CE - Sentencia 11001031500020250532600 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

Accionante: David Ernesto Díaz Carvajal

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05326-00

Accionante: David Ernesto Díaz Carvajal

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Segunda, Subsección E Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedenci a. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por David Ernesto D íaz Carvajal en contra d el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda-Subsección E.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

David Ernesto D íaz Carvajal, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela1 en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia proferida el 25 de julio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

consideró vulnerados por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia proferida el 25 de julio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado bajo radicado número 11001-33-42-057-2022-00353-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. El señor David Ernesto D íaz Carvajal se encuentra vinculado al Ministerio de Educación Nacional desde el 23 de enero de 1987, fecha en la cual tomó posesión

1 Índice 0000 2 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7E6A18526BC4DC92 4539A6601113D784 2B53BAA59DFF6834 CE86FA75FC599ACE. 2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico : https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001334205720220035300110 0133Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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en el cargo de auxiliar administrativo 4044 -20, adscrito a la Subdirección de Contratación.

2.2. Mediante la Resolución 1913 del 17 de agosto de 1999, el Ministerio de Educación Nacional le reconoció al señor D íaz Carvajal la prima técnica por evaluación del desempeño correspondiente a los periodos comprendidos entre el

2.2. Mediante la Resolución 1913 del 17 de agosto de 1999, el Ministerio de Educación Nacional le reconoció al señor D íaz Carvajal la prima técnica por evaluación del desempeño correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1.º de marzo de 1996 y el 28 de febrero de 1997; entre el 1.º de marzo de 1997 y el 20 de febrero de 1998; y entre el 1.º de marzo de 1998 y el 2 8 de febrero de 1999, en un porcentaje del 40%.

2.3. Para los periodos comprendidos entre el 1.º de marzo de 2003 y el 28 de febrero de 2004; entre el 1º de marzo de 2004 y el 28 de febrero de 2005; y entre el 1º de febrero de 2006 y el 31 de enero de 2007, el señor Díaz Carvajal obtuvo puntajes de evaluació n de desempeño de 888,80; 843,88; y 896,5 respectivamente, calificaciones que, conforme a la normatividad aplicable, determinaron la pérdida del derecho al pago de la prima técnica en dichas anualidades.

2.4. Según lo manifestado por el accionante, a partir del periodo iniciado el 1º de febrero de 2008 y hasta la última evaluación de desempeño practicada por el periodo del 1º de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022, el señor Díaz Carvajal obtuvo calificaciones superiores al 90%; sin embargo, el Mini sterio de Educación Nacional no le reconoció la correspondiente prima técnica.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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Nacional no le reconoció la correspondiente prima técnica.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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2.5. El señor Díaz Carvajal presentó derecho de petición, el cual fue identificado con el radicado n o. 2022-ER231306, de fecha 28 de abril de 2022 ; mediante el cual solicitó al Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de la prima técnica.

2.6. Dicha solicitud fue atendida de manera negativa por el Ministerio mediante oficio no.2022-EE201478 del 31 de agosto de 2022, en el que se indicó que el beneficio de la transición y el derecho a su causación se habían perdido de forma permanente a partir de las evaluaciones correspondientes a los periodos 1º de marzo de 2003– 28 de febrero de 2004; 1.º de marzo de 2004–28 de febrero de 2005; y 1º de febrero de 2006–31 de enero de 2007, en las cuales se registraron los puntajes de 888,80; 843,88; y 896,5, respectivamente, circunstancia que, según la entidad, impedía cumplir las condiciones para el reconocimiento del beneficio.

2.7. El accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Nación –Ministerio de Educación Naciona l, asunto que le correspondió por reparto a l Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, bajo el radicado número 11001-33-42-057-2022-00353-01.

correspondió por reparto a l Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, bajo el radicado número 11001-33-42-057-2022-00353-01.

2.8. Mediante sentencia del 28 de junio de 2024, el juez de primera instancia negó las pretensiones al considerar que el demandante había perdido el derecho a continuar percibiendo la prima técnica como resultado de las calificaciones inferiores obtenidas con posterioridad a la expedición del Decreto 1724 de 1997 y demás normas modificatorias, lo que ocasionó la pérdida def initiva del derecho y, en consecuencia, la inoponibilidad del régimen de transición frente a la normativa vigente.

2.9. Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, resuelto por la Subsección E de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la sentencia de primera instancia, al concluir que en el caso concreto se verificaron las causales previstas en el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, en concordancia con el artículo 4.º del Decreto 1724 de 1997, por haber obtenido el señor Díaz Carvajal, en los años 2003 a 2007, calificaciones de servicios infe riores al 90% exigido para conservar el régimen de transición.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La p arte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Como consecuencia de ello, pidió ordenar al Tribunal accionado revocar la sentencia atacada y, en su lugar, proferir

fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Como consecuencia de ello, pidió ordenar al Tribunal accionado revocar la sentencia atacada y, en su lugar, proferir una nueva sentencia bajo los parámetros legales y el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para fines del reconocimiento y causación de la Prima Técnica y su disfrute anualizado siempre que se cumpla conRadicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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el 90% o más en evaluación de desempeño sin que sea relevante el resultado de evaluación de otros años.

3.2. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y alegó, además, una violación directa del artículo 29 de la Constitución.

3.3. En relación con el defecto sustantivo derivado del desconocimiento del precedente judicial, la parte actora afirmó que la autoridad incurrió en dicho yerro al interpretar de manera errónea el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 , disposición que estableció un régimen de transición en favor de quienes ya habían adquirido la prima técnica antes de su entrada en vigencia, garantizando su disfrute hasta el retiro del servicio o hasta la configuración de las causales de pérdida previstas en las normas aplicables al momento de su otorgamiento.

3.4. No obstante, el señor Diaz Carvajal considera que el ad quem confundió dos situaciones jurídicas distintas: (i) el derecho a ser beneficiario del régimen de

las normas aplicables al momento de su otorgamiento.

3.4. No obstante, el señor Diaz Carvajal considera que el ad quem confundió dos situaciones jurídicas distintas: (i) el derecho a ser beneficiario del régimen de transición, y (ii) el derecho a la causación anual de la prima técnica por evaluación de desempeño . A partir de dicha confusión, concluyó que las calificaciones inferiores al 90% obtenidas entre los años 2003 y 2007 implicaban la pérdida definitiva del derecho, sin considerar que este emolumento se causa de manera anual, siempre que en cada periodo se cumpla con el puntaje exigido.

Esta interpretación, en su criterio, desconoce el precedente vinculante fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C -569 de 2003, en la que se precisó que la pérdida definitiva del beneficio no puede derivarse de una calificación inferior en determinado año, pues ello vaciaría de con tenido la naturaleza anualizada de la prima y frustraría el régimen de transición. Por el contrario, la Corte determinó que lo relevante es verificar, en cada evaluación posterior, si se cumplen o no las condiciones para la causación del beneficio, sin que las calificaciones de años anteriores resulten determinantes para periodos subsiguientes.

El tutelante afirma que e l desconocimiento de este precedente —que produce efectos de cosa juzgada constitucional y constituye criterio hermenéutico obligatorio— configura una vía de hecho, en la medida en que la sentencia censurada adoptó una interpretación restrictiva e inconstitucional.

3.5. Adicionalmente, el accionante alega que la providencia impugnada omitió

obligatorio— configura una vía de hecho, en la medida en que la sentencia censurada adoptó una interpretación restrictiva e inconstitucional.

3.5. Adicionalmente, el accionante alega que la providencia impugnada omitió aplicar los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado que, en consonancia con lo señalado por la Corte Constitucional, han reiterado el carácter anualizado de la prima técnica por evaluación de desempeño (v. gr., sentencias del 16 de marzo de 2006, rad. 2881 -04; 25 de marzo de 2006, rad. 2922 -04; y 1º y 22 de marzo de 2012, rads. 2008 -00366-01 y 2259 -10). El apartamiento injustificado de tales precedentes refuerza la configuración del defecto sustantivo alegado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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En consecuencia, para la parte accionante, la Subsección E de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en indebida adecuación normativa y en desconocimiento del precedente constitucional y contencioso administrativo, al equiparar de manera errónea la causación anual de la prima técnica con la pérdida definitiva del derecho, restringiendo así, sin fundamento normativo ni jurisprudencial, un beneficio protegido por el régimen de transición.

3.6. Finalmente, la parte accionante alegó una violación directa del artículo 29 de la Constitución , por desconocimiento del derecho al debido proceso y de la obligación de las autoridades de acatar lo ordenado en las sentencias. Sostuvo que

3.6. Finalmente, la parte accionante alegó una violación directa del artículo 29 de la Constitución , por desconocimiento del derecho al debido proceso y de la obligación de las autoridades de acatar lo ordenado en las sentencias. Sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en una vía de hecho al efectuar una deficiente adecuación normativa, apartarse sin justificación de precedentes constitucionales y contencioso-administrativos, y acoger una interpretación exegética restrictiva, lo que configuró un escenario de denegación de justicia y dejó al actor sin posibilidad de impugnación efectiva.

3.7. En ese contexto, el tutelante expresa que el fallo impugnado desfiguró la naturaleza del derecho en litigio, desconoció principios constitucionales como legalidad, seguridad jurídica, igualdad y progresividad, e ignoró precedentes con identidad fáctica, afectando de manera grave los derechos fundamentales del señor Díaz Carvajal.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 28 de agosto de 2025 3, el Despacho ponente admitió la solicitud de tutela , dispuso la vinculación como tercero con interés al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá y a la Nación -Ministerio de Educación Nacional; ofició a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá, para que remitieran al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado núm. 11001 -33-42-0572022-00353-00/01 y reconoció personería

Bogotá, para que remitieran al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado núm. 11001 -33-42-0572022-00353-00/01 y reconoció personería jurídica a la abogada Mónica Liliana Sanabria Uribe.

4.2. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.4 precisó que, conforme con lo expuesto en la solicitud de tutela, el accionante no cuestiona la sentencia de primera instancia proferida por e se mismo despacho. En tal sentido, señaló que no se advierte vulneración de derechos fundamentales atribuible a este estrado judicial, toda vez que los reparos del actor se dirigen exclusivamente contra la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3 Índice 0000 5 del aplicativo SAMAI , con certificado núm. 911F22730C1773F9 E63EA45DAEB0380E DD8AD6061A8A115E 299415CA21BCFB72. 4 Índice 00010 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 67E87602C0CE3B8E 21E32C76EFA22989 3AD553163AEB1064 EF884B6D6C828FE0.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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Indicó que en la sentencia de primera instancia se valoró la situación particular del señor David Ernesto Díaz Carvajal, así como las pruebas recaudadas en debida forma, con base en las cuales se negaron las pretensiones de la demanda, sin que

Indicó que en la sentencia de primera instancia se valoró la situación particular del señor David Ernesto Díaz Carvajal, así como las pruebas recaudadas en debida forma, con base en las cuales se negaron las pretensiones de la demanda, sin que en el trámite se evidencie quebranto alguno a los derechos fundamenta les alegados. Resaltó que la providencia del 28 de junio de 2024 fue confirmada en segunda instancia por la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 25 de julio de 2025.

En ese contexto, el Juzgado puso de presente que el accionante pretende reabrir un debate procesal ya agotado en sede judicial, sin que el asunto planteado revista relevancia constitucional. En consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción y, de manera subsidiaria, se declarara su improcedencia, al no acreditarse causal alguna de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

4.3. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Expuso que, en este caso, no se demuestra que las presuntas vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni que se afecte su acceso a la administración de justicia. Tampoco se acreditó una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales vinculadas con la supuesta tardanza en la respuesta a sus solicitudes, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Indicó que lo planteado corresponde a una controversia de naturaleza estrictamente

tardanza en la respuesta a sus solicitudes, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Indicó que lo planteado corresponde a una controversia de naturaleza estrictamente económica, circunscrita a intereses privados, lo que desborda la competencia del juez de tutela al carecer de relevancia constitucional. Por lo mismo, la acción debe ser declarada improcedente.

El Ministerio resaltó que corresponde al accionante demostrar la existencia de una transgresión efectiva de derechos que configure una actuación judicial de hecho, contraria al ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el caso concreto no se evidenció vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, lo que constituye una causal manifiesta de improcedencia de la acción constitucional.

4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio a pesar de haber sido debidamente notificado.

5 Índices 00011-12-13 del aplicativo SAMAI con certificado núm. FA10DDA37823E93E 3072DB0CAA35B58A 9C348D7A390795AB 65C00996EC57C659.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de David

con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de David Ernesto Díaz Carvajal, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que actuó como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 11001-33-42-0572022-00353-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda -Subsección E , por cuanto actuaron como jueces dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas

observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 6 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 7 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto8. Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga

decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el

7 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en

de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexist entes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisi ón que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el

y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisi ón que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 10 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) la afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto11.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo cual se declarar á su improcedencia; con base en las razones que se exponen a continuación:

11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-00

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5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo , al efectuar una indebida adecuación normativa y desconocer precedentes constitucionales y contencioso-administrativos.

En particular, afirmó que la autoridad judicial omitió aplicar lo dispuesto en la sentencia C-569 de 2003 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la pérdida definitiva del beneficio no puede derivarse de una calificación inferior en

En particular, afirmó que la autoridad judicial omitió aplicar lo dispuesto en la sentencia C-569 de 2003 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la pérdida definitiva del beneficio no puede derivarse de una calificación inferior en determinado año, pues ello vaciaría de contenido la naturaleza anualizada de la prima y desconocería el régimen de transición. La Corte precisó que, en cada evaluación, lo relevante es verificar si se cumplen los requisitos para la causación del beneficio, sin qu e las calificaciones de periodos anteriores resulten determinantes para años posteriores.

El apartamiento de este precedente —que produce efectos de cosa juzgada constitucional y constituye criterio hermenéutico obligatorio —, a juicio de la parte actora, configuró una vía de hecho, en tanto la interpretación acogida por la providencia censurada fue restrictiva e inconstitucional.

Asimismo, la accionante alegó que se desconoció la