CE - Sentencia 11001031500020250533201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso disciplinario llevado a cabo por ella contra los señores Vilse Katia Zuleta Blanco, en su calidad de Juez Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar) y Francisco Rafael Carbonell Rodríguez, secretario del mismo despacho. Se revoca la decisión de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, se declara la improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 27 de agosto de 2025 Yulieth Rubio García presentó, en nombre propio, una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según la

1. El 27 de agosto de 2025 Yulieth Rubio García presentó, en nombre propio, una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según la accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por el auto proferido el 10 de junio de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, dentro del proceso disciplinario con radicado 2 0001-25-02-001-2021-00334-00 que se adelantó en contra de los señores Vilse Katia Zuleta Blanco, en su calidad de Juez Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar) y Francisco Rafael Carbonell Rodríguez, secretario de ese despacho judicial.

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Auto que declaró la nulidad en proceso disciplinario / Se revoca la decisión de primera instancia y se declara la improcedencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

2

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Amparar mis derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a recibir una protección efectiva frente al acoso laboral sufrido. No se trata únicamente de un trámite procesal, sino de mi dignidad y de la posibilidad de que los hechos qu e me han causado profundo dolor y afectación emocional sean escuchados y resueltos conforme a la ley.

2. Ordenar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar revocar el auto

los hechos qu e me han causado profundo dolor y afectación emocional sean escuchados y resueltos conforme a la ley.

2. Ordenar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar revocar el auto que decretó la nulidad del proceso disciplinario. Dicha decisión me ha dejado en un estado de indefensión, pues borra de un solo acto el camino recorrido para buscar justicia, reforzando la sensación de que mis derechos no tienen valor frente a la arbitrariedad.

3. Disponer que el proceso continúe con el desarrollo normal de sus etapas, de manera que no se me cierre la puerta al único escenario en el que puedo obtener verdad, justicia y reparación por el maltrato y el acoso sufridos. Negarme esa posibilidad sería perpetuar la vulneración y convertir en letra muerta mis derechos como víctima2.

B. Hechos

3. La señora Yulieth Rubio García, quien se desempeña como asistente judicial grado 1 en el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar), presentó una queja disciplinaria por acoso laboral ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar en contra de Vilse Katia Zuleta Blanco, Juez Promiscuo de Familia de Aguachica, y Francisco Rafael Carbonell Rodríguez, Secretario en provisionalidad en el mismo despacho.

4. Mediante auto del 8 de octubre de 2021 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar abrió investigación disciplinaria contra Vilse Katia Zuleta Blanco y Francisco

Carbonell Rodríguez.

5. Mediante providencia del 9 de diciembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar declaró el cierre de la investigación disciplinaria y ordenó correr

Carbonell Rodríguez.

5. Mediante providencia del 9 de diciembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar declaró el cierre de la investigación disciplinaria y ordenó correr traslado para que los sujetos procesales presentaran sus alegatos previos a la evaluación de la investigación, de conformidad con el artículo 220 de la Ley 1952 de 2019.

6. El 26 de abril de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar resolvió

(i) disponer la terminación del procedimiento y, en consecuencia, ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas contra Vilse Katia Zuleta Blanco y (ii) formular pliego de cargos contra Francisco Rafael Carbonell Rodríguez, por haber incurrido presuntamente en falta disciplinaria.

7. La accionante apeló la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar respecto de la terminación de la investigación disciplinaria adelantada contra Vilse Katia Zuleta Blanco . Mediante auto del 14 de agosto de 2024 la Comisión Nacional de

2 Índice 2 del expediente digital de la primera instancia en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

3

Disciplina Judicial revocó la providencia del 26 de abril de 2023 y dispuso que se continuara con la investigación de la señora Zuleta Blanco.

8. El 18 de octubre de 2024 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar formuló pliego de cargos contra la señora Zuleta Blanco por haber incurrido, presuntamente, en falta disciplinaria, por inobservancia del deber consagrado en el

8. El 18 de octubre de 2024 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar formuló pliego de cargos contra la señora Zuleta Blanco por haber incurrido, presuntamente, en falta disciplinaria, por inobservancia del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 3, en concordancia con el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006 4, así como con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 25 y el literal i del artículo 7 de la misma ley 6, con el agravante establecido en el literal h del artículo 4º7 de esa norma.

9. El 18 de diciembre de 2024, el apoderado judicial de la señora Zuleta Blanco solicitó la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 8 de octubre de 2021, mediante el cual se abrió la investigación disciplinaria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 202 de la Ley 1952 de 2019 8, Código General Disciplinario . Al respecto, señaló que, de acuerdo con la Ley 1010 de 2006, no se agotó el trámite de conciliación ante el

Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial.

10. Mediante auto del 10 de junio de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 8 de octubre de 2021.

Indicó que el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial señaló que la señora Yulieth Rubio García interrumpió el trámite que llevaba dicha autoridad, al presentar una queja disciplinaria ante el “Consejo Seccional de la Judicatura”, por lo que se archivó su

Yulieth Rubio García interrumpió el trámite que llevaba dicha autoridad, al presentar una queja disciplinaria ante el “Consejo Seccional de la Judicatura”, por lo que se archivó su caso.

10.1. Afirmó que, la actora presentó queja ante el Comité de Convivencia Laboral y el 29 de septiembre de 2021 presentó la queja disciplinaria por el presunto acoso laboral, por lo que esa autoridad dio por interrumpido el proceso de conciliación y procedió a su archivo sin culminar con el desarrollo del proceso.

10.2. Expuso que, de acuerdo con el artículo 202 de la Ley 1952 de 2019 es una causal de nulidad “la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”. Afirmó que, según la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el procedimiento

3 ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos (…) 4 ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO LABORAL. El acoso laboral, cuando estuviere

debidamente acreditado, se sancionará así:

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Unico, cuando su autor sea un servidor público (…).

5 ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL (…)

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6 ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso laboral si se

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6 ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas (…) i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa (…) 7 ARTÍCULO 4o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Son circunstancias agravantes: (…) h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. 8 ARTÍCULO 202. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes (…)

2. La violación del derecho de defensa del investigado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

4

preventivo/correctivo ante el Comité de Convivencia Laboral es imperativo y no dispositivo, por lo que, si no se surte, genera la nulidad de la actuación por afectación sustancial de la estructura del proceso, por pretermisión de la etapa administrativa previa.

11. La accionante interpuso recurso de reposición contra el auto del 10 de junio de 20259 y, en providencia del 16 de julio de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del

11. La accionante interpuso recurso de reposición contra el auto del 10 de junio de 20259 y, en providencia del 16 de julio de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar resolvió no reponer el auto que decretó la nulidad del proceso . Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, frente a comportamientos constitutivos de acoso laboral, el procedimiento conciliatorio ante el Comité de Convivencia Laboral debe agotarse de manera necesaria y obligatoria, para dar inicio al procedimiento disciplinario y sancionatorio.

11.1. Expuso que el procedimiento conciliatorio no culminó en todas sus etapas, pese a que es un requisito de procedibilidad para iniciar con la investigación disciplinaria. Además, señaló que , entre las actuaciones surtidas , no se evidenció discriminación alguna contra la señora Rubio García por su condición de mujer, que lleve a darle un enfoque diferencial.

C. Fundamentos de la vulneración

12. La parte actora expone que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, pues omitió que dentro del expediente disciplinario se encuentra probado que se agotó el procedimiento conciliatorio ante el Comité de Convivencia de la Rama Judicial.

12.1. Expone que se probó que tanto la quejosa como los denunciados tuvieron una reunión virtual ante el Comité de Convivencia, en el cual se concluyó que no había lugar a conciliación entre las partes.

13. Señala que la autoridad judicial accionada incurrió en un error de interpretación, al considerar que la actuación disciplinaria dependía del agotamiento previo del trámite ante

a conciliación entre las partes.

13. Señala que la autoridad judicial accionada incurrió en un error de interpretación, al considerar que la actuación disciplinaria dependía del agotamiento previo del trámite ante el Comité de Convivencia Laboral, por cuanto, según la Ley 1010 de 2006, ese ór gano tiene fines preventivos y conciliatorios, pero sus actuaciones no son sancionatorias.

13.1. Por el contrario , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene competencia autónoma y constitucional para investigar y sancionar faltas disciplinarias, de conformidad con la Ley 1952 de 2019, lo cual no puede quedar supeditado a un trámite administrativo de conciliación.

13.2. Afirma que, incluso si no se hubiese surtido el procedimiento ante el Comité, ello no representaría un obstáculo legal para que la autoridad disciplinaria continúe con el trámite investigativo.

9 Afirmó que no se adelanta un proceso administrativo laboral ante el Comité de Convivencia Laboral, sino un proceso disciplinario autónomo, por lo que resulta desacertado sostener que los hechos relatados en la queja disciplinaria debieron tramitarse exclusivamente por medio del Comité. Expuso que se ignoró la existencia de prueba plena sobre el agotamiento del procedimiento conciliatorio ante el Comité de Convivencia de la Rama Judicial, en la que se concluyó que no había lugar a conciliación entre las part es. Finalmente, afirmó que se incurrió en un error por no aplicar un enfoque de género y de justicia material, exigido en los casos en los que se investigan conductas relacionadas con

que no había lugar a conciliación entre las part es. Finalmente, afirmó que se incurrió en un error por no aplicar un enfoque de género y de justicia material, exigido en los casos en los que se investigan conductas relacionadas con acoso laboral, violencia simbólica o abuso de poder en contextos jerárquicos y administrativos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

5

14. Expone que “la Seccional erró al sacrificar el principio de justicia material y los estándares de protección a las víctimas, en conexidad de hacer un estudio del caso con enfoque de género, exigido en todos aquellos casos en los que se investigan conductas relacionadas con acoso laboral, violencia simbólica o abuso de poder en contextos jerárquicos y administrativos”.

D. Trámite procesal

15. Mediante auto del 29 de agosto de 2025 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y notificó a la autoridad judicial accionada10 y a los terceros con interés11.

E. Oposiciones e intervenciones

16. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial 12 (tercero con interés) solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela, pues la demanda se dirige contra (i) el auto que decretó la nulidad del proceso disciplinario y (ii) la providencia que confirmó dicha decisión, providencias que fueron proferidas por la Comisión Seccional de

Disciplina Judicial del Cesar.

17. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar 13 (accionada) solicitó que se

dicha decisión, providencias que fueron proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.

17. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar 13 (accionada) solicitó que se negara el amparo, por cuanto sus actuaciones en el proceso disciplinario se ajustaron a los parámetros legales y no se incurrió en vicios procedimentales o fácticos. Además, indicó que, actualmente el expediente se encuentra al despacho del magistrado ponente a la espera de una decisión.

17.1. Añadió que “frente al objeto de debate, con relación a la exigencia del trámite previo ante el Comité de Convivencia Laboral para visibilizar el ejercicio de la acción disciplinaria en los casos de acoso laboral, debe indicarse que corresponde a un tema i nteresante que bien amerita un pronunciamiento de fondo por el honorable Consejo de Estado”.

18. La señora Vilse Katia Zuleta Blanco14 (tercero con interés) afirmó que, en el proceso disciplinario no se llevó a cabo la conciliación, el cual es un requisito de procedibilidad.

Agregó que las decisiones cuestionadas en la demanda de tutela no son irracionales, sino que, por el contrario, la accionante pretende imponer su criterio frente a lo que debió resolver la autoridad disciplinaria.

19. El señor Francisco Rafael Carbonell Rodríguez15 (tercero con interés) solicitó que se negara el amparo, pues las decisiones cuestionadas en la demanda de tutela se ajustaron al ordenamiento jurídico. Alegó que se encontraba probado que el procedimiento de

10 Consejo Seccional de Disciplina Judicial del Cesar. 11 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Vilse Katia Zuleta Blanco y Francisco Rafael Carbonell Rodríguez.

al ordenamiento jurídico. Alegó que se encontraba probado que el procedimiento de

10 Consejo Seccional de Disciplina Judicial del Cesar. 11 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Vilse Katia Zuleta Blanco y Francisco Rafael Carbonell Rodríguez. 12 Índice 9 del expediente digital de la primera instancia en Samai. 13 Índice 10 del expediente digital de la primera instancia en Samai. 14 Índice 14 del expediente digital de la primera instancia en Samai. 15 Índice 15 del expediente digital de la primera instancia en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

6

conciliación ante el Comité de Convivencia Laboral culminó intempestivamente con ocasión de la queja disciplinaria formulada por la accionante, sin que se agotara dicha etapa.

F. Sentencia impugnada

20. Mediante sentencia de l 25 de septiembre de 2025 la Subsección A de la Sección

Segunda del Consejo de Estado resolvió:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conforme a las anteriores consideraciones.

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Yulieth Rubio García, por las razones expuestas en esta providencia.

20.1. Señaló que no se evidenció que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar incurriera en una actuación arbitraria, irrazonable o carente de sustento probatorio, así como tampoco se observó omisión en la valoración de los elementos de prueba.

Cesar incurriera en una actuación arbitraria, irrazonable o carente de sustento probatorio, así como tampoco se observó omisión en la valoración de los elementos de prueba.

20.2. Afirmó que la accionante interpuso recurso de reposición contra la decisión que declaró la nulidad en el proceso disciplinario, bajo el argumento de que sí había adelantado la conciliación ante el Comité, sin embargo, esa manifestación no se acompañó de prueba alguna que acreditara la realización, trámite y conclusión de la diligencia.

20.3. Expuso que, en la Circular No. 20 de 2007, la Procuraduría General de la Nación unificó los criterios relacionados con el trámite de quejas por acoso laboral y estableció que esta conducta constituía una falta disciplinaria con un tratamiento diferenciado respecto de las demás previstas en el Código Único Disciplinario, en tanto, antes de iniciar el procedimiento disciplinario y sancionatorio, debía agotarse de manera previa, necesaria y obligatoria el procedimiento contemplado en el artículo 9 de la Ley 1 010 de 2006.

20.4. Indicó que la conclusión de la autoridad accionada fue razonable, pues la radicación de la queja equivalía a la culminación del procedimiento de conciliación de manera atípica sin que mediara un cierre formal, por lo que la fase conciliatoria no fue agotada en debida forma. Por lo anterior, el proceso se encontraba viciado y, en consecuencia, era procedente la declaración de nulidad de todas las actuaciones.

G. Impugnación

21. La accionante impugna la decisión de primera instancia. Afirma que se omitieron las

procedente la declaración de nulidad de todas las actuaciones.

G. Impugnación

21. La accionante impugna la decisión de primera instancia. Afirma que se omitieron las pruebas obrantes en el expediente disciplinario, se desconoció el principio de buena fe y “se alteró la secuencia cronológica de los hechos”, lo que conllevó a una errónea conclusión sobre el supuesto incumplimiento del trámite de conciliación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

7

21.1. Reitera que, en el proceso disciplinario obran certificaciones oficiales, comunicaciones institucionales y registros audiovisuales que demuestran de manera inequívoca, directa y verificable que la audiencia de conciliación ante el Comité de Convivencia Laboral sí se llevó a cabo con la participación de ambas partes, y que fue cerrada formalmente ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo conciliatorio.

21.2. Afirma que, se encontraban las siguientes pruebas (i) la certificación expedida por la funcionaria Leonor Socarrás Galindo, en la que se deja constancia de la realización de la reunión virtual de conciliación y de su cierre formal por ausencia de acuerdo; (ii) el acta digital y enlace de video que evidencian la sesión del Comité, en la cual se declaró expresamente concluido el trámite conciliatorio y (iii) la comunicación de junio de 2025 suscrita por el Comité de Convivencia Laboral, mediante la que se certificó que el procedimiento conciliatorio fue agotado conforme a los protocolos institucionales y que su archivo obedeció a la falta de consenso entre las partes.

suscrita por el Comité de Convivencia Laboral, mediante la que se certificó que el procedimiento conciliatorio fue agotado conforme a los protocolos institucionales y que su archivo obedeció a la falta de consenso entre las partes.

21.3. Expone que la audiencia de conciliación antecedió a la radicación de la queja disciplinaria, lo que descarta cualquier posibilidad de interrupción del dicho trámite. A su vez, reitera los argumentos presentados en la demanda de tutela frente a la configuración del defecto fáctico.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

23. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará improcedente la demanda de tutela por no encontrar acreditado el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta p rovidencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia16.

16 Como requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios  –ordinarios y extraordinarios–  de defensa judicial al alcance

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios  –ordinarios y extraordinarios–  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentenci a que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

8

J. El requisito de relevancia constitucional

24. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos fundamentales17. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada18, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea

fundamentales17. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada18, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

25. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.

De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones19.

26. En la sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para la in terpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental.

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir

fundamental.

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la s olicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental. Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la releva ncia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental.

17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 18 Corte Constitucional, sentencias T -016 de 2019 , M.P. Cristina Pardo Schlesinger ; SU-128 de 2021 , M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. 19 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

9

de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05332-01

Accionante: Yulieth Rubio García Se revoca la decisión de primera instancia

9

(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

27. Para la Corte Constitucional20, el requisito de relevancia constitucional comporta tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

28. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional21”.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela

29. En el caso objeto de estudio la actora presentó una demanda en ejercicio de acción de tutela contra el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados e