CE - Sentencia 11001031500020250530101 de 2025

Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once [11] de diciembre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

Demandantes: DIANA MILENA DE ÁNGEL CAMARGO Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Caducidad – Reparación Directa – Revoca improcedencia y ampara

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 2 de octubre de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

2. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 26 de agosto de 2025, la señora Dania Milena de Ángel Camar go y otros 1, a través de apoderado, instauraron acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo de l

través de apoderado, instauraron acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo de l Magdalena, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la administración de justicia, y a las garantías de verdad, reparación integral y no repetición de víctimas de delitos cometidos con grave violación a los derechos humanos, los principios de supremacía constitucional, y la eficacia de los derechos fundamentales, así como del derecho a disponer de un recurso judicial efectivo».

Las mencionadas garantías las consideraron vulneradas con la expedición de las providencias que definieron la demanda de reparación directa identificada con el radicado 47001-3333-004-2023-00346-00/01, en el sentido de declarar la caducidad del medio de control.

3. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

I.- PRETENSIONES: MANERA DE REMEDIAR LAS VIOLACIONES Las violaciones a los derechos fundamentales que por este medio tutelar se reclaman, se remedian

1 Los señores Luis Carlos Muños Ortiz, Juan Alberto Muñoz Ortiz y Liseth Patricia Muñoz Ortiz.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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ordenando a los accionados que le den plena pertinencia a las pruebas aportadas

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ordenando a los accionados que le den plena pertinencia a las pruebas aportadas para demostrar que mis mandantes se enteraron el 9 de junio de 2021 de la ocurrencia de la falla del servicio que le causó la muerte a JUAN FRANCISCO MUÑOZ SANDOVAL (Q.E.P.D) y ordenar que al estudiar el tema se haga una valoración coherente de las mismas y se le dé atinada y precisa aplicación a lo normado en el artículo 164 del C. P.C.A., sin que se incurra en la violación de los derechos fundamentales de mi mandante2.

4. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El 31 de agosto de 20233, la señora Dania Milena de Ángel Camargo 4 y otros5 presentaron demanda de reparación directa contra el departamento del Magdalena – Secretaría de Salud Departamental del Magdalena y a la E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación por los perjuicios causados por la «indebida atención médica causada por la descuidada e irresponsable contratación de un falso médi co especialista: intensivista en urgen[c]iología» que habría derivado en el fallecimiento del señor Juan Francisco Muñoz Sandoval el 17 de abril de 2021.

• El 27 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta rechazó la demanda al considerar que había operado el

del señor Juan Francisco Muñoz Sandoval el 17 de abril de 2021.

• El 27 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta rechazó la demanda al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control, puesto que el plazo máximo para accionar el aparato judicial feneció el 18 de abril de 2023, no obstante, señaló que ni siquiera el trámite de conciliación prejudicial se había presentado dentro de los dos años para el efecto.

• Los demandantes presentaro n recurso de apelación , en donde advirtieron que ellos solo se enteraron de la falla en el servicio, hasta el 9 de junio de 2021, cuando conocieron de la contratación del «falso médico».

• El 4 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la providencia del a quo, al compartir los fundamentos de esa decisión.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 26 de febrero de 2025 y la acción de tutela de la referencia radicada el 26 de agosto de 2025.

1.4. Fundamentos de la solicitud

2 Trascrito con posibles errores ortográficos y con mayúsculas sostenidas y negritas del texto original. 3 El 25 de mayo de 2023 se radicó la solicitud de conciliación prejudicial y la constancia se dio el 23 de agosto de 2023. 4 En nombre propio y en representación de su hija menor de edad D.C.M.A. 5 Relacionados en el pie de página 2 de esta providencia. Además, la señora Isabel Cristiana Ortiz Cantillo, quien, consultado su «número de documento 57447080 se encuentra en el archivo nacional

4 En nombre propio y en representación de su hija menor de edad D.C.M.A. 5 Relacionados en el pie de página 2 de esta providencia. Además, la señora Isabel Cristiana Ortiz Cantillo, quien, consultado su «número de documento 57447080 se encuentra en el archivo nacional de identificación con estado Cancelada por Muerte». Consulta realizada en la página https://defunciones.registraduria.gov.co/.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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Los tutelantes consideraron que las accionadas trasgredieron sus garantías constitucionales, al configurarse un defecto fáctico, comoquiera que no se tuvo en cuenta que los demandantes solo tuvieron conocimiento de la falla en el servicio «el 9 de junio de 2021, cuando fue un asunto de tanta trascendencia e indignación mundial en [el] marco de la pandemia por Covid 19 y que se supo, como se informa en la demanda, meses después de que el falso intensivitas mal atendiera a la víctima, y que generó la falla del servicio».

Destacaron que «tanto el Juzgado como el Tribunal, a coro, sostienen que cuando ocurrió la muerte de LUIS FRANCISCO MUÑOZ SANDOVAL, es decir, el 17 de abril de 2021 los demandantes ya estaban enterados de la ocurrencia de la falla, cuando se probó que no solo ellos, sino que nadie lo supo sino hasta el 9 de junio de 2021».

de 2021 los demandantes ya estaban enterados de la ocurrencia de la falla, cuando se probó que no solo ellos, sino que nadie lo supo sino hasta el 9 de junio de 2021».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 16 de septiembre de 202 5, el magistrado sustanciador de la primera instancia admitió la acción de tutela 6 y ordenó notificar como demandados al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Por su parte, vinculó como tercero con interés en las resultas del proceso al departamento del Magdalena – Secretaría de Salud y a la E.S.E. Hospital San Rafael del Municipio de Fundación.

El 20 de noviembre de 2025 se llevó a sala la presente decisión para su correspondiente discusión, no obstante, no obtuvo la mayoría requerida para ser aprobada. Razón por la cual se dispuso la designación de dos conjueces, uno principal y otro suplemente. Como conjuez principal resultó designado e l doctor Pedro Luis Blanco Jiménez.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes contestaciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena alegó que no se acreditaron los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción, máxime cuando resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es usar la tutela como una tercera instancia.

Posteriormente, recordó los fundamentos de la providencia de segunda instancia controvertida.

1.6.2. La E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación -Magdalena,

tercera instancia.

Posteriormente, recordó los fundamentos de la providencia de segunda instancia controvertida.

1.6.2. La E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación -Magdalena, pidió «[c]onfirmar la validez y legalidad de las decisiones proferidas por el Juzgado

6 El a quo constitucional reconoció como apoderado de los accionantes al abogado Jose Gabriel Palencia Jiménez.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en cuanto declararon la caducidad del medio de control de reparación directa».

Agregó que el «pantall azo de una rueda de prensa y un audio alusivo a declaraciones públicas, […] no acreditan de manera idónea ni fehaciente que los familiares de la víctima se hubieran enterado por primera vez en esa fecha de la existencia del daño».

1.6.3. La gobernación del departamento del Magdalena, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva porque «la secretaria seccional de salud departamental del magdalena no es la competente para proferir decisiones judiciales, aunado a lo anterior, toca enfatizar la INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, teniendo en cuenta que

salud departamental del magdalena no es la competente para proferir decisiones judiciales, aunado a lo anterior, toca enfatizar la INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, teniendo en cuenta que dentro del proceso judicial se le garantizo al accionante todos los derecho constitucionales y legales como lo es el debido proceso y su derecho a la defensa y contradicción, […]»

1.7. Fallo impugnado

El 2 de octubre de 2025 , la Sección Primera del Consejo de Estado, luego de delimitar el estudio a la providencia que puso fin al proceso, declaró improcedente el mecanismo de amparo al considerar que « no se advierte la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario».

1.8. Impugnación7

Los accionantes impugnaron la sentencia de 2 de octubre de 2025, de la Sección Primera del Consejo de Estado, sin exponer algún argumento en particular.

5. CONSIDERACIONES

6. Competencia

Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación

Primera del Consejo de Estado, sin exponer algún argumento en particular.

5. CONSIDERACIONES

6. Competencia

Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por la señora Diana Milena de Ángel Camargo y otros, de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

7 El fallo fue notificado el 8 de octubre de 2025, la impugnación se presentó el 14 siguiente. El 17 de octubre de 2025, se concedió la impugnación.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitud de desvinculación

Esta colegiatura advierte que , si bien la gobernación del departamento del Magdalena solicitó su desvinculación del presente trámite, y el a quo constitucional no se refirió a ella , tal petición será negada, en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso y no como demandada.

2.2.2. Representación de los accionantes

Por su parte, s e destaca que en el presente asunto el 30 de octubre de 2025 se

y no como demandada.

2.2.2. Representación de los accionantes

Por su parte, s e destaca que en el presente asunto el 30 de octubre de 2025 se requirió a la parte activa con el fin de que acreditara la trazabilidad del otorgamiento del mandato a través de medios electrónicos, o en su defecto, realizara la presentación personal del mismo, pero el abogado guardó silencio al respecto.

No obstante, también resulta pertinente recordar que en primera instancia el a quo constitucional reconoció como apoderado judicial de los accionantes al abogado José Gabriel Palencia Jiménez, «de conformi dad con los poderes obrantes en el expediente», luego, en aplicación de los principios de confianza legítima , confiabilidad, buena fe y de garantía de acceso a la administración de justicia , así como la implementación de la presunción de autenticidad de los poderes aportados por medios digitales que ha dispuesto la Corte Constitucional8, la sala, en este caso específico, aceptará la disposición del juez de primera instancia en cuanto a la debida representación de los demandantes , comoquiera que se acreditó el otorgamiento del mandato a través de mensaje de datos9.

2.3. Problema jurídico

8 Ver C-420 de 2020, por medio del cual se declar ó exequible el artículo 5º. del Decreto Legislativo 806 de 2020, hoy art. 5. º de la Ley 2213 de 2022, en el cual se consideró: «Primero, la Constitución no señala, de manera específica, cada una de las formalidades con las que deben cumplir los documentos procesales para tener validez. Por el contrario, el artículo 83 instituye la presunción de

no señala, de manera específica, cada una de las formalidades con las que deben cumplir los documentos procesales para tener validez. Por el contrario, el artículo 83 instituye la presunción de buena fe en todas las gestiones de los particulares ante las autoridades públicas. En el plano procesal, este principio implica que los jueces deben presumir la buena fe de quienes comparecen al proceso y que las partes e intervi nientes deben ejercer sus derechos conforme a la buena fe procesal. En ese sentido, las presunciones de autenticidad en el marco de los procesos judiciales son constitucionalmente admisibles y no implican, en abstracto, un desconocimiento de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, aunque el legislador en ejercicio de su libertad de configuración puede imponer requisitos formales por razones técnicas o de conveniencia en el diseño procesal, en el marco del control de constitucionalidad no corresponde a la Corte valorar la conveniencia o implicaciones prácticas de una medida que al relevar el cumplimiento de formalidades no se revela, al menos prima facie, arbitraria o irrazonable en tanto prevé mecanismos de control para garantizar su efectividad».

9 El artículo 2. º de la Ley 527 de 1999: «a) MENSAJE DE DATOS. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; […]».Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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el télex o el telefax; […]».Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 2 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado al interior del presente mecanismo constitucional.

Para el efe cto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad, y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por H. la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello . Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada sen tencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada sen tencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia ». 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Sobre el particular, la sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente, pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de varios derechos fundamentales y en particular de la garantía de acceso a la administración de justicia , yerro contenido en la providencia que confirmó el rechazó de plano de una demanda de reparación directa.

Al respecto, cabe destacar que la decisión que declaró la caducidad del medio de control se dio en la etapa inicial del proceso, antes de que se trabara la litis, aspecto que sin lugar a duda encue ntra mayor importancia frente al estudio de fondo del mecanismo, ya que, de entrada, se vislumbra la imposibilidad de activar el aparato judicial.

Además, es pertinente advertir que los argumentos expuestos no apuntan a convertir este mecanismo constituci onal en una tercera instancia, ya que trascienden de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» porque a su juicio existe n pruebas que no fue ron tenidas en cuenta para computar el término preclusivo , particularmente la manifestación pública de la administración que aceptó que contrató un «falso intensivista»14.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Magdalena

pública de la administración que aceptó que contrató un «falso intensivista»14.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un vicio judicial, al no estudiar el caso a luz de la realidad fáctica, lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión controvertida.

En consecuencia, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia Constitucional frente al cargo por defecto fáctico, en atención a que se está en presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisió n judicial objeto de reproche, por lo que la sala superará esta causal referente al yerro en mención.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela para

14 Circunstancia que se intentó acreditar en la demanda contenciosa con una captura de pantalla de la noticia en cuestión, así como con el video de la rueda prensa.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a sus derechos fundamentales frente a los cargos que se fundaron en el defecto fáctico.

Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y ejecutoriada d el Tribunal Administrativo del Magdalena, que puso fin al proceso, no procede ningún recurso y que los cargos arriba señalados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de jurisprudencia.

2.5.3. Ahora, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez, pues la decisión en cuestión se notificó el 26 de febrero de 2025, mientras que la acción de tutela fue radicada el 26 de agosto de 2025, es decir que el mecanismo se presentó dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional que se computan a partir de la ejecutoria.

Lo anterior, a la luz d e la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 15, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo

determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de reparación directa.

Por todo lo anterior, la sala procederá a realizar el análisis del defecto fáctico, al encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6. De las generalidades del defecto alegado

2.6.1. Esta sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 17 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión así:

7. Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos». 17 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.Demandantes: Diana Milena de Ángel Camargo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicación: 11001-03-15-000-2025-05301-01

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arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos

Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto , ya que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea. d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes

Se presenta cuando, obrando los elementos