre (expediente 70001-33-33-004-2022-00603-01), con el propósito de obtener la anulación del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo respecto de la aludida reclamación de 26 de marzo de 2022 y lo deprecado en sede administrativa.

2 M. P. Rufo Arturo Carvajal Argoty. 3 Por cuanto, aunque declaró la nulidad del acto administrativo deprecado, negó la condena en costas solicitada. 4 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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Del asunto ordinario conoció el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Sincelejo que, el 20 de septiembre de 202 4 accedió parcialmente a las pretensiones formuladas, al estimar que, «le son aplicables a los docentes que se encuentren en el régimen anualizado de cesantías las reglas consagradas en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, que regulan la sanción moratoria, bajo el entendido de que el plazo con que cuenta el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para no incurrir en el retardo será de 70 días»; no obstante, en este caso, aquel no se cumplió.

Inconforme con la referida decisión, la Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de

en este caso, aquel no se cumplió.

Inconforme con la referida decisión, la Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación, desatado el 5 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión , en el sentido de revocarla, por cuanto, «[e]l pago de la sanción moratoria se ve afectado por el fenómeno de la prescripción», dado que, «cuando se realizó formalmente la petición de pago de sanción moratoria , la indemnización solicitada se encontraba prescrita, en atención a que la exigibilidad de la misma (momento que da inicio igualmente al conteo de la prescripción) […] se dio desde el 29 de noviembre de 2018 (día siguiente al plazo máximo para la cancelación de las cesantías) y los tres años para reclamar, inicialmente vencían el 29 de noviembre de 2021».

Que, aún si se tiene en cuenta «la adición […] en virtud de la suspensión de términos de la caducidad y de la prescripción de los derechos , dispuesta por el Gobierno Nacional mediante el DecretoLegislativo 564 de 2020 5, en virtud del Covid 19, la cual operó por el término de 3 meses y 14 días, esto es, entre el 16 de marzo y el 30 de junio del año 2020, se advierte que para este caso, […] se extendió del 29 de noviembre de 2021 al día 17 de marzo de 2022; sin embargo, [el] demandante presentó su reclamación el […] 22 de marzo de 2022, esto es, por fuera de los tres (3) años desde que se hizo exigible el derecho, por lo que, opera la prescripción extintiva ».

demandante presentó su reclamación el […] 22 de marzo de 2022, esto es, por fuera de los tres (3) años desde que se hizo exigible el derecho, por lo que, opera la prescripción extintiva ».

Sobre la precedente situación, el demandante expone que la providencia objeto de censura incurre en «defecto fáctico - motivacional - sustantivo al no fijar con rigor el dies ad quem y omitir ponderar todos los lapsos [del Acuerdo] CSJSUA20 -43 de 14 de julio de 2020 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 26 de agosto de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión; (ii) dispuso

5 «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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vincular al Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Sincelejo, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Sucre , en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991; y (iii) negó la medida cautelar solicitada por el actor.

2.1 Contestaciones de la acción.

y al departamento de Sucre , en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991; y (iii) negó la medida cautelar solicitada por el actor.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La Nación - Ministerio de Educación Nacional6 solicitó ser desvinculada de este mecanismo constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, dado que, «no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada».

Agregó que, «[e]l descontento de la parte accionante respecto de la decisión que no reconoció sus pretensiones no puede servir de base para abrir la puerta a que la jurisdicción constitucional actúe en reemplazo del juez natural de la causa».

2.1.2 El departamento de Sucre 7 señaló que, «la sentencia cuestionada no presenta defectos fácticos, motivacionales ni sustantivos ; por el contrario, se ajusta plenamente a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso , respetando la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre la naturaleza autónoma de la prescripción frente a la suspensión de términos procesales» , en consecuencia, pidió que se negara el amparo deprecado.

2.1.3 La Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio8 sostuvo que, «[l]a presente tutela resulta improcedente toda vez que las entidades actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que […] hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda ».

actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que […] hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda ».

Adicionalmente, solicitó su desvinculación de este trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva, en tanto, «no es responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de[l] acto[r], pues no existe nexo de causalidad».

2.1.4 El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Sincelejo Juzgado guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

6 Índice 00010 de Samai. 7 Índice 00011 de Samai. 8 Índice 00014 de Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento

de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Falta de legitimación en la causa por pasiva

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional 9, ha considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

La Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , en el escrito de intervención solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no profirieron la providencia cuestionada.

Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y

Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 5 de marzo de 2025, por medio de l cual el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión9 revocó la providencia de 20 de septiembre de 2024, en la que, el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre (expediente 70001-33-33-004-2022-00603-01), para declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria causada a su favor ; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones

igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos , uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando

defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando

9 M. P. Rufo Arturo Carvajal Argoty.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales , deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan

excepcionales de aplicación, los cuales , deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnera rlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora ; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contraAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la de cisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tri bunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho f undamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los qu e, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 10, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012 11, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados

10 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 11 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.6 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que , recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que , recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 31 de marzo de 202513 y la solicitud de amparo se presentó el 22 de agosto siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (4 meses y 22 días); y (v) el fallo acusado no es de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera que, pese a que el actor alegó «defecto fáctico - motivacional», su inconformidad está encaminada a una presunta indebida aplicación del fenómeno jurídico de la prescripción, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial14, resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.

3.6.1 Defecto sustantivo.

12 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008procedencia de tutela contra providencia judicial.

3.6.1 Defecto sustantivo.

12 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011 -01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 13 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 21 de marzo de 2025, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 26 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. 14 Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].

15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05217-00

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Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,

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Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional15 ha estimado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concre to, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales16.

En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, al declarar la prescripción extintiva de la sanción moratoria causada a su favor, sin «fijar con rigor el dies ad quem y omitir ponderar todos los lapsos [del A