CE - Sentencia 11001031500020250532701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05327-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: CARLOS ARMANDO GARCÍA BEDOYA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON

EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 18 de septiembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante Sección Segunda.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05327-01

Actor: CARLOS ARMANDO GARCÍA BEDOYA

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I.1.- La Solicitud

El señor CARLOS ARMANDO GARCÍA BEDOYA , actuando en

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I.1.- La Solicitud

El señor CARLOS ARMANDO GARCÍA BEDOYA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de jus ticia, al trabajo y a la seguridad social , los cuales estima vulnerado s por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2, al haber proferido la providencia de 31 de enero de 202 5 dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-00147-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que ingresó a laborar al servicio de l MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI3, desde el 18 de noviembre de 1992.

Sostuvo que con ocasión al Decreto núm. 0216 de 18 de febrero de 1991, expedido por el MUNICIPIO, percibió las primas semestrales

2 En adelante Tribunal. 3 En adelante Municipio.3

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de junio y diciembre, de vacaciones y antigüedad e intereses de cesantías hasta 1999, y a partir del 2000, el ente territorial resolvió de manera unilateral suspender los efectos del referido decreto en

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de junio y diciembre, de vacaciones y antigüedad e intereses de cesantías hasta 1999, y a partir del 2000, el ente territorial resolvió de manera unilateral suspender los efectos del referido decreto en materia prestacional.

Arguyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo anuló el Decreto núm. 0216 de 18 de febrero de 1991, y precisó que la nulidad tendría efectos ex tunc, respetando los derechos adquiridos por lo empleados del MUNICIPIO.

Aseguró que solicitó a l DISTRITO ESPECIAL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 4 el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir, la cual fue resuelta de forma desfavorable a través de la resolución núm. 202241730101225752 del 20 de enero de 2023.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DISTRITO, con el fin de que se le reconociera y

4 En adelante Distrito.4

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ordenara el pago de las prestaciones sociales y factores salariales causados desde 1992 hasta el 23 de octubre de 2023.

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ordenara el pago de las prestaciones sociales y factores salariales causados desde 1992 hasta el 23 de octubre de 2023.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2023-00147-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI5 que, en sentencia de 21 de junio de 2024, denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 31 de enero de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto fáctico, por cuanto no valoró adecuadamente el contenido de los desprendibles de nómina y la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado que confirmó la nulidad del Decreto núm. 0216 de 18 de febrero de 1991, prueba esta última

5 En adelante Juzgado.5

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que indicaba de manera clara sus efectos de lo allí dispuesto y el respeto de sus derechos adquirido s frente a los factores y prestaciones sociales consolidados durante la vigencia del referido decreto.

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que indicaba de manera clara sus efectos de lo allí dispuesto y el respeto de sus derechos adquirido s frente a los factores y prestaciones sociales consolidados durante la vigencia del referido decreto.

Aseguró que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo, pues desconoció la protección de sus derechos al omitir la aplicación de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.

Manifestó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente establecido en la sentencia del Consejo de Estado que confirmó la nulidad del mencionado decreto, toda vez que el TRIBUNAL pasó por alto una situación jurídica consolidada, pues erróneamente consideró que el reconocimiento de las prestaciones solo tenían lugar en los procesos judiciales promovidos con anterioridad y decididos mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, lo que resulta contrario a los señalado por la Corte Constitucional.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:6

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“[…] PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de

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“[…] PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual que los principios de legalidad, confianza legitima, interpretación de normas procesales, buena fe, y todos aq uellos que llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito. SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 31 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-010-2023-00147-01 […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó oposición a los cargos formulados en la acción de tutela, al considerar que la solicitud no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido por el actor es reabrir un debate ya zanjado por la jurisdicción, desconociendo el alcance de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica.

Recalcó que no incurrió en la vulneración de las garantías constitucionales deprecadas, en la medida que el actor no acreditó la configuración de alguno de los defectos invocados.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado como tercero con interés directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente digital del proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente7

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las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente digital del proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente7

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al fondo del asunto.

I.5.3.- El DISTRITO, pese a ser notificad o del presente trámite, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito de inmediatez, comoquiera que la sentencia cuestionada fue notificada debidamente a las partes el 12 de febrero de 2025 y quedó ejecutoriada el 19 de febrero de este año.

Resaltó que la solicitud de amparo fue radicada el 27 de agosto de 2025, esto es, fuera del término prudencial de los seis meses establecido por la jurisprudencia.

Indicó que el actor no señaló ningún motivo que le haya impedido acudir de forma inmediata ante la jurisdicción, además no acreditó alguno de los presupuestos para entender que la acción constitucional se formuló en un tiempo razonable.8

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constitucional se formuló en un tiempo razonable.8

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, no se valoró que la afectación invocada constituye una vulneración actual y permanente que, compromete su mínimo vital y su calidad de vida como adulto mayor y sujeto de especial protección constitucional.

Manifestó que “[…] resolver este caso concreto no se agota en establecer si procede o no la tutela; supone que el Honorable Consejo de Estado cumpla con su deber constitucional de dotar de certeza y coherencia a sus propios precedentes, garantizando que sus decisiones produzcan seguridad jurídica y confianza legítima en el ordenamiento […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en9

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en9

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debién dose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella10

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó11

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la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se12

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se13

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deje sin efecto la providencia de 31 de enero de 2025, proferida por el TRIBUNAL dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2023-00147-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social, habida cuenta que, a juicio del actor, incurrió en defecto fáctico , por cuanto no valoró adecuadamente el contenido de los desprendibles de nómina y la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado que, confirmó la nulidad del Decreto núm. 0216 de 18 de febrero de 1991, prueba esta última que indicaba de manera clara sus efectos

sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado que, confirmó la nulidad del Decreto núm. 0216 de 18 de febrero de 1991, prueba esta última que indicaba de manera clara sus efectos y el respeto de sus derechos adquiridos frente a los factores y prestaciones sociales consolidados durante la vigencia del referido decreto.

Aseguró que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo, pues desconoció la protección de sus derechos al omitir la aplicación de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.14

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Manifestó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente establecido en la sentencia del Consejo de Estado que confirmó la nulidad del mencionado decreto , toda vez que el TRIBUNAL pasó por alto una situación jurídica consolidada, pues erróneamente consideró que el reconocimiento de las prestaciones solo tenían lugar en los procesos judiciales promovidos con anterioridad y decididos mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, lo que resulta contrario a los señalado por la Corte Constitucional.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez.

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia , manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, no se valoró que la afectación invocada constituye una vulneración actual y permanente que, compromete su mínimo vital y su calidad de vida como adulto mayor y sujeto de especial protección constitucional.15

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la inmediatez.

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso16

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injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”6.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que7:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos

6 Corte Constitucional, sentencia T -941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.17

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fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo8:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. […]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales , por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutel a’. Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo. […]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable,

tutela para buscar su amparo. […]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable,

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.18

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prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable. […]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”. (Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad