CE - Sentencia 11001031500020250530701 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: GLORIA PATRICIA VENEGAS como agente oficiosa de GSGV1

Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y

OTROS

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL PROFERIDA EN UN PROCESO DE IGUAL

NATURALEZA. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

AUTORIDADES PÚBLICAS.

Síntesis del caso: la actora, como agente oficiosa de su hija, presentó la acción de tutela contra una EPS y varias IPS por considerar que incumplieron un fallo de tutela del año 2009.

Adicionalmente, cuestionó una sentencia de tutela proferida por la Secc ión Quinta del Consejo de Estado y solicitó que se impartieran órdenes de inspección y vigilancia a diversas autoridades del sector salud. La Sala modificará la decisión impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela para ratificar que los reproches contra una sentencia de tutela no cumplen los requisitos excepcionales de procedencia y que frente al presunto incumplimiento del fallo de tutela de 2009 existe un trámite incidental de desacato activo; y que negó las pretensiones porque no se acreditó la omisión atribuida a las

presunto incumplimiento del fallo de tutela de 2009 existe un trámite incidental de desacato activo; y que negó las pretensiones porque no se acreditó la omisión atribuida a las entidades de supervisión sanitaria que habilitara la intervención del juez constitucional, sin embargo, modificará la providencia impugnada para incluir un exhorto a algunas de las autoridades públicas demandadas.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió:

“(...) SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela para atacar una sentencia dictada en otra acción de la misma naturaleza y obtener el cumplimiento de una orden de amparo, y NEGAR la protección constitucional reclamada frente a la suspensión de las sanciones por desacato y la petición de ordenar que se ejerzan las funciones de control y vigilancia, en atención a las consideraciones planteadas . (...)”. (mayúsculas y negrillas del or iginal – archivo disponible en medio

1 Debido a que en el presente asunto se estudia la vulneración de derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional y su historia médica, la Sala ocultará su nombre como una medida de protección a su intimidad.Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

2 magnético en el índice 00039 del expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Acción de tutela – Impugnación de fallo

2 magnético en el índice 00039 del expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 27 de agosto de 2025 (índice 0000 1 del aplicativo SAMAI), la parte actora en condición de agente oficiosa de su hija, promovió acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Fundación Especializada en Desarrollo Infantil ( Fedi), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, la Secretaría Municip al de Salud de Palmira, la EPS EMSSANAR, las IPS Ensalud Colombia SAS y Strategos Medical Solution SAS , la sociedad Welli Colombia SAS y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Palmira , con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales del debido proceso , acceso a la administración de justicia y salud, consagrados en los artículos 29, 229 y 49 de la Constitución Política , los cuales consideró vulnerados por las actuaciones adelantadas dentro de un trámite incidental de desacato; señaló, además, que la sentencia de tutela del 22 de octubre de 2024, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió la imposición de sanciones impuestas en sede de desacato, había generado afectaciones al cumplimiento efectivo de la orden de amparo en favor de la agenciada.

1. Los hechos de la demanda

imposición de sanciones impuestas en sede de desacato, había generado afectaciones al cumplimiento efectivo de la orden de amparo en favor de la agenciada.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. La agenciada GSGV, de 27 años, es una persona con discapacidad severa, diagnosticada con parális is cerebral infantil, epilepsia, movilidad reducida, dependencia funcional total, incontinencia urinaria y fecal, gastrostomía y traqueostomía, cuya atención en salud ha sido objeto de medidas de protección constitucional desde un fallo de tutela proferido el 5 de mayo de 2009 en el proceso no. 76520 -40-03-002-2009-00269-00 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira, decisión que ordenó a EMSSANAR EPS garantizar atención integral, medicamentos, insumos asistenciales, transporte y terapias.Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

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1. Durante un tiempo, Emssanar y las IPS de su red cumplieron las órdenes impartidas en la sentencia de amparo, sin embargo, desde septiembre de 2024 y con ocasión de los problemas administrativos que atravesó la EPS, se produjo un quiebre en la continuidad de la a tención, pues dejaron de entregar los insumos médicos requeridos, a pesar de existir órdenes médicas vigentes.

1. A partir de dicha situación, la agenciada comenzó a enfrentar serias dificultades

médicos requeridos, a pesar de existir órdenes médicas vigentes.

1. A partir de dicha situación, la agenciada comenzó a enfrentar serias dificultades para acceder a los medicamentos anticonvulsivos (en especial, fenobarbital) y al suplemento nutricional Ensure, así como a otros insumos médicos necesarios para su soporte vital, situación que la expone a crisis epilépticas, agudización de su desnutrición, descompensaciones clínicas y deterioro progresivo de su es tado de salud.

1. Frente a los incumplimientos reiterados, ha promovido múltiples incidentes de desacato (12 en total) dentro del trámite de la acción de tutela 2009 -00269-00, por el incumplimiento del fallo que ordenó la prestación integral del servicio; en desarrollo de los cuales, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira ha impuesto sanciones por desacato a funcionarios de Emssanar, que incluso fueron confirmadas en el grado jurisdiccional de consulta por el Juzgado Quinto Civil del

Circuito de Palmira.

1. No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de l 30 de enero de 2025, resolvió una acción de tutela promovida por Emssanar y otros en el expediente no. 11001 -03-15-000-2024-04475-00, relacionada con el mismo contexto fáctico2 y ordenó, entre otras, suspender durante un periodo de un (1) año, la ejecución de las sanciones de multa y arresto impuestas en el trámite incidental de desacato en contra de vari as personas que ostentaban u ostentaron cargos

la ejecución de las sanciones de multa y arresto impuestas en el trámite incidental de desacato en contra de vari as personas que ostentaban u ostentaron cargos

2 En la acción de tut ela no. 11001 -03-15-000-2024-04475-00, en la cual no hizo parte la aquí demandante Gloria Patricia Venegas o la agenciada, la Sección Quinta del Consejo de Estado conoció la solicitud presentada por Emssanar SAS y varios de sus directivos y funcionarios, quienes alegaban que las sanciones impuestas en el incidente de desacato adelantado para exigir el cumplimiento del fallo de tutela del 5 de mayo de 2009 habían sido adoptadas con desconocimiento de sus garantías constitucionales. Los demandantes alegaron que diversos trámites incidentales presentaban irregularidades sustanciales tales como ausencia de notificaciones adecuadas, falta de individualización de las conductas, motivaciones insuficientes, valoración incompleta del material probatorio y una sanción cuya severidad no se correspondía con el análisis concreto de su responsabilidad personal.Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

4 directivos o como fun cionarios en Emssanar 3; decisión que fue invocada por Emmsanar y las IPS Strategos Medical Solution SAS, Welli Colombia SAS y Ensalud Colombia SAS para dejar de cumplir las órdenes de amparo impartidas en el caso de la agencia relacionadas con el fallo del año 2009.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora afirmó que la vulneración de sus derechos fundamentales derivó de la

el caso de la agencia relacionadas con el fallo del año 2009.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora afirmó que la vulneración de sus derechos fundamentales derivó de la sentencia de tutela del 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuanto ordenó la suspensión de las sanciones por desacato; de las omisiones de Emssanar SAS y de las IPS demandadas en el suministro integral y continuo de los servicios de salud, medicamentos e insumos ordenados por los médicos tratantes; y de la falta de supervisión efectiva por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, e l Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, ADRES y la Secretaría de Salud de Palmira, respecto de la conducta de la EPS y las IPS, en orden a garantizar la continuidad, integralidad y oportunidad en la prestación del servicio médico requerido por la agenciada.

Agregó que la sentencia de tutela de 30 de enero de 2025 desconoció el principio del interés superior de los sujetos de especial protección constitucional, en atención a que, la decisión de suspender las sanciones por desacato generó un “escudo de inmunidad” para Emssanar que debilita la eficacia de la acción de tutela y del incidente de desacato , por cuanto termina por afectar de manera directa los derechos fundamentales de la agenciada; por ello, solicitó que se inaplicara dicha providencia por vía de excepción de inconstitucionalidad.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

providencia por vía de excepción de inconstitucionalidad.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

3 César Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Oscar Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna, Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando, Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía, Marizol Guzmán Gaspar, Camilo Andrés Sánchez Valencia, Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina

Hernández RicoExpediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

5 “PRIMERA. Solicito a este despacho inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad (artículo 4º de la Constitución Política), la sentencia de primera instancia proferida el treinta (30) de enero de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del ra dicado 11001 -03-15-000-2024-04475-00, en cuanto suspendió por el término de un año la ejecución de sanciones de multa y arresto por desacato en favor de la EPS Emssanar S.A.S. y de sus directivos. (...)

SEGUNDA. Como consecuencia de la inaplicación de la providencia señalada, solicito a este despacho amparar de manera inmediata e

sus directivos. (...)

SEGUNDA. Como consecuencia de la inaplicación de la providencia señalada, solicito a este despacho amparar de manera inmediata e integral los derechos fundamentales de la menor (sic) (...) a la vida digna, la salud y la seguridad social, ordenando a la EPS Emssanar S.A.S., y en forma subsidiaria a la ADRES, con responsabilidad recíproca de la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, el Ministerio de Salud y Protección Social y las IPS vinculadas, garantizar de forma urgente y continua la prestación integral de servicios de salud, medicamentos, insumos médicos y cualquier tratamiento ordenado por los médicos tratantes. (...)

PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y la seguridad social de la menor (sic) (...), y en consecuencia ordenar de manera urgente y definitiva a la EPS Emssanar, y en forma subsidiaria a la ADRES, con responsabilidad reciproca de la Superintendencia Nacional de Salud, Secretaría de Salud del Valle del Cauca, Ministerio de Salud y Protección Social, así como de las IPS e instituciones prestadoras vinculadas al caso, garantizar la prestación integral, continua e inmediata de los servicios de salud, postquirirgicos y tratamientos prescritos, conforme al principio de salud continua.

SEGUNDA. Ordenar a la IPS STRATEGOS MEDICA L SOLUCION SAS,

NIT 901361856 -4, WELLI COLOMBIA SAS, NIT 900.723.696 -3, IPS

ENSALUD COLOMBIA S.AS. NIT. 900.596.447 -0, IPS DROGUERÍA

ENSALUD COLOMBIA S.A.S. ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA, FEDI

ENSALUD COLOMBIA S.AS. NIT. 900.596.447 -0, IPS DROGUERÍA

ENSALUD COLOMBIA S.A.S. ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA, FEDI FUNDACIÓN ESPECIALIZADA EN DESARROLLO INFANTIL “FEDI”, la entrega inmediata, continua y suficiente de todos los medicamentos formulados (Fenobarbital, Ácido Valproico, Emmsure, entre otros) e insumos médicos especializados (pañales, sondas, botón gástrico, bolsas de alimentación enteral, cremas médicas, soluciones, entre otros), así como cualquier tratamiento o procedimiento ordenado por los médicos tratantes de rehabilitación medica de la menor (sic).

TERCERA. En caso de requerirse traslado a otra ciudad o departamento, ordenar a la EPS Emssanar asumir los gastos de tra nsporte, traslado y alojamiento de la paciente y un acompañante, de conformidad con la Sentencia T-259 de 2019 de la Corte Constitucional. ”. (mayúsculas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 0000 1 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación en primer grado

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por auto del 9 de septiembre de 2025 admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira, a la EPS Emssanar, a la SuperintendenciaExpediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

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Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

6 Nacional de Salud, a la Secretaría de Salud de la Gobernación Valle del Cauca, al Ministerio de Salud y Protección Social, a las IPS Strategos Medical Solution SAS y Ensalud Colombia SAS, a la sociedad Welli Colombia SAS, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud (ADRES), a la Secretaria Municipal de Salud de Palmira y a la Fundación Especializada E n Desarrollo Infantil (FEDI), con el fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

5. Sentencia de primera instancia

El 17 de octubre de 2025 (índice 00039 del aplicativo SAMAI), la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia que declaró improcedente el amparo solicitado en cuanto a las pretensiones dirigidas a controvertir la sentencia de tutela del 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación y negó el amparo frente a los efectos de la suspensión de las sanciones por desacato y la petición de ordenar funciones de vigilancia y control por parte de algunas de las autoridades demandadas.

En cuanto a la pretensión de inaplicar por vía de ex cepción de inconstitucionalidad la sentencia de tutela del 30 de enero de 2025 emitida por la Sección Quinta en el proceso no. 11001-03-15-000-2024-04475-00, el a quo señaló que la excepción del artículo 4 de la Constitución se predica de la contradicción entre la Constitución y disposiciones legales, no frente a decisiones judiciales en acciones de tutela, por lo

artículo 4 de la Constitución se predica de la contradicción entre la Constitución y disposiciones legales, no frente a decisiones judiciales en acciones de tutela, por lo cual esta herramienta no era idónea en el caso concreto.

Desde la perspectiva de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda resultaba improcedente, por cuanto, tratándose de una acción de tutela contra una providencia de igual naturaleza, la actora no alegó ni probó que la decisión hubiera sido producto de una situación de fraude ni desarrolló la carga argumentativa reforzada exigida para dejar sin efectos una sentencia de tutela.

En el análisis sobre los efectos de la suspensión de las sanciones por desacato dispuesta en la sentencia del 30 de enero de 2025, examinó la forma en que, en el incidente de desacato no. 76520 -40-03-002-2009-00269-12, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira aplicó la orden de amparo emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y constató que dicho juz gado determinó la existencia deExpediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

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7 desacato, impuso sanciones de arresto y multa en contra del representante legal de Emssanar y, únicamente en virtud del fallo de la Sección Quinta, suspendió la ejecución de tales sanciones por un año, sin renunciar a sus po testades para asegurar el cumplimiento del fallo de 5 de mayo de 2009.

Esa suspensión no anuló el desacato ni eliminó la posibilidad de hacer efectivas las

ejecución de tales sanciones por un año, sin renunciar a sus po testades para asegurar el cumplimiento del fallo de 5 de mayo de 2009.

Esa suspensión no anuló el desacato ni eliminó la posibilidad de hacer efectivas las sanciones una vez vencido el término fijado, por lo cual concluyó que la aplicación de la sentenci a de 30 de enero de 2025 no generó la afectación constitucional alegada frente al suministro de medicamentos y atenciones médicas.

Respecto de la supuesta inobservancia de Emssanar y de las IPS demandadas en el cumplimiento del fallo de tutela de 5 de mayo de 2009, recordó que el mecanismo previsto para asegurar la ejecución de una acción de tutela es el incidente de desacato ante el juez que emitió la orden, instrumento que la propia accionante ya había utilizado y por el cual obtuvo la imposición de sanciones; sin perjuicio de ello, analizó los informes rendidos por Emssanar, Ensalud y FEDI, en los cuales se indicó que se ha atendido la prestación de servicios y el suministro de medicamentos e insumos, aunque con observaciones sobre la radicación tardía de fórmulas médicas por parte de la usuaria y la necesidad de corrección de una orden para el suplemento nutricional Ensure.

A partir de ese material, concluyó que no se acreditaba una situación de desatención grave o abandono que generara un daño inminen te o irremediable a la salud de la agenciada, y que la verificación plena del cumplimiento del fallo de 2009 correspondía al juez del desacato, no a la nueva acción de tutela.

En relación con las entidades de inspección, vigilancia y control (Superintendencia

agenciada, y que la verificación plena del cumplimiento del fallo de 2009 correspondía al juez del desacato, no a la nueva acción de tutela.

En relación con las entidades de inspección, vigilancia y control (Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud del Valle del Cauca, ADRES y Secretaría de Salud de Palmira), constató que no existían reclamaciones o solicitudes previas formuladas por la actora a nte dichas autoridades sobre los hechos materia de la acción de tutela, con la única salvedad de la actuación desplegada por la Superintendencia Nacional de Salud, que el 15 de septiembre de 2025 exhortó a Emssanar para que garantizara la efectiva prestación de los servicios de salud requeridos por la usuaria.

En ese contexto, consideró que no era posible atribuirles responsabilidad porExpediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

Demandante: Gloria Venegas como agente ociosa de GSGV Acción de tutela – Impugnación de fallo

8 omisiones en el ejercicio de sus funciones, ni ordenarles actuaciones específicas porque la situación no les había sido informada de manera directa por la usuaria y, en consecuencia, negó el amparo frente a la pretensión de que se les impartieran órdenes para ejercer sus competenci as de vigilancia y control en este caso concreto.

6. Impugnación

La parte actora presentó impugnación (índice 00048 del aplicativo SAMAI) y le fue concedida con auto de l 4 de noviembre de 202 5 (índice 000 50 del aplicativo

SAMAI).

6. Impugnación

La parte actora presentó impugnación (índice 00048 del aplicativo SAMAI) y le fue concedida con auto de l 4 de noviembre de 202 5 (índice 000 50 del aplicativo

SAMAI).

Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el a quo omitió pronunciarse de fondo sobre los reproches planteados en la acción de tutela, desconoció la verdadera dimensión del perjuicio que alegó padecer, se limitó a descartar la invocación de la excepción de inconstitucion alidad y a calificar el caso como una controversia de mera legalidad ; pese a que, a su juicio, la providencia del 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, produjo efectos prácticos que neutralizaron la eficacia de la sente ncia de tutela del 5 de mayo de 2009 y generaron una situación de desprotección para la agenciada, persona en condición de discapacidad grave.

Insistió en que la suspensión de sanciones por desacato derivó en una afectación directa y grave de sus derecho s fundamentales porque incentivó actuaciones administrativas que interrumpieron tratamientos esenciales.

La providencia impugnada desconoció el alcance del artículo 4 de la Constitución Política y de la doctrina constitucional en materia de control difuso, según la cual, la excepción de inconstitucionalidad es procedente también frente a providencias judiciales que desconozcan derechos fundamentales o que anulen la eficacia de fallos de tutela previos.

Se desconoció el principio de protección especial a p ersonas con discapacidad, previsto en el artículo 13 de la Constitución y desarrollado en la Convención sobre

fallos de tutela previos.

Se desconoció el principio de protección especial a p ersonas con discapacidad, previsto en el artículo 13 de la Constitución y desarrollado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales integran el bloque de constitucionalidad y se priorizó la estabilidad institucional de E mssanar sobre elExpediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

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9 deber de garantizar la continuidad y suficiencia de tratamientos esenciales para una usuaria con patologías severas.

La decisión impugnada desnaturalizó el incidente de desacato y vació de contenido el artículo 86 de la Constitución por considerar que la suspensión de las sanciones no comportaba vulneración alguna , cuando en realidad eliminó la coercibilidad del amparo ordenado en 2009 y dejó sin herramientas eficaces para garantizar su cumplimiento, en contravía de la jurisprudencia const itucional que reconoce el incidente de desacato como parte integral de la acción de tutela.

Finalmente, destacó que no se valoró debidamente la historia clínica del 9 de septiembre de 2025, con la cual se acreditó que desde marzo de 2025 se interrumpió el suministro de medicamentos vitales (fenobarbital, ácido valproico y Emmsure), así como la suspensión de servicios asistenciales esenciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero metodológico: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fu ndamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco pa ra desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.Expediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

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10 De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En los términos en que fue propuesta la acción de tutela, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró improcedentes y negó las pretensiones

fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En los términos en que fue propuesta la acción de tutela, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró improcedentes y negó las pretensiones de la acción de tutela para ratificar esa decisión, pero incluirá un exhorto a algunas de las autoridades demandadas, por las razones que pasan a exponerse:

2.1 La i mprocedencia de la acción de tutela contra sentencias de igual naturaleza

1. En tratándose de acciones de tutela contra sentencias de igual naturaleza, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no del recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:

“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla general es la de que no procede”.

(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que de be promoverse ante la Corte Constitucional”.

(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cues tionada; (ii)

de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cues tionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).

1. De manera complementaria , la sentencia T -039 de 2019 de la Corte Constitucional reiteró que “un comportamiento puede considerarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a unExpediente: 11001-03-15-000-2025-05307-01

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11 principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación qu e atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador.”.

1. En el asunto de la referencia, la parte actora cuestionó la sentencia de tutela proferida el 30 de enero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por

no deseado por el legislador.”.

1. En el asunto de la referencia, la parte actora cuestionó la sentencia de tutela proferida el 30 de enero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por estimar que la orden allí impartida, consistente en suspender por un año la ejecución de las sanciones impuestas dentro del incidente de desacato adelantado en el expediente 2009 -00269, generó una desprotección material de los derechos fundamentales de su hija y permitió que Emssanar y las IPS vinculadas interrumpieran prestaciones asistenciales esenciales.

1. No obstante, la parte actora no alegó ni demostró que dicha providencia hubiese sido producto de un fraude procesal, ni que en su expedición hubiera mediado actuación artificiosa o engañosa destinada a alterar el sentido de la