CE - Sentencia 11001031500020250531201 de 2025

Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Demandantes: MARCO FIDEL PARRA ROJAS Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por falta de relevancia constitucional. Confirma sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la providencia del 2 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los actores.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Marco Fidel Parra Rojas y Andrea Johanna Parra Peña, por intermedio

tutela interpuesta por los actores.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Marco Fidel Parra Rojas y Andrea Johanna Parra Peña, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela 1 en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral.

Estimaron quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 7 de febrero de 2025, que confirmó la sentencia del 12 de septiembre de 2019, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda, dentro de l proceso de reparación directa con radicado 18001-23-33-000-201200040-01/02 (65.057), promovido por los accionantes contra el Departamento del Caquetá, el municipio de Florencia (Caquetá) y la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional.

1.2. Pretensiones

1 Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 27 de agosto de 2025.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 En consecuencia, los tutelantes solicitaron lo siguiente:

PRIMERO: SE TUTELE nuestro derecho fundamental al debido proceso y a la

www.consejodeestado.gov.co 2 En consecuencia, los tutelantes solicitaron lo siguiente:

PRIMERO: SE TUTELE nuestro derecho fundamental al debido proceso y a la reparación integral vulnerados por el Consejo de Estado, al proferir sentencia de segunda instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la accionada REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de EstadoSección Tercera Subsección B, el 07 de febrero de 2025 dentro del medio de control de Reparación Directa que cursó bajo el radicado N°18001 -23-33-000-2012-0004002, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia y denegó las súplicas de la demanda referenciada.

TERCERO: SE ORDENE al Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B, proferir una nueva sentencia de fondo, que corres ponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral.

CUARTO: Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de mis derechos fundamentales.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

La parte actora afirmó que el 5 de febrero de 1982 adquir ió, por medio de una compraventa, el predio denominado «Las Pilitas» con una extensión aproximada de 20 hectáreas, acto jurídico que fue elevado a escritura pública y se registró ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá) bajo la matricula inmobiliaria n.º 420-0008252.

20 hectáreas, acto jurídico que fue elevado a escritura pública y se registró ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá) bajo la matricula inmobiliaria n.º 420-0008252.

Indicó que en el año 1986 adelantó la legalización del proceso de lotificación con la finalidad de ejecutar un programa de urbanización denominado «Nisola», por lo cual, la Oficina de Planeación Municipal de Florencia expidió una licencia parcial el 29 de enero de 1986 y ante la Superintendenc ia Bancaria se le otorgó el registro 01860033 en calidad de urbanizador.

Manifestó que el programa urbanístico quedó legalizado el 20 de marzo de 1987 , según la certificación expedida por el director de Planeación Municipal de Florencia y afirmó que sobre el mismo se autorizó un reloteo y la ejecución de algunas obras contenidas en el proyecto, autorizaciones que fueron revalidadas , mediante la Resolución 031 del 27 de abril de 1998 expedida por la Oficina de Planeación Municipal y protocolizadas, mediante escritura pública 2.172 del 7 de julio de 1998.

Sostuvo que, m ediante escritura pública 4204 del 15 de noviembre de 2007, transfirió a título de venta el lote distinguido con el número 16 de la manzana 7 del predio «Las Pilitas» a su hija y que a partir del 15 de febrero de 2010, un grupo aproximado de quinientas personas, en su mayoría desplazados , o cuparon mediante vías de hecho un área aproximada de cinco hectáreas y media del dicho

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro

mediante vías de hecho un área aproximada de cinco hectáreas y media del dicho

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 inmueble, cuyo terreno se encontraba deshabitado, por estar en el proceso de venta de lotes de urbanización «Nisola».

En virtud de lo anterior, aseguró que interpuso la primera querella de lanzamiento por ocupación de hecho y que el conocimiento de esta correspondió a la Inspección Superior de Justicia que programó diligencia para el 18 de febrero de 2010. Aseveró que el lanzamiento se llevó a cabo y que horas después el predio fue invadido nuevamente, circunstancia que se presentó igualmente los días 19 y 20 de febrero del mismo año.

Advirtió que, ante la reincidencia de la ocupación, el 25 de febrero de 2010 presentó una segunda querella que le correspondió conocerla a la Inspección Segunda de Policía del Centro de Justicia Municipal de Florencia, la cual programó la diligencia de lanzamiento para el 25 de marzo de 2010. Sin embargo, esta fue suspendida un día antes de lo programado fijándose como nueva fecha el 15 de abril de 2010, trámite que se suspendió nuevamente debido a la imposibilidad de la Policía Nacional de trasladar el personal por falta de recursos.

día antes de lo programado fijándose como nueva fecha el 15 de abril de 2010, trámite que se suspendió nuevamente debido a la imposibilidad de la Policía Nacional de trasladar el personal por falta de recursos.

Mencionó que el 31 de marzo y el 12 de abril de 2010, solicitaron al comandante de la Estación de Policía de Florencia , coronel Israel Robayo Cruz, a la señora alcaldesa Gloria Patricia Farfán Gutiérrez, al gobernador del Caquetá , Germán Medina Triviño y al inspector Segundo de Policía Fabio Castro Sanza, una medida preventiva de seguridad de vigilancia permanente de la Policía Nacional en el predio invadido.

Señaló que las entidades guardaron silencio, por lo que interpusieron una acción de tutela, en la que la Alcaldía de Florencia, la Gobernación del Caquetá y la Inspección de Policía de Florencia manifestaron no tener facultades ni competencia para ordenar esa medida . Indicó que el Comando de Policía de Florencia por su parte adujo: «le informamos que NO es procedente su solicitud, porque estaríamos saliendo de los parámetros establecidos para el Servicio de Policía».

Explicó que el 21 de abril de 2010, se realizó una reunión de concertación operativa en la Secretaría de Gobierno Municipal y se suscribieron compromisos para el segundo procedimiento de lanzamiento . Señaló que a pesar de ese desalojó, nuevamente el 25 de abril el predio fue invadido, debido a que los requerimientos efectuados relativos a obtener por parte de Policía Nacional la vigilancia sobre el área objeto de invasión no fueron atendidos.

Argumentó que por la falta de actuación efectiva de las entidades administrativas y

efectuados relativos a obtener por parte de Policía Nacional la vigilancia sobre el área objeto de invasión no fueron atendidos.

Argumentó que por la falta de actuación efectiva de las entidades administrativas y de policía, se radicó un oficio ante el Comando de Policía de Florencia, informando el hecho y solicitando apoyo policial para impedir que el predio siguiera afectado por las invasiones. Sin embargo, el comandante de la estación los invitó a presentar la querella respectiva para atender eficazmente el requerimiento.

Puso de presente que elevó un requerimiento el 7 de mayo de 2010, al director de la Policía Nacional, al presidente de la República, al ministro del Interior y de Justicia y al ministro de Defensa Nacional para solicitar apoyo con el fin de contrarrestar la afectación por la ocupación del citado inmueble. No obstante, manifestó que lasDemandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 entidades remitieron por competencia la petición a la Policía Nacional y la Alcaldía de Florencia.

Aclaró que, por tercera vez, el 19 de mayo de 2010 interpusieron una nueva querella, pero durante la diligencia de lanzamiento, la Inspección Segunda de Policía resolvió abstenerse de realizar el lanzamiento al cuestionarse el derecho de dominio y propiedad de los querellantes, al exhibirse por parte de la abogada de los

querella, pero durante la diligencia de lanzamiento, la Inspección Segunda de Policía resolvió abstenerse de realizar el lanzamiento al cuestionarse el derecho de dominio y propiedad de los querellantes, al exhibirse por parte de la abogada de los invasores una escritura pública con la que pretendía demostrar que el accionante no era el propietario de uno de los lotes.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 12 de septiembre de 2019 negó las pretensiones tras concluir que no se configuró el daño antijurídico alegado, por lo que apel aron la decisión y por medio de la decisión de 7 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B la confirmó, pues consideró que no se demostró la afectación del derecho a la propiedad de la parte actora, ni que se haya impedido la ejecución del proyecto de urbanización, durante el periodo en el que el predio fue invadido.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora destacó que la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo de una parte, que el daño no podía considerarse cierto en tanto no avizoró en el expediente soporte probatorio sobre la individualización y especificación de los bienes enajenados, por lo que no se tenía cert eza de los inmuebles sobre los cuales la parte demandante ostentaba la titularidad.

Alegó que la providencia acusada incurrió en un defecto fáctico por valoración deficiente e irracional del material probatorio obrante en el expediente. En concreto, reprocharon que en el proceso se practicaron dos dictámenes periciales 3 en los

deficiente e irracional del material probatorio obrante en el expediente. En concreto, reprocharon que en el proceso se practicaron dos dictámenes periciales 3 en los cuales se identificaban con precisión las áreas invadidas y los daños ocasionados, individualizando cada lote afectado con sus respectivas áreas, linderos, matrículas inmobiliarias y fichas catastrales, y afirmaron que para la época de los hechos l os accionantes eran los propietarios legítimos de los predios relacionados en esas pruebas.

Adujó que de haberse realizado una valoración probatoria integral en específico de los dictámenes periciales y su complementación se habrían identificado e individualizado cada uno de los inmuebles objeto de invasión sobre los cuales los actores demostraron el derecho de propiedad tanto para el momento de los hechos, como a la fecha de presentación de la demanda, existiendo entonces, la certeza sobre la afectación del derecho de propiedad, lo que implicó la acreditación del daño dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado.

3 El dictamen pericial del 25 de marzo de 2011, realizado por el arquitecto Darío Antonio Pachecho al predio invadido del área no construida de la urbanización «Nisola» (Florencia Caquetá) de propiedad de los accionantes y dictamen realizado por el ingeniero civil Pedro Antonio Farieta Gasca, complementado por el arquitecto Ilde Rivera Losada.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Concluyó que la titularidad sobre los predios se acreditó con las escrituras públicas y los certificados de libertad aportados con la demanda y aseguraron que la decisión acusada fue arbitraria, pues no tuvo en cuenta que existía plena prueba de la individualización y especificación de los inmuebles objeto de invasión . Además, porque supeditó la acreditación del daño a circunstancias posteriores a su causación debido a que se tuvieron en cuenta las compraventas que se celebraron con algunos ocupantes de los lotes ignorando que, para el momento en el que se celebraron, la afectación al derecho de propiedad se encontraba consolidada.

Por lo anterior, señalaron que se desconocieron las reglas fijadas por el legislador y la Corte Constitucional en materia de valoración de la prueba y la responsabilidad patrimonial del Estado.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 2 de septiembre de 2025 4, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela notificó al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y ordenó vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Caquetá, al Municipio de Florencia, al Departamento del Caquetá y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

del Caquetá, al Municipio de Florencia, al Departamento del Caquetá y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6 Intervenciones

1.6.1. El departamento del Caquetá

Solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional, pues el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B decidieron conforme a las potestades jurídicas según la Constitución Política y la ley.

Sostuvo que el tribunal se basó en cada una de las pruebas aportadas por los demandantes y demandados, por lo que al analizarlas negó las pretensiones de la demanda por no acreditar la configuración de los elementos propios de la responsabilidad del Estado, especialmente el daño.

Advirtió que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B desarrolló su argumentación jurídica basado en las pruebas aportadas por las partes y manifestó que la parte actora pretende que se declare la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades demandadas, porque con sus actuaciones se causaron los siguientes daños: i) se transgredieron los derechos al uso, goce y disposición sobre varios de los lotes que conformaban el predio Las Pilitas y, ii) se impidió la ejecución del proyecto de urbanización «Nisola» que venía consolidándose desde el año 1987.

4 Samai, índice 5, certificado 0A20261D353721C5 DDC2B5C7A2E21C6E C12C76EFE27171B2 E453A7FC030574E7.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro

4 Samai, índice 5, certificado 0A20261D353721C5 DDC2B5C7A2E21C6E C12C76EFE27171B2 E453A7FC030574E7.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Indicó que las decisiones fueron tomadas según cada una de las pruebas obrantes en el expediente, respetando el debido proceso y de acuerdo con la Constitución Política en sus artículos 29 y 230.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Consideró que la acción tutela no es procedente, porque las supuestas irregularidades advertidas por la actora no cumplen con la exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional debido a que pretende crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a una sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, debido a que la providencia fue sustentada en derecho y con base en los medios de prueba valorados de manera razonada e integral.

Advirtió, en primer lugar, que la Sala no desconoció la invasión de los lotes ocurrida en el año 2010 y, en segundo término, valoró los certificados de libertad y tradición que demostraban que para la época de los hechos los demandantes eran sus propietarios.

en el año 2010 y, en segundo término, valoró los certificados de libertad y tradición que demostraban que para la época de los hechos los demandantes eran sus propietarios.

Indicó que el debate no radicaba en establecer las áreas de ocupación sino en determinar si el daño alegado, esto es, la vulneración al derecho de propiedad continuaba siendo actual y cierto al momento de proferir los fallos de reparación directa y, precisamente sobre este punto, sostuvo que en el recurso de apelación los propios demandantes manifestaron haber vendido, a partir del año 2015, varios de los inmuebles a los ocupantes.

Manifestó que, en ese contexto, no p odría afirmarse que se omitió arbitrariamente la valoración de los dictámenes periciales practicados en la primera instancia, toda vez que, dichos medios probatorios no resultaban pertinentes p ara establecer la existencia de un daño actual, en la medida que se limitaron a identificar el área invadida y a calcular eventuales perjuicios.

Precisó que dichos dictámenes no acreditaban si los demandantes conservaban la titularidad vigente de los inmuebles después de las ventas realizadas en el año 2015 reconocidas por los actores en el recurso de apelación.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se concluyó que por el hecho de no haber indicado los demandantes cuáles predios habían sido enajenados y cuáles permanecían en su patrimonio resultaba imposible determinar con certeza la existencia de un daño actual, motivo por el cual se negaron las pret ensiones de la demanda, pues, quien debía demostrar la certeza del daño correspondía a la parte actora.

existencia de un daño actual, motivo por el cual se negaron las pret ensiones de la demanda, pues, quien debía demostrar la certeza del daño correspondía a la parte actora.

Concluyó que era manifiestamente improcedente e infundada la acción de tutela promovida por los actores, debido a que lo que pretendían caprichosament e, era revivir un debate procesal concluido como si se tratara de una tercera instancia. Reiteró que la sentencia materia de examen se encuentra debida y puntualmente soportada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos aplicables al caso sobreDemandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de la autonomía funcional de la sala de decisión que la profirió.

1.6.3. Municipio de Florencia (Caquetá)

Precisó que el Consejo de Estado fue claro al advertir que en el trámite de apelación la parte demandante incurrió en contradicciones sustanciales que impidieron configurar un daño cierto.

Señaló que mientras en la demanda inicial alegó la vulneración de su derecho de propiedad, en el recurso de apelación manifestó expresamente que no buscaba recuperar la titularidad de los lotes invadidos que conforman el predio Las Pilitas. Sin embargo, de manera contradictoria, en ese mismo escrito sostuvo

propiedad, en el recurso de apelación manifestó expresamente que no buscaba recuperar la titularidad de los lotes invadidos que conforman el predio Las Pilitas. Sin embargo, de manera contradictoria, en ese mismo escrito sostuvo que se habían vu lnerado sus derechos al uso, goce y disposición de dichos inmuebles, facultades que, por definición, solo corresponden al titular del derecho de dominio.

Indicó que no puede alegarse en sede de tutela un defecto fáctico, pues lo que existe es una valoración razonada de las propias inconsistencias de la parte actora, lo cual excluye cualquier vulneración del debido proceso.

Resaltó que la sentencia cuestionada se ajusta al marco de la fijación del litigio, pues resolvió de manera razonada y acorde a derec ho que no existía prueba suficiente de un daño cierto ni en la propiedad ni en la ejecución del proyecto urbanístico.

Afirmó que no puede hablarse de defecto fáctico, pues la decisión judicial se sustentó en criterios de lógica y razonabilidad, dentro de la autonomía judicial, y exigió lo que la jurisprudencia ha considerado indispensable, esto es, la prueba plena del daño cierto y antijurídico.

Concluyó que realmente lo que plantea la parte actora es un desacuerdo subjetivo con la conclusión del Consejo de Estado, lo cual no habilita el amparo constitucional, pues la tutela no es una tercera instancia ni un escenario para reabrir el debate probatorio.

1.6.4. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Indicó que con base en los argumentos expuestos por el Consejo de Estado,

probatorio.

1.6.4. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Indicó que con base en los argumentos expuestos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B se concluye que, en el presente caso no se acreditó un daño cierto, actual y reparable, toda vez que la supuesta afectación al derecho de propiedad resultaba incierta por la falta de claridad sobre los predios aún pertenecientes a la actora, sumado a que parte de los inmuebles fueron enajenados, lo cual resarció cualquier perjuicio.

De igual manera, frente al proyecto de urbanización «Nisola», no se demostró su ejecución efectiv a para la época de los hechos, por lo que no era procedente declarar la responsabilidad patrimonial del Estado al no cumplirse el presupuesto esencial de la certeza del daño.Demandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Concluyó que para la configuración de la responsabilidad por parte de la Policía Nacional se requiere, de manera ineludible, la acreditación plena tanto de la existencia de un daño antijurídico como de su imputación directa a una acción u omisión atribuible a dicha entidad, de modo tal que, al no haberse demostrado el nexo de causalid ad entre la conducta de esta institución y el daño alegado, se

existencia de un daño antijurídico como de su imputación directa a una acción u omisión atribuible a dicha entidad, de modo tal que, al no haberse demostrado el nexo de causalid ad entre la conducta de esta institución y el daño alegado, se impone la imposibilidad jurídica de declarar su responsabilidad patrimonial, así como de acceder a la correspondiente reparación de perjuicios.

Puso de presente que no se causó un perjuicio ir remediable o una amenaza inminente e injustificada, que ameritara la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas , por lo que consideró improcedente la acción . Solicitó denegar las súplicas de la parte actora.

1.6.5. Tribunal Administrativo de Caquetá

Remitió copia del expediente y no realizó manifestación alguna frente a la solicitud de tutela.

1.7 Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 2 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente esta acción de tutela , pues consideró que los argumentos propuestos por los accionantes giraban en torno a las inconformidades de la sentencia de 7 de febrero de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa identificada con el núm. 18001 -23-33-000-201200040-02.

Señaló que, los tutelantes a l alegar el defecto fáctico, simplemente reiterar on el debate que se había agotado en el proceso ordinario sobre las pruebas con las que

00040-02.

Señaló que, los tutelantes a l alegar el defecto fáctico, simplemente reiterar on el debate que se había agotado en el proceso ordinario sobre las pruebas con las que buscaban sustentar la pretensión de responsabilidad de la administración, lo que demostraba que sólo perseguían ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto en el caso planteado.

Indicó que la parte actora solamente buscaba que el juez constitucional analizara nuevamente la controversia, emitiera una nueva y distinta resolución lo que hacía evidente que sólo quisiera acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no era procedente este mecanismo de protección.

Destacó que en el proceso judicial se debatió sobre las pretensiones, las excepciones y los hechos que propusieron demandante y demandado, y que la decisión del juez se fundamentó en las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que estas pusieron a su disposición.

Agregó que, en este caso, la parte actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a controvertir elDemandantes: Marco Fidel Parra Rojas y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-05312-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 análisis efectuado por las autoridades de la jurisdicción, como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional. Por lo anterior, concluyó que la presente acción de tutela carece de relevancia constitucional.

1.8. Impugnación

Mediante escrito de 16 de octubre de 2025 5, los accionantes present aron impugnación contra el fallo de primera instancia y señalaron que la decisión de tutela desconoció el alcance del requisito de relevancia constitucional definido en la sentencia de unificación SU -129 de 2021, pues dicha decisión permitía la intervención del juez constitucional cuando la decisión judicial desconocía los derechos fundamentales por errores evidentes en la valoración probatoria.

Afirmaron que en el presente caso, los planteamientos descritos no pretendían una tercera instancia, sino que mostraban una vulneración directa al derecho fundamental al debido proceso derivada de un defecto fáctico evidente, consistente en la omisión de valoración integral de pruebas determinantes, como los dictámenes periciales aportados, los cuales identificaban plenamente las áreas invadidas, sus linderos, matríc ulas inmobiliarias y propietarios legítimos, prueba que no fue valorada debidamente por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.

Aseguraron que el asunto, revestía relevancia constitucional, al involucrar la afectación del derecho fundamen tal al debido proceso judicial por indebida

valorada debidamente por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.

Aseguraron que el asunto, revestía relevancia constitucional, al involucrar la afectación del derecho fundamen tal al debido proceso judicial por indebida valoración probatoria, así mismo, la vulneración del derecho a la reparación integral, derivada de la omisión del Estado en proteger el derecho de propiedad frente a ocupaciones ilegales, y el desconocimiento del alcance del defecto fáctico positivo en decisiones judiciales.

Manifestaron que el fallo atacado incurría en error, al desconocer que el juez natural omitió valorar integralmente los dictámenes periciales - Dictamen pericial realizado por el Arquitecto D arío Antonio Pachecho y - Dictamen pericial realizado por el Ingeniero Civil Pedro Antonio Farieta Gasca y su complementación -, pues estos acreditaban el daño antijurídico.

Agregaron que la autoridad judicial accionada, sustentó su decisión en la inexistencia de certeza sobre los predios invadidos, pese a que dichos medios probatorios identificaban físicamente cada lote, su área y matrícula inmobiliaria afectados por la ocupación de hecho, lo que constituye una valoración arbitraria.

Argumentaron que no era de recibo que el Consejo de Estado, en instancia constitucional, en lugar de examinar la razonabilidad de esta omisión, se limit ara a reiterar que la tutela no podía reabrir un debate probatorio, sin tener en cuenta que la jurisprudencia consti tucional ha reconocido la procedencia excepcional del amparo cuando el error probatorio es ostensible, flagrante y