CE - Sentencia 11001031500020250528100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05281-00 Demandante MARÍA S. MILLÁN ARANGO Y CÍA. S EN C. EN LIQUIDACIÓN Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial, orgánico y fáctico. Medio de control de reparación directa. Acción civil policiva de lanzamiento por ocupación de hecho. Responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio, error judicial y daño especial. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por María S. Millán Arango y Cía. S en C. en Liquidación, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 25 de agosto de 20251, la señora María del Socorro Millán Arango, actuando en calidad de representante legal de la sociedad María S. Millán Arango y Cía. S en C en Liquidación, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección

El 25 de agosto de 20251, la señora María del Socorro Millán Arango, actuando en calidad de representante legal de la sociedad María S. Millán Arango y Cía. S en C en Liquidación, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de propiedad con ocasión de la sentencia del 7 de febrero de 2025 proferida en el medio de control de reparación directa con radicado 76001-23-33-000-2014-0145000/01. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la Administración de Justicia, Derecho a la Defensa, Derecho al Reconocimiento del Precedente Jurisprudencial, igualdad y de propiedad privada y otros, vulnerados por el Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A.

SEGUNDO: Que se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo fallo, teniendo en cuenta los precedentes constitucionales, el artículo 90 C.P., y el daño antijurídico probado.

TERCERO: Que, como consecuencia de la anterior decisión, ordene al CONSEJO DE ESTADO revocar la Sentencia de Segunda Instancia, en el sentido de DECLARAR administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Y AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI de los daños y perjuicios causados a los demandantes, por falla en el servicio, error judicial, daño especial producidos.

CUARTO: Que se ordene la liquidación de los perjuicios patrimoniales en la forma pedida a favor de la sociedad demandante».

causados a los demandantes, por falla en el servicio, error judicial, daño especial producidos.

CUARTO: Que se ordene la liquidación de los perjuicios patrimoniales en la forma pedida a favor de la sociedad demandante».

2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Tutela radicada a través del correo de la Secretaría General de esta Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

Demandante: María S. Millán Arango y Cía. S en C. en Liquidación

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. El señor Heriberto Millán Villafañe tuvo la posesión de 44.000 metros cuadrados de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca que adquirió en el año 1996 y que posteriormente fue dividido en el año 2006. Fruto de esa división material del bien, la empresa María S. Millán Arango y Cía. S en C en liquidación, adquirió 22.478 metros cuadrados del mencionado terreno. 2.2. El 24 de septiembre de 2010 el señor Heriberto Millán Villafañe y la señora María del Socorro Millán Arango como representante legal de la sociedad fueron informados de que el señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan pretendía ingresar al terreno con el fin de vender a terceros derechos sobre el predio, entregando recibos de caja a nombre la Asociación de Proyectos Comunitarios ASOPROC. Hechos relacionados con el procedimiento de querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho

predio, entregando recibos de caja a nombre la Asociación de Proyectos Comunitarios ASOPROC. Hechos relacionados con el procedimiento de querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho 2.3. El 5 de noviembre de 2010 la sociedad actora presentó ante la Secretaría de Gobierno de Santiago de Cali una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en contra del señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan. El 14 de abril de 2011 se llevó a cabo la inspección del predio y se encontraron edificadas unas casas, construyéndose otras y con proyecto en relación con inmuebles adicionales, todas vendidas sin autorización alguna por el querellado Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan. 2.4. Se presentó denuncia penal contra el mencionado señor por la invasión del predio de propiedad de la sociedad actora, investigación que fue archivada por la Fiscalía General de la Nación. 2.5. El señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan presentó solicitud de nulidad de la querella el 12 de septiembre de 2011 al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad ya que los hechos habían ocurrido el 24 de septiembre de 2010 y la querella se había instaurado ante la Secretaría de Gobierno de Cali el 23 de noviembre de 2010, esto es, 60 días después de los hechos, superando el término de 30 días señalados en la norma. El inspector municipal de 1ª Categoría de «Los Mangos» negó la solicitud de nulidad mediante auto del 24 de octubre de 2011; además consideró pertinente ordenar la suspensión de las actividades de construcción llevadas a cabo en

El inspector municipal de 1ª Categoría de «Los Mangos» negó la solicitud de nulidad mediante auto del 24 de octubre de 2011; además consideró pertinente ordenar la suspensión de las actividades de construcción llevadas a cabo en el predio e informó a la policía para que se evitara el ingreso de nuevas personas al inmueble. 2.6. Contra esa decisión el querellado presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Por auto del 9 de noviembre de 2011 se resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa frente a la solicitud de nulidad y, por auto del 28 de diciembre de 2011 se concedió el recurso de apelación. Mediante la Resolución 1535 del 28 de noviembre de 2012 la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión recurrida con fundamento en que el conocimiento de los hechos fue el 24 de septiembre de 2010 y la acción se promovió el 5 de noviembre de 2010, esto es, pasados 30 días calendario como término establecido para presentar ese tipo de acciones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

Demandante: María S. Millán Arango y Cía. S en C. en Liquidación

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Hechos relacionados con el medio de control de reparación directa 76001-2333-000-2014-01450-00/01 2.7. La sociedad María S. Millán Arango y Cía. S en C. en Liquidación, en ejercicio

www.consejodeestado.gov.co Hechos relacionados con el medio de control de reparación directa 76001-2333-000-2014-01450-00/01 2.7. La sociedad María S. Millán Arango y Cía. S en C. en Liquidación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandó al municipio de Santiago de Cali y al departamento del Valle del Cauca con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por lo siguiente: (i) Por la omisión, retardo y daño antijurídico por falla en el servicio al haber pretermitido y extralimitado sus funciones y no haber ejercido en debida forma el código policivo al declarar la caducidad dentro del proceso policivo mediante la Resolución 1535 del 28 de noviembre de 2012. (ii) Por el daño antijurídico al haber actuado la gobernación del Valle del Cauca pretermitiendo lo establecido en las sentencias de la Corte Constitucional C 241 de 2010 y T 848 de 1999. (iii) Por no ejercer en la debida oportunidad legal la vigilancia y el control de la Asociación de Proyectos Comunitarios ASOPROC que llevó a que de manera negligente el municipio de Santiago de Cali realizara la suspensión de las obras ilegales por parte de una entidad vigilada por la subdirección de Desarrollo Urbanístico. En consecuencia, pidió que se condenara a las entidades territoriales demandadas al pago solidario a favor de la sociedad demandante de los perjuicios materiales causados por el daño antijurídico por concepto de daño emergente y lucro cesante, al ser despojada de la posesión real y efectiva del predio como resultado de una decisión ilegal e irregular, contraria a la

perjuicios materiales causados por el daño antijurídico por concepto de daño emergente y lucro cesante, al ser despojada de la posesión real y efectiva del predio como resultado de una decisión ilegal e irregular, contraria a la Constitución Política y a las normas del proceso policivo. 2.8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en primera instancia, mediante sentencia del 29 de enero de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo el tribunal que la parte demandante no podía pretender que el Estado los indemnizara por no haber logrado la reparación integral del daño al interior del proceso civil policivo por cuanto lo que había ocurrido en dicho proceso no había sido la causa de los perjuicios cuya indemnización reclamaban. En ese sentido, precisó que la reclamación de los daños sufridos como consecuencia de los hechos que eran reivindicar la propiedad podía hacerse ante la jurisdicción civil que contaba con términos de prescripción más amplios y donde podía hacerse el reclamo no solo frente al causante material del daño sino también con respecto a todas las personas que debían ser llamadas a responder. Igualmente se refirió a la posibilidad de hacer esta petición en el proceso penal respectivo mediante la constitución de parte civil, en el que el derecho a la indemnización dependía de que se profiriera sentencia de condena contra el sindicado. Agregó que a pesar de que se hubiera podido perder la oportunidad de recuperar la tenencia del bien a través de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, lo cierto es que la parte demandante contaba con otra vía judicial idónea para reclamar el dominio del predio que era el daño que alegaba, concretamente la acción civil reivindicatoria anteriormente descrita y

ocupación de hecho, lo cierto es que la parte demandante contaba con otra vía judicial idónea para reclamar el dominio del predio que era el daño que alegaba, concretamente la acción civil reivindicatoria anteriormente descrita y con la que aún contaba para recuperar el bien, de manera que a juicio del tribunal, el daño antijurídico no se había materializado. 2.9. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

Demandante: María S. Millán Arango y Cía. S en C. en Liquidación

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.10. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 7 de febrero de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 26 de febrero de 2025), confirmó la decisión del tribunal. El análisis del a quem partió de la Resolución 1535 del 28 de noviembre de 2012 «por medio de la cual se resuelve recurso de apelación contra el auto sin número de fecha octubre 24 de 2011 proferido por la inspección de policía 1º categoría municipal “Los Mangos”» pues sostuvo que al declararse la caducidad de la acción civil se impidió la continuación del trámite policivo iniciado con miras a recuperar los derechos de posesión sobre el inmueble. Al respecto consideró que la caducidad de la acción policiva se contó desde el 24 de septiembre de 2010 que fue el momento en el que la sociedad querellante tuvo conocimiento de la perturbación, hasta el 5 de noviembre de

Al respecto consideró que la caducidad de la acción policiva se contó desde el 24 de septiembre de 2010 que fue el momento en el que la sociedad querellante tuvo conocimiento de la perturbación, hasta el 5 de noviembre de 2010 cuando se presentó la querella; pero que ese conteo estaba errado ya que conforme con lo dispuesto en la Ordenanza 145A de 2002 (Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana del Valle del Cauca), la contabilización del término debía ser en días hábiles y que el conteo se había hecho como si se tratara de días calendario, de modo que haciendo el cómputo de manera correcta solo habían transcurrido 28 días hábiles. En ese sentido sostuvo que ese error jurisdiccional no tenía los efectos causales que la parte recurrente pretendía derivar, ya que de ello no se concluía que el proceso policivo iba a culminar necesariamente con una orden de lanzamiento por ocupación de hecho a su favor. Afirmó que el juez de la querella era el inspector de primera categoría municipal «Los Mangos» y que no podían usurparse tales competencias ni definir una acción policiva que nunca se resolvió de fondo por la declaratoria errónea de la caducidad. En esa medida advirtió que no se había emitido una orden definitiva de lanzamiento de las personas que ocupaban el predio, solo una inspección ocular producto de la cual se ordenó en su momento la suspensión de las construcciones pero que esto estuvo condicionado incluso a que se tomara una decisión definitiva al respecto. De acuerdo con lo anterior, consideró la Sección Tercera de esta corporación que la sentencia de primera instancia era acertada al considerar que la recuperación de la tenencia y posesión del bien mediante el proceso policivo

a que se tomara una decisión definitiva al respecto. De acuerdo con lo anterior, consideró la Sección Tercera de esta corporación que la sentencia de primera instancia era acertada al considerar que la recuperación de la tenencia y posesión del bien mediante el proceso policivo era una eventualidad al desconocerse lo que hubiera podido ocurrir si el trámite hubiera proseguido y, en ese sentido destacó que el juez de la responsabilidad administrativa no podía asumir el rol de juzgador de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho como lo pretendía la parte apelante. Luego de analizar diversos aspectos que llevaban a concluir sobre la incertidumbre de la decisión que se hubiera podido proferir en el procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación, insistió en que al no haber una orden definitiva de lanzamiento ni haberse fijado fecha para la diligencia, no podía asimilarse el tema a casos en que se había declarado la responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio, defectuoso funcionamiento de administración de justicia o error judicial. Uno de los puntos que dijo, no podían ser ignorados, tienen que ver con la existencia de unos contratos de promesa de compraventa celebrados entre el señor Cuaran Canacuan y el señor Heriberto Millán Villafañe (q.e.p.d.) sobre el bien inmueble objeto de controversia, cuyas cláusulas permitían entender que iba a estar destinado a la construcción de la urbanización Líderes IV e incluso que el señor Millán Villafañe había obtenido sumas de dinero a raíz de tales negocios.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

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tales negocios.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con estos contratos de promesa de compraventa señaló que el cumplimiento o no de estos no eran del resorte de esta corporación, máxime cuando en las respectivas minutas se pactó una cláusula compromisoria en la que se otorgaba la competencia a un tribunal de arbitramento para dirimir cualquier tipo de controversia. Ahora bien, atendiendo al principio de iura novit curia analizó el caso desde un posible daño especial, procedente en casos donde podía entenderse que se había perdido de manera definitiva un bien inmueble en el transcurso de un procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho y, concluyó que en el caso concreto no se comprobó que la población que se asentó en los respectivos predios fueran sujetos de especial protección constitucional. De hecho, destacó que esas personas pagaron un dinero a la Asociación de Proyectos Comunitarios para obtener un lote y que no estaba demostrado que existieran órdenes administrativas o judiciales que habilitaran la permanencia de estas personas en el terreno como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales. Finalmente precisó que la parte actora no estaba relevada de acudir al proceso reivindicatorio con el fin de lograr la recuperación de la posesión sobre el bien de su propiedad al no demostrarse ninguna razón que tornara en impracticable el desalojo, de hecho, destacó que en la misma Resolución 1535 del 28 de

reivindicatorio con el fin de lograr la recuperación de la posesión sobre el bien de su propiedad al no demostrarse ninguna razón que tornara en impracticable el desalojo, de hecho, destacó que en la misma Resolución 1535 del 28 de noviembre de 2012 se advirtiera la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria en defensa de sus intereses de modo que ante la existencia de una vía procesal alterna se desvirtuaba la certeza del daño alegado por la parte demandante.

3. Fundamentos de la acción La parte actora consideró que la sentencia del 7 de febrero de 2025 emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en el medio de control de reparación directa, incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente, orgánico y fáctico. 3.1. Defecto sustantivo. Dijo que se dejaron de aplicar los mandatos de solidaridad, vigencia de un orden social justo, igualdad, reparación del daño antijurídico, confianza legítima, colaboración armónica entre las entidades públicas y convivencia pacífica, previstos en el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 83, 90 y 113 de la Carta Política.

Que se vulneró el derecho a la propiedad privada ya que pese a tener la titularidad del bien inmueble y acudir al Estado en busca de la protección de sus derechos lo cierto es que perdió de manera definitiva la posesión a causa de la declaratoria ilegal de caducidad. También se refirió a la interpretación y aplicación errada del artículo 90 de la Constitución Política, al condicionar el acceso a la reparación patrimonial del

de la declaratoria ilegal de caducidad. También se refirió a la interpretación y aplicación errada del artículo 90 de la Constitución Política, al condicionar el acceso a la reparación patrimonial del Estado a la previa interposición de una acción civil reivindicatoria, exigencia que no estaba contemplada en el texto constitucional ni en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Dijo que el daño antijurídico surgió directamente de la Resolución 1535 de 2012 por la que se declaró la caducidad de la acción policiva en contradicción con las normas aplicables, razón por la que en su criterio supeditar la reparación a una acción distinta negaba la tutela judicial efectiva y el acceso real a la administración de justicia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual manera dijo que se desconocieron los artículos 65, 66, 67 y 69 de la Ley 270 de 1996 al desatender el daño especial por error judicial y que luego de 12 años cuando se emite la sentencia de cierre se indica que la vía es la acción reivindicatoria como medio para recuperar el bien cuando la antijuridicidad de la conducta estuvo con la expedición de la citada Resolución 1535 de 2012. De las promesas de compraventa dijo que una era del 23 de junio de 2005 y la otra con fecha de autenticación del 2 de junio de 2006, en las que no se

1535 de 2012. De las promesas de compraventa dijo que una era del 23 de junio de 2005 y la otra con fecha de autenticación del 2 de junio de 2006, en las que no se indicó fecha para la firma de la escritura pública y que por tal circunstancia fue declarada nula por un juzgado civil del circuito, lo que implicaba que no había lugar al reconocimiento de restituciones mutuas al no haberse entregado el inmueble al momento de la firma de la promesa. A su vez consideró que tal circunstancia implicaba el desconocimiento en cuanto al alcance de la promesa de compraventa regida por el artículo 1611 del Código Civil subrogado por la Ley 153 de 1887 en el que se indica que este contrato es un derecho u obligación personal que no le daba al promitente comprador derechos sobre el predio ni era título traslaticio de dominio. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. Al no tener en cuenta la sentencia C 241 de 2010 en relación con los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho que se regían por el principio de legalidad cuya inobservancia podía ser objeto de reparación del medio de control de reparación por falla en el servicio. Adicionalmente se refirió a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 157 de 2022 que reiteraba el precedente del Consejo de Estado relativo al daño especial en los procesos de reparación directa como consecuencia de la pérdida material de un inmueble de propiedad de la demandante cuando había empleado todos los medios de protección de sus bienes y ese mismo título de imputación por error judicial en los procesos policivos. Dijo que se dejó de analizar que el querellado era perturbador al no haber

demandante cuando había empleado todos los medios de protección de sus bienes y ese mismo título de imputación por error judicial en los procesos policivos. Dijo que se dejó de analizar que el querellado era perturbador al no haber exhibido un justo título que justificara la posesión o tenencia del bien o que mediara una orden de autoridad competente. También manifestó que se dejó de analizar la omisión por parte de la administración en relación con la acción policiva oficiosa contemplada en el artículo 69 de la Ley 9 de 1989 que contempló el lanzamiento por ocupación de hecho de oficio por los alcaldes municipales o por conducto de la personería municipal cuando el propietario o su tenedor no iniciaran la acción referida en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 cuando se verificara la ocupación de asentamientos ilegales o que se estuvieran llevando a cabo o que se verificara que se efectuarían y se atentara o pudieran significar riesgo para la comunidad. Anunció que existían dos supuestos de responsabilidad, uno del año 2001 y otro de 2012: El primero de ellos, en relación con el defectuoso funcionamiento de administración de justicia como título de imputación que dijo no se analizó en la sentencia, en casos de ocupación de hecho por particulares en el que la administración podía ser responsable cuando en el trámite de un proceso policivo de lanzamiento la autoridad incurría en un error judicial o su actuación era tardía.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El segundo supuesto que se presentaba desde el año 2012 era la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por daño especial que dijo, no se abordó en la sentencia en los casos de ocupación de hecho por parte de los particulares, que ocurría en los eventos en los que no se comprobara la ocurrencia de una falla en el servicio ya que la omisión en la protección de la posesión estaba justificada por razones de interés general o de orden público y social, como la protección de sujetos de especial protección constitucional, la atención a desastres o la garantía a la vida y seguridad de funcionarios públicos. 3.3. Defecto orgánico. Por cuanto en criterio de la sociedad actora se desconocieron los límites de su competencia al pronunciarse, de manera implícita, sobre la existencia o inexistencia de la posesión de la demandante, derivando tal conclusión de un supuesto fáctico que en ningún momento fue definido por la autoridad de policía competente. Con ello, dijo que la Sección Tercera, Subsección A de la corporación adoptó una decisión que le correspondía exclusivamente al juez natural en abierta contradicción con el artículo 29 de la Constitución Política y adicionalmente, estimó que la sentencia incurría en un prejuzgamiento frente a las acciones penales promovidas por el perturbador, todo lo cual derivaba en una extralimitación en el ejercicio de la función jurisdiccional y una vulneración del principio de legalidad.

estimó que la sentencia incurría en un prejuzgamiento frente a las acciones penales promovidas por el perturbador, todo lo cual derivaba en una extralimitación en el ejercicio de la función jurisdiccional y una vulneración del principio de legalidad. 3.4. Defecto fáctico. Este defecto se fundamentó en que se omitió realizar un examen integral y sistemático de los medios de prueba respecto de las acciones y/o omisiones de las entidades públicas demandadas ya que no tuvo en cuenta, en su decisión que no había acreditación de la posesión sobre el predio en cabeza del querellado, el archivo de la fiscalía por el delito de invasión de tierras debido a la corrupción en Cali, las fotos, la ubicación del predio y la inspección ocular realizada por el a quo que establecía el estado de vulnerabilidad de la población que vivía en el predio, la calidad de sujetos de especial protección constitucional que tenían los habitantes y que adquirieron los lotes engañados. Manifestó que la Sección Tercera desatendió que la usurpación era realizada por quien justificó la usurpación por medio una promesa que no era un justo título y la indefensión de la sociedad querellante quien había desplegado todos los medios para la recuperación total del inmueble. Adicionalmente señaló que se hizo una indebida inversión de la carga probatoria ya que se trasladó a la accionante la carga de probar una condición de vulnerabilidad ajena a su esfera de acreditación y que cuando se trataba de sujetos de especial protección constitucional como desplazados, comunidades vulnerables, mujeres cabeza de familia, entre otros, la presunción debía ser a favor de su condición y correspondía al Estado desvirtuarla y que interpretó el pago de una suma de dinero a una asociación

de sujetos de especial protección constitucional como desplazados, comunidades vulnerables, mujeres cabeza de familia, entre otros, la presunción debía ser a favor de su condición y correspondía al Estado desvirtuarla y que interpretó el pago de una suma de dinero a una asociación comunitaria como prueba suficiente para negar la especial protección, valoración que carecía de fundamento lógico y probatorio. Anotó que en el expediente sólo obraba un recibo del año 2012 y unas devoluciones hechas por Porfirio Cuaran y que el predio tenía una población de más o menos 400 familias, de modo que afirmar que estas personas pagaron un dinero a la Asociación de Proyectos Comunitarios implicaba invertir la carga de la prueba y obligar a la parte demandante a probar que eran personas vulnerables y sujetos de especial protección cuando en el expediente se tenía por probado que el predio estaba ubicado en la comuna 21 de Cali, sector de Aguablanca, Descepas y que según visita técnica el predio noRadicado: 11001-03-15-000-2025-05281-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contaba con servicios públicos (agua, energía y alcantarillado), ni con licencias de construcción. En ese sentido consideró que era obligación de la autoridad judicial accionada decretar y practicar de oficio una inspección judicial que le permitiera entender la magnitud de la problemática social del sector. De otra parte consideró arbitrario tergiversar el valor probatorio de la carta del 21 de noviembre de 2008 dirigida a la Asociación de Proyectos Comunitariosla magnitud de la problemática social del sector. De otra parte consideró arbitrario tergiversar el valor probatorio de la carta del 21 de noviembre de 2008 dirigida a la Asociación de Proyectos ComunitariosPorfirio Cuaran y Oscar Palomar Villanueva, en el sentido de abstenerse de ocupar el bien, en virtud de la citación a la fiscalía ante la denuncia presentada contra el señor Millán (q.e.p.d.), y que no había razón alguna para que el despacho indicara que la manifestación realizada implicaba que el bien había sido ocupado antes de la fecha consignada en la demanda, máxime cuando el inspector consignó otra cosa en la visita del 15 de abril de 2012 al predio. Sostuvo que la sentencia otorgó relevancia probatoria a las declaraciones del señor Nohemio Porfirio Cuaran Canacuan, representante legal de la Asociación de Proyectos Comunitarios, sin haber escuchado a los demás ocupantes irregulares o usurpadores del predio y que construyó su decisión sobre un único testimonio interesado sin contrastarlo con otros medios de convicción que pudieran reflejar la situación real del predio. Que se desconocieron las gestiones adelantadas ante la alcaldía por el bloqueo de las fichas catastrales sin justificación legal alguna, la solicitud de su