CE - Sentencia 11001031500020250526500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05265-00 Demandante JAIRO MART˝NEZ LEIVA Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Emolumentos Decreto 0216 de

1991. Requisitos generales de procedibilidad. Inmediatez.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutel a instaurada por el seæor Jairo Martínez Leiva, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 24 de agosto de 2025 1, el seæor Jairo Martínez Leiva, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, al haber dictado la sentencia del 31 de octubre de 2024, mediante la cual se confirmó el fallo del 19 de junio de 2024 proferido por el Juzgado Veintiuno Adminis trativo Oral del

dictado la sentencia del 31 de octubre de 2024, mediante la cual se confirmó el fallo del 19 de junio de 2024 proferido por el Juzgado Veintiuno Adminis trativo Oral del Circuito de Cali en el que se negaron las pretensiones de la demanda, d entro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-021-202300153-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de legalidad, confianza legitima (sic), interpretación de normas procesa les, buena fe, y todos aquellos que llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito. SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-021-2023-00153-01.» 2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El seæor Jairo Martínez Leiva trabaja como empleado pœblico en la alcaldía de Santiago de Cali «desde 1991», e indica que en la actualidad tiene 58 aæos.

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Demandante: Jairo Martínez Leiva

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. El 18 de febrero de 1991, la alcaldía del municipio de Santiago de Cali expidió el decreto 0216 de 1991, «por el cual se fijan prestaciones sociales y otros beneficios para empleados pœblicos de la administración central de Santiago de Cali». 2.3. En el aæo 2000, el Municipio de Santiago de Cali de manera u nilateral suspendió los efectos del decreto 0216 de 1991 y dejó de pagar a favor de los empleados pœblicos las prestaciones sociales y factores salariales contenidos en ese acto. Por lo que, el actor manifestó que «desde febrero de 1991 hasta el aæo 2000 disfrutØ de las primas extralegales dispuestas en el Decreto 0216 de 1991». 2.4. En el aæo 2010, el Ministerio de Educación Nacional promovió dema nda de nulidad simple contra el Municipio de Santiago de Cali para que se declararÆ la nulidad del decreto 0216 de 1991. 2.5. El asunto se adelantó bajo el radicado 76001-23-31-000-2010-01485-00/01 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que, por sentencia de 21 de enero de 2012, declaró la nulidad del act o administrativo. Inconformes con la decisión, el Sindicato Único de

correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que, por sentencia de 21 de enero de 2012, declaró la nulidad del act o administrativo. Inconformes con la decisión, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle y el municipio de Santiago de Cali presentaron recursos de apelación, respectivamente. 2.6. Mediante sentencia del 8 de agosto de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. Consideró que el alcalde municipal de Santiago de Cali carecía de competencia para expedir el acto administrativo pues la prerrogativa para fijar el rØgimen salarial y prestacional de los empleados pœblicos de los diferentes niveles territoriales estaba en cabeza del Congreso de la Repœblica. En consecuencia, declaró la nulidad del Decreto 0216 de 2012, con efectos «ex tunc», esto, teniendo en cuenta que mientras estaba en vigencia el decreto generó situaciones jurídicas consolidadas relacionadas con factores salariales y prestacionales, que constituían derechos adquiridos para los servidores pœblicos del municipio. 2.7. El 9 de mayo de 2023 el seæor Martínez Leiva presentó demand a de nulidad y restablecimiento contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, con el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio 202241730101204892, que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones extralegales contenidas en el decreto 0216 de 1991, que se causaron desde el aæo 2000 hasta el 23 de octubre de 2020. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se le pagaran $273.536.925

el decreto 0216 de 1991, que se causaron desde el aæo 2000 hasta el 23 de octubre de 2020. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se le pagaran $273.536.925 que correspondían al pago retroactivo de las prestaciones sociales y factores salariales establecidos en el decreto, consistentes en prima semestral de junio y diciembre, prima de navidad, prima de antigüedad e intereses de cesant ías causados desde el aæo 2000 hasta el 23 de octubre de 2020, así como, el valor correspondiente a interØs de cesantías equivalente al 14% anual liquidad o sobre el monto de las cesantías causadas, en una suma debidamente indexada. 2.8. El asunto se adelantó bajo el radicado 76001-33-33-021-2023-00153-00 y correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que, mediante sentencia del 19 de junio de 2024, neg ó las pretensiones de la demanda. 2.9. Inconforme, el demandante apeló y el 31 de octubre de 2 024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, confirmó la decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

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3. Fundamentos de la acción El seæor Jairo Martínez Leiva consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, al haber dictado la

3. Fundamentos de la acción El seæor Jairo Martínez Leiva consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, al haber dictado la sentencia del 31 de octubre de 2024, mediante la cual se confirmó el fallo del 19 de junio de 2024 proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali en el que se negaron las pretensiones de la demanda, dentro del m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-021-2023-00153-00/01.

Mencionó que la acción de tutela es procedente siempre que se cumpla co n los requisitos generales, tales como la legitimación por activa y por pasiva, que e l asunto tenga una trascendencia iusfundamental, se agoten los mecanis mos judiciales disponibles salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable y se cumpla con el tØrmino de la inmediatez. Respecto de los defectos especiales afirmó que la autoridad accionada al dicta r la providencia cuestionada incurrió en un defecto fÆctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución, por las siguientes razones: 3.1. Defecto fÆctico: indicó que el operador judicial, de manera caprichosa, valor漃Ā el contenido de los desprendibles de nómina y la sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, bajo el radicado 76001-23-31000-2010-01485-01, piezas procesales que resultaban decisiva para ado ptar una decisión de fondo.

instancia, proferida por el Consejo de Estado, bajo el radicado 76001-23-31000-2010-01485-01, piezas procesales que resultaban decisiva para ado ptar una decisión de fondo. Seæaló que la autoridad judicial demandada no valor 漃Ā adecuadamente las dos pruebas relacionadas en precedencia, pues de ellas era posible concluir que tenía un derecho adquirido, ya que: (i) había cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 0216 de 1991, esto es, ser vinculado al municipio de Santiago de Cali durante la vigencia del aludido decreto y, (ii) los beneficios económicos derivados del acto administrativo ya habían ingresado a su patrimonio. Es decir, su situación jurídica se encontraba consolidada y ten ía derecho a seguir percibiendo los beneficios otorgados hasta que no fuera anulado el decreto 0216 de 1991. Manifestó que el tribunal se equivocó al considerar que por el hecho de que el Distrito dejó de pagar las bonificaciones el derecho adquirido dejaba de existir y ya no era una situación jurídica consolidada. Insistió en que dichos derechos continuaban en cabeza de los empleados pœblicos de la entidad territoria l, hasta tanto el acto administrativo no fuera declarado nulo conforme al artículo 88 del CPACA, ya que, mientras tanto, se presumía legal y era o bligación del Distrito de Cali continuar pagando los beneficios extralegales. Adicionalmente, indicó que el defecto fÆctico tambiØn se materializó e n sentido negativo, toda vez que el tribunal omitió «la valoración y aplicación del concepto de “derecho adquirido” en la resoluci漃Ān de la Nulidad y Restablecimiento del derecho

negativo, toda vez que el tribunal omitió «la valoración y aplicación del concepto de “derecho adquirido” en la resoluci漃Ān de la Nulidad y Restablecimiento del derecho promovida por el suscrito» lo que afectó su derecho al debido proceso. 3.2. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial: seæaló que la sentencia del Consejo de Estado que estudió la legalidad del Decreto 0216 de 1991, exhortó a las autoridades competentes a que se respetaran las situaciones jurídicas consolidadas y los derechos adquiridos. Relató que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los referidos defectos porque, en su caso, no se había configurado un a situación jurídica consolidada y porque concluyó que dicho concepto solo tenía lugar enRadicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procesos judiciales promovidos con anterioridad y decididos mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, pues, segœn afirmó, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, basta con el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley para que se configure un derecho adquirido. Es decir, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no necesariamente debía promoverse un proceso litigioso y haberse resuelto ante autoridad administrativa o judicial el asunto de fondo para que exista una situación jurídica consolidada. Alegó que los requisitos de ley se cumplieron conforme con lo dispuesto en los

no necesariamente debía promoverse un proceso litigioso y haberse resuelto ante autoridad administrativa o judicial el asunto de fondo para que exista una situación jurídica consolidada. Alegó que los requisitos de ley se cumplieron conforme con lo dispuesto en los artículos 1 y 23 del Decreto 0216 de 1991, toda vez que, el accionante se vinculó al servicio del Distrito Especial de Santiago de Cali con posteriorida d al 1” de enero de 1991. Asimismo, dijo que se incurrió en un defecto sustantivo pues se desconoció la protección que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado les ha otorgado a los derechos adquiridos, lo cual constituye un e rror en la interpretación y aplicación del derecho, haciendo procedente la acción de tutela. La falta de observancia del precedente judicial y la inaplicación d e normas pertinentes generaron una afectación directa a los derechos fundamentales, en especial, al debido proceso y a la igualdad, al someterlo a una decisión contraria a la normatividad constitucional vigente. 3.3. Defecto por violación directa de la Constitución : se materializó porque el tribunal omitió la aplicación del concepto de derecho adquirido, con lo qu e ignoró los mandatos constitucionales sobre la irretroactividad de la ley. A su vez, seæaló que se transgredieron los artículos 25, 29, 48, 49, 53, 58, 93 y 229 de la Constitución Política.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 29 de agosto de 2025 3, el despacho ponente admitió la acción de tutela presentada por el seæor Jairo Martínez Leiva contra el Tribunal

de la Constitución Política.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 29 de agosto de 2025 3, el despacho ponente admitió la acción de tutela presentada por el seæor Jairo Martínez Leiva contra el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interØs al Distrito Especial de Santiago de Cali y al Juzgado Veintiuno Administrativo de Cali; ofició al mencionado juzgado para que remitiera en medio digital y en el tØrmino de dos días, copia del expediente del proceso con radicado 76001-33-33-02 1-202300153-00/01; y ordenó las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali 4, realizó un recuento del trÆmite impartido al proceso 76001-33-33-0212023-00153-00, indicó que se le dio aplicación a Ley 1437 de 2011, por lo que el 19 de junio de 2024 se dictó sentencia de primera instancia en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Explicó que el fundamento de su decisión fue que no era posible reco nocer emolumentos creados por organismos incompetentes «sin que le fuera posible al demandante beneficiarse de lo dispuesto por el Consejo de Estado frente al respeto de los derechos adquiridos, toda vez que respecto de Øl no se configuraba tal situa ción, pues se encontraba discutiendo su derecho». La sentencia de primera instancia fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 31 de octubre de 2024.

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encontraba discutiendo su derecho». La sentencia de primera instancia fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 31 de octubre de 2024.

3 Samai, índice 4. 4 Samai, índice 8.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

Demandante: Jairo Martínez Leiva

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que, dado que la inconformidad del accionante se centraba e n que no se accedió a las pretensiones de la demanda del proceso ordinario, su defensa se limitaría a los argumentos de la sentencia de primera instancia. Y en cumplimiento a la orden del auto admisorio remitió copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho y un enlace de consulta en SharePoint de este. 4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 5, rindió informe en el que manifestó que la sentencia del 31 de octubre de 2024 se encuentra ajustada a derecho, pues se confirmó la decisión de primera instancia. Explicó que la creación de emolumentos constitutivos de factores salariales corresponde exclusivamente al legislador ordinario y, solo excepcionalmente, al Presidente de la Repœblica, por lo que no resultaba admisible que fueran cread os por organismos incompetentes y que continuaran reconociØndose indefinidamente, «pues los efectos ex tunc del fallo que declaró la nulidad del Decreto 216 de 1991 tienen repercusión directa sobre la situación del accionante, quien carec e de un derecho consolidado en la materia».

indefinidamente, «pues los efectos ex tunc del fallo que declaró la nulidad del Decreto 216 de 1991 tienen repercusión directa sobre la situación del accionante, quien carec e de un derecho consolidado en la materia». A su vez, mencionó que la acción de la referencia no cumple con los requisitos generales de procedibilidad, específicamente el de la inmediatez y el de relevancia constitucional pues: (i) entre la notificación de la sentencia de segunda instancia (27 de noviembre de 2024) y la fecha de la presentación de la tutela (25 de agosto de 2025) transcurrieron 9 meses, tiempo que supera el plazo razonable; y (ii) no se cumple con la carga argumentativa, pues solo se menciona de manera genØrica la vulneración de los derechos fundament ales sin mencionar de forma concreta en quØ consistía la transgresión; tampoco se indicaron cuÆles eran las pruebas que dejaron de valorarse; y se observa que se pretende convertir este mecanismo en una tercera instancia, cuando esto es un asunto propio del juez natural. 4.4. La Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali 6 solicitó que se declarara improcedente esta acción de tutela porque se estÆ utilizando como una tercera instancia para controvertir la decisión judicial que le resulta desfavorable. Expuso que se le dio aplicación al debido proceso en cada una de las et apas e instancias del trÆmite, sin que se hubiera advertido inconformidad alguna frente al anÆlisis probatorio. A su vez, puso de presente que los argum entos que se plantean en el escrito de tutela coinciden con los planteamiento s que ya fueron debatidos en primera y segunda instancia por el juez natural, lue go

frente al anÆlisis probatorio. A su vez, puso de presente que los argum entos que se plantean en el escrito de tutela coinciden con los planteamiento s que ya fueron debatidos en primera y segunda instancia por el juez natural, lue go no se puede pretender revivir una discusión ya zanjada a travØs de este mecanismo de amparo. Y destacó que a esa autoridad no le corr esponde atender las pretensiones que plantea el seæor Martínez Leiva, pues esta s corresponden œnicamente a la autoridad judicial accionada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 7, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundame ntales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

5 Samai, índice 9. 6 Samai, índice 10. 7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: «Toda persona tend rÆ acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

Demandante: Jairo Martínez Leiva

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

Demandante: Jairo Martínez Leiva

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8 y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o req uisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 10 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer anÆlisis para establece r si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de inmediatez.

De superar dicho examen, se estudiarÆ si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto fÆctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución al proferir la sentencia del 31 de octubre de 2024, mediante la cual se confirmó el fallo del 19 de jun io de 2024 proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali en el que se negaron las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-021-2023-00153-00/01.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

AnÆlisis del caso concreto. 4.1. Se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas de tute la contra providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un tØrmino de caducidad

examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas de tute la contra providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un tØrmino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela. Es mÆs bien un requisito qu e busca que la acción se presente en un tØrmino razonable, esto es, desde el

8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra prov idencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la prot ección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino prudenc ial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 201 5. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

Constitución. 10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 201 5. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 d e agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

Demandante: Jairo Martínez Leiva

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mismo momento en que el afectado tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional11 ha seæalado que si bien no es posible establecer un tØrmino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un tØrmino razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino tambiØn con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados12. En este orden de ideas, la inmediatez es mÆs bien una condición que busca que la acción se presente en un tØrmino razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derecho s fundamentales y no un tØrmino de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere

en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derecho s fundamentales y no un tØrmino de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Precisamente, en razón a que el anÆlisis de la procedencia de tutela contra providencias judiciales debe ser mÆs riguroso, la Sala Plena del Conse jo de Estado13 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un tØrmino de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un tØrmino prudencial para que el interesado interponga la acción. Límite temporal que tambiØn ha sido acogido por la Corte Constitucional14. Sin embargo, dicha providencia tambiØn acudió a unas pautas, para exam inar las excepciones a esa regla general, indicando que «ademÆs de tener como pauta el término de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motiv o válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el nœcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesa do; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió despuØs de acaecida la actuación violatori a de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fech a de interposición». Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional

derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fech a de interposición». Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde ev aluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un tØrmino razonable» 15. Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la situación personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela. Dicho tØrmino razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las misma s, el derecho a la

11 Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. `lvaro Tafur Galvis. 12 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: «el re quisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aœn mÆs estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judic iales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».

de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aœn mÆs estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judic iales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente». 13 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero PØrez. 15 Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05265-00

Demandante: Jairo Martínez Leiva

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»16. 4.2. Descendiendo al caso concreto, el seæor Jairo Martínez