CE - Sentencia 11001031500020250528600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05286-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: ETNI MADEY MOSQUERA VELÁSQUEZ

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL

REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA

ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO

SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA

ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , IGUALDAD,

DIGNIDAD HUMANA, TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA Y

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ1.

1 En adelante TRIBUNAL.2

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Actora: ETNI MADEY MOSQUERA VELÁSQUEZ

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Actora: ETNI MADEY MOSQUERA VELÁSQUEZ

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ETNI MADEY MOSQUERA VELÁSQUEZ , actuando a través de apoderada judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo, a la seguridad social, a la vida y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 27 de febrero de 2025 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2021-00040-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que laboró al servicio de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA 2 en el cargo de fisioterapeuta desde el 1o. de febrero de 2017 hasta 30 de junio de 2018 y 1 o. de

2 En adelante Hospital.3

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noviembre de ese año hasta el 31 de diciembre de 2019, de forma

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noviembre de ese año hasta el 31 de diciembre de 2019, de forma continua y vinculada bajo diferentes contratos de prestación de servicios.

Adujo que cumplía con un horario específico y existía subordinación, pues cumplía a cabalidad las instrucciones dadas por sus superiores y las desarrollaba dentro de las instalaciones y con implementos físicos y tecnológicos propios de la entidad.

Sostuvo que solicitó al HOSPITAL que se reconociera la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones sociales , no obstante, mediante Oficio de 20 de enero de 2021 , le negó tal reclamación, por lo que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho acto administrativo.

Señaló que el mencionado proceso fue identificado con el número único de radicación 2021-00040-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO4

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DE QUIBDÓ3 que, mediante providencia de 29 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Refirió que la parte allí demandada interpuso recurso de apelación,

DE QUIBDÓ3 que, mediante providencia de 29 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Refirió que la parte allí demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de febrero de 2025, revocó la sentencia recurrida y denegó las súplicas de la demanda, bajo el argumento de no se logró acreditar el elemento de subordinación continuada como requisito esencial de una relación laboral subyacente a los contratos de prestación de servicios.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución Política.

Aseguró que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, pues no valoró debidamente las pruebas obrantes en el proceso ordinario, entre

3 En adelante Juzgado.5

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ellas, la testimoniales obtenidas en la audiencia de 25 de julio de 2023.

Adujo que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente lo previsto en el artículo 32 de

ellas, la testimoniales obtenidas en la audiencia de 25 de julio de 2023.

Adujo que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, que establece la potestad en la contratación por parte de las empresas sociales del estado en materia de salud , así como en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en diferentes sentencias del Consejo de Estado, en las que se ha señalado que quien alegue la calidad de trabajador debe demostrar que prestó personalmente el servicio y recibió una contraprestación, apartando el requisito de la subordinación.

Por último, alegó que la autoridad judicial accionada pasó por alto lo dispuesto en los artículos 1, 2, 11, 13, 25, 26, 29, 48 y 229 de la Constitución Política.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó que:6

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“[…] PRIMERO. Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito Sres. Magistrados TUTELAR a favor de mi prohijada la Sra. Etny Madey Mosquera Velásquez, los Derechos Fundamentales al: Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia,

Magistrados TUTELAR a favor de mi prohijada la Sra. Etny Madey Mosquera Velásquez, los Derechos Fundamentales al: Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Derecho a la Igualdad, Dignidad Humana, Trabajo, Seguridad Social, y a la Vida. Toda vez que H. Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en Sentencia No. 11 del 27 de febrero, la cual fue notificada por correo electrónico el día 04 de marzo de la presente anualidad, Revocó los Derechos de mi prohijada que se desempeñó como Fisioterapeuta. Y en la cual se incurrió en los defectos: procedimental absoluto, factico, material o sustantivo, desconocimiento del precedente, y violación directa de la constitución. Pues se observa que, de manera errada, no se le dio valoración probatoria a la prueba TESTIMONIAL obtenida en Audiencia del 25 de julio del año 2023. Además de las pruebas documentales donde se vislumbra el periodo de contratación de mi poderdante por aproximadamente 2 años. Servicios que fueron ejecutados directamente en la ESE – HLIRV de Quibdó. De igual forma, se desconoció el precedente judicial en materia del Contrato Realidad para las Instituciones que desarrollan actividades que hacen parte del giro ordinario de una ESE. Según lo establecido en el Art. 53 de la C.N., y otras normas concordantes.

SEGUNDO. Se sirva REVOCAR la sentencia en Segunda Instancia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó No. 11 del 27 de febrero del año 2025, y confirmar la Sentencia 351 del 29 de septiembre del

SEGUNDO. Se sirva REVOCAR la sentencia en Segunda Instancia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó No. 11 del 27 de febrero del año 2025, y confirmar la Sentencia 351 del 29 de septiembre del año 2023, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó. […]” (Destacado pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que los reproches de la actora son inadmisibles porque la acción de tutela no es el escenario natural para el debate que propone, dado que lo que pretende es utilizar este mecanismo como una tercera instancia , por lo que la solicitud de7

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amparo resulta improcedente, pues no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

Adujo que en caso de que existiera inconformidad contra la sentencia que profirió en su momento , la parte actora contaba con el recurso extraordinario de revisión, del cual no hizo uso.

Aseguró que en la providencia cuestionada no se incurrió en vulneración de derecho fundamental alguno de la parte actora, razón por la que no se configuran los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

I.6.- Intervinientes

vulneración de derecho fundamental alguno de la parte actora, razón por la que no se configuran los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

I.6.- Intervinientes

I.6.1. El JUZGADO se limitó a remitir el expediente contentivo del proceso ordinario objeto de controversia

I.6.2. El HOSPITAL, a pesar de ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia8

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de der echos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como9

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de10

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional to das las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales11

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no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si

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no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue

decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la12

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tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 27 de febrero de

texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 27 de febrero de 2025, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2021-00040-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados como transgredidos, habida cuenta que, a su juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución Política.

Aseguró que el TRIBUNAL incurrió en incurrió en defecto fáctico, pues no valoró debidamente las pruebas obrantes en el proceso ordinario, entre ellas, la testimoniales obtenidas en la audiencia de 25 de julio de 2023.13

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Adujo que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80, que establece la potestad en la contratación por parte de las empresas sociales del estado en materia de salud, así como en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en

la Ley 80, que establece la potestad en la contratación por parte de las empresas sociales del estado en materia de salud, así como en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en diferentes sentencias del Consejo de Estado, en las que se ha señalado que quien alegue la calidad de trabajador debe demostrar que prestó personalmente el servicio y recibió una contraprestación, apartando el requisito de la subordinación.

Alegó que la autoridad judicial accionada pasó por alto lo dispuesto en los artículos 1, 2, 11, 13, 25, 26, 29, 48 y 229 de la Constitución Política.

Aclarado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos factico, sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la constitución alegados, al haber proferido la sentencia de 27 de febrero de 2025 dentro14

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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00040-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-00040-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, e n especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.15

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregório Hernández Galindo.”16

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jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una

[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del

importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”17

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discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de u