CE - Sentencia 11001031500020250523601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho para el reconocimiento de una relación laboral encubierta / Ausencia del elemento de la subordinación / Defecto fáctico , violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Germán Eduardo Vargas Zapata, en contra de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta , mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Germán Eduardo Vargas Zapata promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparar an sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la seguridad social , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia

1.1. La solicitud1

1. Germán Eduardo Vargas Zapata promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparar an sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la seguridad social , los cuales consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001333502820230005601.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata con la finalidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se le negó la existencia de una relación laboral y las acreencias que del vínculo se derivaban, con ocasión de los servicios prestados como «Profesional Especializado» para desarrollar actividades de administración y seguimiento a los grupos de investigación, desde el 20 de marzo de 2002 hasta el 9 de enero de 2020. Así como del acto ficto originado por el silencio administrativo negativo , ante la falta de respuesta al recurso de reposición interpuesto el 9 de noviembre de 2022.

2.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en

del acto ficto originado por el silencio administrativo negativo , ante la falta de respuesta al recurso de reposición interpuesto el 9 de noviembre de 2022.

2.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 30 de julio de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que se acreditó la existencia de los tres elementos propios de la relación laboral. Sin embargo, declaró probada de oficio la prescripción de las prestaciones sociales que se hubieran causado con anterioridad al 19 de abril de

2017. En contra de esta decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia del 14 de mayo de 2025 revocó la decisión del a quo para, en su lugar, negar las pretensiones al considerar que no se acreditó el requisito de la «subordinación», pues el argumento del cumplimiento del horario no lo supon ía, comoquiera que sus actividades no desconocieron su autonomía profesional como contratista, ni mucho menos se predicaron funciones no documentadas en los contratos suscritos.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en un defecto fáctico al omitir el examen de las cláusulas esenciales de los contratos de prestación de servicios que demostraban subordinación y dependencia, como la fijación de horario, la obligación de cumplir funciones en las instalaciones de la universidad, la entrega de informes mensuales y la supervisión directa del director del CIDC. Desatendió que los testimonios y su interrogatorio acredita ban control

como la fijación de horario, la obligación de cumplir funciones en las instalaciones de la universidad, la entrega de informes mensuales y la supervisión directa del director del CIDC. Desatendió que los testimonios y su interrogatorio acredita ban control sobre tiempo, asistencia y permisos, así como la imposición de condiciones de modo, tiempo y lugar, lo que negaba la autonomía contractual y evidenciaba una relación laboral encubierta. Además, quedó probado que ejerció la misma labor durante más de 18 años, lo que demostraba la permanencia del vínculo y que las funciones desempeñadas eran propias y esenciales de la actividad ordinaria de la Universidad Distrital.

2.5. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional 2 y del Consejo de Estado3 según el cual uno de los indicios más relevantes para determinar la existencia de un vínculo laboral es la duración del contrato, en razón a que una característica esencial del contrato de prestación de servicios es su limitación temporal, orientada a un objeto específico y excepcional.

2 Al respecto citó la Sentencia T-366 de 2023, Sala Séptima de Decisión. 3 Al respecto citó la Sentencia del 18 de junio de 2021, nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2018-00704-00.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata 2.6. En violación directa de la Constitución Política al desconocer su artículo 4, al no considerar que la decisión comprometía derechos fundamentales como el debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital, la igualdad y la primacía de la realidad

2.6. En violación directa de la Constitución Política al desconocer su artículo 4, al no considerar que la decisión comprometía derechos fundamentales como el debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital, la igualdad y la primacía de la realidad sobre las formalidades impuestas en las relaciones laborales.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se AMPAREN los Derechos Fundamentales del accionante al Debido Proceso (Art. 29 C.N.), a la Seguridad Social (Art. 48 C.N.), DERECHOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR (Art. 53 C.N.) conforme a las causales de procedibilidad de la acción de tutela co ntra sentencias, decantadas por la corte constitucional en reiterados pronunciamientos o precedentes constitucionales, y por el honorable Consejo De Estado, al ser víctima de una vía de hecho, por tanto, Solicito comedidamente que, como consecuencia del am paro a los derechos fundamentales mencionados en el presente numeral, se sirva ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN Dsubsanar el ERROR GRAVE que se denota de parte de la Justicia al omitir la valoración de las pruebas y testimonios allegados al proceso, requiriendo además pruebas documentales inexistentes configurándose la exigencia de una tarifa legal que lo conllevan a desconocer la existencia del vínculo laboral que claramente se presenta en el caso en tratado.

2. Como consecuencia del anterior Amparo Constitucional, solicito respetuosamente DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DEL 14 DE MAYO DE 2025 proferida por el

del vínculo laboral que claramente se presenta en el caso en tratado.

2. Como consecuencia del anterior Amparo Constitucional, solicito respetuosamente DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DEL 14 DE MAYO DE 2025 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “C”, NOTIFICADA EL 15 DE MAYO DE 2022, MP. DR.

CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL, y en su lugar, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que, en el marco de sus competencias, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de esta se ntencia, profiera una nueva decisión, de conformidad con las consideraciones consignadas en la parte motiva de esta providencia. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda , Subsección C 4 solicitó que se negara el amparo pretendido comoquiera que la decisión se adoptó con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que a ellas corresponde según el material probatorio recaudado y el criterio de la Sala sobre la materia , pues no se acreditó la subordinación o dependencia continua del contratista a la entidad demandada.

4.1. No se acreditaron los requisitos establecidos para que la solicitud de tutela proceda contra providencias judiciales, sino que, por el contrario, la verdadera intención del demandante fue convertir el amparo en una tercera instancia, para efectos de analizarse el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de acreencias laborales.

intención del demandante fue convertir el amparo en una tercera instancia, para efectos de analizarse el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de acreencias laborales.

4 Ver índice 9 de Samai . Archivo denominado «26RECIBEMEMORIAL_Memorial_RESPUESTAT2025523600(.pdf) NroActua 9 ».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata

5. La Universidad Francisco José de Caldas5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones y pretendió que se declararan improcedentes por no acreditar los requisitos específicos de procedencia, pues la verdadera intención fue abrir nuevamente a debate las razones que generaron la controversia judicial.

6. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , Sección Segunda 6 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídicoprocedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó su desvinculación con fundamento en que no vulneró los derechos fundamentales del demandante.

1.3 . Sentencia de primera instancia7

7. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 18 de septiembre de 2025 declaró improcedente el amparo pretendido por no superar el requisito de relevancia constitucional . Frente al defecto fáctico evidenció que la verdadera intención del demandante fue reabrir el debate ordinario y constituir una tercera instancia, comoquiera que los cargos expuestos realmente fueron una mera inconformidad por lo decidido por el juez natural de la causa sin que se advierta la vulneración de sus derechos fundamentales.

instancia, comoquiera que los cargos expuestos realmente fueron una mera inconformidad por lo decidido por el juez natural de la causa sin que se advierta la vulneración de sus derechos fundamentales.

7.1. Respecto al presunto desconocimiento del precedente judicial, no cumplió con la carga argumentativa requerida para que proceda un estudio de fondo por parte del juez constitucional, ya que se limitó a señalar extractos de las providencias que adujo como desconocidas, sin siquiera indicar por qué dicha providencia le resulta aplicable a su caso, pues solo citó algunas de las consideraciones del caso en concreto, sin evidenciar la regla de derecho que considera aplicable.

1.4. El escrito de impugnación8

8. Germán Eduardo Vargas Zapata impugnó la sentencia de primera instancia , para lo cual, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, indicó que, si acreditó el requisito general de la relevancia constitucional comoquiera que no es cierto que interpuso la tutela para reabrir el debate, sino que se fundamentó en demostrar una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial y violatoria de sus derechos fundamentales.

5 Ver índice 1 0 de Samai. Archivo denominado « 26_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestacionGERMAN(.pdf) NroActua 10». 6 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «33RECIBEPRUEBAS_AT202505236Respuesta(.pdf) NroActua 11». 7 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «36Sentencia_LauraV20250523600Ger(.pdf) NroActua 14».

NroActua 11». 7 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «36Sentencia_LauraV20250523600Ger(.pdf) NroActua 14». 8 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado « 38_MemorialWeb_RecursoIMPUGNACIONTUTELA(.pdf) NroActua 18».5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 9 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 10, esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al respecto señaló lo

siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio

que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.

10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional 14 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el

los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de impugnación, l a Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos fundamentales de Germán Eduardo Vargas Zapata con ocasión de la sentencia del 14 de mayo de 2025, mediante la cual, en segunda instancia, negó las pretensiones de reconocimiento de una relación laboral encubierta al no encontrar configurado el elemento de la «subordinación», con la que incurrió, presuntamente, en defecto fáctico, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del

pretensiones de reconocimiento de una relación laboral encubierta al no encontrar configurado el elemento de la «subordinación», con la que incurrió, presuntamente, en defecto fáctico, violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial?

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata 2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

19. Aclarado lo anterior, l a Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto

19. Aclarado lo anterior, l a Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

20. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 17, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

21. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez »18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente »19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.

22. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Violación directa de la Constitución Política

23. Se recuerda que fue delimitada, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

24. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU -069 de

el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

24. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU -069 de 2018, señaló que esta causal se configura « a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4.º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados », el cual puede

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell. 19 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 20 Sentencia T-538 de 1994.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata

configurarse por dos hipótesis:

25. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

precedente constitucional; b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

26. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos contenidos en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de inconstitucionalidad contenida en su artículo 4, ante la existencia de incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial

27. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativ o derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalment e, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

28. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.

El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el

semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en l a ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

29. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un trata miento diverso a la situación objeto de estudio.

Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

30. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05236-01

Demandante: Germán Eduardo Vargas Zapata que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.5. Sobre el caso concreto

31. Germán Eduardo Vargas Zapata acude al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 14 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , mediante la cual , en segunda instancia, negó las pretensiones de reconocimiento de la relación laboral encubierta, al no encontrar configurado el elemento de la «subordinación».

32. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se incurrió en un defecto fáctico al omitir el análisis de cláusulas esenciales de los contratos de prestación de servicios que evidenciaban subordinación y dependencia, como la fijación de horarios, la obligación de cumplir funciones en las instalaciones de la Universidad, la presentación de informes mensuales y la supervisión directa del director del CIDC. Pasó por alto que los testimonios y su interrogatorio demostraron control sobre tiempo, asistencia y permisos, así como la imposición de condiciones de modo, tiempo y lugar, lo que desvirtuaba la autonomía contractual y revelaba una relación laboral encubierta. También se probó que desempeñó la misma labor durante más de 18 años, lo que acreditaba la continuidad del vínculo.

33. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según el cual uno de los indicios más relevantes para determinar

durante más de 18 años, lo que acreditaba la continuidad del vínculo.

33. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según el cual uno de los indicios más relevantes para determinar la existencia de un vínculo laboral es la duración del contrato, ya que una característica esencial del contrato de prestación de servicios es su limitación temporal, orientada a un objeto específico y excepcional.

34. En violación directa de la Constitución Política al desconocer su artículo 4, al no considerar que la decisión comprometía derechos fundamentales como el debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital, la igualdad y la primacía de la realidad sobre las formalidades impuestas en las relaciones laborales.

35. Al respecto, la Sala aclara que los mencionados defectos van a ser estudiados en conjunto, por cuanto todos están dirigidos a cuestionar la decisión de la autoridad judicial demandada de no dar por acreditada la relación laboral encubierta, en razón a que no encontró configurado el elemento de la «subordinación».

36. En este punto, se recuerda que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en

la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201621 estableció que, para declarar la existencia de una relación laboral encubierta, se deben comprob