CE - Sentencia 11001031500020250530300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

Accionante: Luis María González Álvarez

Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: responsabilidad por falla médica . Subtema 3: defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Luis María González Álvarez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis María González Álvarez , a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación de directa identificado con el

y al acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación de directa identificado con el radicado núm. 76001-33-33-014-2013-00425-01.

I. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El 16 de septiembre de 2011 , el señor Francisco González Rodríguez ingresó al servicio de urgencias del Hospital San Vi cente de Ferrer del municipio de Andalucía

(Valle del Cauca), debido a que presentaba un dolor abdominal. En dicha oportunidad,

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05303-00, índice 2, certificado 0ACA1EB626121B83 21717714D3388CAD AB1AEFE24B3A5FED 30CE9795A78D4F66.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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el diagnóstico fue una «hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena» que se manejó con el suministro de medicamentos, lo que llevó a una cesación del dolor, por lo que

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el diagnóstico fue una «hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena» que se manejó con el suministro de medicamentos, lo que llevó a una cesación del dolor, por lo que fue dado de alta y con la recomendación de pedir cita para ser valorado por consulta externa.

3. El 21 de septiembre de 2011, el señor González Rodríguez acudió a consulta externa del Hospital San Vicente de Ferrer, en la cual fue examinado por el médico tratante, quien ordenó su remisión al Hospital Tomás Uribe Uribe ESE, en donde se le practicó una cirugía de extracción de hernia umbilical. Posteriormente, el paciente fue remitido al Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» ESE, en el que ingresó con algunas complicaciones de salud y en medio de la atención falleció, como consecuencia de dos paros cardiorrespiratorios.

4. El señor Luis María González Álvarez, junto con su grupo familiar, presentó demanda de reparación directa en contra del Hospital San Vicente de Ferrer, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ESE, el Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» ESE y la Previsora compañía de seguros, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de la muerte del señor Francisco González Rodríguez , por la deficiente prestación del servicio de salud.

5. El Juzgado Catorce Administrativo de Cali, mediante sentencia del 23 de marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda , al considerar que la atención de salud suministrada por las entidades accionadas al paciente fue inadecuada e

5. El Juzgado Catorce Administrativo de Cali, mediante sentencia del 23 de marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda , al considerar que la atención de salud suministrada por las entidades accionadas al paciente fue inadecuada e irregular, como se demostró con la historia clínica, lo cual, en su concepto causó el daño antijuridico reclamado por los demandantes. Contra dicha decisión, la parte demandada presentó recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , a través de providencia del 25 de julio de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que la parte actora no demostró la falla en la prestación del servicio médico ni el nexo de causalidad entre el paro cardiorrespiratorio que generó el fallecimiento del paciente y la actuación de los galenos de los centros asistenciales demandados.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA.-Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia del accionante.

SEGUNDA.-Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal y ordenar la emisión de un nuevo fallo que valore integral y razonadamente la prueba (en especial, Historia Clínica, protocolos de remisión y pruebas periciales), conforme a la jurisprudencia constitucional y contenciosa […] 2.

8. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico

constitucional y contenciosa […] 2.

8. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico porque no efectuó una valoración integral de la historia clínica, los protocolos de

2 Se transcribe incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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remisión y las pruebas periciales con las cuales se demostraban las irregularidades ocurridas en el proceso de remisión del paciente y la atención médica suministrada por las entidades demandadas, lo cual, a su juicio, fue la causa determinante en el deceso del señor Francisco González Rodríguez.

9. En este sentido, explicó que en la historia clínica del señor Francisco González Rodríguez se consignó que su remisión duró más de 3 horas de viaje, sin soporte clínico suficiente ni acompañamiento de profesional que pudiera otorgar los servicios médicos requeridos por el paciente.

10. Asimismo, refirió que la providencia del Tribunal accionado desconoció el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3, en el cual se ha n desarrollado las reglas sobre la « lex artis», la carga dinámica de la prueba y la relevancia de la historia clínica, como elementos probatorios para acreditar la responsabilidad médica de las entidades públicas y las fallas del servicio ocurridas con

desarrollado las reglas sobre la « lex artis», la carga dinámica de la prueba y la relevancia de la historia clínica, como elementos probatorios para acreditar la responsabilidad médica de las entidades públicas y las fallas del servicio ocurridas con ocasión de las remisiones y los traslados inadecuados entre las instituciones prestadoras de salud, que pueden derivar en una pérdida de oportunidad para la vida de un paciente.

11. De igual manera, indicó que la sentencia cuestionada pasó por alto garantías constitucionales como la vida, la salud , el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, al prescindir de elementos probatorios determinantes para resolver el litigio, lo cual configuró el defecto de violación directa de la Constitución.

2.3. Trámite procesal

12. El despacho ponente, mediante auto del 1 de septiembre de 2025 4, admitió la demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada , es decir, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , y puso en conocimiento el escrito de tutela a los señores Doris Álvarez Manzano, Leydi Johana, Robinson y otros5, al Hospital San Vicente Ferrer ESE, al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ESE, al Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE, a La Previsora SA , al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali ; y a las personas que integraron la parte demandante, demandada y los demás sujetos vinculados, dentro del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-014-2013-00425-01, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

reparación directa con radicado 76001-33-33-014-2013-00425-01, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 6 manifestó que la providencia objeto de tutela no vulneró los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la parte demandante, pues se encuentra fundamentada en las pruebas válidamente allegadas al proceso, en los lineamientos jurisprudenciales vigentes, en la normatividad aplicable al caso, y se profirió con el respeto de las garantías legales y constitucionales.

3 Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172). 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05303-00 índice 4, certificado 8ADEB49501040561 2FBB2C7482500729 0EF64C60CA65133C E9E4FEDE5C668C98. 5 Se aclara que la totalidad de las personas vinculadas se encuentran identificadas en el auto admisorio de la tutela. 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05303-00 Incide 8, certificado 0B71397BFE5826DE FD7FD0F6B6574A8D DBDAEE1CCA71430C 36561F1D26E433AC.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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14. En este sentido, advirtió que la acción de tutela no es procedente cuando la censura del actor radica exclusivamente en la discrepancia con la decisión adoptada, como ocurre en este caso, en el cual es evidente que la parte accionante pretende que se profiera un nuevo fallo en el que s e acceda a las pretensiones de la demanda, ya que no comparte las consideraciones de la Sala para resolver el recurso de apelación.

15. Por lo anterior, solicitó que se niegue la solicitud de amparo, comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

16. La Previsora S.A., compañía de seguros7, informó que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues en la providencia cuestionada no se configuró irregularidad procesal alguna, que constituya una vulneración de los derechos fundamentales del actor y que tenga una incidencia directa en la resolución del caso.

17. Afirmó que el accionante se limitó a señalar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió valorar integralmente las pruebas allegadas al proceso , pero no estableció ni argumentó en qué consistían las falencias probatorias y cuáles eran sus efectos directos en la decisión.

18. Adicionalmente, refirió que la autoridad accionada no incurrió en defecto fáctico porque realizó un análisis detallado de la historia clínica, del dictamen pericial aportado

efectos directos en la decisión.

18. Adicionalmente, refirió que la autoridad accionada no incurrió en defecto fáctico porque realizó un análisis detallado de la historia clínica, del dictamen pericial aportado al proceso, de su sustentación durante la audiencia de pruebas, así como de las guías de manejo emitidas por el Ministerio de Salud.

19. De este modo, advirtió que el Tribunal realizó una valoración integral y objetiva del acervo probatorio allegado al proceso, conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual le permitió concluir que no existía una relación de causalidad entre la atención médica prestada por los centros de salud demandados y el fallecimiento del señor Francisco González Rodríguez. Asimismo, se determinó que la prestación del servicio por parte de los hospitales accionados se ajustó a la lex artis y a los protocolos médicos aplicables.

20. Indicó que la decisión del Tribunal puso de presente que las debilidades advertidas en la historia clínica no tuvieron una relación de causa y efecto con el fallecimiento del señor González Rodríguez, lo cual obedeció a una patología preexistente que fue identificada en los análisis preoperatorios realizados en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Dicha condición fue puesta en conocimiento del paciente y de sus familiares, quienes otorgaron su consentimiento para la realización del procedimiento quirúrgico, el cual se llevó a cabo exitosamente. No obstante, en el posoperatorio, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio que motivó su traslado al Hospital Universitario del Valle, donde falleció.

21. Además, destacó que no se desconoció el precedente jurisprudencial, toda vez

un paro cardiorrespiratorio que motivó su traslado al Hospital Universitario del Valle, donde falleció.

21. Además, destacó que no se desconoció el precedente jurisprudencial, toda vez que al paciente se le prestó una atención conforme a la lex artis, los protocolos médicos y el nivel de complejidad de cada institución médica que intervino en su caso, por lo que no se configuró una violación directa de la constitución.

7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05303-00, índice 14, certificado 8230C0E44D58DA73 65C94288DB65046E B0CEA457DC650840 69E63FE8448D3585.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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22. Agregó que la parte actora no demostró la existencia de una actuación «arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos fundamentales», por lo que en realidad se evidencia es una mera inconformidad con lo dispuesto por el Tribunal accionado.

23. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente o, en su defecto, se niegue el amparo de tutela promovido por la parte actora.

24. El Juzgado Catorce Administrativo de Cali8 afirmó que la sentencia de primera instancia proferida por el despacho dentro del proceso de reparación directa objeto de

amparo de tutela promovido por la parte actora.

24. El Juzgado Catorce Administrativo de Cali8 afirmó que la sentencia de primera instancia proferida por el despacho dentro del proceso de reparación directa objeto de estudio, no vulneró las prerrogativas fundamentales de las partes , toda vez que se garantizaron los derechos procesales y sustanciales de los sujetos que intervinieron en la actuación judicial.

25. Manifestó que los argumentos de la parte actora no atacan la decisión adoptada por el juzgado; por el contrario, se dirigen a cuestionar la valoración probatoria realizada en la providencia de segunda instancia, ante la inconformidad con el análisis del dictamen pericial y la omisión de los indicios, por lo que deberá el juez de tutela establecer si lo que se plantea por la parte actora, es suficiente para realizar un estudio de fondo de la decisión judicial cuestionada.

26. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ESE de Tuluá 9, expuso que el accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió ante el juez natural del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, sin desarrollar un argumento concreto que amerite la intervención del juez de tutela.

27. A su juicio, la sentencia del Tribunal efectuó un análisis razonable y coherente de la historia clínica de la víctima y del dictamen pericial, toda vez que en el contenido de la decisión cuestionada se explicó el alcance probatorio de los elementos aportados al proceso para desestimar las pretensiones de la parte actora.

28. Adicional a lo anterior, la providencia acusada realizó un estudio de los reparos

la decisión cuestionada se explicó el alcance probatorio de los elementos aportados al proceso para desestimar las pretensiones de la parte actora.

28. Adicional a lo anterior, la providencia acusada realizó un estudio de los reparos planteados en el escrito de ap elación, relacionados con: i) la valoración probatoria; ii) las incongruencias en la parte motiva sobre la determinación de responsables; iii) la concurrencia de culpas; iv) la falta de relación de causa efecto entre el daño alegado y las deficiencias no establecidas en la historia clínica; y, v) la estimación y liquidación de perjuicios.

29. Los señores Doris Álvarez Manzano, Leydi Johana, Robinson y otros10, el Hospital San Vicente Ferrer ESE y el al Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE guardaron silencio.

8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05303-00, índice 1 5, certificado 05983ABA572875C7 930898B14CF948E1 C2B12D6D1E7DFA8A C4FE896E03B43DC4. 9 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05303-00, índice 1 9, certificado 2938050BF16A09D1 95C04801CCB5F12E 74F7204CD56FD34E 7136D790ED5E1973. 10 Se aclara que la totalidad de las personas vinculadas se encuentran identificadas en el auto admisorio de la tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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II. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Luis María González Álvarez en contra del el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa por activa del señor Luis María González Álvarez está acreditada porque fue uno de los integrantes de la parte demandante en el proceso de reparación directa en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

33. En el presente asunto , se observa que la parte actora, en el escrito de amparo, alegó que la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución ; sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud, se advierte que la inconformidad se concreta en

del Valle del Cauca incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución ; sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud, se advierte que la inconformidad se concreta en la interpretación y valoración de las pruebas que realizó la autoridad judicial accionada dentro del proceso de reparación directa. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo la posible configuración de un defecto fáctico.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional12.

35. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

Accionante: Luis María González Álvarez

12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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1. que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

36. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

37. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del

orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

38. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

39. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en

concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»18; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y

13 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y

13 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 14 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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1. que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

40. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

41. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la

juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

41. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

42. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 25 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 28 de julio siguiente19, y la demanda de tutela se presentó el 26 de agosto de 2025 20, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como razonable.

43. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

44. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

45. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

45. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Luis María González Álvarez . En particular, deberá establecer si incurrió en defecto fáctico al proferir la sentencia del 25 de julio de 2025 , que revocó la providencia del 23 de marzo de 2023 , expedida por el Juzgado Catorce Administrativo de Cali , por medio de la cual se condenó a la parte demandada , a reparar los perjuicios morales y materiales reclamados por los demandantes al interior del proceso de reparación directa.

19 Samai, exp. 76001-33-33-014-2013-00425-01, índice 36. 20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05303-00, índice 1. 21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05303-00

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47. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

48. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 23. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 24» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”» 25. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales det