CE - Sentencia 11001031500020250521800 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Subsidiariedad. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por los accionantes en contra de l Tribunal Administrativo del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Nicolle Fabiana Gutiérrez, María Elfa Cabaralí, Gabby Jimena Peña, Carlos Fernando Trujillo, María Dilsa Campo, María Anny Carabalí, Amberson Leoni Gómez, Mabel Gutiérrez De Saa, Julio César Saa López, Karina Soa Gutiérrez, Juan David Saa García, Carlos Alberto Caicedo, Jorge Eliecer Banguero Viáfara, Nancy Chara Fory, Yuli Andrea Marín, Yolima Marín Chara, Ángela Patricia Marín Chará, Adrián Adilso Preciado Lara, Ana Polonia Balanta De Hurtado, Ana Ruth Balanta, Ana María

Fory, Yuli Andrea Marín, Yolima Marín Chara, Ángela Patricia Marín Chará, Adrián Adilso Preciado Lara, Ana Polonia Balanta De Hurtado, Ana Ruth Balanta, Ana María Ramos Balanta, Denny Ruth Ramos Balanta, Orfany Loboa Tenorio, Absalón Bolaños, Jhon Fr ank Bolaños Loboa, Mileidy Bolaños Rodríguez, Gloria María Vásquez, Erlesis Viveros, Nelson Arlexis Viveros, Tatiana Carabalí Vásquez, Luis Edinson Camacho, Lennis Denilson Camacho, María Enith Gómez, Hermes León Carabalí, Emilce Laurido, Kelly Xiomara Bon illa, María Kenny Balanta, Luis Antonio Gutiérrez, Astrid Laurido Palacios, Ana María Laurido Palacios, Zully Julieth Laurido, Ángela Eliana Laurido, Luís Edied Vásquez, Duberney Banquero Laurido, Nulfenis Valencia, Rigoberto Díaz Mina, Martha Cecilia Vill egas, Jaime Luis Diaz Villegas, Hugo Viafara, Jeny Valencia Balanta, Rosalba Balanta, Vilma Nancy Gómez, Zaira Elena Mulato Gómez, Yimmy Valencia Zapata, Diana Carolina Alderete, Arnaldo Carabalí, Katherine Rico Mezú, Ana Milena Caicedo, Nohemy Ramos, Carm enza Ballesteros, Marlly Liseth Ballesteros Díaz, Rodolfo Ernesto Rojas Peña, María Yorly Ballesteros, Dairon Ballesteros Díaz, Luz Aida Lerma, Efrain Laurido, María Leída González, María Alejandra Labrido González, Meudys Yaliza Lobrido González, Ana0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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Cecilia Campo Fory, Dumar García Mina, Pablo Enrique García Campo, Virgilia Campo Fory, Argeny Viafará, Enni Jhoana Ballesteros, Marly Alixon Viáfara, María Elena Zapata, Grissy Vanessa Lasso, Leonor Zapata, Jaime Alberto Viáfara, Leyda Mirella Viáfara, Li liana Gómez Alegrías, María Agueda Mina, Anlly Zapatá, Martha Escobar Paz, Juan David Ballesteros, Duván Camilo Mancilla Viáfara, María Sulema Alegrías, Ismenia Possu Rodríguez, Luís Alfonso Salinas Possu, Henry Vergara Balanta, Lida Nellis Viveros Balanta , Lubia Vergara, María Silvia Zapata, Anyela Soraya Ballesteros, Yolanda Carvajal, Cilia Possu De Viáfara, Cirley Ramos Viáfara, Aldemar Gómez Possu, María Deisy Viáfara Pozu, Guillermo Ramos Mejía, Leiner Ramos Viáfara, Merlyn Ramos, Carlos Albeiro Cosme, Orfany Estacio Velasco, Celimo Echeverry, Adriana Echeverry, Albert Echeverry, Mercedes Escobar Paz, Brimelda Loboa Tenorio, Anyela Patricia Gaviria, Gladys Peña, Leidy Mirella Viafara Collazos, Silvio Carvajal, Sammy Alejandro Pascua, María Deisy Viveros , Luz Mila Viveros, Elizabeth Colorado Racines, Ana Dila Zapata, Lucy Méndez Sánchez, Amanda Carabalí, Rosa Elena Castillo Tenorio, William Alexis Peña Popo, Gloria

Collazos, Silvio Carvajal, Sammy Alejandro Pascua, María Deisy Viveros , Luz Mila Viveros, Elizabeth Colorado Racines, Ana Dila Zapata, Lucy Méndez Sánchez, Amanda Carabalí, Rosa Elena Castillo Tenorio, William Alexis Peña Popo, Gloria Gómez, Solandy González, Ana Zoraida Urrutia, Óscar Marino Viáfara, Saida Larie Laurido Lerma, Edwin Caicedo Hurtado, Gisley Andrea Campo, Yhean Jhawder Díaz Díaz y Felipe Hidalgo Carbonero, en nombre propio, presentaron escrito de tutela mediante el cual solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la admi nistración de justicia 1, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca, con ocasión del auto del 25 de junio de 2025 que resolvió no reponer la providencia del 23 de noviembre de 2018, mediante el cual se negaron una solicitudes correspondientes a complementación, práctica y recaudo de unas pruebas, al interior de la acción de grupo identificada con el radicado número 19001-23-33-003-2013-00432-00.

2. Hechos

2.1. El 22 de agosto de 2013, los abogados Henry Bryon Ibañez y Fernando Yepes Gómez, en representación de varios grupos familiares, presentaron cuatro demandas independientes, en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el municipio de Villa Rica , Cauca, con el fin de se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con ocasión al acto terrorista perpetrado el

causados a un grupo en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el municipio de Villa Rica , Cauca, con el fin de se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con ocasión al acto terrorista perpetrado el 2 de febrero de 2012, en contra las instalaciones de la Estación de Policía del referido municipio.

2.2. Los asuntos fueron asignados a diferentes despachos del Tribunal Administrativo del Cauca, bajo los radicados 19001 -23-33-004-2013-00430-00, 19001-23-33-0022013-00431-00, 19001 -23-33-003-2013-00432-00 y 19001 -23-33-004-2013-0043300. Así entonces en cada proceso se admitió la demanda y continuaron con tu curso individual.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado CE3FE8A4D8C4F60E 95EF7BE29AB02889

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Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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2.3. Encontrándose en trámite las cuatro actuaciones , el 19 de marzo de 2015, el Procurador 39 Judicial II Administrativo presentó solicitud de acumulación , en razón a que los asuntos versaban sobre el mismo hecho, con el fin de encausar todos los procesos bajo un mismo radicado.

2.4. Una vez remitidos todos los expedientes a l despacho del magistrado ponente

a que los asuntos versaban sobre el mismo hecho, con el fin de encausar todos los procesos bajo un mismo radicado.

2.4. Una vez remitidos todos los expedientes a l despacho del magistrado ponente del proceso 19001-23-33-003-2013-00432-00, mediante auto del 17 de abril de 2017, se dispuso que el medio de control se seguiría tramitando bajo el mencionado radicado y en consecuencia se declararon terminadas las acciones de grupo identificadas con los radicados 19001-23-33-004-2013-00430-00, 19001-23-33-0022013-00431-00 y 19001 -23-33-004-2013-00433-00. Por lo tanto la autoridad accionada integró al grupo “a los 254 solicitantes que sufrieron los perjuicios, por los hechos ocurridos el 2 de febrero de 2012, en el municipio de Villa Rica, cuando un carro bomba destruyó la Estación de Policía de esa municipalidad”, para el afecto aportó un cuadro con los nombres relacionados.

En dicha providencia, la autoridad judicial sostuvo que el efecto de la integración era la consecuente terminación de los demás procesos, conforme a los dispuesto en el último inciso del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, es decir, que los interesados ingresan al grupo y se acogían a los resultados del expediente radicado 19001-2333-003-2013-00432-00. Como sustento de sus argumentos, citó la decisión del 1 de febrero de 2002, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Exp. 2500023-24-000-1999-0528-01 (AG-002)), en la que se pronunció sobre la integración de

febrero de 2002, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Exp. 2500023-24-000-1999-0528-01 (AG-002)), en la que se pronunció sobre la integración de las acciones de grupo.

El auto del 17 de abril de 2017 se notificó el 19 de abril siguiente y el expediente ingreso de nuevo al despacho el 5 de mayo de 2017 para considerar estudio y fallo. Las partes guardaron silencio.

2.5. Posteriormente, el apoderado de los accionantes allegó diversos escritos con la finalidad de que se prosiguiera con la etapa probatoria en los expedientes 19001-2333-004-2013-00430-00, 19001-23-33-002-2013-00431-00 y 19001-23-33-004-201300433-00. Sin embargo, la autoridad judicial, mediante proveído del 23 de noviembre de 2018, negó las solicitudes elevadas en atención a que los mencionados procesos se declararon terminados a través de auto del 17 de abril de 2017, por lo que en ellos no era viable proceder al agotamiento de etapa procesal alguna, pues ello implicaría retroceder, cuando el proceso que integró a todos los accionantes (19001-23-33-0032013-00432-00), ya se encontraba en etapa de estudio y fallo.

2.6. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de apelación. Como fundamento señaló que su pretensión era que se decretaran y practicaran las pruebas testimoniales y periciales solicitadas en algunos de los procesos que fueron acumulados, toda vez que en esos expedientes se elevaron diferentes solicitudes probatorias las cuales quedaron pendientes de resolver . El 27

practicaran las pruebas testimoniales y periciales solicitadas en algunos de los procesos que fueron acumulados, toda vez que en esos expedientes se elevaron diferentes solicitudes probatorias las cuales quedaron pendientes de resolver . El 27 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió el recurso de apelación, en el efecto devolutivo.0000

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Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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2.7. La impugnación le correspondió al Despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales de la Subsección C de la Sección Tercera del consejo de Estado, quien, mediante proveído del 4 de diciembre de 2023 rechazó por improcedente el recurso de apelación, por cuanto el artículo 243 del CPACA no contemplaba su procedencia en contra del auto que deniegue el decreto o práctica de pruebas, por lo que ordenó el envío del expediente al tribunal de origen, para que tramitara y decidiera el recurso interpuesto como una reposición.

2.8. El despacho ponente del Tribunal Administrativo del Cauca, a través de providencia del 25 de junio de 2025, resolvió no reponer el auto del 23 de noviembre de 2018, bajo el argumento de que conforme a lo regulado “por el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, norma especial que regula las acciones de grupo, la cual establece que, una vez surtida la acumulación procesal, cesa la tramitación independiente de las acciones acumuladas, impidiendo que se continúe con actuaci ones autónomas dentro de los procesos integrados”2.

que, una vez surtida la acumulación procesal, cesa la tramitación independiente de las acciones acumuladas, impidiendo que se continúe con actuaci ones autónomas dentro de los procesos integrados”2.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió i) dejar sin efecto el auto del 25 de junio de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través del cual ordenó no reponer el proveído del 23 de noviembre de 2018 que negó las solicitudes probatorias y, en su lugar, ii) ordenar a la mencionada autoridad judicial que profiera una nueva decisión de conformidad con los argumentos esbozados en la solicitud de amparo.

Como fundamento a sus pretensiones indicó que la decisión cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada omitió el uso de sus facultades oficiosas, lo que imposibilitó que las víctimas tuviesen una reparación integral de los daños causados, “cercenando así el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , el cual abarca el restablecimiento de los derechos e intereses legítimos reclamados”3.

Manifestó que si no termina de recolectar el material probatorio pendiente, probablemente, los perjuicios que les ocasionaron no logren ser reparados en debida forma, al no tener conocimiento de las graves afectaciones causadas.

Adujo que la Corte Constitucional en sentencia T -113 de 2019 ha sostenido que los administradores de justicia deben utilizar sus facultades oficiosas para hacer

forma, al no tener conocimiento de las graves afectaciones causadas.

Adujo que la Corte Constitucional en sentencia T -113 de 2019 ha sostenido que los administradores de justicia deben utilizar sus facultades oficiosas para hacer prevalecer los derechos constitucionales en los asuntos puestos a su conocimiento.

2 Índice 00104 del expediente digital radicado 19001 -23-33-003-2013-00432-00, tramitado por el Tribunal Administrativo del Cauca, certificado D57403664D0AFC35 393B712C69F0705C BECF49205F7F5FD8 225EF3793E4C8EDE. 3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado CE3FE8A4D8C4F60E 95EF7BE29AB02889

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, indicó que, la autoridad judicial reprochada incurrió en este yerro al desconocer las pruebas que ya había sido decretadas en los procesos que se pretendían acumular, puesto que “dejar sin validez los elementos probatorios ya admitidos en una etapa inicial del proceso es un apego excesivo a una formalidad (la unificación de expedientes) que sacrifica el derecho a la prueba y la verdad material”4

Parar sustentar su tesis transcribió apartes de la SU-268 de 2019 emitida por la Corte Constitucional, en la que se estudió el defecto invocado y concluyó que, en lugar de

Parar sustentar su tesis transcribió apartes de la SU-268 de 2019 emitida por la Corte Constitucional, en la que se estudió el defecto invocado y concluyó que, en lugar de usar la integración de procesos para lograr la economía y la celeridad procesal de forma justa, la actuación del juez la convierte en una barrera que impide a los demandantes demostrar las pretensiones.

Expuso que e l juez, al valorar la acumulación, deb ía ponderar estos factores para garantizar una administración de justicia eficaz y justa. Sobre el particular, afirmó que la integración de procesos judiciales se refiere a la unificación de diferentes actuaciones procesales en un solo expediente, que deben tenerse en cuenta para garantizar la eficiencia y la economía procesal.

Ultimó que “ el protocolo para integrar procesos judiciales se basa en los principios de unidad procesal, economía procesal y celeridad sin que signifique, que esta integración de procesos es igual a la exoneración, exclusión o desconocimiento de lo actuado en los otros procesos integrados”5.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 22 de agosto de 20256 admitió la acción de tutela; ofició al Tribunal Administrativo del Cauca para que remitiera el expediente radicado 19001-23-33-003-2013-00432-00; vinculó como terceros con interés a la Nación-Ministerio de Defesa-Policía Nacional, al municipio de Villa RicaCauca, así como a quienes hayan participado en la acción de grupo; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

interés a la Nación-Ministerio de Defesa-Policía Nacional, al municipio de Villa RicaCauca, así como a quienes hayan participado en la acción de grupo; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo del Cauca 7, luego de hacer un recuento de las decisiones proferidas al interior del proceso de acción de grupo, solicitó negar la solicitud de tutela. Sostuvo que no se configuró el defecto sustantivo, pues las decisiones cuestionadas aplicaron de manera razonada y directa el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, así como providencia de 1º de febrero de 2002 del Consejo de Estado, Sección Cuarta.

4 Ibid. 5 Ibid. 6 Índice 0000 5 del aplicativo SAMAI, certificado 5035216A915A3D9E 3C82CFDD61A702C4 CA46A703A7FBE403 C57A9B6E065BF102. 7 Índice 000 11 del aplicativo SAMAI, certificado A023A1A4A46CC1A2 DC55BD9D193E475F

83B4E85B6A394D66 3BF0B129A60A44CF0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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En igual sentido, manifestó que no incurrió en un exceso ritual manifiesto, dado que la negativa a reabrir procesos terminados no fue un formalismo innecesario, sino que esto obedeció a la observancia de una regla legal especial destinada a garantizar la

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En igual sentido, manifestó que no incurrió en un exceso ritual manifiesto, dado que la negativa a reabrir procesos terminados no fue un formalismo innecesario, sino que esto obedeció a la observancia de una regla legal especial destinada a garantizar la unidad de trámite, la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones.

Afirmó que e l derecho a la prueba no fue desconocido , pues los demandantes permanecen vinculados en el expediente principal, dentro del cual obran numerosos medios de convicción , por lo que la negativa de practicar algunas pruebas en los expedientes terminados no implica vulneración del derecho fundamental, pues la valoración integral se hará en el proceso unificado.

Finalmente, advirtió que actuó en estricto apego a la Constitución y a la ley, dado que la integración de procesos decretada en el auto de 2017 y las decisiones posteriores de 2018 y 2025 encuentran pleno respaldo en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esto aunado a que l as providencias proferidas garantizan la unidad de trámite, evitan la dispersión procesal, respetan los principios de economía y celeridad, y preservan la participación de todos los actores dentro del proceso principal.

4.2. El municipio de Villa Rica - Cauca8 se opuso a la solicitud amparo y presentó argumentos tendientes a demostrar su falta de responsabilidad en el proceso de acción de grupo. Sostuvo que no se acreditó probatoriamente algún tipo de responsabilidad que lo comprometiera, pues no se suministró información de que se hubiera advertido a la entidad territorial sobre posibles amenazas de un ataque terrorista para el 2 de febrero de 2012.

responsabilidad que lo comprometiera, pues no se suministró información de que se hubiera advertido a la entidad territorial sobre posibles amenazas de un ataque terrorista para el 2 de febrero de 2012.

Por otra parte, adujo que la acción de grupo objeto de amparo ha seguido a cabalidad con todas las formalidades de ley por parte del tribunal Administrativo del Cauca, “esto es, se ha dado respuesta a todas y cada una de las solicitudes, verbi gratia, decretamiento de pruebas, en donde se resolvió no acceder a tal pedimiento, en tanto que, una vez se interpusieron los recursos de ley estos fueron debidamente resueltos por el A Quo”9.

Por último, arguyó que carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no es el llamado a responder por el posible perjuicio irremediable invocado por la parte accionante, máxime cuando lo que se discute son aspectos meramente procesales, al no haberse practicado, al parecer, unas pruebas solicitada s por los demandantes y en donde el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca no accedió a dicha solicitud según providencia de l 25 de junio de 2024, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de los hoy tutelantes.

8 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado F677B370ED664889 C586A8C6C9298156 48419F4C6B5BDB35

5FF6805A4C3CB16E.

9 Ibid.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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5FF6805A4C3CB16E.

9 Ibid.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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4.3. La Defensoría del Pueblo-Regional Cauca10 explicó que no tenía competencia para proferir la decisión que se cuestiona en sede tutela, por lo que solicitó declarar la improcedencia de la acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

5. Manifestación de impedimento

5.1. El 22 de septiembre de 202511 se registró proyecto de fallo de primera instancia para ser discutido en la Sala de Subsección del 3 de octubre de 2025. Sin embargo, mediante escrito radicado el 29 de octubre de 2025, el magistrado Nicolas Yepes Corrales manifestó su impedimento para conocer del asunto al considerar que se encontraba incurso en las causales previstas en los numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por los siguientes motivos:

“2.3. De esta manera, debo manifestar que las causales invocadas se encuentran configuradas, toda vez que proferí el auto del 4 de diciembre de 2023, el cual dio lugar a la providencia del 25 de junio de 2025, señalada como causa de la presunta vulneración de derechos fundamentales, dentro de la acción de grupo que ahora se cuestiona.

En ese sentido, resulta claro que, por una parte, ya expresé mi posición frente al recurso interpuesto contra la decisión del 23 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, lo cual configura la causal prevista en el

En ese sentido, resulta claro que, por una parte, ya expresé mi posición frente al recurso interpuesto contra la decisión del 23 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, lo cual configura la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, referida a haber manifestado opinión sobre el asunto objeto del proceso. Por otra parte, aunque el auto suscrito por este Despacho no corresponde a la providencia censurada, sí permite advertir que intervine dentro de l trámite de naturaleza constitucional al que se vincula la controversia, circunstancia que encuadra en la causal prevista en el numeral 6 de la misma disposición, atinente a haber participado en el proceso cuya revisión se solicita”12.

5.2. La referida manifestación ingresó al Despacho de la magistrada ponente el 28 de octubre de año en curso13. En consecuencia, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, los demás miembros de la Sala de Decisión adoptarán la resolución del impedimento en la presente decisión.

6. Análisis y resolución del impedimento manifestado

6.1. El Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales invocó las causales previstas en el artículo 56 numerales 4 y 6 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamento, indicó que el 4 de diciembre de 2023 emitió auto dentro de la acción de grupo radicada 19001-23-33-003-2013-00432-00/01, que dio origen a la providencia cuestionada, por lo que considera que ya expresó su opinión sobre el asunto. Adicionalmente, aclaró que a pesar de que no profirió la decisión que hoy se

cuestionada, por lo que considera que ya expresó su opinión sobre el asunto. Adicionalmente, aclaró que a pesar de que no profirió la decisión que hoy se cuestiona en sede de tutela, lo cierto es que sí intervino dentro del trámite de naturaleza constitucional.

10 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 091CB11B9451A04C 81D60F59AFBE54D8 C841045EB05545FC 690B63905924BD5F. 11 Índice 00021 del aplicativo SAMAI. 12 Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado A5A9E1CCB2561E59 93C1B48E900EDE0B E72968DBF01910B9 DBA7C121C1117E52. 13 Índice 00024 del aplicativo SAMAI.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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6.2. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 14, recordó que “ los impedimentos y las recusaciones son mecanismos jurídicos establecidos en la ley para garantizar que las decisiones adoptadas por los jueces estén enmarcadas en los principios de imparcialidad, independencia y transparencia”.

La Corte Constitucional ha indicado que el régimen de impedimentos y recusaciones efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de justicia se

efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de justicia se garantiza a través de una decisión imparcial que resuelva su controversia15.

En punto a lo anterior, siempre que el funcionario judicial advierta la existencia de motivos que puedan comprometer su imparcialidad para decidir un asunto, tiene el deber de apartarse del conocimiento con el fin de garantizar que la decisión de fondo no se vea afectada 16. Esto, en atención a que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la manifestación de impedimentos no se entiende como “omnímoda, arbitraria o caprichosa”17 dado que encuentra soporte en causales taxativas, las que merecen un análisis detallado de los argumentos y de circunstancias particulares con el fin de establecer si en efecto encuentran fundamento, y así evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de justicia18.

6.3. Las razones invocadas por el referido magistrado se fundamenta n en los numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que prevén que el juez deberá apartarse del conocimiento del proceso (i) por haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del trámite 19, y (i) cuando hubieren dictado la providencia cuya revisión se solicita o hubieren participado dentro del proceso.

6.4. A partir de lo esbozado, e sta colegiatura observa que el magistrado Nicolás Yepes Corrales, efectivamente, profirió el auto del 4 de diciembre de 2023 que

6.4. A partir de lo esbozado, e sta colegiatura observa que el magistrado Nicolás Yepes Corrales, efectivamente, profirió el auto del 4 de diciembre de 2023 que rechazó por improcedente el recurso de apelación y que dio origen a que el Tribunal Administrativo del Cauca emitiera el proveído del 25 de junio de 2025, que hoy se cuestiona mediante la presente acción constitucional.

En consecuencia, se advierte que, el consejero Nicolás Yepes Corrales participó en el trámite del asunto objeto de controversia, al dictar una providencia. En este

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación 11001-03-15-000-2023-03252-01. 15 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024. 16 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021. 17Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996. 18 Corte Constitucional Auto 740 de 2024. 19 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 6 de octubre de 2021. STL 13457-2021. Radicación núm. 94907. “Desde luego no cualquier genérica referencia a un tema objeto de eventual postrer conocimiento constituye una opinión con relevancia para el derecho dentro del ámbito en que la ley ha utilizado esta expresión para condicionar a través de la misma el compromiso del funcionario judicial en la apreciación de un asunto con posterioridad. Para que se evidencie sin laxitud ni arbitrio esa vinculación enervante por parte del juez, ella debe emanar de un entendimiento que exprese más que una particular, ambigua y genérica aserción, distante por ello

posterioridad. Para que se evidencie sin laxitud ni arbitrio esa vinculación enervante por parte del juez, ella debe emanar de un entendimiento que exprese más que una particular, ambigua y genérica aserción, distante por ello de parámetros objetivos de valoración, un criterio vinculante en orden a tener la potencialidad de condicionar conceptualmente las decisiones que le corresponda adoptar”0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05218-00

Accionante: Nicolle Fabiana Gutiérrez y otros

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contexto, resulta plausible concluir que se podría haber anticipado una posición sobre los fundamentos en los que se apoyaría la resolución de las pretensiones expuestas en la presente acción constitucional, lo que podría comprometer su imparcialidad. Por tanto, las circunstancias invocadas como sustento del impedimento se enmarcan en los supuestos previstos en los numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

En ese orden, esta Judicatura declarará fundado el impedimento manifestado y separará del conocimiento del trámite constitucional al magistrado Yepes Corrales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque los aquí accionantes son los titulares de las garantías constitucionales que afirma n fueron vulneradas, en su condición de parte demandante dentro de la acción de

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque los aquí accionantes son los titulares de las garantías constitucionales que afirma n fueron vulneradas, en su condición de parte demandante dentro de la acción de grupo identificada con el radicado número 19001-23-33-003-2013-00432-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal Administrativo del Cauca fue la autoridad que profirió las decisiones que, según los tutelantes, vulneraron sus