CE - Sentencia 11001031500020250532500 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-05325-00

Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Tema: Tutela contra providencia judicial , medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, retiro del servicio por abandono del cargo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto contra el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de agosto de 2025, la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto presentó acción de tutela contra la referida autoridad judicial , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, la igualdad y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

de tutela contra la referida autoridad judicial , por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, la igualdad y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«1. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora Rocío Socorro Martínez Prieto al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al acceso a la justicia.

2. Que se dejen sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 27 de febrero de 2025.

3. Que se ordene mantener los efectos de la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de las resoluciones 201 de 2018 y 608 de 2018, y en su defecto, que se disponga la emisión de un nuevo fallo ajustado a los parámetros constitucionales.

4. Que se ordene al Municipio de Yopal adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad laboral y la protección de los derechos de la accionante»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Actuación administrativa que dio lugar al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 4 de abril de 1994, la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto ingresó a trabajar en la planta de personal de la alcaldía de Yopal (Casanare), en el cargo de auxiliar administrativo código 407, grado 03.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

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Mediante Resolución 201 del 13 de abril de 2018, el alcalde de Yopal declaró vacante el empleo de auxiliar administrativo código 407, grado 03 de la planta de empleos de la alcaldía, por abandono injustificado del cargo de la empleada Rocío del Socorro Martínez Prieto y dispuso su retiro del servicio.

La señora Martínez Prieto interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual se resolvió de manera desfavorable e n Resolución 608 del 26 de noviembre de 2018.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Rocío del Socorro Martínez Prieto promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Yopal, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 201 del 13 de abril de 2018 y 608 del 26 de noviembre de 2018 , en las cuales se declaró la vacancia del cargo y se dispuso su retiro del servicio y, como consecuencia, solicitó su reintegro y pago de salarios y prestaciones.

El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, en sentencia del 9 de septiembre de 2024, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, como restablecimiento del derecho, ordenó la suspensión temporal de la demandante y el pago de aportes al sistema de seguridad social.

Lo anterior al considerar que, en el caso concreto se configuraba una causal de

restablecimiento del derecho, ordenó la suspensión temporal de la demandante y el pago de aportes al sistema de seguridad social.

Lo anterior al considerar que, en el caso concreto se configuraba una causal de suspensión, porque la demandante se encontraba inmersa en un proceso penal, en el que se dictó medida de aseguramiento, situación de la cual tenía conocimiento la parte demandada. Que no se ordenaba el reintegro al cargo, porque el proceso penal no había concluid o, por lo tanto, lo procedente era ordenar que se expidiera acto administrativo de suspensión temporal en el cargo, mientras se definía la situación de la demandante en cuanto a la responsabilidad penal.

El municipio de Yopal y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación contra la anteri or decisión. El primero indicó que el a quo hizo una indebida valoración normativa, al concluir que debía operar una causal de suspensión, cuando era claro que se configuraba una de declaración en vacancia en contra de la demandante y, el segundo señaló que, no se valoraron en debida forma las pruebas, pues se evidenció que desde antes de que se hiciera efectiva la medida de aseguramiento a la actora había dejado de presentarse en el lugar de trabajo, que «(…) no fue en virtud de la orden de captura levantada en su contra, sino que, su acción se debía a querer ocultarse de las autoridades, razón insuficiente para justificar su no comparecencia al trabajo con la convicción errada de que su conducta constituía una justa causa».

El Tribunal Administrativo de Casanare , en sentencia del 27 de febrero de 2025 , revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el municipio de Yopal adelantó la actuación administrativa

El Tribunal Administrativo de Casanare , en sentencia del 27 de febrero de 2025 , revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el municipio de Yopal adelantó la actuación administrativa para determinar la configur ación del abandono del cargo de la actora, conforme con las disposiciones del CPACA y la jurisprudencia desarrollada sobre el tema.

Que, la demandante no expuso ninguna justificación para haberse ausentado de sus labores, más que la intención de impedir que se materializara una orden de captura en su contra, conducta evasiva al deber de colaborar con la administración de justicia y contraria al débito de responsabilidad, que no puede generar derecho en su favor. Que, en esa medida, al tratarse de un procedimiento sumario y no disciplinario, no seRadicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

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advirtió alguna irregularidad que conllevara a declarar la nulidad de los actos demandados.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora aseguró que , la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, porque aplicó de manera errónea la figura del abandono de cargo, prevista en los artículo s 41 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.9 del Decreto 1083 de 2015, pues no valoró la existencia de una justa causa plenamente acreditada, esto es, la vinculación a un proceso penal con medida restrictiva.

2015, pues no valoró la existencia de una justa causa plenamente acreditada, esto es, la vinculación a un proceso penal con medida restrictiva.

Que, la Corte Constitucional en las sentencias C-1189 de 2005, T -1263 de 2001 , precisó que el retiro por abandono exige ponderar la causa de la ausencia. Que, en el caso concreto, la accionante solicitó licencia no remunerada y aportó constancias del proceso penal que impedían su asistencia, lo que constituía una causa objetiva y razonable que debía ser analizada. Que, ignorar estas circunstancias constituye un error sustantivo en la aplicación del derecho.

Aseveró que la sentencia acusada ignoró la irregularidad advertida por el juez de primera instancia, consistente en que el ente territorial omitió el procedimiento señalado en los artículos 34 y siguientes del CPACA, al no expedir auto de inicio, no garantizar descargos ni contradicción probatoria , lo cual denominó un defecto procedimental.

Por otra parte, señaló que se configuró un defecto fáctico, porque se desconocieron las siguientes pruebas: (i) l a solicitud de licencia no remunerada del 15 de marzo de 2018; (ii) la constancia judicial de la medida penal restrictiva ; (iii) los oficios enviados por la Administración reconociendo la existencia de un proceso penal en curso. Que, al desconocer estas pruebas, el Tribunal incurrió en un error manifiesto en la valoración probatoria.

Que la decisión fue incongruente y extra petita. Que la autoridad judicial accionada desconoció el núcleo de las pretensiones de la demanda, sustituyendo el debate sobre

valoración probatoria.

Que la decisión fue incongruente y extra petita. Que la autoridad judicial accionada desconoció el núcleo de las pretensiones de la demanda, sustituyendo el debate sobre la legalidad del acto por un análisis formalista de congruencia. Que, tal desviación vulnera el principio de justicia material y el acceso a una tutela judicial efectiva. Aseveró que, l a Corte Constitucional en sentencia S U-447 de 2011 , precisó que el principio de congruencia no puede convertirse en un formalismo vacío que anul e el deber del juez de garantizar la justicia material. Que, en este caso, el Tribunal centró su fallo en un reproche formal al a quo, dejando sin resolver la afectación de derechos fundamentales de la demandante. Afirmó que, se constituyó un defecto por incongruencia, pues la sentencia de segunda instancia se apartó de los hechos y pretensiones de la demanda, resolviendo en sentido contrario a la esencia del litigio.

4. Trámite previo

En auto del 28 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Casanare, en calidad de demandados, y al Juez Segundo Administrativo de Yopal y al municipio de Yopal, en calidad de terceros con interés en el proceso.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Casanare guardó silencio.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

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5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Casanare guardó silencio.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

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6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que, las pretensiones están orientadas a constituir una tercera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Luego de relatar las actuaciones dadas en primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la actora contra el municipio de Yopal, indicó que en el trámite no se vulneraron los derechos deprecados por la actora ni evidencian una irregularidad procesal , por el contrario, la decisión adoptada por el Tribunal, en segunda instancia, atendió a las garantías del debido proceso y analizó, entre otras cosas -, « i) la suspensión del ejercicio del cargo público, ii) Los presupuestos de la vacancia por abandono del cargo, como sustento a la decisión al final adoptada, sin que se avizore o vislumbre al menos tenuemente amenaza o vulneración de derecho fundamental individual alguno de la accionante.»

Que los argumentos propuestos por la tutelante son propios del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, la acción de tutela no es el escenario para

individual alguno de la accionante.»

Que los argumentos propuestos por la tutelante son propios del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, la acción de tutela no es el escenario para entrar a debatir aspectos que ya fueron analizados por el juez natural del asunto.

El municipio de Yopal solicitó que se declarara su falta de legi timación en la causa por pasiva, toda vez que no ha vulnerado derechos fundamentales de la parte actora, ni es la llamada a atender las pretensiones de la acción de tutela, pues se está cuestionando una providencia judicial en la cual no tuvo injerencia.

Precisó que, el ente territorial actuó conforme con la normatividad vigente, con la expedición de los actos administrativos pertinentes y observ ó los procedimientos legales establecidos. Que, la acción de tutela carece de sustento fáctico y jurídico, toda vez que , la accionante no acredit ó afectación cierta, actual o inminente de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acció n de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autor idad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autor idad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contraRadicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, e n un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto

mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto pretende que se deje sin efecto la sentencia del 27 de febrero de 2025, en la cual el Tribunal Administrativo de Casanare revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió contra el municipio de Yopal por declarar la vacante el empleo de auxiliar administrativo código 407, grado 03 que ocupaba en la planta de empleos de la alcaldía, por abandono injustificado del cargo y disponer su retiro del servicio.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defectos sustantivo, procedimental, fáctico y constituye una decisión incongruente y extra petita.

La Sala anticipa que la acción de tutela se declarara improcedente respecto al carg o denominado decisión incongruente y extrapetita , porque no cumple con el requisito general de subsidiariedad y se negaran las demás pretensiones del recurso de amparo por no configurarse los defectos invocados.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación en la causa por pasiva invocada por el municipio de Yopal.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el municipio de Yopal , se aclara que dich o ente territorial estaba vinculado al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, dado

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el municipio de Yopal , se aclara que dich o ente territorial estaba vinculado al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, dado que fue demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se emitió la sente ncia cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negarán la solicitud.

Del requisito de subsidiariedad 4 frente al cargo denominado decisión incongruente y extrapetita

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad

extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio p leno de los derechos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

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derechos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

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La señora Rocío del Socorro Martínez Prieto aseguró que el Tribunal Administrativo de Casanare al negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el municipio de Yopal incurrió en una decisión incongruente y extrapetita, porque considera que remplazó el estudio de legalidad que debió efectuar por un enfoque formalista sobre la congruencia, lo cual vulnera el principio de justicia material y el acceso a una tutela judicial efectiva.

Además, citó la sentencia SU-447 de 2011 de la Corte Constitucional, que est ablece que el principio de congruencia no debe ser un formalismo vacío que impida garantizar la justicia material. Que, en este caso, el Tribunal se centró en un reproche formal al fallo de primera instancia, sin abordar la afectación de los derechos fundamentales de la demandante, generando un defecto por incongruencia al resolver en sentido contrario a las pretensiones y hechos del litigio.

Sin embargo, la Sala advierte que en el presente caso, la situación descrita por la actora en la acción de tutela puede controvertirse en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA, según la cual la nulidad que se configure en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA, según la cual la nulidad que se configure en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Debe precisarse que, el Consejo de Estado ha previsto que la causal de nulidad originada en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» 5

De lo anterior, la Sala concluye que frente al cargo invocado, no se cumple con uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, esto es, que se agoten en debida forma los medios de defensa que la demandante tiene a su alcance para que le sean protegidos los derechos fundamental es que considera vulnerados, porque el recurso extraordinario de revisión es el mecanismo legal, idóneo y eficaz para cuestionar si la sentencia cuestionada constituye una decisión incongruente o si decidió más allá de lo solicitado.

En esa medida, se dec larará improcedente la acción de tutela respecto del cargo denominado decisión incongruente y extrapetita , por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.

Por lo tanto, la sala pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad respecto de los defectos sustantivo, procedimental y fáctico invocados.

general de subsidiariedad.

Por lo tanto, la sala pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad respecto de los defectos sustantivo, procedimental y fáctico invocados.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 201400440-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00

Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad labora l, la igualdad y de acceso a la administración de justicia ; se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen q ue ver con la ratio decidendi de la sentencia. Tampoco se emplea como una instancia adicional, porque en primera instancia se había accedido a las pretensiones de la demanda y fue con ocasión a la providencia acá cuestionada que se desestimaron los cargos propuestos de la parte actora respecto de los actos demandados.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela contra providencia judicial se estaría afectando el derecho al trabajo de la parte actora, en la medida en que la decisión cuestionada implica mantener incólume la decisión de retirarla del cargo que ocupaba en carrera en la planta de personal del municipio de Yopal.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,

invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez que la sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida el 27 de febrero de 2025, notificada por correo electrónico del 3 de marzo del mismo año y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 27 de agosto de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados; (v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Del defecto sustantivo6 en el caso concreto

La señora Rocío del Socorro Martínez Prieto asegura que el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró sus derechos fundamentales al proferir la sentencia del 27 de febrero de 2025, en la cual revocó el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual solicitó que se dejaran sin efecto los actos administrativos en los cuales la alcaldía de Yopal declaró la vacancia del empleo de auxiliar administrativo código 407, grado 03 que ocupaba en propiedad, por abandono injustificado del cargo y dispuso su retiro del servicio.

actos administrativos en los cuales la alcaldía de Yopal declaró la vacancia del empleo de auxiliar administrativo código 407, grado 03 que ocupaba en propiedad, por abandono injustificado del cargo y dispuso su retiro del servicio.

6 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de c onexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le recon oce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevide