CE - Sentencia 11001031500020250530401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa . Subtema 2: error judicial . Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo, procedimental , desconocimiento del precedente y decisión sin motivación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la impugnación interpuesta por César Augusto Puentes Ávila, contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor César Augusto Puentes Ávila , por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso , a la defensa y al acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados con ocasión de la s sentencias del 26 de junio de 2024 y del 18 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva

debido proceso , a la defensa y al acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados con ocasión de la s sentencias del 26 de junio de 2024 y del 18 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila , dentro del expediente identificado con el radicado núm. 41000-33-33-002-2023-00300-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor César Augusto Puentes Ávila radicó demanda ejecutiva contra los

señores Rodrigo Celada Cicery y Yesid Celada Cardoso.

3. El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, a través de auto del 27 de enero de 2020, libró mandamiento de pago por valor de 20.000.000 de pesos, y ordenó la notificación personal a los ejecutados.

4. El referido juzgado, por medio de auto del 3 de mayo de 2021, decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 317 del CGP. Dicha providencia se notificó el 4 de mayo de 2021 y cobró ejecutoria el 7 siguiente.

terminación del proceso por desistimiento tácito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 317 del CGP. Dicha providencia se notificó el 4 de mayo de 2021 y cobró ejecutoria el 7 siguiente.

5. El demandante, por medio de escrito del 22 de junio de 2021, solicitó un control de legalidad de las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo; sin embargo, el juzgado por auto del 9 de julio de 2021 negó la petición del actor. Esta decisión fue confirmada, en providencia del 6 de octubre del 2021.

6. Posteriormente, el señor César Augusto Puentes Ávila presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios causados por las actuaciones judiciales que, a su juicio, se desarrollaron de manera irregular y no le permitieron efectuar el cobro del título valor con sus respectivos intereses.

7. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, mediante auto del 21 de marzo de 2024, inadmitió la demanda, para que se aportara la constancia de la conciliación prejudicial. Además, ordenó oficiar al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, para que expidiera certificación de la constancia de notificación y ejecutoria del auto del 3 de mayo de 2021 , emitido dentro del expediente con radicado 41001-41-89-003-2020-00042-00.

8. La parte demandante con memorial del 2 de abril de 2024 allegó el documento

expediente con radicado 41001-41-89-003-2020-00042-00.

8. La parte demandante con memorial del 2 de abril de 2024 allegó el documento requerido por el despacho judicial, con el que subsanó la demanda.

9. El citado juzgado, por medio de auto del 26 de junio de 2024, rechazó la demanda de reparación directa , al considerar que había operado la figura de la caducidad, con fundamento en el siguiente argumento:Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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En efecto, el error judicial que se imputa tuvo lugar con la expedición del auto del 3 de mayo de 2021, el cual cobró ejecutoria el 7 de ese mismo mes y año (f. 13 samai, pág. 1 a 3) y, por medio del cual se decretó la terminación del proceso por aplicació n del desistimiento tácito, luego a partir del 8 de mayo de 2021 comenzó a correr el término de caducidad y el mismo concluiría el 8 de mayo de 2023, pero se avista que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó hasta el 6 de octubre de 2023 (f . 9 samai), cuando para ese entonces el término de caducidad había sido ampliamente superado y finalmente, la demanda fue presentada el 8 de noviembre de 2023 (f. 4 samai, pág. 1-3), cuando el término había ya fenecido.

10. La parte demandante inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación.

1-3), cuando el término había ya fenecido.

10. La parte demandante inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación.

11. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia del 1 8 de febrero de 2025, confirmó en todas sus partes la providencia de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1. Amparar de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, que fueron vulnerados por el

Juzgado Segundo A dministrativo de Neiva y el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

2. Dejar sin efectos los autos proferidos el 26 de junio de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, el auto del 18 de febrero de 2025 del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y el auto del 19 de marzo de 2025, en cuanto rechazaron la dem anda de reparación directa por caducidad, cerrando injustificadamente la posibilidad de acudir al medio de control respectivo.

3. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva que, en garantía de los derechos fundamentales del accionante, proceda a admitir la demanda de reparación directa presentada el 11 de noviembre de 2023, dentro de los términos de ley, valorando las circuns tancias específicas del caso, el principio pro actione, el principio pro damnato y los efectos interruptos y suspensivos de la conciliación extrajudicial.

4. Prevenir al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y al Juzgado Segundo

el principio pro damnato y los efectos interruptos y suspensivos de la conciliación extrajudicial.

4. Prevenir al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva para que, en futuras decisiones, apliquen una interpretación conforme a la Constitución y a los precedentes jurisprudenciales sobre el término de caducidad en acciones de reparación directa, garantizando de esta forma el acceso efectivo a la justicia.

5. Adoptar las demás medidas necesarias para restablecer integralmente los derechos fundamentales vulnerados y garantizar que el accionante pueda ejercer en condiciones de igualdad y eficacia su derecho de acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa

13. Como fundamento de sus pretensiones , la parte actora manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente porque

1 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 3, certificado núm. 2AC338B25086BC12 33DE9A3C01321E14 4E504B77E8C5CB16 7D16939614FF09D7.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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no tuvieron en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado2 han indicado reiteradamente que el término de caducidad debe contarse desde el momento en que se tiene certeza del daño, y no desde la ocurrencia del hecho que lo origina.

14. Asimismo, expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un

desde el momento en que se tiene certeza del daño, y no desde la ocurrencia del hecho que lo origina.

14. Asimismo, expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo porque no efectuaron una interpretación de las normas que regulan el término de caducidad del medio de control de reparación directa con un enfoque constitucional, a partir de las especiales circunstancias que ocurrieron en su caso.

15. Adicionalmente, refirió que en el asunto bajo estudio se configuró un defecto procedimental, debido a que el juzgado accionado, mediante auto del 21 de marzo de 2024 , inadmitió la demanda de reparación directa porque no se aportó la constancia de la conciliación extrajudicial. En consecuencia, no podía posteriormente rechazarla con el argumento de no superar el presupuesto de la caducidad.

16. Por otra parte , manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico , por cuanto omitieron desarrollar un análisis adecuado de los elementos probatorios aportados al expediente ordinario, con los cuales se podía constatar que, si bien la causa del daño provenía de la omisión de la administración de justicia de no tramitar adecuadamente los memoriales de notificación dentro del proceso ejecutivo, hecho que culminó en el decreto del desistimiento tácito, lo cierto es que el demandante solo tuvo certeza de este, tiempo después.

17. En este sentido explicó que las autoridades accionadas asumieron erróneamente que la consumación del daño se produjo desde el auto que decretó el desistimiento tácito, cuando lo cierto es que solo a partir del 6 de noviembre de

17. En este sentido explicó que las autoridades accionadas asumieron erróneamente que la consumación del daño se produjo desde el auto que decretó el desistimiento tácito, cuando lo cierto es que solo a partir del 6 de noviembre de 2021, fecha en la que se cumplieron los seis (6) de la sanción procesal derivada de dicho desistimiento, pudo tener certeza del perjuicio, pues antes de ese momento no era viable promover una nueva demanda ejecutiva, además de que existía la posibilidad de que el deudor reconociera la obligación.

18. Agregó que se implementó de manera rígida la causal de caducidad, sin ponderar las circunstancias particulares del caso. Además, no se tuvo en cuenta «la suspensión del término de caducidad derivado de la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 6 de octubre de 2023».

19. Finalmente, expuso que el auto del juzgado accionado que rechazó la demanda careció motivación, por cuanto no explicó las razones por las cuales se generó un daño antijuridico con la decisión que decretó desistimiento tácito.

2 Se aclara que en el escrito de tutela no se específica las sentencias que el actor alega desconocidas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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2.3. Trámite procesal

20. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 29 de agosto de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal

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2.3. Trámite procesal

20. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 29 de agosto de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Huila y al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva , y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

21. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva 4 solicitó que se declare improcedente o, en su defecto, se niegue la tutela, toda vez que carece de relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate jurídico que se surtió en las instancias correspondientes al interior del trámite judicial de reparación directa.

22. Agregó que las actuaciones desarrolladas al interior del medio de control invocado por el tutelante se surtieron con el respeto de los derechos y las garantías procesales de las partes, por lo que no es posible advertir irregularidad alguna.

23. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 5 solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, comoquiera que no se observa una acción u omisión de las autoridades accionadas que haya vulnerado los derechos de la tutelante.

24. De esta manera, explicó que las decisiones cuestionadas se encuentran sustentadas en los hechos probados, la normativa y la jurisprudencia aplicable, por lo que no se observa irregularidad alguna que requiera la intervención del juez de tutela.

25. Adicionalmente, refirió que no es posible advertir un defectuoso funcionamiento

lo que no se observa irregularidad alguna que requiera la intervención del juez de tutela.

25. Adicionalmente, refirió que no es posible advertir un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia . De modo que las peticiones de reparación directa no están llamadas a prosperar.

26. En este sentido, concluyó que la presente acción constitucional se interpuso para revivir un debate que ya se agotó y para obtener un procesamiento favorable a sus intereses, lo cual desconoce el carácter excepcional de la tutela.

27. Por otra parte, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque los cargos se dirigen exclusivamente en contra de las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicitó su desvinculación del presente asunto.

3 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 4, certificado núm. E974320E53E6D2E2 2D6C3A645253E033 E144ADFC875385BA 032396ABFEE41272. 4 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 12, certificado núm. 1BB6D734B7E2446D 6CEFC9DA4B8FF44B 5B862DD8DC1067D4 6E15A5985D671915. 5 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 9, certificado núm. 888CE9CF25AD00D0 E569C5F901B344D4

9F41EB8079E8E0E0 7BD05C30274AC0DE.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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28. El Tribunal Administrativo del Huila6 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia

29. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025 7 negó la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que el asunto no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional.

30. Al respecto, indicó que los argumentos expuestos por la parte demandante en la solicitud de amparo de ninguna manera se dirigen a controvertir las razones por las cuales el Tribunal accionado confirmó la decisión que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

31. Afirmó que la parte actora planteó una mera inconformidad con lo dispuesto por el ad quem y acudió a otros escenarios para no resultar afectado por el cómputo del término preclusivo en su caso.

32. Destacó que el daño alegado por el tutelante se consolidó con una providencia, por lo que no era posible considerar como una actuación arbitraria la determinación del Tribunal de contar el plazo judicial desde la fecha de la ejecutoria del proveído

32. Destacó que el daño alegado por el tutelante se consolidó con una providencia, por lo que no era posible considerar como una actuación arbitraria la determinación del Tribunal de contar el plazo judicial desde la fecha de la ejecutoria del proveído que le impidió al señor César Augusto Puentes Ávila cobrar la suma de dinero que le adeudaban los señores Rodrigo Celada Cicery y Yesid Celada Cardoso porque en últimas, es esa la decisión que configura el hecho dañoso que afectó al actor.

33. En concreto, concluyó que en este caso no se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional, puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta transgresión de algunos derechos fundamentales, reabrir el debate probatorio y pretender modificar el criterio del Tribunal accionado que, a primera vista, no resulta irrazonable o arbitrario.

2.6. Impugnación

34. La parte actora presentó impugnación8 en contra de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta. En su escrito indicó que la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, debido a que existe una afectación de su derecho al acceso a la administración de justicia.

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 10, certificado núm. 45A37F7B10DA1EC2 5D7F2215A7BC0218

3D1B810B2A5F4D7B 3E3897B921487FED. 7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 1 4, certificado núm. FF8A10A27A8D701D 99E2370B919DCB52 0C2B8B5EDB37EE81 273DBD97B1D0EF6C. 8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-05304-00, índice 19, certificado núm. 28F52D594A9D982 449CCC0B491F0337 882E8C7C5830D6D1 9C65ACB33860E0DC.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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35. Lo anterior, por cuanto el rechazo de la demanda de reparación directa cerró definitivamente la posibilidad de acudir al juez natural, lo cual constituye una restricción desproporcionada e irrazonable del mencionado derecho fundamental.

36. Explicó que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta que la Corte Constitucional9 ha reiterado que, en caso de duda sobre el inicio del cómputo del término de caducidad, debe preferirse la interpretación que garantice el acceso a una decisión de fondo por parte de la víctima.

37. Adicionalmente, indicó que no se trata de un asunto de mera legalidad ni de un debate económico particular ni una simple discrepancia frente a un criterio judicial , pues lo que se pretende es determinar si la aplicación exegética de una norma

37. Adicionalmente, indicó que no se trata de un asunto de mera legalidad ni de un debate económico particular ni una simple discrepancia frente a un criterio judicial , pues lo que se pretende es determinar si la aplicación exegética de una norma procesal de caducidad vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, especialmente cuando se impide en forma absoluta la reparación de daños antijurídicos causados por la administración de justicia.

38. Insistió en que los despachos judiciales accionados aplicaron la norma sobre caducidad de manera rígida, sin atender a los principios constitucionales de acceso a la justicia y reparación integra l, pues desconocieron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reconocido que la caducidad no es una regla absoluta ni inmodificable, y debe interpretarse a la luz del principio pro actione y pro damnato.

39. Agregó que las autoridades accionadas iniciaron el cómputo del término a partir del 7 de mayo de 2021, fecha de ejecutoria del auto que decretó el desistimiento tácito en el proceso ejecutivo, sin valorar circunstancias especiales del caso que lo modificaban sustancialmente, como: i) el efecto de la sanción procesal de 6 meses del desistimiento tácito y ii) la suspensión por conciliación extrajudicial.

40. Afirmó que las decisiones objeto de tutel a omitieron realizar una valoración de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 6 de octubre de 2023 y los efectos jurídicos que de ella se derivaban , la cual permitía deducir que dicho trámite fue radicado antes del vencimiento del plazo para acudir a la jurisdicción , esto si se

jurídicos que de ella se derivaban , la cual permitía deducir que dicho trámite fue radicado antes del vencimiento del plazo para acudir a la jurisdicción , esto si se cuenta el término desde el 6 de noviembre de 2021, fecha en que realmente se consolidó el daño.

41. Finalmente, expuso que la providencia impugnada carece de motivación, en tanto no cumplió con el estándar de argumentación exigido en materia de tutela contra providencias judiciales , pues se limitó a reiterar lo resuelto por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, sin efectuar un examen autónomo y detallado de las particularidades del caso.

42. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

9 Corte Constitucional, sentencias SU-424 de 2012 y T-212 de 2019Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

44. La legitimación en la causa por activa del señor César Augusto Puentes Ávila

septiembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

44. La legitimación en la causa por activa del señor César Augusto Puentes Ávila está acreditada porque fue el demandante en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas los autos que, a su juicio, desconoci eron sus derechos fundamentales.

45. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y del Tribunal Administrativo del Huila, debido a que fueron las autoridades que profirieron las providencias, objeto de estudio.

46. Por otro lado, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

47. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

48. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila , dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones

cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila , dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

49. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 18 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el señor César Augusto Puentes Ávila en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

50. Por otra parte, se observa que, la parte actora, en el escrito de amparo, pretende atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, iii) procedimental , iv) desconocimiento del precedente , y v) decisión sin motivación.

51. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad del tutelante se concreta en la interpretación normativa, jurisprudencial y probatoria que realizó la autoridad judicial para desestimar los argumentos planteados por el demandante sobre el momento procesal a partir del cual se debe establecer la caducidad del medio de control

normativa, jurisprudencial y probatoria que realizó la autoridad judicial para desestimar los argumentos planteados por el demandante sobre el momento procesal a partir del cual se debe establecer la caducidad del medio de control judicial invocado . Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

52. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10, y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional11.

53. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

54. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción

derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

54. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 12 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05304-01 (10476) Accionante: César Augusto Puentes Ávila Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

55. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente

procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

56. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

57. Así pues, la Corte Constitucional 15 ha fijado unos criterios que deben ser acatados para tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»17; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima

la forma de interpretar o