CE - Sentencia 11001031500020250522400 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

Demandante: Miltina Caicedo Montaño y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

Demandante: Miltina Caicedo Montaño y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y otros

Temas:

Tutela contra providencia judicial , reparación directa . Requisitos generales de procedencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada mediante apoderado, por las señoras Miltina Caicedo Montaño y su hija ASHC1; Beatriz Helena Hurtado Vallecilla y Yurani Hurtado Hurtado contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de agosto de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de agosto de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En conse cuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«Con base en los hechos y fundamentos antes planteados, solicito respetuosamente: PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y AL ACCESO A LA ADMIINISTRACION DE JUSTICIA, que fueren conculc ados por el H. Tribunal Administrativo del Cauca, con ocasión de la expedición de la sentencia No. TA -DES-002ORD069-2025 cuyo M.P. es el Doctor NAUM MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las sentencias Nos: 147 de fecha 30 de septiembre de 2021 del Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán Cauca, emitida por la señora Jueza JENNY XIMENA CUETIA FERNANDEZ y TA -DES-002-ORD-0692025, emitida por el H. Tribunal Administrativo del Cauca, cuyo M.P. es el Doctor NAUM

MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ.

TERCERO: ORDENAR Que conforme a lo indicado en el punto anterior se ordene Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán Cauca y a la H. Tribunal Administrativo del Cauca, conforme a lo decidido en esta Acción de Tutela, se les reconozca a la totalidad de mis mandatarios judiciales señores Militina Caicedo Montaño

Administrativo del Cauca, conforme a lo decidido en esta Acción de Tutela, se les reconozca a la totalidad de mis mandatarios judiciales señores Militina Caicedo Montaño quien obra en nombre propio y en representación de su hija Ana Sofía Hurtado Caicedo; Yurani Hurtado Hurtado; Octavio Hurtado Cuero, Nohemi Vallecilla Cuero, Beatriz Helena Hurtado Vallecilla, Octavio Hurtado Vallecilla, Manuel Dolores Hurtado Vallecilla, Gloria Amparo Hurtado Vallecilla, María Flora Hurtado Vallecilla, Dora Eliana Hurtado Vallecilla, Alexis Hurtado Vallecilla y José Tomás Hurtado Vallecilla, la totalidad de los perjuicios

1 En atención a que se trata un menor de edad, se siguen de cerca la pautas de anonimización desarrolladas por la Corte Constitucional en la Circular Interna núm. 10 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

Demandante: Miltina Caicedo Montaño y otros

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morales y materiales (Daño emergente y lucro cesante), contenidos en la demanda inicial, en contra de la NACION -MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de la omisión por el asesinato del soldado Profesional YULY HURTADO VALLECILLA en hechos ocurridos en la Vereda Vilachí, en jurisdicción de Santander de Quilichao Cauca, para el día 19 de diciembre de 2014.

Profesional YULY HURTADO VALLECILLA en hechos ocurridos en la Vereda Vilachí, en jurisdicción de Santander de Quilichao Cauca, para el día 19 de diciembre de 2014.

CUARTO: Que se condene en costas y agencias en derecho a la NACION - MINISTERIO

DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL. (…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Yuly Hurtado Vallecilla (†), se vinculó al Ejército Nacional como soldado profesional en el Batallón de Infantería núm. 8 adscrito al Batallón Pichincha.

El 19 de diciembre de 2014 en horas de la madrugada guerrilleros del Frente Sexto y de la columna Jacobo Arenas de las FARC, atacaron a los mie mbros del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, entre los que se encontraba el señor Hurtado Vallecilla (†), junto con otros compañeros, en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao.

En razón a lo anterior, la señora Militina Caicedo Montaño, en compañía de su grupo familiar iniciaron medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, se ordenara la reparación de los perjuicios causados con ocasión a la muerte del señor Hurtado Vallecilla.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán , que, en sentencia del 30 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien,

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán , que, en sentencia del 30 de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien, se encontraba probado el daño, este se materializó como un riesgo propio del servicio que voluntariamente asumió el servidor como miembro del Ejército Nacional y que ante la falta de prueba que permitiera deducir algún tipo de irregularidad para señalar que fue sometido a un riesgo superior al que normalmente debía soportar como integrante de una unidad militar, no era posible declarar la responsabilidad del Estado.

Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que la muerte del señor Hurtado Vallecilla no fue con ocasión del ataque ofensivo por parte de las fuerzas militares, sino producto de graves errores tácticos, al no manejar los protocolos de seguridad en el operativo.

Al efecto, señaló que: i) el grupo de soldados pasó varios días en el mismo sitio a la espera de la llegada de otro soldado que conocía la zona, pese a que tenían orden superior de cambiar continuamente de sitio para evitar ataqu es como el que ocurrió, ii) el grupo fue dividido en dos lo que debilitó la unidad; iii) al momento de la emboscada se encontraban solos y con el personal incompleto, estando la mayoría en descanso; iv) la Unidad Militar les entregó munición denominada tra zadora, que tiene el inconveniente de iluminar el trayecto del proyectil, desde su detonación hasta su lugar de impacto, lo que hizo que el enemigo se diera cuenta de dónde provenían los disparos de los militares; v) resaltó además que los superiores del Ejército Nacional

su lugar de impacto, lo que hizo que el enemigo se diera cuenta de dónde provenían los disparos de los militares; v) resaltó además que los superiores del Ejército Nacional tenían conocimiento que en la vereda Vilachí en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, había una gran presencia de miembros de las FARC y por ello, se debía de extremar todas las medidas de seguridad, lo cual no ocurrió.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

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El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 6 de junio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en que de los hechos demostrados en el medio de control no era posible concluir que el fallecimiento del soldado profesional hubiese estado precedido de la desatención de los protocolos propios de la orden de operaciones. Precisó que, más allá de las conjeturas expuestas por los demandantes, era claro que lo sucedido se enmarcaba en riesgos propios del servicio.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas, desconocimiento del precedente judicial, defecto procedimental y violación directa de la Constitución.

Al efecto mencionó que se incurrió en defecto procedimental porque, a su juicio, en el proceso de reparación directa el demandado no tuvo en cuenta, las pruebas aportadas dentro del proceso, las cuales, en su mayoría, son las mismas que obran

Al efecto mencionó que se incurrió en defecto procedimental porque, a su juicio, en el proceso de reparación directa el demandado no tuvo en cuenta, las pruebas aportadas dentro del proceso, las cuales, en su mayoría, son las mismas que obran dentro del proceso con radicado 19001 -33-33-009-2016-00341-01, que versa sobre los mismos hechos donde aparece como parte actora la señora Mónica Zúñiga; pero precisó que en su asunto la autoridad judicial demandada negó en primera y segunda instancia la solicitud de parte para decretar nuevas pruebas, que sirvieran de soporte a la decisión, para encontrar la verdad material dentro del proceso, es decir se emitió sentencia sin el recaudo de la totalidad de las pruebas solicitadas.

Respecto al defecto fáctico mencionó que la autoridad judicial demandada no valoró en su integridad el acervo probatorio aportado pues de lo aportado al proceso era suficiente para decretar la responsabilidad del ente demandado , tales como l as pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso en los que se encontraban los anexos de la investigación disciplinaria, el proceso penal, los testimonios y entrevistas recaudadas en el marco de la investigación de los hechos entre las que se encontraban las rendidas por C. S. Carlos Alberto Jaramillo Burbano; - Soldado Profesional Julián David Cardona García; Soldado profesional Yeferson Viveros Balanta; - Soldado profesional José Reinel Ulcue Collazos; Comandante de la segunda escuadra, Carlos Alberto Jaramillo Burbano (dirigía la parte de la unidad que sufrió el ataque); Soldado profesional Lleyzinio Soto Ríos; Sargento Segundo,

la segunda escuadra, Carlos Alberto Jaramillo Burbano (dirigía la parte de la unidad que sufrió el ataque); Soldado profesional Lleyzinio Soto Ríos; Sargento Segundo, Luis Carlos Uribe Charri (Comandante de la Unidad búfalo 3); Soldado Profesional James Zambrano Calambas; Mayor Dorian Fierro Silva, en las que se evidenció que los testigos de los hechos fueron unánimes al manifestar, que los integrantes del GAD Búfalo 3 permanecieron en el mismo lugar al menos dos días seguidos antes de la ocurrencia de los hechos del 19 de diciembre de 2014 esperando la llegada de otro soldado que conocía la zona, pedido por el comandante URIBE CHARRY para planear acciones ofensivas y defensivas en contra del enemigo, a pesar de que tenían orden superior de cambiar continuamente de sitio para evitar ataques como el que efectivamente ocurrió.

De igua l forma , mencionó que de esas declaraciones era posible encontrar datos sobre los hallazgos de la inspección judicial realizada en el lugar de los hechos y al cadáver que daban cuenta de la responsabilidad de la entidad demandada.

Frente al desconocimiento del precedente citó como desconocidas las sentencias:

• 27 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo del Cauca, M.P. Zuldery Rivera Angulo, demandante Mónica Zúñiga, accedió a las pretensiones de la demanda por los mismos hechos objeto de la presente tutela, presentada por la señora Militina Caicedo Montaño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

Demandante: Miltina Caicedo Montaño y otros

presentada por la señora Militina Caicedo Montaño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

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• 9 de mayo de 2021 dictada en el proceso 18001-23-31-000-1996-0983101(19388)- Actor: Luz Amanda Escobar y otros - Demandado: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional en la que se indicó que los daños sufridos por quienes dentro de la estructura del Estado desempeñan funciones de alto riesgo relacionadas directa o indirectamente con la defensa y seguridad del Estado, como ocurre, con los miembros de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, que ingresan de manera voluntaria, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estimado que por regla general, la responsabilidad del Estado no se ve comprometida, en razón a que tales daños se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el mismo Estado, excepto cuando: i) se demuestre la existencia de una falla del servicio debido a alguna conducta negligente e indiferente, que deja al personal en una situación de indefensión, o ii) el daño se origina en un riesgo excepcional, es decir anormal o diferente al riesgo propio del servicio. • 26 de febrero de 2009, exped iente 31842, CP. Enrique Gil Botero, en la que la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que únicamente habrá lugar a declarar patrimonialmente responsable al Estado por los daños padecidos por miembros de sus cuerpos armados, cuando los

que la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que únicamente habrá lugar a declarar patrimonialmente responsable al Estado por los daños padecidos por miembros de sus cuerpos armados, cuando los mismos, a pesar de tener relación con las funciones superiores a cargo de los organismos, tengan como caus a determinante una falla en el servicio, la ocurrencia de un riesgo distinto, excepcional o mayor al que estuvieran sometidos los demás miembros de la respectiva fuerza, vinculados bajo la misma modalidad, o incluso, cuando el daño hubiese sido causado con un elemento de dotación oficial, evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por el origen del riesgo. • 2 de mayo de 2013 expediente 26293, Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección A, CP. Mauricio Fajardo Gómez reit eró la línea jurisprudencial referida a la responsabilidad por daños padecidos por miembros activos de la fuerza pública derivados de irregularidades constitutivas de fallas en el servicio, o de la exposición a riesgos anormales o superiores, describiendo algunos eventos en los que se ha convenido la estimación de las pretensiones , pues el riesgo propio del servicio que se predica de los integrantes de la Fuerza Pública vinculados a la institución de manera voluntaria que deben soportar son aquellos que resulten de la materialización o concreción del riesgo asumido; por ende, también corresponde advertir que no todos los integrantes de la Fuerza Pública asumen los mismos riesgos y que por esa razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo p rofesional’, necesariamente ha de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones,

Pública asumen los mismos riesgos y que por esa razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo p rofesional’, necesariamente ha de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones, la de las actividades y la de la misión que al momento de los hechos le correspondía ejecutar, de conformidad con la labor escogida y la institución a la cual se vinculó • 28 de agosto de 2014, exp 30136, CP. Hernán Andrade Rincón, Sección Tercera Subsección A, el Tribunal de cierre indicó si bien subsiste la línea interpretativa respecto a que no hay responsabilidad del Estado por los daños que sufren por razones propias del servicio, los agentes de la fuerza pública que ingresaron voluntariamente a ellas, hay situaciones en las que se evidencia que el daño se originó en la exposición a un riesgo superior al asumido conforme a las actividades asignadas al servidor, o que se de bió a una falla institucional relacionada con la dotación de recursos, instrucción, estrategia o impericia de los superiores, que haríanRadicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

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que el daño le sea jurídicamente imputable a la administración tales como: i) los daños que se causen por el estado def ectuoso de las armas de dotación oficial o porque los implementos entregados a los agentes encargados de mantener el orden público exceden el riesgo propio del servicio; ii) las lesiones sufridas como consecuencia de los errores

dotación oficial o porque los implementos entregados a los agentes encargados de mantener el orden público exceden el riesgo propio del servicio; ii) las lesiones sufridas como consecuencia de los errores tácticos, desconocimiento d e medidas de seguridad; iii) la impericia o imprudencia por parte de los superiores jerárquicos de la víctima directa o aun de sus compañeros en el uso de las armas de dotación oficial; y, iv) las especiales circunstancias de orden público en determinadas zonas del país y en las llamadas tomas de poblaciones por parte de grupos armados al margen de la ley, también han llegado a ser consideradas como constitutivas de excesos en los riesgos propios del servicio que no deben ser asumidos por los miembros de la Fuerza Pública.

Además, se refirió a varias sentencias del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa por muerte del personal militar al considerar que el daño n o obedeció a condiciones propias del servicio y recalcó que hay zonas del país en las que debido a su situación de orden público permanecen en constante alteración, circunstancia que entraña riesgos, particularmente para los miembros de la Fuerza Pública encargados de patrullar y vigilar la zona.

Señaló que en el caso objeto de estudio estaba claro que existieron irregularidades en la operación donde falleció el soldado tales como : i) permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo; ii) separar al pelotón en dos grupos a los soldados, con lo que se debilitó el grupo; iii) hacer uso de munición denominada trazadora, que tiene el inconveniente que iluminar el trayecto del proyectil, desde su detonación hasta su

debilitó el grupo; iii) hacer uso de munición denominada trazadora, que tiene el inconveniente que iluminar el trayecto del proyectil, desde su detonación hasta su lugar de impa cto y, iv) omitir que en el municipio de Santander de Quilichao, había gran presencia de miembros de las Farc y , por ello, se debían de extremar todas las medidas de seguridad, lo cual no ocurrió.

Respecto al defecto por violación directa de la constitución , si bien lo mencionó no expresó argumento adicional.

4. Trámite previo

En providencia del 28 de agosto de 2025 el despacho sustanciador admitió la tutela ordenó notificar a la parte demandante , al T ribunal Administrativ o de l Cauca y al Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán en calidad de demandados, y a la Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a los señores Clerina Hurtado Hurtado, Octavio Hurtado Cuero, Nohemi Vallecilla Cuero, Octavio Hurtado Vallecilla, Manuel Dolores Hurtado Vallecilla, Gloria Amparo Hurtado Vallecilla, María Flora Hurtado Vallecilla, Dora Eliana Hurtado Vallecilla, Alexis Hurtado Vallecilla y José Tomás Hurtado Vallecilla, como terceros con interés a quienes remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Cauca no se pronunció frente a los hechos objeto de debate.

El Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Popayán realizó un recuento de las actuaciones procesales y afirmó que lo pretendido por el actor es acudir a la acción

debate.

El Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Popayán realizó un recuento de las actuaciones procesales y afirmó que lo pretendido por el actor es acudir a la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

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Asimismo, indicó que las actuaciones adelantadas al interior del proceso ordinario se dieron en respeto del debido proceso de las partes y conforme con las normas y jurisprudencia aplicables.

Por lo anterior solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia.

6. Terceros con interés

La Nación – Ministerio de Defensa indicó que la solicitud de amparo de la referencia no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de fondo , porque no se acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales que invoca.

Manifestó que la parte actora pretende por medio de esta instancia subsanar los errores fácticos y procesales al tener carencia del material probatorio en el trámite del proceso ordinario.

Basado en lo anterior afirmó que la parte actora s e encuentra inconforme con lo decidido por lo que intenta implementar la acción de tutela como tercera instancia empleada para revivir etapas procesales e interpretaciones y valoraciones probatorias que ya fueron debatidas por el juez natural.

Precisó que el juez de primera instancia descartó que la entidad demandada fu era condenada porque la parte demandante incumplió la carga que en materia probatoria

que ya fueron debatidas por el juez natural.

Precisó que el juez de primera instancia descartó que la entidad demandada fu era condenada porque la parte demandante incumplió la carga que en materia probatoria le impone la ley conforme con el artículo 167 del CGP, esto es, probar el supuesto de hecho.

Concluyó que, si bien es cierto, se evidencia un daño, este requisito debe estar precedido por un nexo causal con el estado, elemento indispensable para endilgar responsabilidad al estado, tampoco la parte actora probó la acción o la omisión de la entidad, como la falla en el servicio.

Los señores Clerina Hurtado Hurtado, Octavio Hurtado Cuero, Nohemi Vallecilla Cuero, Octavio Hurtado Vallecilla, Manuel Dolores Hurtado Vallecilla, Gloria Amparo Hurtado Vallecilla, María Flora Hurtado Vallecilla, Dora Eliana Hurtado Vallecilla, Alexis Hurtado Vallecilla y José Tomás Hurtado Vallecilla no se pronunciaron sobre los hechos objeto de debate.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constit ucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de j ulio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para es tudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante la presente acción, la parte demandante cuestiona la providencia del 6 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó la

de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante la presente acción, la parte demandante cuestiona la providencia del 6 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó la decisión adoptada en primera instancia el 30 de septiembre de 2021.

Para el efecto, la parte demandante indicó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en indebida valoración probatoria y, en esa medida, consideró que se incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial.

La Sala destaca que es necesario determinar si el presente asunto se cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la configurac ión de los defectos alegados por la parte actora. Para lo cual, empezará por abordar el estudio del requisito general de relevancia constitucional.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitu cional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05224-00

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tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un asunto goce de relevancia con stitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse

un asunto goce de relevancia con stitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situa